La Ley de la Dependencia, en retroceso

 

El Comercio. 03.11.11 - 02:43 - CHELO TUYA | GIJÓN.

«Se podrían haber creado más de 3.000 empleos», critica el ente que suspenderá a la región en su examen de diciembre

La Asociación de Directores de Servicios Sociales califica de «peligroso» el atasco asturiano

La Ley de la Dependencia no sólo se ha paralizado en Asturias. A decir de los expertos, está «en retroceso», situación considerada «muy peligrosa» y que consiste en que «no sólo no se avanza con los expedientes que se deben tramitar, sino que se disminuye el volumen de beneficiarios».

Así lo confirma la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ente creador del Observatorio de la Dependencia. Se trata del termómetro semestral del desarrollo de la norma, que en los dos últimos exámenes concluyó con sendos suspensos para el Principado. José Manuel Ramírez, presidente de la entidad, ya avanza que en el examen de diciembre «Asturias suspenderá».

No puede ser de otra manera, dice, «en una región que después de haber estado a la cabeza, ahora está a la cola del país en la aplicación de la ley». Porque, tal y como adelantó EL COMERCIO, entre enero y octubre el volumen de beneficiarios se ha mermado en 656 casos. «Eso es peligrosísimo, porque ya no hablamos de paralización, sino de retroceso. Y eso no puede ser. La Administración regional debe ponerse a la tarea».

«Demasiadas pagas a familias»

Y más aún para dar servicio a los 6.019 asturianos que saben ya que tienen derecho a una prestación con cargo a la Ley de la Dependencia, pero siguen esperando por ella. Son los que la asociación que preside Ramírez considera «en el limbo», un grupo que, en los diez primeros meses del año, se incrementó en Asturias en 3.000 personas.

En la columna del debe de la Consejería de Bienestar Social, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales también sitúan las 7.230 pagas a familiares para cuidar de parientes con dependencia. «Se ha abusado de la paga al cuidador no profesional y entiendo las quejas de los empresarios».

Se refiere Ramírez a las críticas que, tal y como adelantó ayer este periódico, hizo públicas la patronal geriátrica, que urge la revisión de la aplicación de la ley, al verse directamente afectados tanto por el colapso en la concesión de ayudas como en la multiplicación de las pagas a los familiares, una prestación que la propia norma considera 'excepcional'.

Para José Manuel Ramírez, el problema está en que «las administraciones, la asturiana y todas, han contemplado la Ley de la Dependencia como un gasto, cuando es una inversión que potencia el empleo». Según sus datos, «por cada millón de euros invertido en servicios sociales, se crean 30 puestos de empleo», a lo que suman que «por cada cien mil pagas a cuidadores familiares se generarían 30.000», lo que para Asturias se traduce en «más de 3.000 puestos de trabajo nuevos».

15% de plazas vacías

Además, explica el presidente del Observatorio de la Dependencia que «las administraciones deben saber que de cada euro invertido en este área, revierte al Estado el 44%», por lo que entiende que «no son comprensibles los recortes que se plantean desde algunas comunidades autónomas».

Por ello, espera Ramírez que el nuevo equipo de Gobierno en Asturias «dé a esta norma el impulso que necesita». Como él opina la presidenta de una de las patronales del sector, Ana Gil, responsable de la Asociación Asturiana de Centros y Servicios de Mayores (Asacesema) que aglutina cerca de 80 empresas.

Además de ratificar que espera de la nueva consejera «que revise la aplicación de la ley, porque nos está perjudicando muchísimo», puso cifras a la situación precaria en que se encuentra el sector, «con un 15% de plazas vacías».

Es decir, 2.400 camas libres en una comunidad con los mayores porcentajes del país de personas mayores y con discapacidad. Para Ana Gil, todo es fruto «de la mala aplicación de la ley» y del reparto de pagas a familiares, para que ejerzan como cuidadores no profesionales, «porque resulta mucho más barato para la Administración, pero no se tiene en cuenta lo que realmente necesita el beneficiario de la ley». Gil recordaba ayer que en ningún caso de los atendidos por familiares «se controla su estado».