UGT y CC OO inician una espiral de presiones contra una reforma laboral «radical e inútil»

Los sindicatos irán a la huelga general si la sociedad los apoya y el Gobierno no rectifica 

Méndez y Toxo prevén más paro y recorte «letal» de derechos

Foto: Cándido Méndez, a la izquierda, e Ignacio Fernández Toxo, en su comparecencia conjunta, ayer, en Madrid. | efe

Lne.es » Economía Madrid / Oviedo, J. CUARTAS

UGT y CC OO emprenderán un «proceso de movilización creciente y sostenido» contra la reforma laboral aprobada el viernes por el Gobierno del PP (que hoy entra en vigor) y contra la que no excluyen la convocatoria de una huelga general. Los sindicatos mayoritarios tacharon ayer la reforma de «radical», «ultraliberal» y de «atropello garrafal». «Ni es útil ni equilibrada», dijeron, y acusaron al Ejecutivo de ampararse «en la crisis como coartada para recortar derechos laborales y sociales» de forma «letal», facilitar y abaratar el despido libre y perpetrar el «deterioro de los salarios».

 

El primer hito de esta movilización gradual y «ascendente» se producirá el próximo domingo, día 19, con un llamamiento a los trabajadores para que «conviertan las calles de España en un clamor» contra el decreto. El segundo será el día 29, coincidiendo con la «jornada de acción» convocada por la Confederación Europea de Sindicatos.

 

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, dirigentes confederales de UGT y CC OO, dejaron abierta la posibilidad de que el proceso «ascendente» de movilización pueda concluir con una huelga general contra el Gobierno de Mariano Rajoy si éste no rectifica y no cumple la promesa electoral que había hecho de no abaratar el despido laboral. «El camino» que ahora emprenden las organizaciones obreras «no tiene límites», dijeron sus máximos responsables, y se llevará a cabo «por etapas». «El resto de lo que suceda está en manos del Gobierno».

 

El paro general (para el que Méndez y Toxo no desvelaron fecha) dependerá de que el Gobierno acceda a negociar y a revisar los aspectos más controvertidos y lesivos -a juicio de los sindicatos- de la reforma y también del grado de apoyo que estas organizaciones encuentren en la sociedad a medida que acrecienten la escalada de presión y movilización. «La marcha de los acontecimientos» y «la participación social» «determinarán las actuaciones ulteriores». Las «respuestas» sindicales «serán», dijeron, «medidas»: «Tenemos que acompasar nuestros movimientos al estado de ánimo de la población española».

 

«Ahora toca un proceso profundo de información sobre la reforma y sus consecuencias, en la que tenemos que ser muy didácticos, para explicar, con movilizaciones y reuniones informativas en todos los centros de trabajo, el alcance de la decisión del Gobierno», señalaron los líderes sindicales.

 

Lo que es seguro, alertó Toxo, es que «la fecha de la huelga general no la decidirá Rajoy según su conveniencia». El secretario general de CC OO apostilló así la reciente confesión en privado de Rajoy al primer ministro finlandés (captada de forma casual por un micrófono) en la que el presidente español admitió que la revisión del modelo regulatorio del mercado del trabajo en España que estaba dispuesto a implantar abocaría al país a la huelga general.

 

Méndez y Toxo acusaron al Gobierno de haber aprobado una reforma «impuesta a España por el FMI, el BCE, Alemania y Francia» y elaborada al dictado de la patronal CEOE y de «la Fundación de los bancos, FEDEA», cuya propuesta ha sido asumida íntegramente por el Ejecutivo, según Toxo y Méndez, salvo en un aspecto: no incorpora el contrato único que reclaman los economistas de FEDEA (el llamado «Grupo de los cien»). «Ésta es una democracia vigilada», dijo Toxo.

 

Los sindicatos denunciaron que abaratar y facilitar aún más el despido en plena recesión (se prevé para este año una caída del PIB del 1,8%), «lejos de frenar la sangría del paro, generará lo contrario: acelerar los despidos y la destrucción de empleo». «El Gobierno reconoce abiertamente que la reforma no generará empleo», señalaron los sindicatos en alusión a la intervención de Rajoy el lunes en el Congreso.

 

CC OO y UGT acusan al Gobierno de un «desmantelamiento progresivo del derecho del trabajo» y de «eliminar los controles y tutelas administrativas», lo que generará más conflictos y mayor «judicialización» de la vida laboral, al tiempo que «recorta el control jurisdiccional».

 

Reprocharon que la reforma no corrige la «dualización del mercado laboral»; no reduce, sino que aumenta, «las modalidades de contratación»; instaura el «despido libre de forma indefinida», sobre todo en las empresas pequeñas y medianas (95% del tejido empresarial español), «facilita el despido por causas objetivas en cualquier momento» (con sólo 20 días de indemnización por año trabajado), concibe al parado que percibe prestaciones por desempleo como un «delincuente» («con un tufo que mete miedo»), sólo avanza en la flexibilidad externa pero no en la interna, e «invierte la carga de la prueba»: «ahora es el trabajador el que tiene que demostrar que su despido es improcedente».

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