El Gobierno deja a mil asturianos sin ayudas al recortar ocho millones a la dependencia

El Observatorio de la ley alerta de que la medida aplicada por el Ejecutivo de Rajoy supondrá en el Principado el despido de 240 trabajadores

Foto: Un usuario del centro Clara Ferrer, de Gijón, participa en una de las sesiones de terapia. :: JOSÉ SIMAL

El Comercio. 01.04.12 - 03:38 - CHELO TUYA | GIJÓN.

Ocho millones de euros menos para la Ley de la Dependencia en Asturias. En eso se traducirá para el Principado, según el Observatorio de la Dependencia, el recorte anunciado el viernes por el Gobierno de Mariano Rajoy y que afectará a la totalidad de la partida que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad destina al denominado 'nivel acordado'.

Esa dotación -con la que se financian los servicios que, en cada región, están utilizando las personas con dependencia- ascendía a 283 millones este año, una cantidad a repartir entre las diferentes comunidades autónomas. En el caso de Asturias, según el citado Observatorio -auténtico 'pepito grillo' de la Ley de la Dependencia, a la que evalúa cada seis meses- le correspondían este año 8.163.418 euros.

Para José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales -ente que controla el Observatorio de la Dependencia- esos 8, 1 millones menos son sinónimo de «mil personas que se quedarán sin cobertura y 240 trabajadores que perderán su puesto de empleo».

Porque la anulación de la partida supone que, cada comunidad autónoma, deberá afrontar en solitario el coste de los servicios. Hasta ahora, el nivel acordado se traducía en que Administración central y regional pactaban un presupuesto anual y se comprometían a aportar idéntica cantidad.

Es decir, el coste total del convenio en Asturias debía superar en 2012 los 16 millones, coste que tendrá ahora que asumir en solitario el Principado ya que, con el recorte aplicado por el equipo de Mariano Rajoy, desde Madrid no llegará ningún euro al haberse suprimido la partida del nivel acordado.

Para Ramírez, esa falta de dinero «supondrá dejar de atender a más de mil personas beneficiarias de la ley», además del «despido de unos 240 trabajadores». Porque esta partida eliminada tenía como objeto fundamental «financiar infraestructuras, servicios y sistemas para la atención a las personas dependiente en cada comunidad».

En todo el país, la desaparición de los 283 millones de euros supondrá, explicó José Manuel Ramírez, «la reducción neta del 15% de la aportación estatal a esta ley», además de «que se acentúen las dificultades para atender a las 300.000 personas con derecho, a las que se mantiene en una irritante espera -el 'limbo' de la dependencia, según definición de la entidad- pone en peligro la atención a 35.000 beneficiarios y 8.000 puestos de trabajo».

20.000 personas pendientes

Pese al daño causado por el recorte, lo que queda claro es que la ley sigue en vigor, puesto que el nivel acordado es sólo una parte de la financiación con que el Estado dota a la norma. El ministerio aporta dinero a las comunidades autónomas, a través del denominado nivel mínimo, dependiendo del número de personas con dependencia y del nivel y grado que tengan las mismas.

Por esta vía, y de acuerdo a las últimas estadísticas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Asturias debería recibir 2,7 millones de euros al mes, ya que son 20.077 los asturianos con dependencia -aunque 6.096 aún esperan por su ayuda- por los que el Estado debe aportar cuantías que oscilan entre los 266,57 euros -si se trata de un grado III, nivel 2- y los 60 -para el grado I y nivel 2-, siempre consideradas «insuficientes» por el Gobierno regional, ya que el coste real de atender a una persona en el máximo nivel de dependencia está ya en 4.000 euros mensuales que afronta Asturias.

Por ello, José Manuel Ramírez cree que este recorte «redundará más en el endeudamiento de las comunidades, que no podrán hacer frente a todas las demandas».