Cinco de cada 100 asturianos solicitaron ayudas a la dependencia desde 2007

 

 

Sólo 13.857 personas se benefician de la ley en la región, donde hay 10.239 casos paralizados

 

30.04.12 - 03:38 - CHELO TUYA | GIJÓN.

 

Cinco de cada 100 asturianos han solicitado ayudas a la dependencia desde 2007. Hasta el 1 de abril pasado, según los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), lo habían hecho 54.287 personas. Una cifra que multiplica por seis la prevista. Porque hace cinco años se repetía machaconamente que serían 9.000 los beneficiarios de una novedosa ley, la de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que echó a andar en la región el 23 de abril de 2007. Teóricamente, no era una cifra lanzada al azar.

Todo lo contrario. La refleja el Libro Blanco en el que se basó la norma que convirtió en obligatoria la atención que la Administración presta a las personas sin autonomía personal. Atención marcada, hasta ese momento, por un carácter voluntarioso. Casi caritativo.

Por ello, el giro de 180 grados que supondría su entrada en vigor, fijada para el 1 de enero de 2007, la convirtió en la esperanza de millones de personas. En el Principado, de los más de 100.000 asturianos que tienen algún tipo de discapacidad. Todos creyeron lo que dijo el Gobierno socialista que la aprobó -con el apoyo unánime del resto de grupos políticos, pese a discrepancias por su financiación-: que el Sistema de Ayuda y Atención a la Dependencia (SAAD) sería clónico al sistema de salud o al educativo. Es decir, la atención a la dependencia sería un derecho universal.

Eso significa que igual que la asistencia médica o la educación pública que tienen garantizadas todos los españoles, las personas dependientes de cualquier edad -costó trabajo, pero al final también se incluyó a los menores de tres años- tienen garantizado un servicio que fomente su autonomía personal. O lo que es lo mismo, que no tengan que depender de la buena voluntad de un pariente para levantarse o acostarse, asearse, utilizar el baño, comer, salir de casa... Vivir.

Dice la ley que si el sistema médico tiene hospitales y centros de salud, o el sistema educativo colegios e institutos, el SAAD tiene residencias, centro de día, ayuda a domicilio o tele asistencia. Incluso asistente personal.

Todo público, todo con un pequeño copago y, en el caso de no haber plaza, la Administración les pagaría el servicio en la red privada. Como el asistente personal. Incluso se incluyó una paga para tener a nómina a un familiar como cuidador en casa. Un familiar al que, también, financia la ley su alta en la Seguridad Social. Aunque esa paga sólo llegaría en casos 'excepcionales'.

Primeras señales de alerta

Pese a lo histórico del texto, la proverbial paciencia de los colectivos de discapacidad -acostumbrados a ser tratados por la Administración como beneficiarios de un favor, más que merecedores de un derecho- comenzó pronto a mediar el vaso. Empezaron a alarmarse ya el 1 de enero de 2007, cuando la entrada en vigor de la ley sólo lo fue sobre el papel del BOE. No sería hasta abril cuando una autonomía, Asturias, impulsada por una consejería de IU, daría el do de pecho. Comenzó a recoger solicitudes. La seguió Andalucía. El resto esperó al verano.

Y su preocupación aumentó a la vista de lo ocurrido aquel 23 de abril. Ese día los afectados que debían beneficiarse y los políticos que la gestaron ya empezaron a vislumbrar que a la norma le quedaba pequeño el traje de cifras diseñado. En el primer mes, Asturias registró 4.000 peticiones. En julio de 2008, el Imserso publicaba su primera estadística oficial: 19.910 asturianos habían solicitado ayuda. El Libro Blanco decía 9.000.

Y el traje de cifras estalló. Porque no estaban bien calculados los números relativos a los beneficiarios, pero tampoco los de su financiación. Administración central y regional están obligadas, por la ley, a repartirse el gasto. Pero el Principado lleva cinco años poniendo 8 de cada 10 euros.

En un intento de ahorrar, las administraciones apostaron por el reparto de la paga al cuidador familiar, mucho más barata que cualquiera de los servicios. Y así la 'excepción' se convirtió en la norma. En Asturias, 4 de cada 10 dependientes con ayuda tienen a sueldo a un pariente. Y sólo 2 de cada 10 apostó por un geriátrico. Lo curioso es que sólo una personas en toda la región tiene un asistente personal.

Trece meses de espera

El único decreto que ha ido rápido, lamentan los usuarios, ha sido el del copago. Servicios gratuitos, como ayuda a domicilio o Centro de Apoyo a la Integración (CAI) presentaron factura. Algunos vieron cómo el mismo servicio que antes no les costaba, pasaba a suponerles un desembolso de 500 euros.

Esto no solventó la falta de financiación y llegaron los colapsos. Dice la ley que sólo pueden pasar cuatro meses -ahora ese plazo se ha elevado a seis- entre que se tramita la petición de ayuda del dependiente y que, realmente, la reciba. El plazo medio en la región está, desde 2010, en trece meses.

Porque si cinco de cada 100 asturianos pidieron ayuda, lo cierto es que sólo 2 la han recibido. El Imserso lo deja claro: únicamente hay 13.857 beneficiarios reales de una norma que tendría que tener amparados a 20.000 en el Principado. A la espera de sus derechos están 6.141 asturianos. Sin olvidar que 4.089 esperan a ser valorados. El giro de 180 grados se convirtió en vuelta al inicio.