Asturias no seguirá los pasos de Cataluña en los impagos a geriátricos
«La situación de déficit de la economía catalana no tiene nada que ver con la asturiana», dicen desde de Bienestar Social y Vivienda
EL comercio. 02.08.12 - 00:38 -CHELO TUYA | GIJÓN.Asturias no es Cataluña. Las evidentes diferencias entre ambas comunidades se multiplican ahora en lo relativo al impago a los centros geriátricos concertados. Mientras el Govern acaba de anunciar que no pagará la nómina de julio a los concertados -lo que deja en el aire el salario de 100.000 trabajadores de 300 residencias-, desde el Principado se aseguraba ayer que «aquí eso no se contempla».Así lo garantizaron fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, que sostienen que «la situación de déficit de la economía catalana no tiene nada que ver con la asturiana», por lo que aseguran que los pagos a los centros geriátricos concertados «continuarán», sin que haya ninguna previsión futura en contra.En la actualidad, el Principado financia 3.209 plazas públicas, a las que hay que sumar las 1.896 camas en centros privados con las que mantiene un concierto, de las más de 10.000 que ofrece la empresa privada en la región. Los empresarios con plazas concertadas, aglutinados en su mayoría en la Asociación Asturiana de Centros Geriátricos (Ascege), mantienen una larga pugna con la Administración regional por el coste de esas plazas, aunque reconocen el Principado es buen pagador.Pagos en 60 díasAsí lo reconocía el presidente de Ascege, Paulo González, en una entrevista concedida a EL COMERCIO recientemente. En ella apuntaba que no sólo «en Asturias no hemos tenido ningún impago del Principado», sino que «nos paga siempre antes de 60 días, mientras que hay administraciones que acaban de liquidar todo 2011 y aún no pagaron nada de 2012».No ocurre eso aquí, donde las empresas, pese a los recortes presupuestarios obligados por el marco de déficit marcado por el Gobierno central, siguen cobrando puntualmente.Otra cosa es, tal y como ya adelantó este periódico, que los propietarios de los centros privados estén conformes con lo que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda paga por utilizar esas plazas. Desde enero de 2011 están esperando por la equiparación de ese pago a 1.400 euros al mes -la mayoría no llega a los 1.200 euros- debido a que en esa fecha entró en vigor la nueva acreditación de centros, un sello impuesto por el Principado que obliga a cumplir numerosos requisitos en materia de servicios y plantilla, lo que aumenta el gasto de las empresas concertadas.Pese a que consejeras de gobiernos diferentes, aunque consecutivos (Noemí Martín -de IU, que gobernó en coalición con el PSOE- y Paloma Menéndez, titular de Bienestar de la mano de Foro Asturias), se comprometieron a unificar la tarifa en 1.400 euros mensuales, lo cierto es que esa promesa no se consolidó en forma de acuerdo en Consejo de Gobierno.Por ese motivo, los empresarios concertados reclaman el pago de casi 1,5 millones de euros, una cifra que la nueva consejera, Esther Díaz, no asume porque no hay ningún respaldo oficial a las promesas anteriores. Desde Ascege se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de alcanzar un acuerdo, con la creación de una red de servicios de atención a la dependencia, red que gestionarían los empresarios privados, aunque cuya creación y control correspondería al Principado. La propuesta incluye subir el precio de la plaza hasta los 1.800 euros, a pagar a final de legislatura.
Asturias no es Cataluña. Las evidentes diferencias entre ambas comunidades se multiplican ahora en lo relativo al impago a los centros geriátricos concertados. Mientras el Govern acaba de anunciar que no pagará la nómina de julio a los concertados -lo que deja en el aire el salario de 100.000 trabajadores de 300 residencias-, desde el Principado se aseguraba ayer que «aquí eso no se contempla».
Así lo garantizaron fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, que sostienen que «la situación de déficit de la economía catalana no tiene nada que ver con la asturiana», por lo que aseguran que los pagos a los centros geriátricos concertados «continuarán», sin que haya ninguna previsión futura en contra.
En la actualidad, el Principado financia 3.209 plazas públicas, a las que hay que sumar las 1.896 camas en centros privados con las que mantiene un concierto, de las más de 10.000 que ofrece la empresa privada en la región. Los empresarios con plazas concertadas, aglutinados en su mayoría en la Asociación Asturiana de Centros Geriátricos (Ascege), mantienen una larga pugna con la Administración regional por el coste de esas plazas, aunque reconocen el Principado es buen pagador.
Pagos en 60 días
Así lo reconocía el presidente de Ascege, Paulo González, en una entrevista concedida a EL COMERCIO recientemente. En ella apuntaba que no sólo «en Asturias no hemos tenido ningún impago del Principado», sino que «nos paga siempre antes de 60 días, mientras que hay administraciones que acaban de liquidar todo 2011 y aún no pagaron nada de 2012».
No ocurre eso aquí, donde las empresas, pese a los recortes presupuestarios obligados por el marco de déficit marcado por el Gobierno central, siguen cobrando puntualmente.
Otra cosa es, tal y como ya adelantó este periódico, que los propietarios de los centros privados estén conformes con lo que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda paga por utilizar esas plazas. Desde enero de 2011 están esperando por la equiparación de ese pago a 1.400 euros al mes -la mayoría no llega a los 1.200 euros- debido a que en esa fecha entró en vigor la nueva acreditación de centros, un sello impuesto por el Principado que obliga a cumplir numerosos requisitos en materia de servicios y plantilla, lo que aumenta el gasto de las empresas concertadas.
Pese a que consejeras de gobiernos diferentes, aunque consecutivos (Noemí Martín -de IU, que gobernó en coalición con el PSOE- y Paloma Menéndez, titular de Bienestar de la mano de Foro Asturias), se comprometieron a unificar la tarifa en 1.400 euros mensuales, lo cierto es que esa promesa no se consolidó en forma de acuerdo en Consejo de Gobierno.
Por ese motivo, los empresarios concertados reclaman el pago de casi 1,5 millones de euros, una cifra que la nueva consejera, Esther Díaz, no asume porque no hay ningún respaldo oficial a las promesas anteriores. Desde Ascege se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de alcanzar un acuerdo, con la creación de una red de servicios de atención a la dependencia, red que gestionarían los empresarios privados, aunque cuya creación y control correspondería al Principado. La propuesta incluye subir el precio de la plaza hasta los 1.800 euros, a pagar a final de legislatura.
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