La tijera autonómica entra en acción para cumplir el objetivo de déficit
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Andalucía sube el IRPF y baja salarios, y Cataluña opta por nuevas tasas, despidos y privatizaciones
El bipartito PSOE-IU reduce el sueldo de los funcionarios un 5% y el de los interinos un 15, y aprueba un aumento generalizado de impuestos
Andalucía y Cataluña anunciaron nuevas medidas de recortes, que incluyen una subida de impuestos y la bajada del sueldo o despidos de empleados públicos, para cumplir con el objetivo del déficit para las comunidades, fijado en el 1,5 por ciento. Estos recortes se hacen públicos a dos días de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera aborde los planes de las comunidades para ajustarse al déficit establecido por el Gobierno para cumplir con Bruselas.
En el caso andaluz, el bipartito PSOE -IU dio luz verde a un recorte de 2.500 millones, el mayor de la historia de la región, que supondrá la suspensión de los complementos salariales de los funcionarios y se traducirá en una subida de impuestos. Este tijeretazo representa el 12% del Presupuesto, de 32.020 millones.
En concreto, implicará una bajada de sueldo del 5 por ciento para los consejeros de la Junta, equivalente a la media de la que aplica a los funcionarios, para los que el tope máximo será 6,5 por ciento de su salario, además de un aumento de la semana laboral a 37 horas y media. También supondrá una reducción del 15 por ciento en la jornada laboral y la nómina de los interinos. Estas medidas son de aplicación inmediata: la paga extra se reducirá en junio entre un 30 y un 40 por ciento.
La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, justificó este ajuste sin precedentes y la congelación de las inversiones en obras públicas por la minoración de ingresos de 3.500 millones procedentes del Estado.
Para lograr 1.000 millones más y rebajar el gasto en 2.500, el Gobierno PSOE-IU aumentará el IRPF un punto para las rentas entre 60.000 y 120.000 euros, el impuesto del patrimonio , el gravamen autonómico sobre hidrocarburos, el de los actos jurídicos documentados y las tasas sobre las tragaperras. Además reducen el número de altos cargos autonómicos, se suprime su partida de protocolo, se limitan las dietas y se prescinde del 50 por ciento de la flota oficial de vehículos, y el gasto en publicidad se recorta a la mitad.
Con el fin de preservar la enseñanza pública, el bipartito no aumentará la ratio de alumnos por aula y para evitar los despidos ha optado por pedir un esfuerzo «temporal y solidario» al conjunto de trabajadores públicos, proveedores, sindicatos y organizaciones empresariales. La Junta recurrirá ante el Tribunal Constitucional contra el aumento de la jornada lectiva de los profesores y el decreto del copago farmacéutico.
El sindicato CSIF ha convocado concentraciones de protesta contra lo que el líder regional del PP, Javier Arenas, tachó de «recortazo de la agenda oculta del bipartito»
En Cataluña, su presidente, Artur Mas, presentó su tercer plan de ajuste en dos años, para recortar otros 1.500 millones y que implicará despidos de trabajadores de empresas públicas, privatizaciones del patrimonio de la Generalitat, congelación de subvenciones, nuevas tasas como una matrícula en la Formación Profesional superior, la consolidación en la reducción del 5 por ciento en los complementos de los funcionarios y la ralentización de las obras públicas.
Artur Mas ha abierto la puerta a una subida de impuestos para el año que viene, entre ellos el de sucesiones. El presidente catalán fio el éxito de este tijeretazo a los recortes del Gobierno en educación y sanidad que antes consideró irreales. Dijo sentirse «obligado» a aplicar estas medidas por culpa del Ejecutivo actual y del anterior, advirtió a Mariano Rajoy de que no aceptará «lecciones» sobre el déficit y aseguró que el pacto fiscal que CiU pretende habría evitado estos nuevos recortes. Para finales de mes planteará a los líderes políticos de su autonomía acelerar su aprobación para reclamarlo en Madrid después del verano.
El líder nacionalista exigió al presidente Rajoy que para contener el déficit extienda al resto de las regiones los peajes de las autopistas que se pagan en Cataluña y «en otros países europeos». Recordó que Cataluña ya ha recortado entre un 5 y un 10 por ciento del sueldo a los funcionarios y ha congelado las obras públicas, e instó al Gobierno central a tener los arrestos de meter mano a los salarios de los empleados del Estado y a poner fin a las obras del AVE que no son rentables como las de Galicia y Extremadura, según CiU.
Aunque el Gobierno cifró en 10.000 millones el ahorro en sanidad y educación derivado de sus decretos, a finales de abril la Generalitat respondió que los números no cuadraban y que, de los 1.500 millones que supuestamente debía ahorrar Cataluña, el rendimiento real sería sólo de unos 150 millones. Mas volvió a cuestionar los cálculos del Ejecutivo central, pero recordó que Cataluña necesita del visto bueno de Hacienda a su plan de ajuste en la reunión de mañana del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Por último, Paulino Rivero aseguró que Canarias cumplirá los objetivos de déficit. De la misma opinión son los presidentes de Castilla-La Mancha y Extremadura, los populares Dolores de Cospedal y José Antonio Monago, pese a que sus comunidades lo tienen complicado.
El ajuste de la izquierda
El IRPF aumenta un punto para las rentas entre 60.000 y 120.000 euros.
También suben otros impuestos, entre ellos el del patrimonio, el de hidrocarburos (se duplica), el de actos jurídicos documentados y las tasas sobre las máquinas tragaperras.
El salario de los empleados públicos sufre una rebaja media del 5% que será del 15% para los interinos. La paga extra se reducirá en junio entre un 30 y un 40 por ciento.
También se recortan un cinco por ciento los emolumentos del presidente de la Junta y los de todos sus consejeros. Se suprimen las partidas de protocolo y se limitan las dietas.
Se congelan las inversiones públicas, disminuye el número de altos cargos y la flota de coches oficiales pasará a ser la mitad de la actual.
El tercer tijeretazo
La Generalitat decide recortar las plantillas de las empresas públicas, vender patrimonio y congelar subvenciones, y pide peajes para todos
El Gobierno catalán recurrirá a los despidos para adelgazar las plantillas de las empresas públicas de la Generalitat.
Para llegar a recortar otros 1.500 millones de euros Artur Mas tirará de las privatizaciones del patrimonio y congelará las subvenciones.
Aprobación de una nueva tasa para la Formación Profesional superior mientras se preparan más subidas de impuestos para el próximo años, entre ellos el de sucesiones.
Se consolida la reducción del 5 por ciento en los complementos de los funcionarios y se exige al Gobierno central que meta mano en los sueldos de los empleados públicos del Estado.
Se exige que se extiendan los peajes de autovías a todas las regiones y poner punto final a las obras para llevar el AVE a donde no sea rentable.
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