LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ASTURIAS. APOYA LAS MOVILIZACIONES DE LOS DÍAS 18, 20 Y 26.

 

MANIFIESTO DE LA  PLATAFORMA EN DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ASTURIAS.

 

 

La Plataforma en defensa del Estado del Bienestar y los Servicios Públicos muestra el rechazo más absoluto al programa de reformas emprendido por el Partido Popular, mediante el cual, en los pocos meses que lleva gobernando está terminando con los derechos laborales, sociales y democráticos de España.

 

Con la única obsesión del déficit, estas reformas lejos de contener la crisis están conduciendo al país a una situación insostenible con unas cifras de paro que alcanzan a más de 5,5 millones de personas, amenazando en Asturias con sobrepasar las 100.000 personas.

El deterioro de la educación, la sanidad, las prestaciones y los servicios públicos constituye un ataque sin precedentes al Estado Social.

 

Este desmantelamiento del Estado del Bienestar, no viene tan sólo dado por los graves recortes en sanidad y educación, también los recortes presupuestarios aplicados a todas las políticas públicas como la atención a las personas dependientes, la vivienda, los Servicios Sociales o políticas de empleo…; son un ataque directo a la igualdad entre todas las personas, aumentando las tasas de pobreza y colocando a muchas familias al borde de la exclusión en nuestro país.

 

Es inaceptable la inexistencia de una cuantía presupuestada para el nivel convenido entre el Estado y las Comunidades Autónomas, para el desarrollo del Sistema para la promoción de la Autonomía personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia  según el cual éstas se comprometen a aportar una cantidad anual igual o superior a la aportada por el Estado. Por tanto, se elimina de un plumazo un nivel de protección recogido en la Ley, que en 2011 fue de 283 millones por parte de las Comunidades Autónomas y este año es de cero, que junto al retraso en la aplicación de la norma o el aumento del baremo para acceder al derecho deja a mas de 300.000 beneficiarios sin atención.

 

La casi eliminación de políticas de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres tiene como objetivo regresar al modelo de familia tradicional, dificultando el proceso de independencia y liberación de las mujeres, empujando a estas a volver al hogar. La supresión de políticas de conciliación, como el Plan Educa 3 (educación infantil de 0 a 3 años), la reducción de comedores y transporte escolar, así como la eliminación total del presupuesto en la Ley de Dependencia, dificulta la incorporación y/o mantenimiento de la mujer en el mercado laboral, perpetuando nuevamente el rol tradicional femenino ligado al cuidado de hijos/as y familiares dependientes, que junto la intencionalidad del ejecutivo actual, de derogar la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo supondría una regresión inaceptable, en la conquista de las libertades y derechos sexuales de las mujeres.

 

También las actuaciones en cooperación al desarrollo están sufriendo brutales recortes a causa de la crisis económica, por lo que la incidencia política desde la ciudadanía ha de cobrar un nuevo impulso, señalando con más fuerza que la cooperación al desarrollo no es un lujo para tiempos de bonanza, sino una responsabilidad ética, una política que debe estar plenamente garantizada, tanto por el Gobierno estatal como por los autonómicos. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria firmaron en el año 2007 el Pacto de Estado contra la pobreza en el que se acordaba cumplir en el año 2012 con el objetivo del 0,7 % de la RNB para ayuda oficial al desarrollo (AOD), cifra que tras los recortes en los Presupuestos Generales del Estado ha quedado reducida al 0,23 %, lo que la sitúa por debajo de los niveles del año 2005. Las respuestas deben ser globales y proteger ante todo los servicios sociales básicos de las personas y el bienestar social, tanto en España como en los países empobrecidos. Las personas deben ser la prioridad absoluta de todas las políticas, por encima de cualquier otro interés.

 

Igualmente, este Gobierno trata de mercantilizar la justicia imponiendo el repago judicial con unas tasas abusivas. Se pretende trocear la justicia entregando a otros profesionales como Notarios o Registradores, que han encontrado mercado en los matrimonios, los divorcios, las sucesiones, etc., o la apuesta del Sr. Gallardón por la privatización de la ejecución de las sentencias y las notificaciones, desapareciendo la neutralidad judicial e incrementando aún más las costas, acabando ya definitivamente de instaurar las dos clases de justicia, una para los ricos y otra para los pobres. Unido al proyecto de reducir los partidos judiciales a la mitad, estamos ante otro ataque de un servicio público esencial.

 

La Plataforma expresa el apoyo y la solidaridad con los mineros que siguen sufriendo la intransigencia del Gobierno de la nación que con su falta de voluntad de alcanzar acuerdos esta ocasionando que el conflicto siga sin solución. El incumplimiento del Plan General de la Minería 2006-2012 debido al brutal recorte en los Presupuestos Generales del Estado condena al cierre a las explotaciones mineras y acaba con el futuro laboral y social de las comarcas mineras. Por ello, instamos a los habitantes de las comarcas mineras para que, de forma masiva, secunden la huelga general del día 18 de junio y participen en la manifestación que ese mismo día discurrirá desde La Felguera hasta Sama de Langreo a las 19:00 horas.

 

A través de este manifiesto la Plataforma en defensa del Estado del Bienestar y los Servicios Públicos también quiere hacer un llamamiento a los ciudadanos asturianos para que acudan a la manifestación del próximo día 20 que a las 19 horas saldrá de la Avenida de Galicia en Oviedo y la que se celebrará el 26  de junio en Oviedo para denunciar los recortes sociales del Gobierno y mostrar su rechazo a la reforma laboral y exigir una salida  de la crisis con otras políticas económicas y sociales.