A la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública la medida les parece tibia y abogan por la insumisión institucional del Principado
Asturias dará a cada inmigrante un código sanitario y le asignará un centro de salud
Creará un registro de ’extranjeros sin recursos’ para garantizar la atención a este colectivo excluido por la reforma sanitaria del PP
19.06.12 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en el Comercio.
Los inmigrantes ’sin papeles’ que residen en Asturias dispondrán de un código sanitario con el que se podrán identificar ante los médicos, enfermeras y administrativos del sistema público. No será una tarjeta sanitaria como la que tenían hasta ahora y que desde el 1 de septiembre perderán gracias a la reforma aprobada por el PP, sino de un número de identificación personal que les permitirá moverse (se supone que sin problemas) dentro de la sanidad pública asturiana. También les será asignado un centro de salud de referencia donde recibirán atención de forma normalizada. Estos son los principales puntos recogidos en la resolución de la Consejería de Sanidad, con la que el Principado busca garantizar la atención sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia que desde el próximo septiembre quedarán fuera del sistema de salud. La disposición autonómica, publicada ayer en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), intenta paliar en parte los nocivos efectos de reforma sanitaria del PP, que conmina a las comunidades autónomas a dejar de facilitar tarjetas sanitarias a los inmigrantes que, a pesar de estar empadronados, no tengan regularizada su situación en España. La medida ya había sido anunciada la pasada semana por el consejero asturiano de Sanidad, Faustino Blanco, que argumentó que la resolución se adoptaba por «razones de humanidad». Según detalla la normativa, de las pocas aprobadas hasta la fecha en el país, los inmigrantes sin papeles (tanto los nuevos solicitantes de atención sanitaria como los que ya la recibían) «se incluirán en el Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios (Sipres) y se les asignará un código de tipo de usuario». Su situación se enmarcará bajo el epígrafe ’extranjeros sin recursos’, que será asociado a un código de identificación personal.
El Principado asignará a cada persona en esta situación «un equipo básico de salud de referencia», en la práctica, un centro de salud de Atención Primaria y «se les autorizará temporalmente el acceso a la asistencia sanitaria en los dispositivos del Servicio de Salud del Principado (Sespa)». Los extranjeros sin regularizar ya no recibirán la tarjeta sanitaria que les daba derecho a ser atendidos, según la resolución publicada ayer en el Bopa.
Sin prestación de farmacia
Un tema que queda sin resolver es el de la prestación farmacéutica, a la que los inmigrantes sin papeles no tendrán acceso ni tan siquiera en Asturias. Los médicos de los centros de salud podrán emitirles recetas (las blancas), pero éstas no le darán derecho a descuento alguno en la farmacia, como si ocurre con el resto de usuarios. Los extranjeros sin recursos, indica la resolución, podrán «dirigirse a las diferentes organizaciones no gubernamentales o asociaciones que tengan relación con los colectivos de inmigrantes, donde le informarán sobre las posibles fórmulas de tramitar o conseguir los medicamentos», se entiende mediante la fórmula de copago. La normativa del Principado nada dice sobre cómo se dispensará la Atención Especializada, aunque un portavoz de Sanidad explicó que «se seguirán realizando las derivaciones al especialista como se hacían hasta ahora».
Defensa de la Sanidad también pide la insumisión
19.06.12 –El Comercio
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, conformada por más de treinta colectivos de la región, criticó ayer «la tibia postura» del Principado con respecto a la atención sanitaria de los inmigrantes sin papeles. Uno de sus portavoces, el médico Carlos Ponte, manifestó su desacuerdo con la resolución asturiana a la que calificó de «débil, ya que no soluciona el problema». Al igual que otros colectivos, como el Comité Ciudadano Antisida, la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, considera que el Principado «debería declararse insumiso» ante el decreto de medidas urgentes en sanidad, que supone «un cambio radical del modelo sanitario que conocemos hasta ahora». Ponte criticó con dureza el hecho de que los extranjeros sin permiso de residencia tengan que acudir a las oenegés para gestionar los medicamentos: «Es un paso atrás que no deberíamos ni permitir ni aceptar».
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