La insumisión no era una opción, pero la mayor o menor sensibilidad en la aplicación de los recortes marca la diferencia entre la regionalización o no de algunos conflictos, se sabía y se sabe aún

Un Gobierno bajo el yugo de los ajustes

El Gabinete regional intentó minimizar el efecto de los ajustes en sanidad y educación, pero chocó con el rechazo de los sindicatos

La gestión de Javier Fernández al frente del Ejecutivo ha estado condicionada por los recortes impuestos desde Madrid

02.09.12, JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.

El próximo miércoles día 5, el Gobierno de Javier Fernández cumplirá cien días. Un periodo en el que no ha tenido excesivo margen para desarrollar sus políticas, al menos, como le hubiera gustado. Condicionado por los ajustes impuestos desde Madrid y por la falta de un presupuesto regional que garantice estabilidad, el Ejecutivo apenas ha podido mostrar sus cartas. Dicho en pocas palabras, los esfuerzos se han centrado en cumplir con las consignas de Hacienda y, al mismo tiempo, lidiar con los recortes e intentar minimizar el impacto de los mismos. ¿Lo ha conseguido? A juzgar por la reacción de los sindicatos en las últimas semanas parece que no. El Principado no ha logrado aliviar la situación de los empleados públicos ni desviar la tijera de la sanidad y la educación.

No se puede decir que el Gobierno asturiano lo tuviera fácil desde su particular kilómetro cero. Mientras se culminaban las negociaciones entre los grupos para definir quién iba a dirigir la región tras las autonómicas de marzo, el Ejecutivo saliente no consiguió convencer al Ministerio de Hacienda con su plan de ajuste y eso situó a Asturias en el ojo del huracán. Los primeros deberes de Fernández y su equipo, por tanto, estaban claros: elaborar un plan económico y financiero que sí pasara el corte del Consejo de Política Fiscal. En ello se pusieron a trabajar Dolores Carcedo y ex colaboradores de Jaime Rabanal (consejero de Hacienda con Areces) antes, incluso, de ser nombrados. La estimación hecha por Madrid sobre el ajuste del Principado alcanzaba los 616 millones de euros, un cálculo que no coincidió con el realizado en Asturias. El Gobierno regional limitó a 498 el recorte. La receta para llevarlo a cabo contó con varios ingredientes. Los más importantes, la subida de impuestos (subida del 'céntimo sanitario', del tramo autonómico del IRPF a las rentas más altas, del impuesto de Patrimonio o del precio de la ITV) y la reducción de más de mil interinos de la Administración pública. El grueso se obtendrá sin embargo, según desveló el Ejecutivo, de la reprogramación de inversiones y la venta de patrimonio.

Nadie se escapa de las restricciones y menos el sector público. La denominada por la oposición como la «administración paralela» verá reducido su coste con la venta de Sedes o la supresión del Instituto de Estadística, entre otras iniciativas. Propuestas que, a ojos del PP, siguen siendo pocas para los tiempos que corren. Dentro de ese sector público destaca el Centro Niemeyer. Después de que el Ejecutivo de Cascos le redujera la aportación económica, el actual Gobierno regional intenta volver a la situación con Areces. Su primera decisión fue dejar el futuro del centro en manos de la Fundación, la idea contraria a la que tenía el anterior Ejecutivo autonómico. Algo similar a lo que ocurre con la RTPA. Fernández y su Gabinete apuestan por la continuidad de la radio-televisión pública aunque con un coste inferior al actual.

Quizás por dar ejemplo ante la sociedad asturiana, en los tiempos que corren de crisis y aumento galopante del desempleo (cerca de los cien mil parados) la primera medida de austeridad adoptada por el Gobierno de Fernández fue remodelar el esqueleto de la Administración con una disminución del número de cargos institucionales, incluyendo las viceconsejerías, que pasaron de siete a dos, y el número de jefes de servicio.

Problemas añadidos

La necesidad de cumplir ante Hacienda con un plan económico fiable era lo más urgente, aunque no el único problema con que inició el trayecto el Gobierno de Fernández. Los recortes impuestos desde el Ministerio de Industria al sector del carbón eran un obstáculo en el camino. Las reuniones mantenidas por el propio Fernández y su consejero de Industria, Graciano Torre, no han surtido efecto hasta ahora como tampoco la presión de los sindicatos. Nadie vislumbra una marcha atrás en este asunto del Ejecutivo de Rajoy al que, además, se le ha pedido desde Asturias un esfuerzo para negociar rebajas en la tarifa eléctrica para las grandes industrias.

No son pocas las cosas que están en juego y que dependen de la voluntad política de Madrid. El Principado lo sabe y quizás por ese motivo, sin dejar de mantener un tono crítico con las decisiones del Ejecutivo popular, no ha mantenido la beligerancia de otras comunidades gobernadas por el PSOE, como Andalucía. Como muestra, un botón: en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que fue aprobado el objetivo de déficit y deuda de las autonomías para este año, así como para 2013 y 2014, Asturias mostró su desacuerdo y así lo expresó en la votación, pero estuvo en la reunión hasta el final. El Gobierno andaluz, por su parte, plantó al Ministerio de Hacienda y abandonó el consejo.

Andalucía, como el País Vasco, recurrió los ajustes en sanidad y educación al considerar que invadían las competencias autonómicas. Asturias también lo hizo, aunque con mucho menos estruendo. El 20 de julio pasado registraba sendos recursos ante el Tribunal Constitucional, ante el disgusto de los populares asturianos que calificaron la iniciativa como un acto de «deslealtad» institucional.

La sanidad y la educación son, en boca del portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, «líneas rojas» para el Ejecutivo. Su propósito, al menos públicamente, es defender los principales cimientos del estado de bienestar. El tiempo dirá si lo ha conseguido o no. De momento, el Principado es una de las comunidades declaradas «insumisa» ante la orden de suprimir la ayuda sanitaria a los 'sin papeles'. Esa es la misma rebeldía que los sindicatos le reclaman a la hora de aplicar los ajustes en sanidad, educación y en la Administración general.

El Gobierno asturiano aplicará la ley después de una negociación frustrada con las centrales. Esto supondrá la eliminación de las horas extra del personal sanitario y el aumento de las horas lectivas para los docentes, además de, según los sindicatos, más de 1.600 despidos a consecuencia de los recortes.

Un presupuesto para garantizar la estabilidad

El Gobierno asume que se avecina un «otoño caliente», pendiente de que pueda haber nuevas restricciones

02.09.12 - J. A. G., en El Comercio.

Graciano Torre aseguraba en una entrevista reciente en este periódico que más que un «otoño caliente» se avecinaba un «otoño ardiente». Aludía el consejero de Industria y Empleo a varias cuestiones que afectan y mucho al presente de la comunidad. Asturias espera una decisión favorable sobre la tarifa eléctrica y un cambio de posición en torno a la minería que, cada vez, parece más complejo. La conflictividad social, disparada a raíz de los ajustes impuestos a lo largo de los últimos meses, puede agravarse aún más en la región. Los sindicatos de la educación o la sanidad están en pie de guerra contra el Ejecutivo de Fernández. Saben que no se le puede culpar de los ajustes, aunque sí es cierto que los empleados públicos esperaban «mayor sensibilidad» del Ejecutivo autonómico e, incluso, «insumisión» ante la aplicación de los citados recortes que, según las centrales, afectarán a los servicios públicos.

Los enfrentamientos, lejos de aplacarse, podrían enquistarse en los próximos meses y nadie obvia la posibilidad de que la sanidad asturiana tenga que afrontar jornadas de huelga. Se habla que puede haber paros ya en el mes de octubre.

En medio de este escenario, el Gobierno de Javier Fernández intentará sacar adelante un presupuesto equilibrado que permita desarrollar su gestión a pesar de las restricciones impuestas desde el Ministerio de Hacienda, que acota tanto el límite de déficit como el endeudamiento. El techo de gasto será de 3.542 millones, 84 menos que este año, según avanzó la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo.

Se da la circunstancia de que el presupuesto tendrá que pasar por el tamiz de Izquierda Unida y UPyD, socios estratégicos de los socialistas tras el pacto alcanzado para la investidura de Javier Fernández, y de cuyo voto depende tener o no la mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante sus propuestas en la Cámara regional.

Antes de que se debata el presupuesto autonómico, el Ejecutivo regional intentará llegar a un acuerdo con las entidades financieras para conseguir los 423 millones de euros solicitados como crédito extraordinario, que permitirán financiar las inversiones previstas en el plan de reequilibrio del Principado.

De no conseguirlo, Asturias se vería obligado a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica para obtener financiación, como esta misma semana ya hizo Cataluña. Una hipótesis que a día de hoy no se descarta por parte de Javier Fernández y su equipo que, pese a todo, confían en conseguir acuerdos este mes, para lo cual presentan como aval de la gestión económica del Principado a lo largo de los últimos años.

Si hay una prioridad para las próximas cuentas públicas esa debe ser la creación de empleo. Un objetivo que parece más complicado en un momento en el que cierran empresas y la tasa de actividad sigue siendo la más baja de toda España.

De forma paralela, para este otoño el Gobierno podría poner en marcha su plan de reestructuración del sector público con el que espera ahorrar una cantidad importante de dinero.