Chipre dice 'no' al «chantaje» de Bruselas
El Gobierno de Nicosia prevé salvar de la quita a los depósitos inferiores a 20.000 euros
El Parlamento chipriota rechazó hoy con rotundidad el plan del Eurogrupo de imponer una tasa a los depósitos privados y pidió al presidente, Nikos Anastasiadis, que busque vías alternativas de negociación exentas de lo que todos calificaron de "chantaje". En un debate cargado de mensajes dramáticos, los diputados de todos los partidos compartieron la opinión de que Chipre ha sido víctima de un "chantaje" de los socios europeos, al no dejar opciones a una negociación real, sino imponer un plan en una reunión nocturna el pasado viernes en Bruselas.
Con excepción del gubernamental DISY que se abstuvo, todos los partidos votaron en contra del borrador de ley, a pesar de que el Gobierno había presentado una versión suavizada que dejaba exentos a los pequeños ahorradores. Frente al plan inicial que planteaba una tasa del 9,9 % a todos los depósitos superiores a 100.000 euros, y del 6,7 % a los inferiores, el borrador del Gobierno eximía de gravamen los depósitos inferiores a 20.000 euros, imponía un 6,75 % al tramo hasta los 100.000 euros y gravaba con un 9,9 % los fondos que superen los 100.000 euros.
El tono encendido empezó con el propio presidente del Parlamento, Yannakis Omirú, que habló de un "atraco a la propiedad privada, contra toda noción del Derecho". Según Omirú, la decisión del Eurogrpo ponía de manifiesto que los socios europeos se han pronunciado a favor de que Chipre vuelva "a ser un país de soberanía limitada, un estado neocolonialista".
El presidente del Parlamento y miembro del partido socialdemócrata EDEK pidió respaldar al presidente, Nikos Anastasiadis, en "todo esfuerzo por renegociar la decisión". Fue el propio Anastasiadis quien, en un comunicado publicado mientras se celebraba el debate, anunció su intención de "continuar luchando para que las decisiones del Eurogrupo se modifiquen".
Tras la votación, Anastasiadis emitió otro comunicado en el que manifestaba su "absoluto respeto" por la decisión parlamentaria y en el que recordaba que ha convocado mañana a los líderes de los grupos parlamentarios con el fin de estudiar la situación derivada del rechazo y buscar alternativas. Al amplio rechazo parlamentario se sumó el centrista DIKO, que respalda a Anastasiadis, y que en un principio había manifestado su intención de respaldar el proyecto de ley.
Sin embargo, el fuerte rechazo popular y el revuelo político causado por este plan, acabó llevando al presidente de DIKO, Marios Karoyan, a sumarse al "no". "No permitiremos convertirnos en otra Grecia. No aceptamos ser los parias de Europa", dijo Karoyan, quien añadió que "frente a la Europa del chantaje nosotros insistimos en la Europa de la solidaridad".
Críticas del banco conservador
Incluso el líder conservador, Averof Neofitu, fue crítico con el Eurogrupo, y pese a reprochar a los partidos que se oponen al plan no presentar alternativas, dijo que "tanto los dirigentes, como los ciudadanos tenemos razón en sentir ira por la manera como fue tratado el presidente Anastasiadis" en Bruselas. Neofitu anunció que el próximo paso ahora será formular "una propuesta alternativa realista que pueda salvar a nuestro país", una iniciativa que, a su juicio, podría obligar a los socios europeos a reexaminar el tema.
Una de las claves de los próximos días la podría constituir el viaje que emprendió hoy mismo el ministro de Finanzas, Mijalis Sarris, a Rusia, el país con el mayor caudal de depósitos en Chipre , y cuyo Gobierno había calificado el impuesto a los depósitos de "confiscación" digna de los tiempos de la Unión Soviética. Se estima que el capital ruso en los bancos de Chipre asciende a unos 15.474 millones de euros, más de la quita parte de todos los depósitos.
Antes de las elecciones, Anastasiadis aseguró estar en contacto con "varios países" para solicitar un crédito puente hasta alcanzar una solución sostenible con la troika. En vista de que Nicosia ha solicitado ampliar de 2016 a 2020 la devolución del crédito bilateral que obtuvo de Moscú hace dos años por valor de 2.500 millones de euros, quizás la solución vuelva a pasar por Rusia.
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