Los bancos facilitarán al Principado pisos vacíos para alojar a familias desahuciadas
Gobierno y entidades preparan un convenio para que los afectados por desalojos accedan a esas viviendas pagando un alquiler social
Frente al modelo andaluz de expropiación temporal de pisos vacíos a los bancos, el Principado se decanta por una fórmula de diálogo con las entidades financieras para intentar encontrar soluciones al drama de los desahucios. Ambas partes negocian un convenio en virtud del cual la banca pondrá a disposición del Ejecutivo regional una bolsa de viviendas que en este momento se encuentran desocupadas para alojar a familias que se han quedado en la calle víctimas de una ejecución hipotecaria, a cambio de un alquiler social. La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, desgranó los detalles de una iniciativa cuyas grandes líneas ya adelantó ayer este periódico, y que también incluye un refuerzo de los servicios de intermediación para conseguir que las personas que están inmersas en un proceso de estas características, pero que aún no han perdido su casa, puedan seguir en ella.
El problema de los desahucios, creciente en la medida en que la crisis sigue cebándose con España y el paro sube sin freno, se ha convertido en el eje del debate político. Con el Congreso de los Diputados tramitando una ley que solo el PP defiende con firmeza y que la oposición, sobre todo en el ala izquierda, cree insuficiente, Andalucía dio esta semana un golpe de efecto con la aprobación de un decreto que autoriza la expropiación de pisos vacíos a los bancos para acoger en los mismos a familias que hayan perdido su casa. La propuesta, que ha generado una intensa controversia política y jurídica, fue asumida a continuación por la dirección federal del PSOE y defendida en público por el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. Si a ello se le une que en el Principado IU anunció la presentación de una iniciativa parlamentaria que plantea trasladar a Asturias la receta andaluza, es fácil entender por qué todos los ojos se volvieron casi de inmediato hacia el Ejecutivo regional que pilota Javier Fernández.
El Principado, que trabajaba desde hace tiempo en su propia estrategia, ha tenido que acelerar el paso al precipitarse los acontecimientos. Pero, con el argumento de que la situación en Asturias es muy diferente a la que vive Andalucía, se ha desmarcado de ese polémico planteamiento de las expropiaciones y se ha decantado por otra vía. «Son dos medidas diferentes para llegar a un mismo fin, que nadie se quede sin techo por causa de un desahucio», alegó ayer Esther Díaz, que compareció acompañada de la directora de Vivienda, Ana Rivas.
¿Significa eso que el Principado cuestione el método andaluz o el hecho de que la dirección federal socialista lo haya asumido como propio? En modo alguno. El Ejecutivo entiende que la realidad de ambas comunidades -extensión territorial, índice de paro, número de desahucios en términos absolutos y porcentuales...- es muy diferente y que en Asturias se puede dar una solución al problema sin pisar un territorio tan resbaladizo. Díaz se cuidó mucho de abrir polémicas internas y, sin entrar en el fondo del decreto-ley de Andalucía, defendió la validez de su plan.
Que, en esencia, gira en torno a la firma de un convenio con las entidades financieras radicadas en Asturias -la negociación está abierta en este momento y Díaz ve receptividad en la otra parte- para actuar en un doble sentido. Por un lado, los bancos movilizarían una parte del ’stock’ de vivienda vacía del que disponen en este momento y lo pondrían a disposición del Ejecutivo. La consejería, a partir de ahí, estudiaría la situación de las familias afectadas por desahucios que, abonando un alquiler social, accederían a esos pisos. En la medida en que las conversaciones no están cerradas, no se maneja todavía una cifra concreta de inmuebles disponibles.
En paralelo, mediante el convenio se reforzará el servicio de intermediación que se está prestando a través del Colegio de Abogados de Oviedo para evitar que las personas inmersas en un trámite de ejecución hipotecaria pierdan su casa, facilitando vías para la renegociación de esa deuda. La banca, argumentó la consejera, es «consciente del problema» y quiere «cooperar en la búsqueda de soluciones». Díaz, por cierto, también instó al Gobierno central a que destine a atender el drama de los desahucios una parte de las viviendas que conforman el llamado ’banco malo’ o Sareb. «Que nos digan que van a hacer con ellas porque es algo que pagamos todos», remarcó.
El desarrollo del convenio, que daría continuidad al primer paquete de medidas impulsadas por el Gobierno el pasado noviembre, depende en buena medida de que se culmine la tramitación de un cambio normativo prometido entonces, pero que aún no se ha rematado. Se trata de la modificación del decreto que regula la adjudicación de viviendas del Principado, que en su redacción actual impide que las personas inmersas en un desahucio puedan acceder a las mismas. Sin ese retoque, que Díaz cree que se demorará unos dos meses, no es posible -salvo en casos de extraordinaria urgencia- movilizar para este fin ni las viviendas del parque público -unas 500, 50 ya para entrar a vivir- ni las que potencialmente puedan aportar los bancos.
También en tramitación están las dos líneas de ayuda, por importe de 2,2 millones de euros, para alquiler y para familias en situación de necesidad derivada de un desahucio. La oficina de información y asesoramiento creada a finales de 2012 por el Principado ha atendido en este periodo 128 casos.
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