El Constitucional mantiene la suspensión de la paga extra de Navidad de los funcionarios vascos
El Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión de la paga extra de diciembre de 2012 a los funcionarios vascos al considerar que levantar esta medida "tendría efectos desfavorables" para la "necesaria coherencia de la política económica del Estado" que "exige un carácter unitario". Esta decisión ha sido acordada en un auto hecho público hoy en el que el Tribunal Constitucional no entra a analizar el fondo del conflicto de competencias entre los gobiernos central y vasco por esta cuestión, y tampoco prejuzga la constitucionalidad de la supresión de la citada paga.
El Gobierno de Mariano Rajoy acordó vía decreto en julio de 2012 eliminar la paga de la extra de Navidad a los empleados públicos dentro de un paquete de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. El anterior Ejecutivo socialista vasco ordenó en una de sus últimas decisiones pagar esta extra y el Ejecutivo central planteó entonces un conflicto de competencias ante el Constitucional. Cuando éste lo admitió a trámite, el abono de la extra quedó paralizado al decretarse su suspensión cautelar.
Ahora, en un auto fechado el pasado 23 de abril, el Constitucional se pronuncia sobre el levantamiento o no de la suspensión cautelar y opta por su mantenimiento recogiendo los argumentos que en su día trasladó el Abogado del Estado. Así, el Alto Tribunal considera que el levantamiento de la medida de suspensión "podría poner en peligro la efectividad de una medida de política económica general relacionada con el conjunto de la política estatal encaminada a lograr la contención del déficit y el endeudamiento".
"Lo más conveniente para los intereses generales"
Recuerda que la adopción de decisiones unitarias en materia de política económica es "una consecuencia de la necesidad de dar un tratamiento uniforme a determinados problemas" en base al objetivo de "interés general" y de evitar a que se produzca un "resultado disfuncional y disgregador" en España. El Tribunal Constitucional dice que con el mantenimiento de la suspensión se "evitarían perjuicios para la eficacia de las medidas económicas generales adoptadas por el Estado en materia de contención del endeudamiento" y considera por ello que en la "ponderación de los intereses en juego" lo "más conveniente para los intereses generales" es mantener esa medida cautelar de suspensión.
Añade que no se puede calificar de "excesivo o desproporcionado" continuar con la suspensión aunque reconoce que se trata "de la imposición de un sacrificio desde el punto de vista retributivo a todos los empleados públicos". Además el Constitucional asegura que la "eficacia" de este "sacrificio", tanto en "el plano material de contribuir a la reducción del déficit público del año 2012 como en el de la credibilidad internacional de España como nación que cumple sus compromisos financieros", se "revela como de suficiente entidad como para justificar el mantenimiento de la medida hasta le decisión final del presente proceso". "El levantamiento de la medida de suspensión tendría efectos desfavorables desde el punto de vista de la necesaria coherencia política económica del Estado, que exige un carácter unitario y uniforme para la consecución de sus objetivos", resume el Tribunal Constitucional.
Finalmente añade que con su decisión se "evita la consecuencia extravagante de generar situaciones de desigualdad a favor" de los funcionarios vascos con respecto al resto de empleados públicos de las diferentes administraciones del Estado. El Constitucional concluye finalmente que los "posibles perjuicios a los intereses generales" que podría suponer el levantamiento de la suspensión "son suficientes" para que se "pronuncie, en fase cautelar, y aún sin anticipar la resolución de fondo" a favor del mantenimiento de la suspensión en su día acordada.
70.000 funcionarios vascos afectados
El conflicto por la paga extra de Navidad ha sido heredado por el actual Gobierno vasco del PNV, que el pasado 14 de abril recurrió ante el Tribunal Constitucional cinco artículos del citado decreto ley de estabilidad presupuestaria del Ejecutivo central al considerar que en él se invaden competencias propias. En su recurso, el Gabinete presidido por Íñigo Urkullu alegó que el decreto-ley de Rajoy invadía competencias propias de la autonomía vasca también en cuanto a los días libres de sus 70.000 empleados públicos y permisos sindicales.
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