Asturias supera por vez primera los 9.000 perceptores de salario social
La consejera de Bienestar advierte de que la partida de 45 millones «se queda corta», mientras da luz verde a los 26 del plan concertado municipal
Más de 9.000 asturianos cobran hoy el salario social. La paga destinada a las personas con ingresos inferiores a los 530 euros al mes -es decir, destinada a quienes viven en el umbral de la pobreza- supera una barrera histórica en la región. Nunca hasta ahora se había llegado a una cifra tan alta de beneficiarios que, sin embargo, se queda aún corta respecto a la demanda. Porque sólo en abril se recibieron 501 peticiones nuevas de ayuda, con lo que son 6.300 los expedientes que aún están pendientes de tramitación.
Es decir, si los tiempos burocráticos fueran los legales -en dos meses debe darse respuesta a cada petición-, podrían ser más de 15.000 los asturianos a nómina de la renta básica -que oscila entre los 465 y los 767 euros, según el número de integrantes de la familia- y más de 37.500 los beneficiarios reales, puesto que los expertos calculan que de cada nómina de salario social viven 2,5 personas.
Por ese motivo, la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, alertó ayer de que la partida reservada para esta renta, de 45 millones de euros, «se va a quedar corta». Y eso que es la más elevada aprobada por el Gobierno regional desde que dio luz verde a la Ley del Salario Social, en diciembre de 2005.
En su opinión, es «preocupante» que, tal y como adelantó EL COMERCIO, en el primer trimestre del año la media de peticiones fuera de 400 al mes y, más aún, que en abril se superara el máximo histórico «de 501 peticiones».
Las declaraciones de la consejera llegaron tras su reunión con la Procuradora General, Antonia Fernández Felgueroso, quien le transmitió su preocupación «porque cada vez hay más gente que no tiene prestaciones por desempleo y que lo está pasando muy mal».
Liquidez para los consistorios
Para dar cobertura a las personas afectadas por la crisis económica, el Principado dio ayer luz verde al plan concertado de Bienestar Social, el que financia los servicios sociales municipales básicos y que dará liquidez a los consistorios. Porque el Gobierno regional aporta 26,7 millones de los 48 que supone hacer frente a las peticiones de teleasistencia, ayuda a domicilio, becas de comedor y, sobre todo, ayudas de emergencia.
Este último aspecto, el de las ayudas de urgencia, ha pasado de ser una partida testimonial a protagonizar las cuentas municipales, debido al atasco que suma la Consejería de Bienestar Social y Vivienda en la tramitación del salario social.
A ese incremento de la demanda de ayudas de emergencia suman los ayuntamientos el tener que hacerse cargo, tal y como les obliga el Principado este año, de la ayuda a domicilio a personas con dependencia, novedades que pusieron en pie de guerra a los consistorios de PP y Foro. Los socialistas reclaman la firma del plan para tener «liquidez».
Bienestar Social, que se ha comprometido a evaluar el plan, recuerda que aporta 600.000 euros más para paliar el recorte del 70% aplicado por el Gobierno central.
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