La solidaridad y la cohesión territorial que garantizan la prestación a todos los ciudadanos de los mismos servicios y con la misma calidad es y debe seguir siendo sagrado.
Feijóo, Monago y Herrera comparten la tesis asturiana de blindar la solidaridad
Los presidentes de Galicia, Extremadura y Castilla y León consideran que se trata de un principio constitucional «sagrado» que no debe cuestionarse
Cuadro.- Situación actual con los últimos datos disponibles ya ceerados, los de 2011.
21.10.13 - A. SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.
Quiere el Gobierno asturiano afrontar el crucial debate de la reforma de la financiación en sintonía con otras comunidades, sabedor de que hacerlo en solitario y con regiones de tanto peso político como Madrid o Cataluña enfrente sería un suicidio. En ese frente común que el Ejecutivo de Javier Fernández aspira a impulsar deberían estar territorios que comparten con el Principado características demográficas y orográficas que suponen un incremento del coste de la prestación de los servicios básicos: una población envejecida y dispersa, un terreno montañoso... Tres autonomías son prioritarias a la hora de buscar ese entendimiento. Se trata de Galicia, Castilla y León y Extremadura, cuyos presidentes, además, han remarcado en los últimos días un argumento sobre el que lleva machacando Asturias desde que Mariano Rajoy dio a entender que tenía previsto abrir este melón: el blindaje de la solidaridad.
Ese principio de solidaridad, entendido como la garantía de que todas las comunidades autónomas puedan prestar a sus ciudadanos los mismos servicios y con la misma calidad, es considerado «sagrado» por Juan Vicente Herrera. El 'barón' castellanoleonés es una de las voces más autorizadas del PP a la hora de hablar de financiación y en más de una ocasión no ha dudado en discrepar de la línea oficial de su partido y del Ejecutivo central en la defensa de los intereses de su territorio. Ahora ha dejado bien claro un mensaje a los suyos y a la cúpula nacional de la calle Génova, después de las controvertidas propuestas de Madrid y Cataluña en defensa de una limitación de la solidaridad. «No se puede improvisar ni cambiar el paso», ha reflexionado, abogando por la defensa del modelo constitucional que garantiza la «igualdad» de todos los ciudadanos.
«Hay comunidades que son las más exigentes pero que son las que más están quebrando a sus ciudadanos», sostiene Herrera en alusión directa a Cataluña, rechazando un trato «singular» a la comunidad gobernada por CiU, tal y como defendió recientemente la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho. El presidente castellanoleonés coincide además con Javier Fernández en la importancia de que el nuevo modelo no atienda únicamente a la población de cada región a la hora de repartir los recursos y tenga suficientemente en cuenta tanto el envejecimiento como la dispersión y la orografía.
«Siempre con el principio de solidaridad, como no podía ser de otra manera». La frase corresponde a José Antonio Monago, presidente de Extremadura y también en las filas del PP, que gobierna en las tres comunidades con las que el Principado buscará un acercamiento. Pero Monago, visto por muchos como un 'verso suelto' entre los populares, tiene fama de no callarse la boca y también está entre quienes rechazan abiertamente un sistema a la medida de una comunidad determinada. «Si no mantenemos la solidaridad estaremos haciendo lo contrario de lo que ha permitido que España se haya desarrollado en los últimos años: que todos los territorios tengan las mismas oportunidades», argumenta.
El gallego Alberto Núñez Feijóo, menos belicoso en clave interna pero también sabedor de lo que se juega la Xunta en este asunto, lo tiene igualmente claro. A su juicio, «cuestionar, limitar o condicionar» la solidaridad y, por tanto, la Constitución, es un mensaje peligroso que debe quedar fuera del debate.
La propuesta de vincular la financiación a los impuestos amenaza al Principado
Un modelo que haga depender a cada región de su capacidad recaudatoria iría en beneficio de Madrid y castigaría a Asturias
21.10.13 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.
La idea ya fue avanzada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la reunión del Consejo de Política Fiscal previa al parón vacacional de agosto. Y no causó especial sorpresa en los asistentes, pese a que una amplia mayoría la acogió con desagrado, toda vez que Cataluña y Madrid ya la venían poniendo sobre la mesa, cada una con sus matices, en los últimos tiempos. La 'idea' consiste en que en la reforma del sistema de financiación autonómica, prevista para el segundo semestre de 2014, las comunidades pasen a depender más de su capacidad fiscal, de los recursos que sean capaces de generar a través de los impuestos, y menos de la caja común, de los mecanismos redistributivos del Estado. El argumento, explicado así, en crudo, supondría un mayor margen de maniobra para aquellos territorios con mayor actividad económica y lastraría a los que, como Asturias, están en un segundo nivel de desarrollo y se benefician de la red de solidaridad interregional. Este planteamiento chirría en la sede presidencial de la ovetense calle de Suárez de la Riva, cuyo inquilino, Javier Fernández, ha dejado claro que no cederá en la negociación y no aceptará un sistema que quiebre las garantías de igualdad para los ciudadanos en el acceso a los servicios. El debate traerá cola.
La realidad es que el modelo de financiación es un asunto crucial para Asturias y para todas las comunidades pues se trata de la bolsa de la que salen los recursos que sostienen el funcionamiento de los servicios básicos: sanidad, educación y políticas sociales. El actual escenario inquieta al Gobierno regional en la medida en que las comunidades con mayor peso político -Cataluña o Madrid- están por la labor de cambiarlo, y que además la comunidad catalana está inmersa en un proceso soberanista de imprevisibles consecuencias ante el que la financiación puede utilizarse como moneda de cambio en la búsqueda de un punto de equilibrio entre Mariano Rajoy y Artur Mas. Pero tampoco el Ejecutivo central está cómodo, presionado al mismo tiempo por la Generalitat y por sus propios 'barones' autonómicos, temerosos de que se haga un traje a la medida de Cataluña pero que a la vez, y en virtud de sus distintos intereses territoriales, son incapaces de ponerse de acuerdo en un modelo de consenso.
Sí hay cosas que están claras. La primera, que el Gobierno no abordará la reforma antes de tener sobre la mesa la propuesta de revisión de la actual estructura tributaria encargada a un comité de expertos. Una evolución temporal que puede dar pistas de lo que va a suceder. Y la segunda, la coincidencia de Cataluña y Madrid en cuestionar el modelo vigente sobre el argumento de que su capacidad recaudatoria por la vía de los impuestos es notablemente superior a la inyección de fondos que reciben del sistema de financiación. Un desequilibrio que ambas comunidades instan a corregir, lo que plantea a Montoro el problema de cómo satisfacerlas sin castigar al resto. Difícil.
Madrid y Cataluña ponen datos sobre la mesa para justificar sus planteamientos. Lo hacen aludiendo a la diferencia entre el dinero que el Estado obtiene en sus respectivos territorios a través de los impuestos -IRPF, IVA o Sociedades- y los fondos que luego ambas reciben de la financiación, nutridos en parte de esos mismos impuestos. Ambas regiones hablan de agravio. Según las estadísticas de la Agencia Tributaria relativas a la recaudación y del Ministerio de Hacienda sobre la liquidación del sistema de financiación, en Madrid se recaudaron en 2011 -último año del que hay datos cerrados- 76.014 millones y obtuvo luego 14.894 para costear sus gastos. Y en Cataluña se recaudaron 32.068 millones y se recibieron 19.075. Cifras que los dos territorios creen desequilibradas.
¿Cómo cambiar esta situación? El planteamiento que está sobre la mesa y que Montoro dio a entender que estudia -con los matices y las correcciones que se pudieran introducir- es que la financiación de cada comunidad pase a estar más vinculada con la recaudación de los impuestos en su territorio y menos con la caja común, lo que, al menos a priori, conllevaría un recorte de los mecanismos de solidaridad. Es un planteamiento que el Principado rechaza y que tampoco gusta a muchos 'barones' del PP.
Es verdad que el debate es muy incipiente y que nadie ha puesto fórmulas concretas sobre la mesa. Pero también es cierto que una aplicación estricta de este modelo sería muy perniciosa para Asturias, una comunidad con problemas para generar una actividad económica pujante y que depende en buena medida del soporte estatal y del reequilibrio territorial, tanto como beneficiosa para las regiones más dinámicas y que, por tanto, son capaces de obtener a través de los impuestos ingentes cantidades de fondos. Cataluña, Madrid o Valencia son los casos más destacados.
«Estable y suficiente»
«Necesitamos contar con un sistema de financiación estable y suficiente», explica el presidente del Principado, Javier Fernández, cuando reflexiona en voz alta -y lo ha hecho en varias ocasiones en las últimas semanas- sobre este asunto. «Y solo escucho plantear que esa financiación futura se vincule a la recaudación de los grandes impuestos estatales en cada comunidad, que se establezca una relación directa entre los recursos financieros de las comunidades y su capacidad tributaria, su potencia fiscal». Una pretensión que afea tanto al nacionalismo catalán, «que falsea la historia, agiganta las pequeñas diferencias y remueve el fantasma del agravio fiscal», como a los gobernantes madrileños, «que apoyados en su capacidad tributaria compaginan el españolismo más castizo con la absoluta despreocupación por el equilibrio territorial».
Piensa el Ejecutivo regional que la razón está de su mano y esgrime datos que así lo atestiguarían. Cifras que explicarían que un modelo de financiación no puede pivotar sobre la capacidad recaudatoria de las autonomías. Por ejemplo, el hecho de que en Madrid tengan su sede la mayoría de las empresas cotizadas, cuyos directivos tienen un sueldo medio de 700.000 euros. O que también en dicha comunidad residan un mayor número de propietarios de grandes empresas o los patrimonios más elevados. «Una comunidad así, con esa capacidad fiscal, está en condiciones de plantear una auténtica competencia interterritorial, procurando una mayor concentración de rentas altas y patrimonios en su jurisdicción fiscal», razona Fernández.
El esquema de reforma que defiende el Principado es sustancialmente diferente. Propone, de antemano, que ninguna comunidad salga perdiendo con la reforma. Y que, a partir de ahí, se empiece a hablar de mejoras. Y que se haga un reparto de los recursos justo y equitativo que garantice a los ciudadanos, independientemente del territorio en el que residan, unos mismos servicios públicos de igual calidad. Algo que solo puede hacerse, según Fernández, garantizando un «potente» mecanismo de solidaridad.
Sabe el Principado que abanderar este planteamiento en solitario no iría a ninguna parte y ya busca aliados. Lo hace dentro de la comunidad, ofertando consensos a partidos políticos y agentes sociales y económicos, y fuera, intentando explotar los puntos de consenso existentes con otras regiones que, pese a ser del PP, comparten características e intereses. De momento lo hace de forma exploratoria, a modo de avance, porque el partido no empezará a jugarse de verdad hasta mediados de 2014. Y será, a buen seguro, a cara de perro.
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