Medicina para una alerta industrial

Protección Civil estudia reforzar sus protocolos médicos ante grandes emergencias en la comarca de Avilés gracias al trabajo de fin de Máster universitario de una enfermera 

La enfermera Natalia García Martín lo deja claro en el último apartado de su trabajo de fin de Máster. «Da miedo pensar que hasta ahora esta parte de la atención sanitaria se haya dejado a la mano del buen conocimiento del personal médico», afirma al término de sus ’Protocolos de actuación sanitaria en los Planes de Emergencia Exterior de la ría de Avilés y el área de Gijón’.

Ese documento, elaborado al término de sus estudios del Máster Universitario en Análisis y Gestión de Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Oviedo, será ahora la base para que Protección Civil incorpore un protocolo sobre cómo ha de actuar el personal sanitario con los afectados por una de las posibles emergencias industriales que amenazan a la comarca y a todo el centro de Asturias.

Ese riesgo había llevado hasta ahora a diseñar los planes de emergencia exterior, denominados Plaquimpas, que detallan cómo se han de coordinar los distintos cuerpos de seguridad y de atención de emergencias, adónde se debe trasladar los heridos, cómo se ha de alertar a la población y por dónde evacuar, en caso necesario, a los residentes en las zonas próximas al accidente. Pero ninguno de esos protocolos fijaba, por ejemplo, qué medicina habría que aplicar a un intoxicado por benceno.

El trabajo de Natalia García Martín enriquece los contenidos de los planes de emergencia que existen en la actualidad para la comarca avilesina. «El protocolo que hemos elaborado es una guía rápida para la actuación del personal sanitario en el lugar de la emergencia», explica la autora.

El documento existente en la actualidad recoge adónde se deben derivar a los heridos en función de las patologías. Pero no existía una información específica sobre el trabajo del personal en el lugar del accidente.

De hecho, García Martín recuerda que la elaboración de su trabajo surgió de Carlos Arango, técnico en Protección Civil y que, junto con Rafael Castro, dirigió el trabajo de fin de máster.

En él se documentan once protocolos diferentes en función de la sustancia química que protagoniza el accidente. Así, aparecen productos como el gas licuado de petróleo, el amoníaco o el óleum, como algunas de las sustancias analizadas.

Aunque se trata de un documento para un curso académico, Natalia García lo ha elaborado de forma que se pueda aplicar inmediatamente. Cada uno de los protocolos elaborados establece cómo se debe tratar al paciente, advertencias para el personal sanitario, la posible existencia de antídotos, el hospital de destino y cómo se deben descontaminar los ojos y la piel de los accidentados en caso necesario.

Por ejemplo, en el caso de un accidente con benceno, el protocolo ordena «mover al paciente a aire fresco y monitorizar». A partir de ahí, dependiendo de si presenta tos, espasmos o convulsiones, plantea qué gases o medicamentos se han de aplicar y en qué dosis, así como las especiales precauciones que habría de adoptar el personal sanitario -fármacos que pudieran tener contraindicaciones, riesgos si la sustancia está en contacto con determinados materiales y el modo de evacuar al intoxicado y cómo proceder a la descontaminación de sus ojos y su piel-.

El trabajo de fin de Máster elaborado por la enfermera Natalia García Martín no incluye todas las industrias de la comarca para las que hay diseñado un plan de emergencias. En concreto, se centra en las sustancias y las industrias ubicadas en el entorno de la ría, lo que excluye a la química Dupont. Aún así, su estudio incluye puntos de especial riesgo como el conglomerado de químicos que suponen Asturiana de Zinc, ArcelorMittal y Fertiberia, principalmente. De ahí que las seis sustancias de especial riesgo de la comarca que analiza la enfermera sean el óleum -nombre que recibe el ácido sulfúrico por su presentación espesa y oscura-, presente en grandes cantidades en Asturiana de Zinc, el amoniaco (una de las principales materias primas de Fertiberia), el benceno, el gas de cok (o rico), el gas de acería y el gas de horno alto (o pobre), del complejo de ArcelorMittal.

Todos ellos, en determinadas circunstancias, pueden provocar graves daños a los trabajadores y a la población próxima a los grandes complejos industriales. Entre sus consecuencias por contacto, inhalación o ingestión, están meras irritaciones o la muerte.

No obstante, la propia autora del protocolo señala que no solo esas sustancias son las únicas que podrían tomar parte en un accidente que dé lugar a la puesta en marcha del plan de emergencia. «Asturiana de Zinc y Fertiberia utilizan óleum y amoniaco anhídrico, respectivamente. Esto no quiere decir que solo trabajen con esas dos sustancias, lo que ante una emergencia podría complicar la intervención al no poder estar igual de preparados para unas que para otras, o para la mezcla de varias», alerta.

De hecho, para García Martín el riesgo que entrañan por sí solas dichas industrias se acrecienta «por la cercanía de unas a otras», lo que podría multiplicar los efectos de una emergencia. «Los accidentes ocurren, unas veces con pocas consecuencias y otras con más», apunta la enfermera en su estudio, «y las leyes no son más que una pequeña base de la pirámide intentando proteger a la sociedad».

Por tal motivo, la autora del protocolo reconoce que la multiplicidad de factores que pueden influir en un accidente, y en su gravedad y posibles consecuencias a la población y al medio ambiente, haga que «toda preparación es poca». Ante eso, se hace necesario que los servicios sanitarios que tendrían que intervenir en una contingencia de ese tipo deben contar con la máxima preparación posible. Una preparación que, reconoce, es «difícil» precisamente por las múltiples variables que pueden conjugarse en el accidente.

Con todo, su estudio ofrece una serie de normas simples para que el personal sanitario pueda actuar ante casos de intoxicación con alguna de las seis sustancias reseñadas en la industria de la comarca. El estudio añade además el gas licuado de petróleo o butano, un riesgo presente en el entorno del puerto de Gijón por las instalaciones de acopio de combustibles.

El objetivo de García Martín no es otro que el de aportar un elemento más de prevención en caso de que se llegue a la emergencia inesperada. «No es posible eliminar la fuente del riesgo, así que se ha de insistir en el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de las empresas y, cuando estas medidas fallan, tener toda la preparación posible ante un accidente químico mediante formación, simulacros, planes de emergencias y protocolos de actuación que nos ayuden a mitigar los efectos del accidente».

Y precisamente un protocolo de actuación con el que no se contaba es el trabajo elaborado por la enfermera con el fin de contribuir a mitigar en lo posible los efectos de un accidente.

De hecho, la propia García Martín recuerda en su estudio cómo en un buen número de ocasiones la adopción de nueva normativa en materia de seguridad ha venido siempre después de accidentes de gravedad. En su trabajo recuerda accidentes como el escape de derivados de petróleo en Venezuela en 1982, que provocó 200 muertos; el de gas licuado de petróleo de México en 1984, con 542 muertos y 4.200 heridos; el de Bhopal, en India, con 3.500 muertos y medio millón de heridos, o el más reciente accidente con amoniaco en Waco, en Estados Unidos, que dejó 15 muertos y 160 heridos.

Todas esas catástrofes tuvieron efectos en la adopción de nuevas medidas de seguridad, pero García Martín reseña como el más influyente de todos ellos el que se produjo en Seveso, en Italia, en 1976, que provocó 36.000 heridos. «Se debió a una fuga de una hora de triclorofenol, una dioxina muy tóxica cuya presencia activa puede prolongarse durante años, e incluso décadas», indica la enfermera en su trabajo. «Tardaron quince días en decidir evacuar la zona, y ante las escasas medidas de seguridad existentes entonces, se provocaron daños» a miles de personas y un fuerte impacto en el medio ambiente con el sacrificio de 77.000 animales, entre otros efectos.

Ese accidente, recuerda García Martín, fue el que llevó al inicio del desarrollo de una nueva directiva de la Unión Europea en la que imponía nuevas medidas de prevención y protocolos de actuación en caso de una emergencia industrial.

En el caso asturiano, el estudio de García Martín podría servir ahora para ampliar los protocolos de actuación de Protección Civil sin esperar a que se produzca una tragedia que haga ver su conveniencia.