Suprimir la deducción por vivienda dejaría a 140.000 asturianos sin 670 euros al año

Los expertos consideran que una eliminación retroactiva resultaría legal, aunque se dañaría la seguridad jurídica

Lne. 15.12.2013 | 05:20 Oviedo, Luis GANCEDO

 El 80% de las familias asturianas son propietarias de las casas en las que residen y un tercio de ellas están pagando aún sus hipotecas. Este último colectivo está expuesto a la posible extinción con carácter retroactivo de la deducción por adquisición de vivienda habitual, que el Gobierno sopesa en el contexto de la reforma tributaria que tendrá lista en el primer semestre de 2014. De llegar a producirse, tal decisión daría la puntilla a un beneficio fiscal que durante décadas ha estimulado a los españoles a comprar piso y que, sostienen los expertos, favoreció la formación de la burbuja inmobiliaria. El final de la desgravación, legalmente factible, tendría impactos como el siguiente: los contribuyentes asturianos pagarían cada año unos 94 millones de euros más por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

La deducción por inversión en la adquisición de vivienda beneficia ahora a algo más de 140.000 contribuyentes en Asturias; cada uno de ellos ahorra de media unos 670 euros anuales en los pagos a Hacienda y muchos consiguen gracias a ese beneficio que sus declaraciones de la renta salgan negativas (a devolver). Es con mucha diferencia la desgravación del IRPF con mayor número de beneficiarios (5,8 millones en toda España) y la que tiene mayor calado económico (4.200 millones desgravados cada año).

¿Qué mueve a la Administración a poner sobre la mesa un tema tan sensible y susceptible de contestación social como la eliminación retroactiva de la deducción por vivienda? José María Mollinedo, secretario general del sindicato que representa a los técnicos de Hacienda (Gestha), cree que, camino de la reforma tributaria que perfila un grupo de expertos por encargo del Gobierno, la propuesta "se lanza para ver cómo de receptiva está la sociedad". No sería la primera vez que se utiliza el método del "globo sonda" con la misma desgravación. El primer gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero activó ese mismo debate sugiriendo la idea de suprimir la deducción para las nuevas compras, en lo que parecía un intento de frenar por esa vía la espiral especulativa del sector inmobiliario. Miguel Sebastián, entonces jefe de la Oficina Económica de la Moncloa y luego ministro de Industria, era uno de los dirigentes que con más vehemencia argumentaba que la desgravación fiscal, unida a la legislación sobre el suelo del PP, era uno de los factores determinantes de la burbuja que multiplicó el precio de la vivienda durante el ciclo de crecimiento de España.

El PSOE plegó velas de aquella y la deducción y la burbuja continuaron. Esta última estalló en 2008 y la desgravación se mantuvo intacta hasta que en 2011, como parte los ajustes fiscales emprendidos por España desde mayo del año anterior, el último Gobierno de Zapatero introdujo limitaciones para los nuevos compradores. Sólo tendrían desgravación aquellos que ingresaran menos de 24.000 euros al año. El baile con la deducción continuó con Mariano Rajoy en la Moncloa. En 2012, el nuevo Gobierno la restableció en los términos anteriores a 2011. Y desde enero de este año quedó suprimida para todas las nuevas compras, cualesquiera que sean los ingresos del hogar, ante las presiones de la Unión Europea para que España recomponga el equilibrio de las cuentas públicas.

En ningún momento de esas idas y venidas se planteó, al menos públicamente, la eliminación retroactiva de la desgravación. Se evitó cruzar la raya que ahora parece tentar al actual Gobierno: eliminar o restringir también las desgravaciones que ya disfrutan quienes compraron su vivienda antes del 1 de enero de 2013. "No creo que lleguen a hacerlo de golpe y para todo el mundo; el apoyo popular sería muy escaso", comenta José María Mollinedo.

La citada deducción no distingue por niveles de renta. Funciona del siguiente modo: el contribuyente puede reducir de la cuota del IRPF el 15% de la inversión realizada (pago de intereses o de capital) en el año; la base máxima de la deducción es de 9.040 euros, de modo que el tope a deducir será de 1.356 euros. Los principales beneficiarios son los hogares con rentas bajas y medias: el 72% de los contribuyentes asturianos con acceso a la deducción declaran ingresos inferiores a 30.000 euros al año.

¿Puede legalmente suprimirse ese beneficio a quienes ya lo disfrutan? Aunque una lectura a pie de calle del principio general de no retroactividad de las leyes desfavorables para el afectado pueda sugerir los contrario, los expertos consideran que el Gobierno no encontraría obstáculos jurídicos serios. "La supresión (de la deducción) es jurídicamente posible porque no existe un derecho adquirido a que este u otros beneficios fiscales se mantengan en el tiempo. Ahora bien, es una medida que lesiona la seguridad jurídica, porque quien compró su vivienda contando con la deducción se encontraría asumiendo un coste mayor imprevisto", comenta Begoña Sesma, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo. Y recalca también: "Lo que no sería admisible en ningún caso es una supresión retroactiva que obligara a devolver ahora cantidades que ya se dedujeron en anteriores ejercicios".

Hay precedentes de decisiones retroactivas en materia tributaria tomadas por el actual Gobierno. En julio de 2012, Hacienda acabó con una compensación fiscal que recibían los contribuyentes que habían adquirido su casa antes del 20 de enero de 2006. Tal decisión afectó a más de 75.000 asturianos, con un recorte medio de unos 150 euros en la desgravación por vivienda. Y en los años 80, con Miguel Boyer al frente de la política económica del primer Gobierno de Felipe González, se produjo otro cambio semejante, recuerda José María Mollinedo.

José García Montalvo, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y experto en el mercado inmobiliario, apunta en la misma dirección: "El Gobierno ha actuado retroactivamente en muchos otros campos y la inseguridad jurídica producida ya ha generado cierta sensación de bananerismo, por lo que hacer borrón y cuenta nueva en la desgravación no supondría gran pérdida de credibilidad". García Montalvo pertenece a una corriente de economistas que siempre se ha opuesto a la referida deducción. Entre otras razones porque en fases de boom de la vivienda, como la registrada en España hasta 2008, "la desgravación acaba trasladándose al precio y beneficiando a la postre a los constructores-promotores y a los propietarios del suelo". Esto es, los recursos de los contribuyentes habrían terminado en los bolsillos de quienes más se lucraron durante el auge inmobiliario, según esta tesis.

Pero tanto García Montalvo como José María Mollinedo consideran que para pronunciarse sobre la conveniencia o no de suprimir ahora la desgravación es necesario tener antes otro elemento de juicio: saber si Hacienda piensa sólo en recaudar los 4.200 millones extra que conseguiría o también en compensar, a través de alguna rebaja tributaria, el esfuerzo que tendrían que hacer 5,8 millones de contribuyentes que están pagando sus casas, entre ellos 140.000 asturianos.