Madrid da marcha atrás a la privatización sanitaria tras el último revés judicial
El presidente anuncia en rueda de prensa que deja sin efecto la externalización de seis hospitales públicos de Madrid
El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, abandona el cargo por el fracaso del proceso
FOTO: ULY MARTÍN. VÍDEO: EL PAÍS/ LIVE
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha dejado sin efecto el proceso de externalización de la gestión de seis hospitales públicos de la región (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo) ante la decisión del TSJM de mantener la suspensión cautelar de la medida.
El presidente ha anunciado también que ha aceptado la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, quien será sustituido por el médico Javier Rodríguez Rodríguez, actual portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid. Rodríguez es catedrático de Patología General y jefe de la Unidad de Hipertensión del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Está previsto que mañana mismo tome posesión en la sede del Gobierno regional.
Ignacio González ha explicado que la decisión de dar marcha atrás a la privatización sanitaria está directamente relacionada con elrechazo del recurso que la Comunidad planteó a la suspensión judicial del proceso, que se ha comunicado este mediodía por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A juicio de González, la situación generada por la paralización judicial solo produce "incertidumbre y falta de seguridad jurídica". "No parece razonable que llevemos casi ocho meses sin tener definida esa medida cautelar generando una incertidumbre y falta de seguridad que no podemos seguir manteniendo", ha argumentado.
El presidente, que ha comparecido junto al ya exconsejero Fernández Lasquetty, ambos con un semblante muy serio, ha asegurado que el modelo de privatización que pretendían ampliar a seis hospitales de gestión pública ya es legal y efectivo en otros cuatro centros sanitarios de Madrid. A su juicio, la paralización del proceso no es un fracaso, sino que ha servido para "concienciar a toda la sociedad de la necesidad de hacer cada vez una gestión más eficiente" de los recursos públicos y del trabajo conjunto en la reducción del gasto "sin afectar" a los servicios "esenciales".
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Lasquetty ha declarado que se marcha por "rectitud y por sentido de la responsabilidad" al no haber podido llevar a cabo un proceso del que se ha hecho responsable y que ha vuelto a defender como garantía de sostenibilidad económica.
A preguntas de los periodistas, González ha añadido que no se van a introducir más recortes en la sanidad madrileña como consecuencia de esta decisión de dejar sin efecto el proceso de privatización, aunque se "seguirán ajustando gastos". Tras la decisión de mantener en suspenso el procedimiento administrativo, la Justicia, ha recalcado el presidente regional, no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si es o no ajustado a la ley entregar a empresas privadas la gestión de centros sanitarios de titularidad pública.
No obstante, este último revés judicial ha decantado una decisión que pone fin a más de un año de movilizaciones impulsadas por la marea blanca de trabajadores y médicos de la sanidad pública, opuestos desde el primer momento a una medida que la Comunidad justificó como la única vía para hacer sostenible el sistema público de salud, un servicio que representa el 45% del gasto en los presupuestos autonómicos.
La privatización de seis hospitales públicos de la región fue el primer gran anuncio político de Ignacio González tras el abandono de Esperanza Aguirre de la presidencia madrileña. Ahora es también uno de sus más sonoros fracasos, lo que se añade al fiasco de Eurovegas, un proyecto con el que el Gobierno regional se comprometió de forma expresa y que se fue a pique a finales de año.
A finales de octubre de 2012, durante la presentación de los presupuestos para 2013, el propio González y el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, hicieron pública la medida, lo que abrió un nuevo frente de protesta social liderado por todos los colectivos profesionales sanitarios y que contó con el apoyo de toda la oposición parlamentaria (PSM, IU y UPyD).
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