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Javier Fernández veta la ley de IU contra los desahucios que Griñán apoya en Andalucía

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El Principado basa su rechazo en razones presupuestarias l La coalición dice que la negativa tendrá «consecuencias políticas» y que insistirá en 2014

Lne.16.05.2013 | 02:01 Marta Pulgar. Oviedo, J. A. ARDURA

El primer veto del Gobierno de Javier Fernández a una iniciativa legislativa afectará a uno de sus «socios preferentes», Izquierda Unida de Asturias. El Ejecutivo regional ha manifestado su disconformidad con una ley antidesahucios promovida por la coalición y similar a la de Andalucía, donde ha sido pactada por el PSOE e IU en aquella comunidad. El Principado basa su negativa en razones presupuestarias, con el argumento de que poner en marcha esa nueva ley supondría un coste añadido de 1,4 millones, más un incremento de plantilla de 38 trabajadores en las cuentas de 2013, ajustadas a la baja.

 


La negativa del Ejecutivo regional no ha sentado nada bien en IU, cuyo coordinador general, Manuel González Orviz, ha advertido que esa decisión «tendrá consecuencias políticas» y que la coalición volverá a registrar esa iniciativa legislativa en la Cámara para que entre en vigor en 2014.


El objetivo de IU de Asturias con su iniciativa de ley era poner freno a los desahucios. «Tenemos gente sin casas y casas sin gente. Por eso queremos promover una normativa similar a la de Andalucía, donde ni siquiera el PP se atrevió a votar en contra», esgrimió Orviz. «Pretendemos dar seguridad a gente expulsada de sus viviendas por quedarse sin empleo, los nuevos pobres en riesgo de perder su casa», planteó el coordinador general de la coalición en Asturias.


Marta Pulgar, actualmente diputada regional y gerente de la empresa pública de vivienda entre 2008 y 2011, aseguró que las razones presupuestarias son un mero pretexto por parte del Gobierno regional para no entrar en el fondo del asunto. La parlamentaria sostuvo que el convenio suscrito meses atrás por el Principado con las entidades bancarias sobre los desahucios no ha dado ningún resultado. «Ese convenio es una copia del documento de buenas prácticas del Gobierno de Mariano Rajoy. A día de hoy no conocemos que haya solucionado ningún problema de desahucio. Dudamos de su efectividad», sostuvo la parlamentaria, quien se mostró convencida de que la actual estructura de la Dirección General de Vivienda y de la empresa pública Vipasa, con más de un centenar de trabajadores, reúne medios humanos y materiales suficientes para controlar el desarrollo de la ley sobre desahucios sin necesidad de realizar varias decenas de contrataciones.


El diputado Ángel González reprochó al Gobierno socialista que su primer veto a una ley sea para esta iniciativa de IU. «Tal parece que el Presidente está en rebeldía con las políticas de izquierda que su propio partido defiende en España y en Andalucía; mejor aplicaba esa rebeldía con las políticas de derechas del Gobierno central».


El Ejecutivo asturiano, a través de su portavoz, Guillermo Martínez, evitó ayer toda polémica con uno de sus «socios preferentes», Izquierda Unida. «Las medidas por las que apostamos son el convenio con los bancos y la mediación para evitar que los desahucios lleguen a consumarse. El Gobierno asturiano siempre se ha mostrado sensible a este problema, pretendiendo la mayor eficacia», argumentó Guillermo Martínez.

 

 

El doctor Valentín Rodríguez hablará hoy en Valdecarzana sobre los riesgos del mercurio

La intoxicación por mercurio de más de medio centenar de trabajadores de IMSA y de Asturiana de Zinc en la planta de tostación de la segunda el pasado mes de noviembre, ha puesto sobre la mesa los riesgos para la salud de este elemento químico.

15.05.13 - 00:26 -

Para abordar el tema en profundidad de la mano de un especialista de contrastada trayectoria, la Plataforma Ciudadana de Avilés y Comarca contra los recortes y en defensa de los servicios públicos organiza la charla 'El Mercurio en Asturias: exposición y riesgos', que se celebrará esta tarde, a las 19 horas, en el Palacio de Valdecarzana.

El ponente será el doctor Valentín Rodríguez Suárez, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, además de responsable de Epidemiología Laboral y Ambiental de la consejería de Sanidad.

Rodríguez realizará un análisis detallado sobre la situación actual del mercurio en Asturias al igual que, en años anteriores, abordó la repercusión sobre la salud de los trabajadores de otros agentes químicos.

D. Miguel Javier Rodríguez Gómez Director del Hospital Universitario Central de Asturias del Área Sanitaria IV-Oviedo.

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Boletín Nº 111 del miércoles 15 de mayo de 2013

AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERÍA DE SANIDAD
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a D. Miguel Javier Rodríguez Gómez Director del Hospital Universitario Central de Asturias del Área Sanitaria IV-Oviedo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.g) de la Ley 1/1992, de 2 de julio (BOPA de 13 de julio de 1992), así como en el artículo 3.3 apartado b) del Decreto 163/2012, de 11 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOPA de 18 de julio de 2012), a propuesta de la Directora Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la presente,

Resuelvo

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de Director del Hospital Universitario Central de Asturias del Área Sanitaria IV-Oviedo, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, a D. Miguel Javier Rodríguez Gómez, con efectividad del día 6 de mayo de 2013.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución al interesado, así como a la Gerencia del Área Sanitaria IV.

Tercero.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que el interesado pueda ejercer cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, 6 de mayo de 2013.—El Consejero de Sanidad, Presidente del Consejo de Administración del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Faustino Blanco González.—Cód. 2013-09105.

El mejor físico europeo joven se queda sin beca en España

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El científico conoció el mismo día el rechazo a su solicitud en España y que la Sociedad Europea de Física le premiaba

El físico Diego Martínez Santos

El País Santiago 14 MAY 2013 - 21:46 CET

La comisión que evalúa a los candidatos a becas del programa Ramón y Cajal, que pretende propiciar la repatriación a España de investigadores de alto nivel, bajo los auspicios de la Secretaría de Estado de Investigación, denegó su solicitud a Diego Martínez Santos alegando su falta de “liderazgo internacional”. Pero casi al mismo tiempo la Sociedad Europea de Física otorgaba a este científico gallego de 30 años el premio al mejor físico del continente, un galardón que se concede cada dos años. Martínez Santos, originario de Foz (Lugo), permaneció tres años en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), en Ginebra, donde realizó el trabajo que le ha valido el reconocimiento de la comunidad de físicos europeos. Ahora está contratado por el Instituto de Física de Partículas de Holanda, conocido como Nikhef, y vive a caballo entre Ámsterdam y Ginebra...(leer más)

El CSIC, sin fondos para una investigación contra el alzhéimer

Mil bolsas menos de sangre este año

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La Universidad reconoce que tiene dificultades para convencer a los más jóvenes a que donen
El Comercio. 15.05.13 - 00:27 - E. C. | OVIEDO.

La gerente del Centro de Transfusión, junto Luis Rodríguez Muñiz, vicerrector de Estudiantes, con el cartel de la campaña. :: MARIO ROJAS

El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias recogió mil bolsas menos de sangre en los primeros cuatro meses de este año respecto a las recolectadas en el mismo periodo de 2012. La gerente del centro, María García Hernández, dio a conocer este dato en una rueda de prensa en la que presentó los datos de la Campaña Universitaria de Donación de Sangre 2012-2013. Dicha responsable aseguró desconocer los motivos de este descenso, pero se mostró preocupada por la tendencia a la baja en la donación de sangre. No obstante, recalcó que el departamento que dirige tiene suficientes reservas para afrontar las necesidades de los hospitales asturianos y, en concreto, apuntó que disponía de mil bolsas almacenadas.

Tres pacientes por donante

García Hernández indicó que existen dificultades para contactar con los más jóvenes porque éstos son «más reticentes». «Para donar se necesita un poco de tiempo y un pinchazo que puede resultar molesto pero que ayuda a tres pacientes», indicó. En este sentido, recordó que en Asturias hay 27.000 donantes y que su perfil es el de una persona, hombre o mujer, mayor de treinta años. Los requisitos para ser donante de sangre son pesar más de cuarenta kilogramos, estar sano y tener ganas de ayudar, recordó García Hernández.

La campaña de donación de sangre que se realiza en la Universidad de Oviedo también registró un descenso. Se recogieron 1.590 bolsas frente a las 2.264 del año anterior. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias fueron una vez más los que presentaron un mayor índice de donaciones. La Universidad señaló que en los malos resultados de la campaña pudo haber influir negativamente la huelga general de noviembre o el mal tiempo del mes de marzo.

«Quien tenga medios económicos para abortar en el extranjero lo hará»

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«La crisis trae dilemas éticos que ya teníamos superados, como la accesibilidad al sistema sanitario y la equidad en el tratamiento»

Foto: Ricardo de Dios. :: ÁLEX PIÑA

El Comercio. 15.05.13 - 00:23 - JAVIER FERNÁNDEZ | GIJÓN.

Ricardo de Dios (León, 1969), secretario del Comité de Ética del Área Sanitaria I, presentó ayer en el VII Congreso Mundial de Bioética las conclusiones del trabajo ’¿Qué dilemas éticos tienen nuestros médicos?’. Advierte este médico del Hospital de Jarrio que si la reforma de la ley del aborto que prepara Alberto Ruiz Gallardón sale adelante «volverán los viajes al extranjero». También asegura que la crisis ha traído problemas que la sanidad española ya había superado.

-¿Es frecuente que un médico se encuentre con un dilema ético?

-Muy frecuente. Ante estos dilemas se tiene que encontrar un espacio común entre la ciencia y la sociedad. Imaginemos el caso de un paciente que es testigo de Jehová y necesita una transfusión de sangre pero la rechaza. El médico defiende que le salvará la vida en un 90% de los casos mientras que si no se la pone ese porcentaje baja al 20%. O, por ejemplo, casos de mujeres que dan a luz y piden la placenta. Se generan dudas sobre qué hacer.

-¿Este tipo de casos señalan vacíos legales o leyes mal hechas o es más bien un problema cultural?

-Es más un tema sociocultural. Los principios en un estado democrático van cambiando hacia una mayor autonomía para el paciente. Los médicos veníamos de una visión más paternalista, pero cada vez eso funciona menos y tenemos que pactar el curso terapéutico con el paciente, quien puede negarse porque no encaja en sus valores.

-¿Esa tendencia hacia una mayor autonomía no choca con determinadas posturas políticas acerca del aborto o la eutanasia?

-Claro, claro. Ahora mismo hay un movimiento social que plantea el debate de la eutanasia y del suicidio médico asistido, es decir, decidir cómo salimos de este proceso vital. Piden una ley que regule esa situación como la que hay en Holanda, Bélgica y otros países europeos. El aborto, por otro lado, es cómo entramos en la vida. Si no tienes un amparo legislativo acaba siendo un delito, con lo cual no te dejan expresar esa autonomía.

-¿Los médicos españoles se enfrentan con mayor frecuencia a estos dilemas que sus colegas europeos?

-En España empieza a haber grupos vulnerables que no pueden acceder al sistema, como el caso del inmigrante enfermo de tuberculosis al que no se aplicó el tratamiento y acabó falleciendo. Esta crisis nos está trayendo dilemas y debates éticos que ya teníamos superados, como el tema de la accesibilidad y la equidad en el tratamiento. Esto es, que ante una enfermedad tratemos a todo el mundo por igual.

-¿Cuáles son las diferencias en el caso concreto del aborto?

-La postura en Europa es muy parecida a la de la ley que nosotros tenemos vigente en este momento.

-¿Significa eso que la reforma que plantea el Gobierno es un paso atrás?

-Hay que ver cómo va a ser articulada, pero yo creo que sí. No nos pone en la línea europea en absoluto.

-¿Volverán entonces los viajes al extranjero para abortar?

-Hay un porcentaje de la población que seguirá interrumpiendo su embarazo y quien tenga medios económicos para hacerlo en el extranjero lo hará. O volverán algunas prácticas con riesgo para la salud de la mujer.

-El marco que establecen las organizaciones internacionales en esta línea, ¿es tan holgado como para abarcar posturas tan enfrentadas como las que generan el aborto o la eutanasia?

-Sí. Hay que buscar, en mi opinión, un espacio público donde mis valores puedan ser expresados y los tuyos también. Si no quiero seguir adelante con una gestación y no se me permite, se me están imponiendo unos valores. Con leyes más permisivas, nadie obliga a nadie a acogerse al derecho al aborto o la eutanasia. El que quiere puede hacerlo y el que no quiere, pues no.

-Imagino que a los médicos les resulta complicado afrontar sobre el terreno este tipo de debates...

-Sí, es terrible. Hay situaciones muy delicadas, porque que está en juego la vida. Por eso creo que este tipo de congresos y el que existan comités de ética en los hospitales permite a personas ajenas al caso ayudar al facultativo, que ya tiene una carga emocional muy marcada.

-Cuando saltaron las alarmas de la epidemia de la gripe A, ¿sabían los médicos que esa urgencia no era tal?

-La OMS dio la alarma y, efectivamente, había corrientes críticas. Pero como consejero o ministro estás en una postura complicada. Si la epidemia existe y no te has hecho con las vacunas es tu población la que puede sufrirla. Y la alerta venía del máximo organismo en la materia... Habrá que investigar si algún lobby farmacéutico influyó en cómo se planteó al resto del mundo esa posible pandemia.

El Calatrava costó 360 millones de euros, cinco veces más de lo presupuestado

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Dos catedráticos de Arquitectura censuran el trabajo del arquitecto en Buenavista:«No es de recibo que tuviera la obra funcionando sin dirección»

Foto: Los catedráticos Rufino Hernández y Miguel Ángel Alonso del Val, ayer, antes de declarar en el juicio. luisma murias

 El juicio que se celebra en el Juzgado número 10 de Oviedo, en el que el arquitecto Santiago Calatrava y Jovellanos XXI se demandan mutuamente por impago de honorarios e incumplimientos del contrato, respectivamente, llegó ayer a su segundo día con las declaraciones de dos peritos aportados por los constructores y gestores del Palacio de Buenavista. Los catedráticos y arquitectos Miguel Ángel Alonso del Val y Rufino Hernández ofrecieron un detallado repaso al proyecto y aportaron datos poco conocidos sobre las cifras que rodearon la operación, como que el coste final total del Palacio de Congresos fue de algo más de 360 millones de euros, cinco veces más que los 76 millones de euros que Calatrava presupuestó como coste máximo a Alberto Lago en el año 2004.

 

 


Su declaración -al igual que la de los técnicos de la jornada del lunes por la tarde y la de los que declararon también ayer antes que ellos- siguió centrándose en una serie de puntos clave en torno a los que está girando el juicio:


l Cambios en el proyecto e indefinición de los trabajos. Los abogados de Calatrava, encabezados por Antoni Frigola, tratan de probar que el carácter cambiante de las peticiones de Jovellanos XXI (un proyecto de cines que desapareció, cambios en superficie de garaje, de centro comercial, aparición de las oficinas de Consejería, rebaja de una estrella en el hotel...) tuvieron mucho que ver en el modus operandi del estudio de Calatrava, que no contó con un proyecto de ejecución bien definido ni al principio ni al final. En Buenavista se decidió hacer proyectos de ejecución parciales, uno para cada parte (hotel, aparcamiento, centro comercial, palacio...), pero, según los arquitectos que declararon ayer, ninguno de estos proyectos estaba completo. Además, aseguraron los peritos de Jovellanos XXI, en buena parte de los casos el proyecto se entregaba cuando ya se habían realizado buena parte de las obras. «La conclusión general», declararon ayer, «es que el proyecto y la obra se iban haciendo al mismo tiempo».


Carlos García, arquitecto de Jovellanos XXI, explicó que desde el estudio de Valencia llegaban documentos titulados «DBuen» (abreviatura de «documento Buenavista») con los que se iba ejecutando la obra a medida que mandaban los planos.


Respecto a ese arranque de la obra, los abogados de Jovellanos XXI también tratan de probar que la elección de la cimentación (losa, no zapatas) fue un capricho más de Calatrava, que encareció el proyecto. Al revés, los colaboradores del arquitecto valenciano sostienen que esa elección fue resultado de la falta de definición de lo que se construiría luego encima. «El propio Calatrava insistió en que ante la incertidumbre del programa había que ser prudente con la cimentación», contó uno de los técnicos.


l Falta de personal. En las obras, el equipo de Calatrava tenía a Carlos Fernández (un arquitecto técnico que no cobraba como director ejecutivo técnico, que rechazó firmar los proyectos con ese título y que declaró ayer que nunca recibió ninguna orden de Calatrava), al arquitecto Emiliano González y a dos ingenieros. El arquitecto de Jovellanos XXI, Carlos García, declaró ayer que este arquitecto no iba a la obra todas las semanas y que el propio Calatrava «fue una vez a la obra de Buenavista». Los dos catedráticos aseguraron que el personal era insuficiente, y que incluso en 2009 llegó a desaparecer. «Hay una falta de responsabilidad, no es de recibo que tuviera la obra funcionando sin dirección facultativa. Que habiéndose caído el graderío en 2006 no haya nadie en 2009 me parece inaudito», señaló Rufino Hernández.


De hecho, los dos catedráticos concluyen que nadie ejerció la dirección facultativa de la obra, por lo que de los seis millones de honorarios correspondientes a la dirección de obra, quitan esta parte, casi tres millones de euros, que concluyen que Calatrava no tiene derecho a cobrar.


Los colaboradores del valenciano y sus abogados opinan, al revés, que siempre hubo equipo en la obra y que estas personas estaban apoyadas en todo momento por un equipo de 40 personas en Valencia, más los estudios de Zúrich y París.


l El colapso del graderío. Aunque el colapso del graderío es un asunto juzgado en el que se condenó solidariamente a todas las partes a pagar 3,5 millones a la aseguradora, y a pesar de que en aquella sentencia se denuncia que Calatrava no ejerció el papel de dirección de obra, en este juicio se está volviendo a a preguntar sobre qué se rompió (la cimbra del encofrado), quién supervisó y de quién fue la culpa.


l La cubierta móvil. El arco móvil es la otra gran cuestión del juicio sobre la que hoy, previsiblemente, hablarán los ingenieros. Hay dudas sobre quién recomendó a la firma Waagner Biro. Calatrava negó que fuera él y Carlos García le contradijo ayer. También se discute sobre quién rechazó los ajustes para que funcionara con vientos de 10 metros por segundo (si Calatrava por cuestiones estéticas o Alberto Lago por motivos de dinero) y quién decidió dejarla fija.

 

Las claves del juicio

15.05.2013 | 02:02

Cambios del proyecto


Los abogados de Calatrava quieren probar que las incertidumbres de la propiedad y sus constantes cambios provocaron que este proyecto, singular, se desarrollara de una forma más flexible. Jovellanos XXI, que el desarrollo de los trabajos fue totalmente irregular.


Irregularidades


Entre estos defectos se están citando la falta de personal, la responsabilidad ante el colapso del graderío en agosto de 2006, la imposibilidad de soldar sin que se rompiera la visera móvil, la ausencia de una dirección efectiva de los trabajos a pie de obra y los sobrecostes acumulados por el proyecto, sumados a los elevados honorarios del arquitecto catalán.

«El Ayuntamiento no receló ante las irregularidades», sospechan los peritos

15.05.2013 | 02:02

«La impresión que da es que el Ayuntamiento tampoco ha sido receloso ante las irregularidades». Lo dijeron ayer los dos catedráticos citados como peritos por parte de Jovellanos XXI. Sin embargo, finalmente sí hubo una pega por parte del Ayuntamiento, y ésta, precisamente, tiene mucho que ver con el juicio que ahora se celebra. La decisión de dejar fija la visera le ha supuesto a Jovellanos XXI que, por ahora, el Ayuntamiento se quede con 1,3 millones de la fianza.


Sobre el último tramo de las obras y la entrega al Ayuntamiento fue especialmente interesante el testimonio, el lunes por la tarde, de Francisco Vega, un hombre de Calatrava que llegó a Oviedo al final, en sus palabras, «para coordinar la gestión técnico-administrativa de la obra». En Jovellanos XXI pensaron otra cosa, y él mismo admitió que los asturianos le recibieron «con cierto recelo». «Pensaban que era un abogado que venía a renegociar», contó. Eso fue lo que volvió a declarar ayer el arquitecto de Jovellanos XXI, Carlos García. Según su testimonio, que Vega negó, la primera misión de este hombre era renegociar el acuerdo transaccional del 9 de diciembre de 2008 en el que Calatrava y Alberto Lago habían tratado de fijar honorarios, plazos de pago y algunas responsabilidades. Según García, Vega le llegó a mandar un correo con este acuerdo donde se modificaban las formas de pago y se incluía una cláusula que «eximía a Calatrava de toda responsabilidad en la cubierta móvil».


Lo que Francisco Vega contó es que en ningún momento pensó «que no fuera a cobrar lo que debían a Calatrava, los 9,285 millones». Vega contó que Jovellanos XXI le había dicho que el Ayuntamiento no tendría salvedades en el acta de recepción y sólo la misma mañana en que iban a realizarla se le anunció. «Me encontré el pastel ese mismo día», contó Vega. «El proyecto inicial a concurso poco tenía que ver con lo que se entregó, por lo que no entendí la salvedad de la visera. Porque para mí era una cuestión pacífica que el Ayuntamiento aceptaba debido a la urgencia de actividad, porque tenían previsto, creo recordar, un mitin del PP».

«En siete años Santiago Calatrava visitó una vez la obra del Palacio de Congresos»

 

 

Lne. 15.05.2013 | 02:02 Chus NEIRA

En el espacio “Otras miradas” de Público.es…

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El desmantelamiento de la Sanidad Pública

Por Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

La Sanidad Pública, el Sistema Nacional de Salud en España, es el resultado de un esfuerzo solidario de las personas más sanas y con más medios económicos a favor de quienes están más enfermos y son más pobres. Su gran aprecio internacional proviene del hecho que, hasta ahora, era una Sanidad con acceso prácticamente universal, sin barreras económicas para su uso y con una potente atención primaria que favorecía la calidad y la accesibilidad de sus prestaciones.

De manera agregada, es decir para el conjunto del sistema, su eficiencia era incuestionable, porque teniendo una elevada calidad de sus prestaciones y unos excelentes resultados en salud, el gasto sanitario público era de  309,6 $ en poder paritario de compra inferior a la media del de los países de  la Unión Europea (OCDE Health Data octubre 2012). Paralelamente el crecimiento anual del gasto sanitario fue del 2,7% frente al 4,5% del promedio de los países de la OCDE. O sea que de gasto sanitario insostenible y de crecimiento incontrolado, nada de nada.

Lo mismo pude decirse de la supuesta gratuidad que teóricamente sería la responsable de la sobreutilización del sistema: el sistema sanitario no es gratuito porque lo pagamos con nuestros impuestos, solo lo parece porque no hay barreras económicas al acceso de unas prestaciones que todas ellas (las que financia la Sanidad Pública) no son decididas por los ciudadanos sino por los profesionales sanitarios después de entender que son necesarias para su diagnostico y/o tratamiento. Por otro lado los datos conocidos señalan que aunque tenemos una utilización de consultas médicas por encima de la media, somos a la vez el país de la Unión Europea con menor número de estancias hospitalarias por habitante y año, y además los países que nos superan en numero de consultas por habitante y año, causalmente todos tienen establecido copagos por acudir a la consulta. Gracias al sistema que teníamos hasta ahora todas las personas podían recibir las prestaciones sanitarias que necesitaban independientemente de su nivel económico, y por eso la Sanidad española era generalmente apreciada y en muchos casos envidiada.

Esta situación ha cambiado a partir del RD Ley 16/2012. Desde entonces, aparte de la exclusión de los inmigrantes no regularizados, un verdadero desastre humanitario, se han establecido y/o incrementado copagos sobre los fármacos, el transporte sanitario, las prótesis, las órtesis y la dietoterapia. Estas medidas significan barreras al acceso de prestaciones sanitarias para quienes las necesitan más , están más enfermos, y tienen menos recursos, son más pobres, lo que a pesar de la propaganda ministerial se está comprobando todos los días (un 16,83% de los pensionistas madrileños no recogen algunas de las recetas prescritas por falta de fondos; la Asociación española contra el cáncer señala que el promedio de copagos de estos enfermos alcanza los 450€ de promedio mensual, etc), pero estas barreras son acumulativas, las personas mas afectadas son los enfermos crónicos, los grupos con menores ingresos (el porcentaje de pensionistas que no retiraban los medicamentos subía al 22% cuando los ingresos mensuales por persona eran inferiores a 400 €), las mujeres sobre todo las mayores de 65 años, los discapacitados y los que viven en el área rural. Si alguien tiene la mala suerte de pertenecer a varios de estos grupos esta perdido, queda automáticamente excluido del derecho a la atención sanitaria, un cálculo aproximado señala que estamos hablando de más de 6 millones de personas.

Esta es otra característica de esta verdadera contrarreforma sanitaria, que se ceba en los grupos de población mas vulnerables y con menor capacidad de respuesta, y claro esta lo hacen quienes reciben unas retribuciones del erario público  que superan con mucho los 100.000 € anuales y que, además, tienen sobresueldos de todo tipo y están implicados en todo tipo de chanchullos de dudosa o evidente ilegalidad, y que en mas de un caso se atreven encima a hablarnos de moral cristiana.

Por si fuera poco, tenemos el proceso de privatizaciones en marcha, que evidencia aún mas que las medidas no se toman para mejorar o hacer sostenible el sistema sanitario, sino por intereses económicos ajenos al bien público. Aunque lo remachen como si fuera el catecismo no hay ninguna evidencia de que las privatizaciones mejoren ni la eficiencia ni la eficacia de la sanidad, y no es así ni a nivel macro (los países con modelos mas privatizados tienen un mayor gasto sanitario) ni tan siquiera a nivel micro, porque como señalan todos los estudios a nivel internacional (hay uno reciente de Plos medicine) los centros privatizados son mas opacos, más costosos, empeoran la calidad de las prestaciones y generan un entorno en el que lo importante no es resolver los problemas de salud de la población, sino obtener beneficios.

Que este proceso de retirada de derechos, de barreras económicas para el acceso  y de privatizaciones se esté dando en medio de la crisis económica actual (con la bajada de los salarios, mas de 6.200.000 parados, un porcentaje creciente de familias sin ningún ingreso, aumento espectacular de la pobreza, etc), es lo que convierte una mala política en un desastre sanitario, que tendrá muy importantes repercusiones, en perdida de vidas y de salud, para ese 99% de la población que está pagando las injustas e interesadas decisiones del 1% restante. Al menos queda el consuelo de ver que existe un masivo y continuado rechazo a esta política por parte de la ciudadanía y de los profesionales de la Sanidad. Habrá que seguir en ello.