Las consecuencias de no hacer frente a la factura en aquellas comunidades que la tramitan pueden ser muy relevantes

El caos de la exclusión sanitaria

La cobertura de los sin papeles varía sustancialmente en cada autonomía.

Tras un mes de vigencia de la nueva norma, la confusión es total entre médicos y pacientes

Jaime Prats, Valencia, en El País.

Desconcierto, falta de previsión, disparidad de criterios... La expulsión de los inmigrantes sin permiso de residencia de la atención sanitaria pública ha desembocado en un lío monumental. Un mes después de la entrada en vigor de la medida, los sin papeles tienen cobertura según dónde viven, la confusión crece entre los profesionales y organizaciones como Cáritas alertan de que cobrarles por la asistencia puede llevar a su muerte civil.

Las autonomías han tomado caminos muy distintos ante la decisión del Ministerio de Sanidad de retirar las tarjetas sanitarias a los extranjeros en situación irregular. Andalucía, Cataluña o el País Vasco se han salido del carril marcado por el departamento que dirige Ana Mato y han arbitrado medidas para seguir prestando asistencia a través de tarjetas con validez limitada a la red sanitaria local. Lo mismo ha hecho Galicia, que ha aprobado un programa que garantiza una atención en las mismas condiciones que un asegurado español.

El caso de Castilla-La Mancha y Canarias es distinto. Portavoces de los departamentos de salud de estas autonomías indican que aún no han comenzado a aplicar la medida ya que siguen contrastando las bases de beneficiarios remitidas por el Ministerio de Sanidad. Canarias culpa de esta situación al ministerio, que ya ha enviado tres documentos diferentes para subsanar errores.

Fieles al espíritu del real decreto que recorta los derechos sanitarios de los sin papeles, la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Castilla y León, Aragón, Baleares o la Comunidad Valenciana han optado por facturar los servicios que presten, aunque los pacientes carezcan de recursos para afrontar esos pagos. La cuestión va más allá de la discriminación que implica recibir reclamaciones de pago en función del lugar donde se viva. Puede acabar siendo un obstáculo insalvable para conseguir un permiso de residencia. Las autonomías que han manifestado su intención de facturar han tratado de restar trascendencia a este acto administrativo al asegurar que, primero, siempre se atenderá a los pacientes. Además, insisten en que emitir una factura no es sinónimo de cobrar, dando a entender que no sucederá nada si los inmigrantes no pagan. Y es fácil que muchos de ellos no lo puedan hacer: la atención sanitaria no es barata. De acuerdo con uno de los catálogos de precios actualizados (de Castilla-La Mancha, publicado el pasado día 13), un día en una unidad de cuidados intensivos puede llegar a costar 2.824 euros.

Pero, como advierte Francisco Solans, de la subcomisión de extranjería del Consejo de la Abogacía, las consecuencias de no hacer frente a la factura pueden ser muy relevantes. El curso que sigue el impago es un trámite que acaba en la Agencia Tributaria, sigue con “un procedimiento ejecutivo, recargo y embargo de cuentas si las tuviera. Si no, la deuda se mantiene y, si hay más, se acumulan”.

A la hora de solicitar un permiso de residencia o renovarlo se exige estar al día en el pago a la Seguridad Social y Hacienda. Por ello, encadenar impagos que acaban en abultados números rojos con Hacienda puede suponer la imposibilidad de saldar esta deuda y, en consecuencia, de abandonar la condición de irregular, lo que equivale a una especie de muerte civil. Esta circunstancia preocupa a entidades humanitarias como Cáritas que ya ha encargado informes a sus equipos jurídicos para evaluar las consecuencias de no pagar las facturas sanitarias.

Fuentes del Ministerio de Sanidad sostienen que desde que se sacara a los inmigrantes de la sanidad pública (menos las urgencias, la atención a las embarazadas y a los menores) las comunidades autónomas “no han comunicado ninguna incidencia”. La lectura que se hace desde Médicos del Mundo, es otra. “Existe una gran confusión en la profesión médica y preocupación entre los inmigrantes que temen acudir a las consultas por temor a identificarse”, apunta un portavoz. La organización, especializada en la atención a personas en riesgo de exclusión, ha llegado a recibir llamadas de centros de salud para pedir instrucciones de cómo atender a los inmigrantes. Aunque admiten, al igual que la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que, de momento, no se está registrando el volumen de problemas previsible si se hubiera hecho una aplicación a rajatabla y global de la norma. “No sabemos si esta confusión y la dilatación en la implantación de la medida se debe a la incompetencia técnica de las autoridades sanitarias o a un retraso deliberado a la espera de que baje la atención de los médicos y la sociedad”, aventuran desde Médicos del Mundo.

Para añadir aún más desconcierto, Sanidad aún no ha aprobado la alternativa que ha ideado para abrir una puerta que permita el acceso a los sin papeles a la red pública. Se trata del pago de una póliza (710 euros al año para menores de 65 años) que solo daría acceso a la cartera de servicios básicos (sin subvención en medicamentos, prótesis externas o transporte sanitario). Un mes después de la entrada en vigor de la exclusión sanitaria, está previsto que esta solución - inasumible para muchos inmigrantes por su coste -, se apruebe en la reunión de la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud convocada para el próximo miércoles.

Con información de Reyes Rincón, Antía Castedo y Diana Mandiá.

Este “Sainete” va a dar para mucho y presagio que nada bueno para el poder judicial el olvido de la calificación en el Auto como “democrático” del régimen vigente que se pretendía destituir ¿será subliminal?...

La juez de Madrid remite a la Audiencia Nacional los detenidos del 25S

Cree que han cometido delito contra las instituciones del Estado

La Audiencia Nacional rechazó la semana pasada juzgar a los detenidos

01.10.12, RTVE.es

La juez de instrucción número 8 de Madrid, quien el pasado jueves tomó declaración a 34 de los detenidos por los incidentes ocurridos el 25S durante la protesta "Rodea el Congreso", se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional al considerar que el caso es de su competencia.

En un auto dictado este lunes, la juez considera que la concentración del pasado martes se celebró coincidiendo con la sesión plenaria que tenía lugar en el Congreso "con el fin de exigir una destitución y ruptura del régimen vigente".

Por ello entiende que los hechos son constitutivos de un presunto delito contra las instituciones del Estado y, por lo tanto, es competencia de la Audiencia Nacional, que además ya tramita unas diligencias contra ocho de los convocantes de la protesta.

La puesta a disposición judicial de estos detenidos originó el pasado jueves una discrepancia entre la Policía y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ya que la brigada de información quería poner los detenidos a disposición del juez Pedraz, pero este aseguró que los delitos de los que se acusaba a los detenidos no eran de su competencia.

Finalmente la juez de guardia de los juzgados de Plaza Castilla tomó declaración a los detenidos y puso en libertad con cargos a 33 de ellos, mientras que decretó para otro su ingreso en prisión eludible bajo una fianza de 1.000 euros.

La Audiencia Nacional ya había instruido diligencias

En el auto de inhibición, la titular del juzgado de instrucción número 8 de Madrid explica este lunes que el juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ya había instruido unas diligencias contra los convocantes de la concentración del 25S "Rodea el Congreso".

En la convocatoria, según la juez, se exigía un proceso "de destitución y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado", con abolición de la "actual Constitución" y el inicio del proceso de constitución "de un nuevo sistema de organización política, económica y social".

Durante la protesta, añade el auto, se produjeron "incidentes ocasionados porque algunos de los asistentes intentaron rebasar el perímetro de seguridad establecido en el Congreso de los Diputados, así como impedir a los diputados "abandonar el hemiciclo, lanzando objetos a los funcionarios de Policía que allí estaban" e intentando "saltar las vallas de protección".

La juez ve "claro", como así lo refleja "repetidas veces" la Policía, que este atestado es "ampliatorio" del que ya estaba en poder de la Audiencia Nacional en relación a los convocantes de la protesta, que han sido imputados y citados a declarar por el juez Pedraz para el día 4 de octubre.

Tras referir que durante el 25-S se produjeron altercados e incidentes con los ciudadanos que "pretendían rebasar el perímetro de seguridad del Congreso, rebasando vallas y enfrentándose por ello con los funcionarios de Policía", la juez considera que dichos hechos "podrían encuadrase en un presunto delito contra la Instituciones".

Por ello, procede a la remisión de las diligencias al juez Santiago Pedraz, quien ya eludió el pasado jueves hacerse cargo de los detenidos.

Otros dos juzgados de Madrid no consideran que existiera delito contra las instituciones

Sin embargo, otros dos juzgados de Madrid, que también han tomado declaración en los últimos días a las personas detenidas por los incidentes acaecidos en las protestas alrededor del Congreso, han considerado que en estos casos no existió delito contra las instituciones del Estado.

En concreto, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el pasado día 26 el juzgado de instrucción número 3 dejó en libertad a tres detenidos, a los que imputó por atentado, desórdenes públicos y lesiones.

El pasado sábado otros dos arrestados durante las manifestaciones en torno al Congreso pasaron a disposición del juzgado de instrucción número 26, que también les dejó en libertad, acusados de lesiones y resistencia.

Ninguno de estos dos juzgados han considerado que los hechos fueran constitutivos de un delito contra las instituciones del Estado y, por tanto, no se han inhibido en favor de la Audiencia Nacional.

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

Las convocatorias, que van en aumento en cuanto a la participación, continuarán con motivo de la tramitación de los Presupuestos de 2013 “los presupuestos de la vergüenza”

La protesta llena Neptuno

Miles de personas han llenado Neptuno por tercera vez esta semana para pedir la dimisión del Gobierno de Mariano Rajoy.

nuevatribuna.es

Miles de personas se han concentrado en Neptuno (Plaza de Cánovas del Castillo) para participar en la tercera protesta celebrada esta semana en los alrededores del Congreso de los Diputados para pedir la dimisión del Gobierno de Mariano Rajoy.

Los alrededores de la Cámara Baja presentaban de nuevo una fuerte presencia policial, al igual que ya ocurriera en las anteriores concentraciones celebradas el martes y el miércoles y convocadas asimismo por la Coordinadora 25-S.

"Gobierno dimisión", "Menos Policía y más Educación" o "No es una crisis, es una estafa" son algunos de las consignas que se escuchan de nuevo en Neptuno, donde también son comunes las pancartas pidiendo la dimisión del Gobierno y el inicio de un proceso constituyente.

Los primeros manifestantes en llegar a la plaza de Cánovas del Castillo protagonizaron una sentada próxima al vallado que protege la Carrera de San Jerónimo. Al otro lado, un cordón policial formado por una veintena de agentes de los antidisturbios y más de una decena de furgones policiales protegen la zona.

Cada manifestante tiene sus propios métodos para mostrar su descontento hacia las políticas desarrolladas por el Gobierno de Rajoy y para denunciar el "secuestro" de la democracia. Así, una chica ha decidido quitarse la ropa y protestar desnuda, al lado de un cartel en el que se puede leer ’Love Revolution’.

Además de la protesta en Neptuno, donde se concentra el grueso de los manifestantes, otro grupo de personas participaron en una marcha desde la Puerta del Sol hasta la plaza de Cánovas del Castillo, pasando por la calle Alcalá y Cibeles.

CONCENTRACIONES ANTE LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS

Centenares de manifestantes se han concentrado esta tarde ante las sedes de parlamentos regionales y otras instituciones en distintas comunidades autónomas, convocados a través de las redes sociales por la coordinadora 25S para protestar contra la política del Gobierno.

En Sevilla, alrededor de 300 personas se han concentrado ante la sede del Parlamento de Andalucía, en el barrio de la Macarena, cuyas dependencias estaban cerradas y custodiadas por agentes de la Policía Nacional.

En Málaga, se han concentrado varios cientos de personas en la céntrica plaza de la Constitución, para dirigirse después hacia el Ayuntamiento y la sede del Banco de España.

Varios centenares de personas han participado en una cadena humana que ha rodeado el edificio de Les Corts Valencianes, en Valencia, donde se ha leído un manifiesto en el que se ha subrayado que la democracia "está secuestrada" y con esta acción la "rescatan".

Medio millar de personas ha recorrido a pie las principales calles de la ciudad de Alicante con lemas dirigidos contra los políticos y las últimas medidas de ajustes económicos.

En Oviedo, varios cientos de personas se han concentrado frente a la sede de la Junta General del Principado en respuesta a la convocatoria hecha por el movimiento social 15 M, y han cortado el tráfico en la calle Fruela, que discurre frente a la sede del Parlamento asturiano.

Alrededor de doscientas personas se han congregado esta tarde en la plaza de Cort, frente al Ayuntamiento de Palma, para mostrar su apoyo a quienes participaron en la protesta "Rodea el Congreso".

Cerca de un centenar de personas han cortado esta tarde durante una hora la avenida Calvo Sotelo de Santander, principal arteria de la ciudad, en apoyo a los participantes en la protesta del pasado 25-S en Madrid.

Alrededor de un centenar de manifestantes ha rodeado la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, apoyando con proclamas y pancartas la concentración de hoy en Madrid, mientras que al menos 300 personas se han concentrado en Ávila, Palencia y Valladolid.

Garzón califica de "sarcasmo" acusar de delitos contra el Estado a los detenidos por la protesta del 25S

nuevatribuna.es

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha calificado de "sarcasmo" la posibilidad de acusar de delitos contra las instituciones del Estado a los ciudadanos que fueron detenidos por las protestas del pasado 25 de septiembre ante el Congreso de los Diputados.

En declaraciones antes de su intervención en un acto en solidaridad con las víctimas del franquismo, Garzón ha asegurado que sería "un error" juzgar a los detenidos de estos delitos, puesto que no interrumpieron las sesiones de los diputados ni tampoco provocaron una "sensación de intimidación".

"No tengo ninguna inhibición legal para decirlo. Me gustaría saber si dentro de la Cámara hubo alguna sensación de intimidación y estaría muy bien que el diputado que así se sintiera lo dijera, porque si no, ¿de qué estamos hablando?", se ha preguntado.

En esta misma línea, ya en su intervención ante los asistentes, Garzón ha criticado el intento de "criminalizar" la protesta asegurando que se "intentó atacar" el Congreso. "Vamos a ser serios e intentar no enfadar a la gente", ha señalado, tras asegurar que le "duele" observar las imágenes de cargas policiales.

No obstante, ha resaltado que tampoco resultan "defendibles" otras imágenes de personas que "actuaron con violencia", si bien ha pedido tener en cuenta que "hay una persona que probablemente se quede tetrapléjica".

ECHA "RELATIVAMENTE" DE MENOS LA AUDIENCIA NACIONAL

Por otro lado, preguntado acerca de si echaba de menos la Audiencia Nacional, ha respondido que "relativamente". "Me apena lo que está sucediendo con la justicia en España y espero que la Audiencia Nacional no se vuelva a convertir en un organismo judicial que atienda a cosas que más entran en lo que es la libertad de expresión que en otros ámbitos".

En este sentido, ha alertado de que existe un "riesgo en general de criminalización" de determinados formas de manifestación, lo que le "preocupa mucho". "Lo estoy viendo fuera de España, el espectáculo que se está viviendo es bastante triste y duro sobre todo si unas fotografias se comparan con otras en Nueva York", ha concluido.

El 25S abarrota Neptuno en respuesta a las detenciones

Una multitud de manifestantes colapsa la zona por tercera vez esta semana.

La Policía carga para desalojar la plaza tras una jornada que discurría con ambiente festivo.

Al menos doce personas han resultado heridas y otras dos han sido detenidas.

La coordinadora volverá a convocar concentraciones ante "los Presupuestos de la vergüenza".

30.09.12 - ALFONSO TORICES | MADRID, en El Comercio.

Miles de personas abarrotaron hoy la plaza de Neptuno de Madrid en respuesta a la tercera convocatoria de la coordinadora 25S para exigir la dimisión del Gobierno de Mariano Rajoy y como repulsa a las 38 detenciones realizadas por la Policía el martes y miércoles pasados tras las cargas en que resultaron heridas 64 personas. La protesta transcurrió en paralelo a otras similares en Portugal e Italia y a manifestaciones ante los parlamentos autonómicos o las Delegaciones del Gobierno de numerosas capitales españolas.

La concentración de la iniciativa ’Rodea el Congreso’, que se extendió la Puerta del Sol, al paseo del Prado y a otras calles adyacentes al Parlamento, se desarrolló con tono festivo hasta que al filo de la medianoche la Policía procedió al desalojo de la plaza, donde la presencia de manifestantes se había visto reducida ya notablemente, llevando a cabo algunas cargas con porras. Algunos manifestantes respondieron con el lanzamiento de botellas y objetos y la Policía detuvo a dos personas. Durante los incidentes, doce personas resultaron heridas y tuvieron que ser asistida por el SAMUR. Como en las dos ocasiones precedentes, la protesta transcurrió con toda la carrera de San Jerónimo cerrada a cal y canto, con dobles verjas de seguridad en ambos extremos y con varias decenas de dotaciones policiales que controlaban el perímetro de la manifestación. La ausencia de diputados en la cámara legislativa relajó los nervios de todos.

El discurso de los portavoces de la coordinadora y los constantes lemas de los congregados denunciaron lo que consideran excesos policiales en la represión de las protestas, reclamaron que el Ministerio del Interior depure responsabilidades y exigieron a las autoridades que retiren todos los cargos contra los detenidos y los ocho promotores de las manifestaciones, estos últimos imputados por la Audiencia Nacional. De forma especial, demandaron la retirada de los cargos por un delito contra las Altas Instituciones del Estado contra los ocho promotores, acusación que la titular del Juzgado número 8 de Madrid también pretende achacar a varios de los arrestados en la protestas de esta semana.

La coordinadora 25S, a través de una furgoneta con megafonía, también avanzó que el movimiento puesto en marcha esta semana no cejará en sus protestas hasta que logre la dimisión del Ejecutivo y la puesta en marcha de un proceso constituyente en España. Según sus previsiones, los próximos episodios de ’Rodea el Congreso’ tendrán lugar en breve. Van a convocar a los ciudadanos ante el hemiciclo cuando el Parlamento debata en octubre los Presupuestos de 2013, que calificaron como los de "la vergüenza" y con el objetivo de "parar" su tramitación.

Hasta un Rolls Royce

Los primeros manifestantes, solo unas decenas, se concentraron en el final de la carrera de San Jerónimo en cuanto la Policía cerró a las cinco y media de la tarde la doble valla que selló todos los accesos al Congreso. La zona aún tenía un clima de normalidad, con muchas personas en las terrazas de los bares, con una gran cola frente al cercano Museo del Prado e, incluso, con un Rolls Royce que esperaba a una pareja de novios en la puerta del hotel Palace, a solo 20 metros de los antidisturbios.

Poco a poco se congregaron miles de personas de todas las edades y condiciones que cortaron el tráfico en el paseo del Prado. Familias completas junto a punkies y okupas, ’yayoflautas’ al lado de camisetas de la ’marea verde’ de los maestros o bomberos. Todos, en un ambiente entre festivo y reivindicativo, entre banderas republicanas, de Grecia, Islandia y de varias comunidades autónomas y pancartas de "dimisión", "no, a los recortes" o con el lema "deuda odiosa: referéndum". La Policía fue objetivo de la ira de muchos de los manifestantes a la que, de forma reiterada, gritaron: "¿Dónde está el número de placa?", "el de la porra en Navidad no cobra", "si no hay dinero, ¿por qué tanto ’madero’?" o "¡no me pegues, soy compañero!".

La Delegación del Gobierno provocó el malestar de los informadores cuando intentó que se marchasen las unidades móviles de transmisión de la televisiones, aparcadas junto a la plaza, por "razones de seguridad". Como los profesionales se negaron, los agentes dijeron que entonces se quedaban "bajo su única responsabilidad".

Hasta el desalojo, el único incidente del día tuvo como protagonista al camarero del Restaurante Prado Alberto Casillas, que el martes saltó a la fama al impedir que la Policía entrase en el local tras unos manifestantes. Hoy, varios jóvenes acudieron a felicitarle y los antidisturbios quisieron identificarlos. Casillas intercedió por ellos y la discusión con un mando policial terminó en un forcejeo y con el hostelero caído en el suelo con un ataque de ansiedad del que tuvo que ser atendido por el SAMUR.

Baile de cifras

La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en unas 4.500 personas las congregadas esta noche en las cercanías del Congreso de los Diputados dentro de la iniciativa "Rodea el Congreso". Sin embargo, los informativos de la cadena británica BBC han informado de una afluencia superior a las 60.000 personas en la tercera jornada de protestas.

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

"Así no podemos seguir"

 

 

 

El grupo de trabajadoras de ayudacast.

El nuevo ajuste presupuestario pone en riesgo la atención a los dependientes al acumularse impagos a los trabajadores de los que dependende este servicio público

Raul Rejón - Madrid

29/09/2012 - 10:13h

“El trabajo se sigue haciendo pero no sabemos cuánto se podrá aguantar así sin que nos dé de lleno”. Es la reflexión de una trabajadora del sector de la dependencia a cuya empresa (que no quiere citar) le deben, dice, “15 meses pagos” en la Comunidad de Madrid. Los recientemente expuestos Presupuestos del Estado para 2013 auguran más incertidumbre para la asistencia a dependientes porque las empresas que prestan el servicio dependen de los fondos públicos que del Estado pasan a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. La puesta en marcha de la Ley de Dependencia en 2008 creó, según los datos de filiación de la Seguridad Social, unos 100.000 puestos de trabajo y el sector emplea hoy casi al triple.

Según la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), ya se les adeudan unos 800 millones de euros. Ese dinero es el que mantiene gran parte de la red de asistencia que dispone la ley  (residencias, centros de día o ayuda a domicilio)y que se presta mediante empresas privadas. Las cuentas para el año que viene no parece que vengan a aliviar esta situación.

La falta de fondos afecta a todos. De grandes urbes a pequeños municipios, la escasez de dinero termina por socavar el servicio a los dependientes. Sin ir más lejos, Josefa, de la empresa Ayudacast, contaba el viernes a eldiario.es cómo sobrevivían a los impagos que sufren en Castillejar (Granada): “Llevamos más de tres meses sin cobrar y así no se puede”. Esta cooperativa de 21 trabajadoras lleva la ayuda a domicilio y ya, dicen, no saben a quién reclamar. Estuvieron toda la semana de huelga hasta conseguir “que nos pagaran algo”, relata Josefa. Así han vuelto al trabajo pero si no les llega la mayoría de la deuda que acumulan con el Ayuntamiento (de 100.000 euros), “el 15 de octubre tendremos que cerrar”, asegura. "Así no podemos seguir", resume.

Cualquier empresa es reacia a proclamar sus angustias económicas de manera singularizada hasta que la situación se hace insostenible. Pero si se habla con alguno de sus trabajadores, sí cuentan las estrecheces: “Vas a la casa que te toca, haces tu trabajo, porque el dependiente no tiene la culpa y te vas”, relata Ana, una asistente madrileña. Ella aún cobra.
 
Las empresas que peor lo están pasando, y por tanto sus trabajadores, son las de ayuda a domicilio, cuentan desde el sector. ¿Por qué? Pues porque este servicio más cercano se presta desde los ayuntamientos, el eslabón más débil en la falta de dinero público. Porque al final, todo depende  del efectivo que pasa del Estado a las Comunidades y de ahí a los consistorios. El pasado agosto, se hizo necesaria una huelga de este servicio para que las trabajadoras obtuvieran sus nóminas atrasadas en Cartagena.

Elisa, trabajadora con grandes discapacitados, está pendiente de que lleguen transferencias públicas para cubrir los gastos del servicio en Madrid capital. “No dejamos de estar con una gran incertidumbre”. Si no llega la financiación, peligra el trabajo. Peligra la asistencia.

El goteo de casos de trabajadores apurados y sin cobrar ha ido extendiéndose por regiones. Por ejemplo, Ana Lopo, portavoz de las trabajadoras de ayuda a domicilio en Sada (Coruña) asegura que no cobran desde enero. La empresa encargada, Xentes, ya ha presentado un ERE.

José Alberto Echevarría es el presidente de la FED y se atreve a poner fechas: “hay empresas que no han cobrado un euro de 2012 y sus trabajadores no cobran sus nóminas”. La esperanza estaba puesta en los Presupuestos de 2013, aventuraba. La partida de Dependencia no va encaminada a solventar el hueco económico que se hha ido acumulando.

Pero hay más. En Puertollano (Ciudad Real), 200 trabajadores de la Fundación Agria no han recibido las últimas cinco nóminas, según la empresa, por los impagos de la Junta. En Cádiz, unos 400 trabajadores de centros de mayores también tienen retrasos en el cobro. En la Comunidad Valenciana, la mitad de los centros de mayores gestionados de manera indirecta (es decir, mediante un concierto con una empresa) han debido dejar de pagar a sus trabajadores por, aseguran, una deuda de 100 millones de la Generalitat. El nuevo ajuste en Dependencia deja en el alero un sector que, un reciente estudio de la Fundación Ideas asegura que podría crear 600.000 puestos de trabajo.

Casi 400 médicos asturianos de primaria se rebelan contra la ampliación de jornada

El colegio profesional apoya la huelga «para que el facultativo se defienda a sí mismo y, sobre todo, para defender a los pacientes»

 Lne.es » Sociedad y Cultura Oviedo, P. Á.

 Al clima de irritación que se respira en los hospitales del Principado a causa del modo de aplicar en la sanidad asturiana la ampliación de la jornada laboral, se suman ahora cerca de 400 profesionales de atención primaria, en su mayoría médicos de los centros de salud de la región. Ellos son los firmantes de un manifiesto que han remitido a LA NUEVA ESPAÑA y que va dirigido directamente contra el consejero de Sanidad del Principado

 

Los remitentes de la misiva -cuyo texto se reproduce en esta misma página- acusan a Faustino Blanco de «actuar con arrogancia, con declaraciones altisonantes y buscando el conflicto por el conflicto». Y le plantean una pregunta retórica: «¿Se da usted cuenta de lo que está pidiendo a los trabajadores sanitarios: en aumento de jornada, en libranzas de guardia y en disminución de ingresos económicos? Algo totalmente irracional». «¡Está tratando de solucionar los problemas de otros sectores a costa de la sanidad, y eso es inadmisible!», apostillan los 378 firmantes, entre los que figura un pequeño número de enfermeros, odontólogos y profesionales de otros estamentos.

 

La principal consecuencia de la nueva regulación para los médicos de los centros de salud urbanos radica en que los obliga a trabajar una tarde a la semana, dos horas y media, como parte de su horario ordinario. En este sentido, los autores del manifiesto evocan lo que denominan «la nefasta gestión del consejero Quirós y sus consecuencias para la atención primaria en Asturias», en alusión al conflicto que mantuvieron con el anterior titular socialista de Sanidad por su pretensión de que trasladaran a las tardes parte de su jornada ordinaria.

 

Por otra parte, la presidenta del Colegio de Médicos de Asturias, Carmen Rodríguez, manifestó su apoyo a la huelga convocada por el Sindicato Médico (SIMPA) para nueve días de octubre. «Las huelgas siempre me producen intranquilidad y mucho dolor, pero en casos como éste el médico tiene que recurrir a la huelga para defenderse a sí mismo y, sobre todo, para defender a los pacientes», argumentó la doctora Rodríguez, quien agregó: «El médico no puede permitir que la calidad de la atención sanitaria se deteriore». A juicio de la presidenta del Colegio, «ha habido, por parte de la Administración, una falta de diálogo y una intransigencia tremendas, impropias de un régimen democrático».

 

Entre tanto, la diputada autonómica del PSOE Pilar Alonso salió en defensa de los responsables sanitarios del Principado. «Están y han estado en todo momento dispuestos al diálogo», subrayó. Alonso urgió «a agotar el proceso de diálogo y a evitar una huelga en la que las víctimas van a ser los usuarios».

texto íntegro del manifiesto de los médicos de atención primaria

Así no, señor consejero de Sanidad

«La peculiar aplicación en el sector sanitario, por parte del Gobierno del Principado, del decreto del Ejecutivo central sobre la ampliación de la jornada laboral obliga a los profesionales de atención primaria a tomar una posición pública.

 

 

»Después de la nefasta gestión del consejero Quirós y sus consecuencias para la atención primaria en Asturias? ¿qué puede pasar por la cabeza del actual consejero de Sanidad y su equipo, para elegir, en una época de tantos problemas y dificultades, la vía de la confrontación y el conflicto frente a los profesionales sanitarios? En distintas declaraciones de prensa ha tenido enfrentamientos con los sindicatos, con el Colegio de Médicos, con las sociedades científicas. También la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública ha manifestado su preocupación por el deterioro del sistema sanitario asturiano.

 

 

En otros ámbitos de la Administración asturiana y en otras comunidades autónomas, la aplicación del aumento de jornada de dos horas y media se ha resuelto simplemente con un incremento pactado en la jornada laboral sin suponer ningún problema. El señor Blanco y su equipo han puesto en pie de guerra a todo el servicio de salud. Nunca los centros sanitarios habían alcanzado tal nivel de crispación. Ha utilizado el decreto del aumento de jornada para realizar cambios organizativos y de las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios imposibles de asumir: implantación de las consultas de tarde en los centros de salud; eliminación de la libranza de trabajo después de la realización de guardia, y cambios en las condiciones de trabajo de los médicos en formación (MIR) que tendrían que trabajar muchas más horas de las que ya hacen actualmente.

 

 

»Después de la legislatura perdida en atención primaria gracias a su predecesor, el nuevo consejero de sanidad, señor Blanco, lleva camino de poner el futuro de la sanidad en un plano aún más negro de lo que ya está. Señor Blanco: ha elegido usted actuar con arrogancia, con declaraciones altisonantes y buscando el conflicto por el conflicto. ¿Se da usted cuenta de lo que está pidiendo a los trabajadores sanitarios: en aumento de jornada, en libranzas de guardia y en disminución de ingresos económicos? Algo totalmente irracional. ¡Está tratando de solucionar los problemas de otros sectores a costa de la sanidad, y eso es inadmisible!

 

 

»¿Por qué modificar drásticamente un servicio que funciona bien, tanto en accesibilidad, eficiencia y satisfacción del usuario, como queda reflejado en numerosos estudios y encuestas? Pensamos que su estrategia va dirigida a desprestigiarnos ante la población, dando la impresión de que somos los causantes de la falta de dinero que tiene la Administración. Si se necesita ahorrar dinero, ¿es la mejor opción hacerlo a costa de las guardias y los descansos de los médicos? ¿No quedan todavía en la Administración suficientes fundaciones, institutos, consejos de administración con sus dietas, coches y teléfonos de alta gama, sueldos desorbitados, asesores a dedo y otros chiringuitos a cerrar? ¿Qué mejora suponen las consultas de tarde en atención primaria? Si quieren ofrecer un nuevo servicio, contrate a los profesionales necesarios para que sea una oferta real, a diario y para toda la población que lo pueda necesitar. Si no se lo puede permitir por cuestión económica, no engañe al usuario ni a los profesionales? No venda humo. ¡Ya está bien de jugar con el lenguaje y manipular!

 

 

»Corren vientos privatizadores de los servicios públicos. La sanidad y la educación son dos de los sectores más afectados. El aumento de la jornada laboral, establecida por ley por el Gobierno central, puede implantarse hablando previamente con los trabajadores, no imponiéndolo por la fuerza y sin aprovechar la ocasión para introducir en el mismo paquete «novedades» que recortan las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios. Señores del Gobierno: deben tener claro que si se aumenta la jornada de trabajo, es sólo y exclusivamente para reducir plantilla. Hacer lo mismo o menos (se están reduciendo prestaciones) con menos personal, y ahorrar. Conclusión: más paro, menos consumo aún, más déficit en las cuentas públicas y despido de interinos de la Administración sanitaria. Resulta pintoresco que una Administración socialista con el apoyo de Izquierda Unida siga haciéndole el juego a los que quieren menos Estado y menos sector público. Porque, no nos engañemos, disminuir los puestos de trabajo en la sanidad y educación públicas, ir contra sus profesionales, empeorar sus condiciones de trabajo, sus sueldos, poner en pie de guerra al sector sanitario, sólo tiene un resultado: deteriorar el funcionamiento de algo que hasta ahora contaba con la aprobación ciudadana, era barato y funcionaba bien: la sanidad pública y la atención primaria en Asturias.

 

 

»Por otro lado, a los trabajadores de atención primaria nos preocupa enormemente el contenido del decreto publicado en el BOPA que regulará horarios laborales y descansos en lo sucesivo. Su generalidad e indefinición abren la puerta a futuros atropellos, pérdida de derechos y modificaciones en las condiciones laborales.

 

 

»Señor Blanco: desde la atención primaria nos unimos a nuestros compañeros de los hospitales en el rechazo a sus medidas abusivas y unilaterales. Nos oponemos a su falta de dialogo, a su prepotencia, a que haya elegido otra vez la confrontación y el conflicto frente a todo un colectivo sin importarle las consecuencias. Señor Blanco: creemos que no es la persona adecuada para el cargo que ocupa y también a nosotros nos tendrá enfrente».

 

 

Este manifiesto lleva la firma de Alfonso García Viejo, María Jesús Barreda González, Ramón Penedo Suárez, Moisés Robledo del Corro y otros 374 profesionales de los centros de salud asturianos. La relación completa de firmantes figura en la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA (www.lne.es).

Firmantes del manifiesto

Sanidad, Industria y Fomento sufrirán los mayores recortes presupuestarios en 2013

Lne.es » Economía

La delicada situación de la economía

Reestructuración financiera y cuentas públicas

Montoro no aclara si las pensiones se actualizarán por la desviación de la inflación

Paro, jubilaciones e intereses de la deuda copan el 59% del gasto

El Ministerio de Economía (cuya partida crece un 4%) y Presidencia (que apenas sube el 0,6) son los únicos departamentos del Gobierno que se libran de los ajustes.

 

El Presupuesto de la Administración central del Estado -excluidos Seguridad Social, Servicio Público de Empleo, obligaciones de ejercicios anteriores y aportación al fondo europeo de rescate MEDE- se contraerá el año próximo un 8,9%, hasta los 39.722 millones de euros, lo que supone que esta Administración dispondrá de 3.883 millones menos que en 2012. Incluyendo las partidas excluidas, la reducción presupuestaria es de sólo un 0,7% (483 millones menos) y se sitúa en 67.590 millones. La elevada factura del paro es una de las causas capitales por las que se pasa de una cifra a otra que es un 70% superior. Y ello pese a que el Gobierno ha presupuestado el 6,3% menos que en 2012 para esta partida, que se situará en 26.993,7 millones. Esta reducción, pese a que se prevé un aumento del paro, se atribuye al recorte de las prestaciones y al agotamiento de subsidios por parte de parados de larga duración.

 

 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no aclaró si el Gobierno tiene intención de revalorizar las pensiones este mes de noviembre para compensar la inflación, que ha aumentado por encima del 1% en que se revalorizaron las pensiones en las cuentas de 2012.

 

 

Los ministerios que sufren los tajos más contundentes en términos relativos son Sanidad, que retrocede el 22,6% (hasta los 451 millones), Industria, Energía y Turismo (cae un 21,3%, hasta los 2.953), Fomento (-17,6%), Educación, Cultura y Deporte (-17,2%) y el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el de Asuntos Exteriores y Cooperación, que perderán el 13,2 y el 13,1% de sus recursos actuales. El resto de departamentos sufre mermas que oscilan entre el 3,6% y el 9,5%.

 

 

En términos absolutos, la mayor contracción la sufrirá Fomento, que dejará de disponer de 1.028 millones, seguido por Industria, que se ve privado de 800.

 

 

La partida de Fomento para infraestructuras se reduce un 15%, hasta los 5.562,85 millones de euros. El mayor recorte lo padecerán los ferrocarriles (26%), aunque todas las infraestructuras perderán dinero.

 

 

El Ministerio del Interior, aunque cae el 3,6%, sigue siendo el departamento mejor dotado: gestionará 7.214 millones. Le siguen, por volumen presupuestario, Defensa (5.937 millones, que se reduce un 6%), Economía y Competitividad (6.301 millones, el 4% más) y Fomento (4.815, el 17,6% menos).

 

 

En Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sólo se salva de los recortes la partida destinada a combatir los incendios forestales. El presupuesto destinado a investigación científica, desarrollo e innovación se mantiene en 5.562,78 millones de euros, pero caen las ayudas a la ciencia.

 

 

La Casa del Rey reducirá su dotación un 4%, y pasará a disponer de 7,93 millones.

 

 

Entre las partidas que desaparecen figura la destinada a financiar el desarrollo de la ley de Memoria Histórica, que en el presente ejercicio era de 2,5 millones de euros.

 

 

Y las transferencias del Estado a las comunidades autónomas descenderán un 12%, hasta los 24.421,5 millones de euros. Por el contrario, las transferencias corrientes y de capital del Estado a las entidades locales se incrementarán hasta los 16.135 millones de euros, el 5,4% más.

 

 

La subvención a Corporación RTVE se quedará en 292,74 millones, el 14,6% por debajo de 2012.

 

 

Las pensiones, el desempleo y la deuda pública «se comen» seis de cada diez euros del gasto presupuestario previsto para el año 2013, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

 

 

Estas tres partidas suman un total de 187.139,76 millones de euros, lo que representa el 58,5% del gasto total incluido en los presupuestos, que suma 319.460,60 millones de euros, el 2,5% más que en 2012.

 

 

El mayor gasto corresponde a las pensiones, que se llevan 121.556,51 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 4,9% en relación con el ejercicio anterior. El Gobierno prevé elevar las pensiones un 1% de media en 2013. El desempleo se llevará 26.993,7 millones. Y el pago de los intereses de la deuda pública suma 38.589,55 millones en el proyecto presupuestario para 2013, con un fuerte incremento del 33,8%, debido a las operaciones de saneamiento del sector financiero, al apoyo a la liquidez de las administraciones autonómicas y locales y al encarecimiento de las emisiones del Tesoro.

 

 

El Gobierno defiende que el gasto social supone el 63,6% del presupuesto consolidado, con 178.771 millones de euros, lo que implica un incremento del 1,9%, propiciado por el aumento del 4,9% en la partida de pensiones.

 

 

A excepción de las pensiones y de la deuda pública, el Gobierno reduce todas las políticas de gasto, con especial incidencia en el I+D+i militar, que baja un 52% y se queda en 353,38 millones (el I+D+i civil se mantiene sin variación en 5.562,85 millones de euros). También destaca el descenso del 27,1% en las subvenciones al transporte, con 1.178,23 millones de euros.

 

 

El Ejecutivo ha presupuestado un gasto para Justicia de 1.542,85 millones de euros, un 4,3% menos, en tanto que la asignación para Defensa baja un 7,7%, con 5.786,01 millones de euros. La partida para Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias suma 7.903,48 millones, un 5,4% menos, y la de política exterior baja un 11,2%, con 1.492,27 millones. Con ello, el importe de las políticas dedicadas a las funciones básicas del Estado alcanzan 16.724,61 millones.

 

 

El presupuesto consolidado de gastos no financieros -que incluye el Estado, la Seguridad Social, los organismos autónomos y otras entidades del sector público-, es de 305.532,5 millones de euros, el 2,2% más que en 2012, mientras que los ingresos se sitúan en 266.114,58 millones, el 0,9% mas.

 

 

Según el proyecto de ley de Presupuestos, el Estado absorberá el 44,9% del gasto consolidado; la Seguridad Social, el 40,1%; los organismos autónomos, el 14,2%; y las otras entidades del sector público administrativo, el 0,8%.

 

 

El total de ingresos consolidados asciende a 271.466,46 millones, con un descenso del 1,8 % con respecto a 2012, de los que el mayor volumen corresponde a los no financieros -266.114,58 millones-, el 87,2% de los cuales corresponde a impuestos directos y cotizaciones sociales -192.500,35 millones de euros-, con un incremento previsto del 4,5%. Los ingresos por impuestos indirectos aumentarán un 87,7%, hasta 39.594,2 millones de euros.

 

 

A juicio del PSOE, los Presupuestos están maquillados porque se sustentan sobre una premisa (la previsión de que la economía sólo se va a contraer un 0,5% en 2013) que no confirma ningún otro organismo.

El Gobierno recorta un 15,9% la inversión en Asturias, que será de 426 millones en 2013

«Con ella dejamos de depender de la caridad»

El Comercio. 30.09.12 - 02:40 -CHELO TUYA | GIJÓN.

Fue la primera ley del sector y obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a contar en su plantilla con discapacitados

Los colectivos de discapacidad celebran el trigésimo aniversario de la Lismi, pero critican su incumplimiento

«Para nosotros fue muy importante, porque, con ella, dejamos de depender de la caridad. Las necesidades de las personas con discapacidad pasaron de ser consideradas objeto de beneficiencia a derechos que cumplir, pero, como todas, tampoco se ha cumplido».

José Luis Crespo, presidente de la Federación Asturiana de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feaps) resume lo que para los colectivos de las personas con discapacidad ha supuesto la Ley de Integración Social del Minusválido, más conocida como la Lismi, no sólo porque la comodidad de utilizar abreviaturas, sino porque la discapacidad lleva años rechazando que minusválido sea su sinónimo.

Creada hace ahora 30 años -en abril de 1982- la Lismi fue el más claro ejemplo de lo que las personas con discapacidad llevan años diciendo «hasta que un político no tiene un problema, no se busca solución». El padre de la Lismi es Ramón Trías Fargas, diputado catalán ya fallecido, que tenía un hijo con síndrome de Down.

De su lucha para que Jordi tuviera los derechos que le ampara el artículo 49 de la Constitución nació la Lismi, que supuso el primer paso para la igualdad de oportunidades entre personas con o sin discapacidad. Establecía derechos, pensiones y, sobre todo, la obligatoriedad de que todas las empresas con más de 50 trabajadores en plantilla incluyeran empleados con discapacidad. Un 2%. Sin embargo, como todas las leyes relativas a este colectivo, nunca fue cumplió del todo.

«Fue un acierto, porque obliga a la contratación, pero se ha incumplido y se sigue incumpliendo. Se lleva a rajatabla la legislación española en otras materias, pero lo que afecta a nuestro colectivo se ve incumplido continuamente», confirma Mario García, presidente de la Confederación Estatal de Personas con Discapacidad (Cocemfe). En su opinión, que España sea pionera en normativas para respetar los derechos de las personas con discapacidad, «no sirve de nada si seguimos incumpliéndolas todas».

Porque, como señala José Luis Crespo, «nunca se logró que se cumpliera el mínimo establecido, un 2% de personal con discapacidad en plantillas de más de 50 trabajadores», sobre todo porque «ni siquiera lo cumplió la propia administración». De hecho, el Principado anunciaba una campaña en 2005 para perseguir a las empresas que no cumplieran con esa ley. 23 años después de entrar en vigor.

Medidas alternativas

Con esos mimbres, en el año 2000 el Gobierno decide reformarla, incluyendo las denominadas medidas alternativas. Es decir, se permite a las empresas que no cumplan con la reserva de empleo, siempre que compren bienes, formalicen un contrato con un Centro Especial de Empleo o a un autónomo con discapacidad.

Ese salvavidas para las empresas con más de 50 empleados en plantilla tampoco ha sido la panacea de la Lismi. Mario García asegura que «vamos a seguir reclamando que se aumente el control con inspecciones rigurosas y continuadas para que esto no ocurra», en una campaña que no se limita a la persecución, sino que desde Cocemfe «vamos a continuar actuando de una manera muy intensa a través de nuestros servicios, con los que asesoramos gratuitamente a cualquier empresa que lo requiera»

En su trigésimo aniversario, José Luis Crespo ve poco recorrido más a la Lismi «porque desde el año pasado está pendiente su fusión con otras normas». Un cambio que, el presidente de Feaps, espera que «no suponga recortar más derechos».

Los docentes de la concertada cobrarán mil euros menos en la paga de diciembre

El sector se declara al borde de la «quiebra técnica» y se queja de que los tijeretazos llegan por la vía de los «hechos consumados»

 

El Comercio. 30.09.12 - 02:38 - AZAHARA VILLACORTA | GIJÓN.

«La crisis nos afecta a todos, pero sólo se habla de la pública». El director del gijonés Colegio de La Inmaculada, José Guerrero, es sólo una de las voces que se alzan en la enseñanza concertada (tradicionalmente menos combativa que su complementaria) para denunciar la situación de un sector en el que «todo sube mientras que el Gobierno recorta» en una suerte de ordeno y mando. Y pone sólo un ejemplo: «El año pasado, a los colegios concertados ya nos quitaron el 1,5% del módulo de otros gastos, en el que se incluyen desde los de agua y luz a los de limpieza o pupitres. Y este año, vuelven a recortar otro 1,5% . Y, encima, con efectos retroactivos. Desde enero».

La situación, aseguran, es tan sangrante que los principales sindicatos y organizaciones de la red se han declarado ya «al borde de la quiebra técnica» tras los últimos tijeretazos, que afectan tanto a las condiciones de la enseñanza como a la financiación pública. Agravadas, en algunos casos, por el retraso de las administraciones en el pago. Pero es que, además, molestan las formas. Y, así, el responsable del departamento jurídico de Escuelas Católicas, Luis Centeno, ha llegado a acusar al Ministerio de Educación de aplicar los ajustes «sin negociación ni diálogo», sino por la vía de los «hechos consumados». Una crítica que suscriben, entre otros, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Unión de Cooperativas de Enseñanza (UECoE) o la Federación Española de Centros de Enseñanza de Economía Social (FED-ACES).

«Es un momento crítico, de extrema dificultad para la enseñanza concertada, que sufre iguales recortes, si no peores, que la educación pública», denuncian también los sindicatos en pleno, que, además de referirse al decreto-ley que permite aumentar el número máximo de alumnos por aula y la carga lectiva del profesorado y a la reducción del módulo económico de concierto, cargan contra la última medida del Gobierno central que acaba de ser refrendada por el Ejecutivo del Principado: «Ahora, van y bajan un 4,5% el sueldo del profesorado, también de manera retroactiva, lo que supone que los 3.000 docentes de la concertada cobrarán alrededor de mil euros menos a final de año si tomamos como base un salario medio. 4,5% por catoce pagas. Una medida que toma el Gobierno regional amparándose en el decreto de Mariano Rajoy».

Todavía no sabe el secretario general de la Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada (OTECAS), Juan Luis González, si el tajo repercutirá sobre la nómina de diciembre o la extra de Navidad, pero todo indica que así será, como ya ha pasado en el caso de sus colegas de la pública. La diferencia, puntualiza José López-Sela, representante del mayoritario FSIE, radica en que, antes de esa rebaja del 4,5%, su sueldo ya era «notablemente inferior al de los funcionarios», con lo que este nuevo recorte, que «se produce en «la comunidad que ya tenía la mayor diferencia» entre ambas redes, «en lugar de tratar de homologar las condiciones de unos y otros», los distancia aún más.

«Una injusticia absoluta»

«Es una injusticia absoluta que nos deja casi como mileuristas», resume López-Sela, que recuerda que los docentes de los setenta centros escolares concertados que hay en Asturias -que suman 1.500 unidades y que cada año dejan fuera a unos 130 alumnos por falta de plazas- atienden al 27% del alumnado total de la región y, sin embargo, la dotación que el Gobierno asigna a esta red es inferior al 12% del presupuesto de Educación para la pública, mientras que el salario de sus profesionales es un 18% inferior.

Llueve sobre mojado. Pero es que, cuenta, todavía hay más motivos para la indignación: «Mientras que el recorte que sufren los funcionarios no se consolida, en nuestro caso no se habla de que desaparezca el año que viene». Y esa es una de las batallas en las que está ahora inmersa la central.

«25 horas de toda la vida»

«A la consejera, que ha ocupado puestos muy destacados en el terreno de la igualdad, ya hemos tenido la oportunidad de trasladarse que la equidad no debería ser sólo entre hombres y mujeres. Sin éxito», ironiza el portavoz de FSIE, para quien la discriminación «resulta más que evidente».

Otro ejemplo: «Si en el caso de los centros públicos, la carga lectiva se ha aumentado de 18 a 20 horas en Secundaria, los docentes de la concertada estamos trabajando 25 horas semanales de toda la vida».

Pero los agravios siguen, prosigue Juan Luis González: «Las bajas del profesorado no se van a cubrir hasta pasadas dos semanas, al igual que en la pública. Pero es que en la concertada la plantilla es menor. Y, en Infantil, tenemos una ratio de 1/1. Un docente por aula. No hay más. Con lo que, si hubiese que sustituir a un compañero, eso nos obligaría a hacer grupos de 60 alumnos, con riesgo incluso para ellos. Y desaparecen también a las incentivos a las jubilaciones parciales anticipadas, que era la forma de rejuvenecer plantillas. ¿Más?».