"Hay situaciones humanas por encima de las normas de la Iglesia"
El País. Alberto G. Palomo Valencia 29 JUN 2012 - 22:33 CET
Vicenta Escutia aparece visiblemente cansada. Aun así, su discurso es vehemente. A ratos, cuando ha de revisar algún dato, justifica su escasa tardanza con un “es que estoy algo despistada”. Viste un vestido de lino y un pañuelo en la cabeza que oculta la caída de pelo provocada por la quimioterapia. Mitiga con la persiana bajada el inclemente calor que se cuela por las ventanas. En casa, ayudándola, se encuentran sus dos hijos, María y Pablo, de 28 y 30 años. Esta enfermera valenciana con más de tres décadas de experiencia relata con una “tremenda indignación” los recortes salariales que ha sufrido desde que está de baja por un cáncer de mama. En total, su sueldo ha mermado casi un 40%. Una cantidad con la que tendrá que hacer frente, además, al pago de la medicación que conlleva una dolencia como la suya. Por eso, la reiterada conclusión a la que llega esta coordinadora del centro de salud de Vilamarxant es clara: “Ahora que estoy enferma, es mi propio sistema el que se me pone en contra”.(leer más)
Las farmacias aplazarán el cobro de la tasa según la renta

Piedras Blancas,
Inés MONTES
La Corporación castrillonense reclama al unísono que se cubra la plaza de enfermería de pediatría del centro de salud de Piedras Blancas vacante desde hace casi un mes tras jubilarse una enfermera. Los grupos municipales temen que el Servicio de Salud del Principado de Asturias «Sespa» aproveche la jubilación de la enfermera para acometer recortes de personal en el centro de salud castrillonense. Los trabajadores del centro de salud de Piedras Blancas celebraron el pasado 22 de junio una concentración de protesta y no descartan seguir con las movilizaciones si no se soluciona el problema.
El centro de salud de Piedras Blancas atiende a unos 1.600 menores, es decir niños hasta 13 años. El concejal de Bienestar Social de Castrillón, José Luis garrido, sostiene que el número de menores se incrementa cada año «pues Castrillón es de los pocos concejos asturianos en los que continúa aumentando la natalidad».
Según los datos de 2011, el protocolo de seguimiento de un niño sano conlleva más de 2.512 revisiones en un año. La distribución de las revisiones médicas a los menores el año pasado fueron siete revisiones a los 184 niños de menos de un año que suman 1.288; tres revisiones a los 195 niños de dos años que suman 585; una revisión anual a los 148 niños de 3 años; otra a los 141 niños de 4 años; a los 130 niños de 6 años también se les realizó una revisión en 2011 al igual que a los 11 niños de 6 años y a los 109 de 13 años.
A los controles de seguimiento de los niños sanos se suman los que se realizan a los menores asmáticos o con otras patologías, además de las campañas de vacunación y las consultas diarias. El centro de salud de Piedras Blancas cuenta con dos médicos pediatras y ahora con solo una enfermera.
«Es una sola enfermera la que, en el mejor de los casos se enfrenta a realizar en solitario 2.460 revisiones este año. Esa es una situación que no garantiza los derechos de la infancia y vulnera gravemente la Carta de los Derechos del Niño y demás tratados internacionales», señaló Garrido.
El gobierno municipal de IU tenía previsto aprobar en el Pleno del pasado jueves una moción exigiendo al Principado la reposición de la plaza vacante. IU contaba con el apoyo de los grupos municipales de la oposición PP, Foro Asturias, PSOE y del concejal no adscrito. En el último momento el gobierno local retiró la moción alegando que estaba negociando con el consejero de Sanidad del Principado, Faustino Blanco y que le daría un mes de plazo para solucionar el problema.
La decisión de IU no ha gustado a la oposición. El PP sostiene que la plaza de enfermería de pediatría está vacante desde el pasado 8 de junio y que un mes más, supone que los profesionales del centro de salud de Piedras Blancas deberán seguir padeciendo la falta de personal. El concejal del PP Juan Jonás Casares reclamó una solución inmediata. El PSOE, que también mantuvo contacto con el Sespa, sostiene que es necesario cubrir la plaza para mantener el servicio

En tiempo de crisis, los Boletines Oficiales, tanto estatal como autonómicos, están plagados de leyes y reglamentos invasivos.
Por un lado, las normas que recortan el bolsillo del contribuyente ( creando o subiendo impuestos, o eliminando exenciones y subvenciones) y por otro lado, las normas que recortan las nóminas y otros derechos de los funcionarios.
El tijeretazo a las nóminas mediante Decretos-leyes ya superó el test de constitucionalidad, y las dudas pueden replantearse con ocasión de la aplicación de las leyes y reglamentos que amplian la jornada de los funcionarios, que les reducen los días de asuntos propios, que esfuman la paga extra, que rebajan los complementos específicos o niveles, o que suprimen asistencia social o similares. El problema se plantea en relación a la situación de quien accedió a la condición de empleado público en unas condiciones, o bien quien presta sus servicios confiado en unos derechos (p.ej. próxima paga extra, utilizar días de asuntos propios,etc) y súbitamente por fuerza de una Ley, decreto-ley o reglamento se encuentra con “el gozo en el pozo”, con que se esfuman sus derechos so pretexto de arrimar el hombro para producir mas y gastar menos. Esta situación despierta en el funcionario la invocación mas típica para censurar tales normas:¡¡ irretroactividad!!. Veamos los criterios que a juicio de Sevach nos permitirán evaluar el caso en sus justos términos. Leer Más
Asistentes al acto, ayer. ricardo solís
La plataforma en defensa de la salud pública celebró ayer por la tarde en el Palacio de Valdecarzana un acto dirigido al público en general para explicar sus reivindicaciones. Dicho colectivo aglutina a profesionales de la salud, asociaciones de pacientes, entidades cívicas, ONGs y colectivos académicos y tiene como objetivo defender en Asturias «un sistema sanitario público de calidad, sostenible y solidario». La plataforma celebra con este fin actos periódicamente.
García Vigón asegura que la región no puede mantener el actual gasto público, y el presidente del Principado responde a los empresarios: «Gobernaremos para todos y no para un sector social»
Foto: Javier Fernández y Severino García Vigón, juntos, al inicio de la asamblea de la FADE. miki lópez Oviedo,
Lne.es » Asturias Á. FAES / J. CUARTAS
Los sindicatos cargan contra el plan porque «destruye» empleo público
Las rentas altas de Asturias, entre las que más impuestos pagarán de toda España
La asamblea general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) se convirtió ayer en el escenario premonitorio del debate que para hoy se espera en la Junta General del Principado, cuando el presidente, Javier Fernández, responda a las preguntas de los grupos parlamentarios, todas ellas relativas al plan de ajuste, del que el Gobierno ya ha avanzado las líneas maestras. En presencia del jefe del Ejecutivo regional, el líder de la patronal, Severino García Vigón, fue duro y tajante en sus críticas a un recorte que deberá alcanzar los 498 millones de euros y obtener el visto bueno del Gobierno central en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. Asegura Vigón que el plan de ajuste «es contemporizador, tira por lo fácil y no aborda los problemas de fondo». Además, avisó de que los recortes deben afectar «ineludiblemente» a la sanidad y la educación. «Por su incidencia presupuestaria, si queremos asegurar su viabilidad futura, tendrán que ser afectadas por los recortes con criterios de racionalidad y eficiencia».
En el Palacio de Congresos de Buenavista, frente a numerosos empresarios congregados para la gran cita anual de la patronal asturiana, García Vigón no tuvo reparos a la hora de lanzar su negativo punto de vista frente al reto de mayor calado que afronta el Gobierno de Javier Fernández en el arranque de legislatura. El presidente del Principado y Vigón compartían mesa presidencial, junto al resto de la dirección de la FADE. Desde allí, hombro con hombro, sentado el presidente del Principado a la derecha del líder de los empresarios, lanzó éste sus críticas opiniones. «El problema, presidente», dijo dirigiéndose al líder socialista, «es que tenemos una estructura de gasto público que no podemos pagar. Es comprensible que se quiera hacer guiños a los ciudadanos, pero no se puede mantener lo que no podemos permitirnos. Queramos o no, va a ser necesario ajustar servicios básicos si queremos seguir teniendo en el futuro una calidad de prestación adecuada. Metámonos en la cabeza que no somos ricos, que lo público no es gratis y es de todos, que cada euro recaudado debe administrarse con rigor».
A Javier Fernández le correspondía el turno de cierre del acto y aprovechó para defender el recorte que propone el Gobierno, frente a las peticiones de los empresarios. «Soy consciente de que les disgusta el plan», aseguró en referencia a los allí presentes, «pero éste va a ser un Gobierno para todos los ciudadanos y no para un sector o fracción social». El presidente del Principado se dirigió de nuevo al auditorio. «Queremos contar con ustedes y su criterio, pero gobernaremos para todos», advirtió con firmeza.
Ante las dudas que a García Vigón le genera el gasto público, Javier Fernández defendió la postura del Gobierno. «Podíamos cerrar quirófanos o reducir el salario de los funcionarios, pero hemos preferido optar por un criterio sensato y equilibrado, procurando mantener nuestro pequeño pero acreditado Estado del bienestar». El Presidente tuvo que justificar medidas como la subida del IRPF para las rentas superiores a 70.000 euros, el incremento en el impuesto de patrimonio y el aumento del llamado «céntimo sanitario» sobre los combustibles durante una mañana en la que Severino García Vigón advirtió del riesgo de deslocalización empresarial y arremetió contra la presión fiscal «Más impuestos, más recargos, más tasas, menos inversión pública y menos actividad económica. ¿Hasta dónde y hasta cuándo?», interpeló.
A pesar de su defensa del recorte, Javier Fernández sostuvo que, de las medidas que se dispone a tomar para recortar el déficit hasta el objetivo del 1,5% del PIB, hay dos en particular que «jamás hubiese adoptado de ser otra la situación»: el recorte de la inversión y prescindir de 1.000 empleados públicos interinos cuyos contratos no serán renovados.
Aunque el Gobierno del Principado desveló hace ya dos días la línea de actuación respecto al plan para recortar 498 millones, la ausencia de reacciones entre el resto de grupos parlamentarios es la tónica. Ni Foro, ni el Partido Popular, ni siquiera UPyD, fundamental para el acceso de Javier Fernández al Gobierno, se han pronunciado al respecto. Han preferido guardar silencio ante el Pleno de la Junta General previsto para hoy. Sí habló el coordinador general de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, que este fin de semana dejará de serlo ante el inicio de la asamblea que mañana lo relevará en el cargo. La coalición rechazó de plano el recorte de empleo público, aunque aplaudió las medidas fiscales y resumió así la que será su actitud ante las medidas que impliquen nuevas leyes. «Votaremos a favor de las fiscales, las del sector público dependerá de en qué se concreten y estaremos en contra de las de reducción de plantilla, igual que todo lo que se refiera a ajustar la calidad de la sanidad y la educación».