El Principado aprueba la creación, in extremis, del Instituto de Investigación del HUCA

Los científicos del ámbito de la salud exigían este instrumento como condición imprescindible para conseguir fondos fuera de Asturias

Foto: Investigadores en un laboratorio.

Lne.es » Sociedad y Cultura Oviedo, P. Á.

El Consejo de Gobierno del Principado aprobó ayer, ya in extremis, la celebración de un convenio entre el Principado y la Universidad de Oviedo para crear y desarrollar el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario Central de Asturias (IdiHUCA). La puesta en marcha de una entidad de esta naturaleza es considerada absolutamente imprescindible por los investigadores médicos de la región para poder buscar y obtener fuera del Principado recursos que les permitan llevar adelante su trabajo.

 

Según la información facilitada ayer por el Ejecutivo que preside Francisco Álvarez-Cascos, el objeto del convenio es «la constitución de dicho instituto, a través de la adscripción al mismo del personal docente e investigador del propio HUCA y de la Universidad de Oviedo». Asimismo, se integrarán los grupos de investigación de atención primaria dependientes de la Consejería de Sanidad.

 

«El IdiHUCA se concibe como una estructura funcional de investigación biomédica multidisciplinar y traslacional orientada a la investigación básica, clínica y epidemiológica», prosigue el comunicado del Gobierno, que añade que «tendrá su sede en Oviedo, en el propio HUCA».

 

Meses atrás, la Consejería de Sanidad había barajado otras posibles ubicaciones, entre ellas el edificio de Silicosis, una vez que el Hospital Central fuera trasladado a su nuevo recinto de La Cadellada y dejara libres las dependencias del barrio del Cristo. Los investigadores advirtieron entonces de que era descabellado crear un equipamiento de estas características alejado del HUCA. El convenio que ayer recibió luz verde «tendrá una vigencia de cinco años y podrán establecerse prórrogas por el mismo período que el inicial».

 

La creación de un instituto biomédico constituye una necesidad ineludible para la ciencia asturiana. En el momento actual, este tipo de investigaciones carece en la región tanto de espacios como de dinero, y ambos problemas requieren una solución urgente, según han subrayado en reiteradas ocasiones los más destacados líderes de la ciencia biomédica regional.

 

Lo prioritario, según estos científicos, es crear una Fundación o consorcio en el HUCA que permita cumplimentar las exigencias burocráticas necesarias para recabar fondos fuera de Asturias, máxime en el actual contexto de restricciones presupuestarias. Asimismo, consideran perentoria la construcción de un edificio destinado específicamente a investigación en las inmediaciones del nuevo Hospital Central.

 

La creación de un ente jurídico fue dejada sin rematar por el anterior Ejecutivo regional. Los nuevos responsables de la Consejería de Sanidad han estado estudiando la situación heredada y buscando alternativas. Una de las premisas que siempre ha manejado el departamento que dirige José María Navia-Osorio puede resumirse en que no se pondría en marcha una fundación privada con dinero público, que es lo que, según Navia-Osorio, pretendía hacer su antecesor.

 

Según los científicos, la demanda de un nuevo edificio está más que justificada, dado que entre sesenta y setenta profesionales del HUCA que se dedican exclusivamente a la investigación carecen de espacio en el recinto que se construye en los terrenos de La Cadellada. Los investigadores han puesto de relieve que consideran más prioritario este edificio que el traslado a La Cadellada de la Facultad de Medicina y de los estudios afines. Acerca del coste del equipamiento, han trascendido varias cuantías, que oscilan entre los 13 y los 32 millones de euros.

Los datos

El Gobierno regional dio luz verde a la celebración de un convenio entre el Principado y la Universidad de Oviedo para crear el Instituto de Investigación Sanitaria del HUCA (IdiHUCA).

El objeto es la constitución de dicho instituto, a través de la adscripción al mismo del personal docente e investigador del propio HUCA y de la Universidad de Oviedo. Se integrarán los grupos de investigación de atención primaria.

 

Se centrará en la ciencia biomédica multidisciplinar y traslacional orientada a la investigación básica, clínica y epidemiológica». Tendrá su sede en Oviedo, en el propio HUCA.

Los recortes en Sanidad: un verdadero despropósito

Marciano Sánchez Bayle | Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es | Actualizado 12 Abril 2012 - 14:11 h.

Los nuevos recortes en educación y sanidad anunciados de manera casi clandestina por el Gobierno constituyen un verdadero despropósito y no solo por la manera en que se han publicitado en un baile de contradicciones y desmentidos de unos y otros (interesantes las intervenciones de Guindos y Florian para un teatrillo del absurdo), sino sobre todo porque ni se explicita como se van a llevar a cabo (las medidas concretas) y menos aun como se va a obligar a las comunidades autónomas a adoptar estos recortes en estas áreas concretas.

 

Proponer un recorte tan amplio sin aclarar en que conceptos pretende hacerse plantea al menos dos problemas adicionales, el primero es la perdida de credibilidad del gobierno que parece hacer la propuesta sin ningún fundamento concreto y de una manera apresurada y poco razonada porque si no fuera así no habría problema en especificar que es exactamente lo que se quiere hacer y de donde saldrá esta disminución del gasto; la segunda es que cabe sospechar que va a suceder como en Cataluña, que se pretende un recorte indiscriminado que en un tema como la sanidad es difícilmente justificable y que desde luego va a producir serios problemas de desatención y por lo tanto para la salud de muchas personas.

 

Un asunto especialmente importante es que, como sucedió con las declaraciones del Sr de Guindos, parece que tras estas decisiones/propuestas se esconde un profundo desconocimiento de las normas de funcionamiento de nuestro país. Como es conocido el modelo actual de financiación de las comunidades autónomas aprobado en 2001 y en 2009 se basa en la transferencia del estado a las mismas de unas determinadas cantidades y en la capacidad de las autonomías para redistribuir el presupuesto para atender las diferentes competencias que tienen asumidas, es decir que el modelo es no finalista y el gobierno no tiene capacidad para imponer a las CCAA recortes en temas concretos sino tan solo en las cuantías globales que transfiere a las mismas, y son estas las que, en última instancia tendrán que decidir si trasladan estos recortes a educación y sanidad y en que cuantía o prefieren hacerlo a otras partidas de gasto.

 

Otro aspecto que también parece desconocerse es que las comunidades autónomas tienen capacidad normativa sobre algunos impuestos y pueden optar, si se produce esta disminución de las aportaciones estatales, por incrementar todos o algunos de ellos para subir la recaudación y por lo tanto los fondos disponibles, que por supuesto también pueden decidir autónomamente a que conceptos dedican.

 

Desde el Gobierno los recortes en Sanidad pueden decidirse en dos aspectos, aquellas transferencias que se hacen de manera condicionada desde el presupuesto del Ministerio de Sanidad (ya lo ha hecho en el proyecto de presupuestos en lo referente a la Salud Pública), que son partidas de menor cuantía en el entorno del gasto sanitario, y desde luego en lo que respecta a la política farmacéutica mediante fijaciones de precios, financiación selectiva, financiación por grupos terapéuticos equivalentes, etc. Se trata de un aspecto importante tanto por su volumen de gasto (alrededor del 30% del gasto sanitario), como por la posibilidad real de ahorro potencial sin alterar la calidad de la prestación, pero por supuesto la política concreta de cada autonomía es muy importante a la hora de hacer operativas estas medidas porque intervenir sobre los precios es un parte de las actuaciones, pero hay muchas otras dirigidas a evitar prescripciones inadecuadas que a largo plazo son las mas efectivas.

 

En resumen estamos ante una situación muy preocupante en la que el Gobierno no parece tener propuestas fundamentadas sobre los recortes, o las tiene y es incapaz de defenderlas públicamente, además de que se invaden competencias de las CCAA a las que simplemente se ningunea. Desgraciadamente todo parece indicar que estamos ante una ofensiva muy seria para desmantelar el sistema sanitario público en nuestro país lo que, en la actual situación económica puede llevar a un importante deterioro de la salud de la población.

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La mayoría de la oposición rechaza el perdón a los defraudadores por "injusto", "inmoral" e ineficaz.

El PP sólo recibe el apoyo de CiU, UPN y Foro Asturias

JUANMA ROMERO / ELENA HERRERA, Madrid, en Público.

"Pensé que me había equivocado de real decreto ley". De la sorna echó mano esta mañana Álvaro Anchuelo, diputado de UPyD, nada más subir a la tribuna del Congreso. Resumía un sentir muy oído hoy en el pleno: pese a que el Gobierno se niegue a llamarlo así y pese a que defienda su medida a capa y espada, es lo que es, una amnistía fiscal que los grupos calificaron de "inmoral", "indecente" e "injusta". Todos los portavoces que desfilaron por el micrófono vapulearon la reforma estrella del Ejecutivo para recaudar más ingresos, a excepción de CiU y de, lógicamente, el PP.

Hoy se discutía la convalidación del real decreto ley que elimina deducciones del Impuesto de Sociedades a las empresas y que impone una escuálida tasa del 10% para aquellos defraudadores que regularicen sus activos. Medidas ambas complementarias del proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2012 que el Gobierno presentó el pasado 30 de marzo.

Y quedó claro que no gusta a buena parte de la oposición. Las razones eran compartidas. La amnistía fiscal, argumentó Pedro Saura, portavoz del PSOE, implica un "expolio al Estado del bienestar, a los investigadores, a los médicos, a los estudiantes...", a todos los que se les envía el mensaje de que hay disculpa para los ricos que mienten al fisco, mientras "se suben impuestos a las clases medias y a los trabajadores". En resumidas cuentas, dijo, "se pasa de una política que persigue a los defraudadores a una que les perdona a ellos y a las grandes fortunas". Cristóbal Montoro, en su defensa inicial, hizo hincapié en que el "afloramiento de los activos ocultos" será "positivo" pues servirá para "la normalización de la actividad económica" y para que el dinero que estaba oculto "deje de estarlo". Como en otras ocasiones, el ministro de Hacienda se apoyó en que España imita el proceder de otros países de la OCDE. 

La partitura escrita por Saura fue secundada por los demás portavoces. Es una medida "que atenta contra la Justicia y la equidad social", dijo Francisco Jorquera, del BNG. "Optan por la apología del fraude", siguió Rafael Larreina, de Amaiur. "Se les debería caer la cara de vergüenza", atizó Teresa Jordà (ERC). "Un auténtico diezmo para blanquear el dinero negro", apuntaló Pedro Azpiazu, del PNV. "Montoro ha vendido muy barata la conciencia social de los españoles, por un plato de lentejas", coincidió Anchuelo. Alberto Garzón, diputado de IU, abundó en la misma tesis: se da "facilidad a los agujeros negros", y "no sólo no se persigue" a los defraudadores, sino que encima "se les legitima".

Sin embargo, el argumento de más peso expuesto por la mayoría de la oposición incidía en la propia eficacia de la medida. El Gobierno prevé que afloren 25.000 millones de euros, de los que recaudará el 10%, unos 2.500 millones. Previsiones que parte de la Cámara ve como demasiado optimistas. Garzón recordó que en Alemania –uno de los países citados por Montoro como aval para su medida– se aprobó una amnistía fiscal semejante, pero aplicó un impuesto "del 46%", cuando en España será sólo del 10%, de modo que la solución elegida por el Ejecutivo "es la peor diseñada posible", porque además "perdona todas las posibles multas". UPyD agregó que los 2.500 millones de euros que, en el mejor de los casos, se recaben, supondrán apenas un 3% de los "80.000 millones de euros que se defraudan". 

A vueltas con la confianza

Anchuelo, por su parte, señaló que los defraudadores no se van a creer que esta es su última oportunidad de sacar a flote sus activos ocultos porque amenaza un plan de lucha contra el fraude, porque esta es la cuarta amnistía fiscal de la democracia y, por tanto, "nadie verá la actual como algo irrepetible". Los portavoces convergieron en otra crítica: los vaivenes del Ejecutivo, y su apuesta final por el perdón al dinero negro no creará "confianza" en el exterior hacia España, justamente uno de los argumentos esgrimidos por Montoro en su intervención inicial de esta mañana. Incluso CiU, que apoya la vía elegida por Hacienda, bañó de realismo las cosas: "Ustedes, como Fausto, han vendido su alma al diablo a cambio de dinero", azuzó Josep Sanchez Llibre. Esto es, lograr ingresos por la vía rápida sin tocar (por ahora) los tributos que gravan el consumo (IVA e Impuestos Especiales).

Amnistía fiscal y subida de Sociedades, pues, para lograr rebajar la factura del déficit. En ese sentido, Garzón se congratuló de que el PP "por fin haya vuelto a hablar de ingresos, y no sólo de recortar gastos", por lo que "aunque acierta técnicamente al incrementar la progresividad fiscal", se queda "corto". Vieja ya es la demanda de IU de implementar una reforma tributaria por la que paguen más los que más tienen. El PSOE se subió también a ese carro al exigir un Impuesto para las Grandes Fortunas, gravamen que ni pensó en introducir en sus siete años al frente del Gobierno. 

El convergente Sánchez Llibre sí se declaró en cambio satisfecho con el decreto ley de Montoro, porque favorece a las empresas más internacionalizadas, atraerá la "repatriación de capitales" y "avanza" en la reestructuración del impuesto del tabaco. Auguró una mayor recaudación del Estado y de las comunidades autónomas. Y, como el ministro, negó que se pueda hablar de "amnistía fiscal". 

Toda la oposición, incluida CiU, coincidió en que más que nunca urge un plan completo de lucha contra el fraude y la economía sumergida. El Gobierno lo aprobará mañana en Consejo de Ministros, y ya ha adelantado dos medidas: limitar el pago en efectivo en operaciones a 2.500 euros y obligar a los que tengan cuentas abiertas en el extranjero a informar al fisco. 

La votación dio cuenta del amplio rechazo del real decreto ley. Salió adelante por 194 votos a favor (167 del PP, uno del PSOE por error, 11 de CiU y los de UPN y Foro Asturias) y otros 137 en contra (PSOE, Izquierda Plural, UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, CC, Compromís-Equo y Geroa Bai). No hubo abstenciones. PP, Foro Asturias y UPN también se negaron a tramitar la norma como proyecto de ley, lo que habría permitido a los grupos introducir enmiendas al articulado.

BUSCAS 12/04/2012

 

 

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http://www.hsa.es/enviar/uploads/docs/bepe.pdf

Lo que no son falacias ni mentiras

Documento publicado por la FADSP en su WEB:

RECORTE DE PERSONAL MEDICO EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

UN ERE ENCUBIERTO.

 

Con el argumento de que la crisis económica hace necesaria la reducción de gasto público. la mayoría de las Comunidades Autónomas están procediendo a adelantar la edad obligatoria de jubilación de sus médicos de los 70 a los 65 años, a pesar de que recientemente se acordó retrasar la edad de jubilación de todos los trabajadores a los 67 años.

 

Esta contradicción de obligar a a retrasar su jubilación a personas que realizan trabajos penosos que exigen esfuerzo físicos  (construcción, mecánicos, cadenas de montajes,  agricultura, etc.) y adelantar la de profesionales que pueden perfectamente realizar su trabajo como los medicos hasta edades avanzadas,  tiene una clara explicación

 

1.- Ahorrar el gasto en pensiones prolongando la edad de jubilación de todo tipo de trabajadores

2.- Reducir los recursos de la sanidad pública, recortando las plantillas al combinar el adelanto la edad de jubilación obligatoria de los medicos y personal de enfermería   con una reposición de tan solo el 10% de las vacantes producidas.

	Total médicos	Recorte nº médicos al adelantar jubilación 65 años y reponer solo  10%	% recorte plantilla	médicos por mil h.
Aragón	6.283	833	13,20%	5,3
Asturias	5.795	626	10,80%	4,7
País Vasco	11.815	1.219	10,30%	4,6
Galicia	12.467	1.255	10,10%	3,8
Castilla y León	13.514	1.323	9,80%	4,4
Comunidad Valenciana	21.967	2.075	9,40%	3,8
Rioja, La	1.481	140	9,40%	3,9
Andalucía	32.708	2.867	8,80%	3,6
Canarias	8.771	770	8,80%	3,7
Balears	4.939	432	8,70%	3,9
Cataluña	37.542	3.208	8,50%	4,2
Murcia	6.070	486	8%	3,4
Extremadura	4.912	378	7,70%	3,9
Madrid	37.794	2.870	7,60%	5
Navarra	3.680	279	7,60%	5,1
Castilla la Mancha	8.335	603	7,20%	3,4
Cantabria	3.195	225	7%	4,7
Total	223.484	7.471	8,70%	4,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Como vemos en la tabla los recortes del personal médico en el conjunto del sistema sanitario puede alcanzar en los médicos  la nada desdeñable cifra del 8,7%, con diferencias importantes entre CCAA (que van del 13,2% en Aragón al 7% en Cantabria lo que supone un 47% de diferencia) según el grado de envejecimiento de su población profesional .

Aunque en todas las CCAA los recortes de plantillas los podemos catalogar de brutales podríamos agruparlas en tres categorías según la intensidad de las reducciones de sus plantillas de médicos:

1.- CCAA con reducción importante en la platilla de facultativos, por encima del 10%: Aragón, Asturias, Pais Vasco y Galicia. Aunque las tres primeras tienen un número de médicos por mil habitantes superior a la media, Galicia está por debajo de la misma por lo que la reducción incrementará  su déficit 

2.- CCAA con reducción media de plantillas  entre el 8 y el 10%: Castilla y León,  Comunidad Valencia, La Rioja, Andalucía, Canarias, Baleares, Cataluña y Murcia. En esta caso salvo Castilla y León y Cataluña las CCA están por debajo de la media en médicos por habitante

3.- CCAA con reducción relativamente menor de plantillas, por debajo del 8%: Extremadura, Madrid Navarra, Castilla la Mancha y Cantabria . En este grupo Extremadura y Castilla la Macha están por encima de la media.

Este ERE (Expediente de Reducción de Empleo) encubierto, supone una paso más en el camino de utilizar la crisis y la teórica necesidad de reducir déficit, para desmantelar servicios esenciales para la comunidad como es la sanidad pública. La sanidad es uno de los sectores donde no es posible sustituir personal por máquinas, por lo que estos recortes contribuirán a reducir el acceso a la asistencia sanitaria y a los cuidados de salud. Numerosos estudios relacionan el número de médicos y de enfermeras en los centros sanitarios con incrementos en la mortalidad.

Consecuencias:

Evidencias existente entre el número de médicos por habitante y el nivel de salud

• Cada percentil de aumento de Médicos de Familia  está asociado con un incremento del 4% en la probabilidad de diagnóstico precoz del cáncer de Mama (1),  estadísticamente significativo
• Las tasa de incidencia de cáncer cérvico-uterino en fase avanzadas son menores en áreas mejor dotadas de Médico de Familia  aunque no en las de  mayor nº ginecólogos (2)
• La detección de melanomas en etapas iniciales está asociada significativamente con las de mayor nº de Médicos de Familia (no así con dermatólogos) (3)
• Existe relación significativa entre dotación de recursos humanos en Atención Primaria  e indicadores generales de salud
• En Gran Bretaña cada médico adicional por 100.000 habitantes está asociado con un decrecimiento de la tasa  de mortalidad ajustada socio-demográficamente entre el 3 y el 10%
• En USA por cada incremento en el nº médicos Atención Primaria  determina una reducción de 1,44 muertes por cada 100.000 habitantes (4)
• Con los datos del último informe de la OCDE (2009) hay una correlación positiva entre la densidad de profesionales médicos y de enfermería y la esperanza de vida al nacimiento

Conviene recordar  que esta política de recorte de personal sanitario público se está aplicando  en un país como España donde el porcentaje de personas adultas que trabajan para el sector público es sólo el 9%, uno de los más bajos de la UE-15 (cuyo promedio es el 16%). En los países escandinavos es el 26% para Dinamarca, el 22% para Suecia y el 19% para Finlandia. Parece por tanto que más que una propuesta racional, la reducción de plantillas del sector público responde a una estrategia ideológica neoliberal de dejar espacio al sector privado a la hora de proveer servicios públicos. .

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Abril  de 2012

BIBLIOGRAFÍA

1.- Frerante JM GE, Pal N, Roetzheim RG. “Effects of physician supply on early detecnion of breast cancer” J Am Board Fan Pract 2000;13(6):408-14

2.- Acmpbell RJ RA, Perez K, Roetheim RG.”Cervical cancer rates and teh supply of primary cer physician in Florida”.Fam Med.35(1):60-4.

3.-  Roetheim RG PN, Van Durme DJ, Wathihintong D. Ferrante JM, Gonzalez EC et al.”Increasing supplies of dermatologists and family physicians are associated with earlier of melanoma dtection”.J Am Acal Dermatol.2000;43:211-8

4.- Shi L, Macinko J,Starfield B,Politzer R,Xu J.”Primary care, race, and mortelity in US states”.Soc Sci Med.2005 Jul;61(1):65-75

5.- Villabi JR,Guarga A, Pasarin MI,Gil M,Borrell C, Ferran M, et al.”An evaluation of the impact of primary care reform on health”. Aten Primaria.1999 Nov 15;24(8):468-74

¿Dónde están ahora los defensores de la familia?

 

Durante la etapa de gobierno de José María Aznar aumentó la desigualdad y la pobreza

12/04/2012 00:00 / Juan Torres López

 

Mientras ha estado gobernando el PSOE la jerarquía de la Iglesia Católica ha organizado actos en defensa de la familia a los que se sumaban complacidos los dirigentes del Partido Popular. Unos y otros afirmaban que era necesario porque la secular institución estaba en peligro por los ataques que recibía del gobierno socialista.

 

Se trataba de una reacción cuanto menos curiosa porque lo cierto es que cuando gobiernan las derechas que tanto defienden a la familia, como ha sucedido en el franquismo y luego con los gobiernos del PP y de algunos nacionalismos, lo que hacen no es precisamente mejorar las condiciones de vida de las familias. Una paradoja singular.

 

Las acciones que lleva a cabo el PP cuando está en la oposición, llenándose la boca de valores familiares, y cuando gobierna son buena prueba de esa contradicción. Como también lo es la actitud de los obispos de derechas ante la familia cuando gobiernan unos u otros.

 

En la anterior etapa de gobierno del PP, liderada por Aznar, los ingresos de la inmensa mayoría de las familias, los de rentas más reducidas, bajaron; aumentó su endeudamiento; el precio de la vivienda en donde viven se disparó; e incluso los puestos de trabajo que consideraban como la muestra del milagro español fueron en su mayor parte muy precarios y de bajo salario, lo que hacía aumentar el stress que sufren los distintos miembros de las familias trabajadoras y especialmente las mujeres. Y el gasto social destinado a cubrir las necesidades de las familias en educación, s alud, cuidados a personas dependiente, pensiones, etc. bajó en relación al PIB hasta los niveles que había a la muerte de Franco, lo que hizo que la diferencia con Europa aumentara en 8,6 puntos de 1996 a 2004.

 

La consecuencia de ello fue que en la etapa de gobierno de Aznar aumentó la desigualdad y la pobreza, sobre todo, la de las personas mayores y la infantil.

 

En definitiva, cuando ha gobernado la derecha se ha hablado mucho de familia pero, al final, los datos muestran que no se dedican muchos recursos, o todos los necesarios, para ayudarlas de verdad y mejorar su condición y el bienestar de sus componentes. Las familias que en la época de Aznar vivían de los beneficios empresariales sí salieron bien paradas puesto que éstos aumentaron en un 73% en ese periodo, pero las que dependían de los salarios, la inmensa mayoría, no tanto, puesto que solo subieron un 3,7%.

 

Y ahora con Mariano Rajoy, después de tanto discurso y manifestaciones a favor de las familias españolas, resulta que parece que vamos a seguir por el mismo camino.

 

Los recortes sociales que se han llevado a cabo en solo 100 días, los que contemplan los Presupuestos y los que se anuncian ya casi sin disimulo para el futuro, pueden ser dramáticos para las familias españolas.

 

El gobierno se dispone a recortar el derecho universal a la salud, aún más de lo que ya han hecho las derechas de Cataluña y Valencia, ha reducido o incluso eliminado recursos destinados a servicios familiares básicos como los de atención a la dependencia, ha eliminado el fomento a la emancipación (que al fin y al cabo es lo que permite crear nuevas familias) mediante las ayudas al alquiler a jóvenes. Los Presupuestos contemplan recortar la partida destinada a la gratuidad o reducción del precio de la matrícula universitaria para familias numerosas de tres hijos y ha eliminado los programas de escolarización de los niños y niñas de 0 a 3 años, mientras contemplan una reducción del 42,6% en los fondos destinados a familia e infancia, del 38,6% en los que atienden a personas mayores, o del 21,3% en los destinados a prevenir la violencia machista.

 

¿No es eso un ataque en toda regla a la institución familiar española? Me gustaría saber dónde están ahora los obispos y los fervientes defensores de la institución familiar que antes salían tan belicosos en las manifestaciones. ¿Por qué no condenan ahora su pérdida de bienestar y el sufrimiento de las que están padeciendo los recortes de derechos? Si lo que quisieran de verdad fuese defenderla, estarían de nuevo en las calles clamando contra estos recortes. Si no lo hacen, no me queda más remedio que pensar que todo era un ardid, una excusa para atacar demagógicamente a otro gobierno que no les gustaba, que en realidad se trataba de una farsa simplemente montada para recuperar el poder y los privilegios, que es lo único que parece interesarle.

 

*Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla

El fin no justifica los medios, pero estos conseguirán su fin "privatizarlo todo"

 

El Gobierno propondrá a las autonomías implantar el copago en función de rentas

Lo hará en el Consejo Interterritorial del día 18 después de que la ministra advirtiera ayer de que «la sanidad es insostenible»

 

12.04.12 - 00:27

Pagar los medicamentos en función del nivel de renta de cada paciente. Es lo que tiene en mente el Gobierno de Mariano Rajoy para conseguir recortar 7.000 millones de euros del actual sistema sanitario. La propuesta, de la que ayer ya habló en los pasillos del Congreso la ministra de Sanidad, Ana Mato, se presentará oficialmente a las autonomías en la reunión que mantendrá el próximo miércoles, día 18, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Mato desveló la primera incógnita sobre la inminente reforma sanitaria al asegurar que veía factible aplicar «este mismo año» un sistema de 'copago' de recetas en función de la renta de los pacientes, por tramos. Actualmente, salvo los enfermos crónicos y jubilados, todos los ciudadanos pagan el 40% de los fármacos. Según la ministra, gracias al cruce de datos informáticos de Hacienda, Seguridad Social y Sanidad, la puesta en marcha de este nuevo sistema de 'repago', no sería ni complicado ni costoso. Eso sí, dejó claro, que la medida debería ser refrendada por el Consejo Interterritorial, es decir, por las autonomías, que son las que tienen ahora las competencias en materia sanitaria (no así en cuestión de copago de medicinas que sigue estando en manos del Gobierno central).

Mato compareció en el Congreso en respuesta a una interpelación del PSOE. Fue allí donde dijo que «la sanidad es absolutamente insostenible en este momento», con una deuda que cifró en 16.000 millones de euros, de la que a Asturias le correspondería 303 millones, según los datos que en enero pasado dio la Consejería de Sanidad del Principado.

Uno para todo el país

El ministerio está trabajando también en la elaboración de un catálogo de servicios sanitarios básicos que tendrán que cumplir, por ley, todas las comunidades. Fuentes de Sanidad precisaron de que no se trata de reducir prestaciones sanitarias que precisen los ciudadanos «sino de establecer un mismo catálogo en todo el país» y que no haya disfunciones entre autonomías.

Se limitarán aún más

La cartera de Ana Mato considera que estos tratamientos no son esenciales y, pese a que los seguirá financiando, el acceso a los mismos se restringirá aún más. Sólo costeará los casos patológicos previamente diagnosticados, lo que deja fuera a las pacientes lesbianas, entre otras muchas. Tampoco cubrirá las vasectomías como método anticonceptivo. Los beneficiarios deberán justificar la existencia de una enfermedad o la posibilidad de transmitir una dolencia grave a su descendencia. Los recortes en materia de fertilidad fueron criticados ayer por el Centro de Fecundación in vitro de Asturias (Cefiva), que acusó al gobierno actual y a los políticos en general, de «ver los tratamientos de reproducción asistida y los problemas de infertilidad como si fueran un lujo», lamentó Pedro de la Fuente.

Control férreo

Acabar con las irregularidades del llamado turismo sanitario es otro de los objetivos. Se trata, en la mayor parte de los casos de turistas europeos que vienen a España a recibir tratamiento.

De momento, no se baraja

Sanidad no sopesa, al menos, de momento, implantar el euro por receta que ya aplica Cataluña, ni el pago por acudir a consulta. Tampoco que se abone un ticket diario por hospitalización, como propuso ayer el consejero catalán de Salud.

Compras y tarjeta sanitaria única

La idea es que en lugar de que cada consejería o cada hospital negocie y compre de forma individual, se haga a través de una central de compras. También se sopesa crear una tarjeta sanitaria operativa en todo el país.

Aguirre aplica en Madrid la mayor subida del transporte en 10 años

        METRO DE MADRID »

 Las tarifas del transporte aumentan de media un 11% a partir de mayo, el mayor nivel desde que Aguirre gobierna

 El metrobús se incrementa un 29% e ir al aeropuerto costará cinco euros, el doble que ahora

 Aguirre apunta a la progresividad en el pago del transporte público

 PILAR ÁLVAREZ Madrid 11 ABR 2012 - 00:19 CET

 Las novedades

A partir de mayo se incluye un nuevo título de 10 viajes solo para el autobús urbano. Costará 18 euros y permitirá hacer transbordos durante una hora de un autobús a otro.

Viajar con un billete sencillo dentro de la zona A de Metro (casi equivalente al término municipal de Madrid) será más caro para algunos usuarios desde junio. Seguirá costando 1,50 euros para quienes recorran cinco paradas o menos. A partir de la sexta, deberán abonar 10 céntimos más por estación hasta un máximo de dos euros.

En verano comenzará a distribuirse la nueva tarjeta sin contacto, similar a una tarjeta de crédito, que permite combinar abonos en un mismo título y almacenar información de los hábitos de viaje del usuario. Esta fórmula abre la puerta a un sistema tarifario distinto y mucho más personalizado.(leer más)