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Freno a las hernias

Freno a las hernias
Dr. Jose Ignacio Jorge Barreiro, Jefe de Servicio de Cirugía.
 
El servicio de Cirugía logra que ningún paciente con colostomías sufra complicaciones en el abdomen

14.04.12 - 03:37 -

Es uno de los problemas más frecuentes en las personas con colostomías, conocidas popularmente como las 'bolsas' para recoger las heces. Y es que al menos la mitad de esos pacientes sufren una hernia, lo que les obliga a regresar al quirófano en una operación de gran complejidad.
«La prevención de las hernias paraestomacales es uno de los retos actuales en la cirugía de pared abdominal», explica el doctor José Ignacio Jorge, jefe del servicio de Cirugía. Profesionales de todo el mundo buscan la forma de evitarla. Y el Hospital San Agustín se encuentra entre los centros pioneros en encontrar una respuesta para estos enfermos.
Así quedó demostrado en el Congreso Mundial de Pared Abdominal recientemente celebrado en Nueva York con la participación de dos profesionales del hospital avilesina. En el simposium, presentaron el estudio que analiza la evolución de las colostomías realizadas en Avilés durante los dos últimos años. De 19 pacientes estudiados, ninguno había desarrollado una hernia, cuando la estadística señala que debería ser, al menos, el 50%.
Los resultados presentados recibieron el elogio de los médicos presentes en el congreso estadounidense.
Este éxito se logra gracias a la colocación de mallas intraperitoniales durante la cirugía para la colostomía. «Aplicamos la técnica de Sugarbaker para evitar las complicaciones. Si no estoy equivocado, somos uno de los centros pioneros en España y en Asturias en hacerlo», comenta el doctor Jorge. El jefe de los cirujanos explica que esta solución comenzó a desarrollarse gracias a dos avances técnicos.
«Por una parte, las mallas que ponemos cada vez son de una mejor calidad, biocompatibles, lo que reduce los rechazos. Por otra parte, se solucionó el problema de la fijación, ya que utilizamos unos trackers absorbibles. Los sistemas anteriores no eran seguros para el paciente», asevera el cirujano.
La colostomía terminal se aplica en casos de enfermedades inflamatorias y en cáncer colorrectal. La media en Avilés es de unas 15 intervenciones de este tipo al año, aunque la cifra va en aumento. «Esta solución se generalizará en todos los pacientes, tanto por las ventajas para él como por el ahorro que supone para el sistema», comenta el doctor Jorge. El servicio seguirá estudiando la evolución de los pacientes para aportar nuevas evidencias sobre esta técnica.
Cuando se producía la hernia, la única opción era regresar al quirófano. En esa operación, se debía realizar otra colostomía al paciente, además de colocar la malla contra la hernia. La actividad investigadora del servicio de Cirugía del Hospital San Agustín tiene una nueva cita en el Congreso Nacional de Coloproctología con un video sobre el tratamiento de prolapsos rectales con malla mediante cirugía laparoscópica.

El Hospital Sa Agustin aumenta el número de habitaciones individuales

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El San Agustín aumenta el número de habitaciones individuales
Oncología y Hematología se benefician de la nueva medida ante la disminución de la presión asistencial

14.04.12 - 03:39 -
El Hospital San Agustín ha decidido aumentar el número de habitaciones individuales, según el plan de la gerencia que busca repercutir en un incremento de la calidad la reducción de la presión asistencial que se registra durante la primavera y el verano.
Así, desde ayer dos habitaciones de la planta tercera sur pasarán a tener un uso exclusivamente individual. Las quince habitaciones de esta unidad albergan enfermos de Oncología, Hematología y Ginecología-Obstetricia.
«En principio, los pacientes de Oncología y Hematología son los que más utilizarán las habitaciones individuales; puede haber algún caso de Ginecología y Obstetricia, pero serán menos frecuentes por el tipo de patologías», explica Ana Olga Álvarez Ochoa, supervisora de enfermería en la tercera sur, dedicada a las pacientes de Ginecología
Estas nuevas habitaciones individuales ya se encuentran disponibles desde el pasado jueves y se ocuparon con los primeros pacientes. En principio, se reservarán para enfermos con patologías complejas y, si fuese necesario, para casos terminales. En ambas especialidades son frecuentes los ingresos largos, llegando a los seis meses en algunos casos, con lo que la utilización de una habitación individual representa una gran ventaja. La intención de la dirección es mantener estas dos habitaciones todo el tiempo posible.
En el caso de Hematología ya se venían utilizando habitaciones individuales para los enfermos con carencia en el sistema inmunológico y que necesitaban permanecer aislados. En ese caso, se anulaba la segunda cama de la habitación. «Si fuese necesario por un aumento del número de pacientes inmunodeprimidos, seguiremos anulando camas», explica la supervisora.
No obstante señala que la posibilidad de contar con las habitaciones individuales «es una gran ventaja para la organización del servicio y el propio trabajo de los profesionales de enfermería».
Con esta decisión, ya son 14 las camas individuales en diferentes especialidades en el Hospital San Agustín. Hasta el pasado mes de marzo, sólo el servicio de Medicina Interna y Neurología disponía de seis de estas habitaciones para patologías complejas.
«Aumentar el bienestar»
El pasado marzo, la gerencia decidió aprovechar la reducción de la presión asistencial para aumentar el número de habitaciones con un único paciente en vez de organizar el cierre de plantas. Por ejemplo, el pasado año, la tercera sur, que ahora incorpora dos habitaciones individuales, permaneció cerrada durante cinco meses por la disminución del número de pacientes.
Además, con este sistema se mantiene la agrupación de enfermos en función de sus patologías, una demanda que realizaban los sindicatos en anteriores cierres de plantas y que no siempre se veía satisfecha. En principio, las habitaciones se habilitan para la primavera y el verano.
En su momento, el gerente del San Agustín, Fernando Tejada, explicó que con esta medida se quería «trasladar al bienestar de los pacientes y los profesionales la reducción en la presión asistencial». La reorganización no implica un aumento en el gasto del centro ya que se mantiene la plantilla.
El aumento del número de habitaciones individuales comenzó a aplicarse el pasado 30 de marzo. En los primeros quince días, la medida ha sido bien acogida tanto por los profesionales como por los pacientes y sus familias.
«Los pacientes se encuentran mucho mejor y los profesionales también nos transmiten su satisfacción», explica María Ángeles Fernández Pérez, subdirectora de Enfermería. A estas camas, se unen las 17 habitaciones de Maternidad, que desde 2006 se utilizan de manera individual salvo en los momentos en que el número de nacimientos lo impide.

Criminalización y supresión de derechos civiles: cuando se carece de la fuerza de la razón “la derechona española” siempre recurrió a la razón de la fuerza y la represión … no pasó hace tanto, por desgracia.

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Demagogia punitiva y criminalización de la protesta

Gerardo Pisarello y Jaume Asens
Juristas y miembros del Observatorio DESC de Barcelona

En Público.es

Tras la huelga del 29-M, el gobierno del PP y algunos gobiernos autonómicos como el de Catalunya, encabezado por CiU, han anunciado el endurecimiento de las técnicas de represión policial y del Código Penal. Estas propuestas incluyen la restricción del derecho de reunión, el fomento de la delación ciudadana, la ampliación de conductas constitutivas de atentados contra la autoridad y la incorporación en el delito de integración en organización criminal la “alteración grave del orden público” y la concertación de concentraciones violentas por medios como Internet o las redes sociales.

Ninguno de estos anuncios se ha producido de manera aislada o caprichosa. Todos se inscriben en el clima creciente de protestas contra los recortes de derechos sociales básicos realizados con la excusa de la reducción del déficit y de la deuda pública. Estos recortes suponen graves incumplimientos de la legalidad constitucional e internacional vigente, y han tenido un impacto notable en la calidad de vida de amplios sectores de la población, comenzando por los jóvenes.

Las medidas anunciadas reflejan, además de una deriva autoritaria, un acto de impotencia política que pretende ocultar las cesiones a los poderes económicos y financieros con la exacerbación de instrumentos penales que generen una impresión de firmeza. Esta actitud no es nueva. Forma parte, en rigor, de un populismo punitivo que ha acompañado el desmantelamiento del llamado Estado de bienestar y que se ha intensificado con el estallido de la crisis financiera actual. Como distintas organizaciones judiciales han señalado, si en verdad el Gobierno quisiera atajar fenómenos como el vandalismo gratuito, ya cuenta con instrumentos suficientes para hacerlos. El propósito de fondo, no obstante, parece otro: reinstalar, como ha declarado el Conseller Puig, “el miedo al sistema” a través de medios punitivos que permitan hacer frente a las nuevas formas de protesta aparecidas en el último año. No es otro el sentido que cabe atribuir a la pretensión de incluir la resistencia pacífica y pasiva –característica del 15-M- en el delito de atentado contra la autoridad con elevadas penas de prisión.

Es especialmente grave que para impulsar estas medidas se haya tomado como excusa una jornada de huelga general caracterizada por su masividad y su carácter pacífico. Esta realidad ha sido ignorada por el gobierno, que ha puesto todo su empeño en distorsionar y exagerar algunos actos aislados de violencia para crear una situación de alarma social que justifique la intensificación de la represión. Esta visión de las cosas es interesada y parcial. Buena parte de la violencia producida el 29-M tuvo que ver con actuaciones contra los trabajadores y las personas que se manifestaban. Solo en Barcelona se recabaron decenas de denuncias por coacciones empresariales, que bien podrían ser constitutivas de los delitos contra la libertad sindical contemplados en el artículo 315 del Código Penal. La brutalidad policial, por su parte, dejó un saldo de dos personas operadas de urgencia del bazo y otras dos con impactos de balas de goma en un ojo y altas probabilidades de pérdida de visión. En total, el servicio de emergencias médicas atendió a unas 80 personas, de las cuales 23 fueron derivadas a diversos hospitales. Nada de ello ha recibido reproche institucional alguno. En cambio, se han utilizado de manera abusiva tipos penales como los desórdenes públicos o los atentados a la autoridad para inculpar o encarcelar arbitrariamente a personas que participaron en las protestas.

Muchas de estas detenciones preventivas dictadas con ánimo ejemplificador evocan prácticas normales hace 40 años, en pleno régimen franquista, pero deberían estar desterradas de cualquier régimen que se pretenda mínimamente democrático. Es más, en un contexto de exclusión y precarización social crecientes, los poderes públicos deberían ser especialmente respetuosos con el derecho de crítica y de manifestación de la ciudadanía. Esta obligación debería ser especialmente intensa respecto de aquellos grupos que menos voz tienen en el espacio público. Y debería ser especialmente intensa, también, respecto de derechos específicos como el de huelga, que no en vano goza de mayor protección constitucional que la libertad de empresa y que, en ciertas circunstancias, prevalece sobre otros como la libertad de circulación. Nada de esto supone otorgar carta blanca a la violencia indiscriminada. Sin embargo, las conductas antijurídicas deben sancionarse por lo que son, y no por su vínculo imaginario con el “terrorismo”, la “guerrilla urbana” u otros fenómenos que nada tienen que ver con la actual protesta social.

Las propuestas de los gobiernos del PP y de CiU expresan un intento torpe de criminalizar el malestar generado por la gestión de la crisis y se enmarcan en una lógica de excepción, propia del Derecho Penal del enemigo. De llevarse adelante, sólo deslegitimaran más sus políticas, amenazaran la cohesión social y aumentarán la sensación de bloqueo de las vías institucionales de crítica. Frente al uso demagógico del discurso securitario solo hay una respuesta: ganar la calle y exigir la seguridad en el respeto a los derechos civiles, políticos y sociales de toda la población. Este será el sentido del acto ciudadano contra el miedo y por la libertad convocado en Barcelona mañana 14 de abril, fiesta republicana.

RECOGIDA DE FIRMAS EN  ACTUABLE FRENTE ESTE INTENTO DE ATENTADO A LOS DERECHOS HUMANOS (...antes de que sea declarado ilegal tambien hacer esto) 

Una inyección en salud

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La cantidad equivale al coste del equipamiento informático del nuevo HUCA

Foto: Área ambulatoria del nuevo HUCA, con el edificio de hospitalización a la derecha. Armando Álvarez

La Voz de Asturias. 14/04/2012 00:00 / J.P.Z. Oviedo

Los 46 millones que el Gobierno del Principado ingresará de la Administración central dan para mucho. Más aún en un contexto de profunda recesión económica, con una caída generalizada en los ingresos. El Ejecutivo autonómico, lógicamente, todavía no ha aclarado el destino que les dará a estos 46 millones, entre otras cosas, porque ni siquiera se sabe todavía la fecha concreta del ingreso.

 

Sin embargo, una cantidad tan importante, sanitariamente hablando, siempre es bienvenida. Este periódico, con la ayuda de algunos expertos sanitarios, ha echado cuentas. Algunos de los ejemplos son de por sí bastante ilustrativos. 46 millones de euros dan para poner en marcha diez centros de salud grandes, en áreas urbanas, como los que están previstos para Pola de Lena o Colloto. Cada uno de los grandes centros de Atención Primaria diseñados por la Administración sanitaria tiene un coste de unos 4,5 millones de euros, según las fuentes consultadas por este periódico. Los centros de salud rurales, más pequeños, tienen un precio muy inferior, por lo que los 46 millones de ingresos extra darían para muchos más.

 

Otro buen ejemplo sobre la magnitud de la cifra puede verse en el área sanitaria de Jarrio. Los 46 millones ganados en los tribunales se estima que garantizarían el funcionamiento durante un año del área entera, incluido su hospital de cabecera, durante todo el año.

 

Si volvemos la mirada sobre las inversiones sanitarias, la cifra permitiría financiar todo el equipamiento informático del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias, así como el centro de respaldo de toda la red sanitaria, esto es, el edificio donde se guardan las copias de seguridad de toda la información informatizada.

 

Por último, este ingreso inesperado también tiene su traslación a las políticas de salud pública. Se estima, por ejemplo, que garantizarían las de todo un año, incluidos los tratamientos farmacológicos para los afectados de VIH-SIDA y el equipamiento del nuevo hospital Álvarez Buylla en Mieres. Si reducimos la visión sólo sobre las políticas de salud pública, los 46 millones costearían casi tres años de legislatura.

 

El Gobierno del Principado no ha comentado todavía cuándo espera recibir el ingreso. Algunas fuentes consultadas por este periódico indican, sin embargo, que estas situaciones generadas por sentencia no suelen demorarse.

El pulso por el traspaso sanitario le costará a Montoro 13 millones extra

Archivada la denuncia de los gestores de la Fundación del Niemeyer contra el Principado

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El centro cultural de la ría, en el foco de la polémica l El proceso judicial

La fiscalía no ve indicios de delito en el hecho de que Foro hiciera públicas facturas y acusara de graves irregularidades a los ex responsables del centro

 Rebollo afirma que no recurrirá la decisión en aras de que se retome el diálogo.  Avilés

Lne.es » Avilés Teresa CEMBRANOS

Los gestores de la Fundación del Niemeyer han perdido la primera batalla jurídica contra el Principado. El fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero ha ordenado archivar la denuncia presentada por el secretario de la entidad, José Luis Rebollo, contra el Gobierno regional al entender que no existen indicios de delito. Rebollo decidió el pasado mes de noviembre pedir el amparo de la fiscalía por lo que consideraba una «agresión continua del Gobierno de Asturias» después de que los responsables de Foro hicieran públicas facturas y acusaran a los entonces gestores del complejo cultural de cometer «graves irregularidades económicas», entre otras. Ahora, Herrero considera que los hechos denunciados -supuestos delitos de revelación de secretos, calumnia e injuria- «no deben enmarcarse dentro de la vía penal sino, en su caso, en la administrativa».(leer más)

http://www.elcomercio.es/20120413/asturias/aviles/fiscalia-archiva-diligencias-investigacion-201204131440.html

BUSCAS 13/04/2012

BUSCAS  13/04/2012

 

 

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http://www.hsa.es/enviar/uploads/docs/bepe.pdf

Los recortes “ad infinitum”…

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El Gobierno asturiano, silencioso y más sumiso incluso que los del PP

Oviedo / Madrid, P. Á. / Efe, en La Nueva España

El Gobierno asturiano permanece mudo en pleno debate nacional sobre los recortes en servicios tan básicos como los sanitarios y los sociales. La Consejería de Sanidad del Principado perseveró ayer en esta actitud de mutismo, derivada de su voluntad de llegar a un pacto con el Partido Popular para que Francisco Álvarez-Cascos pueda presidir el Ejecutivo regional en los próximos años.

Se supone que José María Navia-Osorio, titular en funciones de la Consejería de Sanidad, tendrá que pronunciarse en algún sentido en la próxima reunión plenaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un órgano en el que participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Ese encuentro está programado para el próximo día 18.

El Gobierno en funciones de Cascos está mostrándose incluso más sumiso que otros ejecutivos gobernados por el PP. Por poner sólo dos ejemplos, el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, aseguró ayer mismo que en su comunidad no habrá «copago sanitario». Por su parte, el presidente extremeño, José Antonio Monago, afirmó que «no» es partidario de esta medida para Extremadura debido a las «características» de la región.

Las autonomías critican el recorte de unos 283 millones y Sanidad habla de «herencia socialista»

Madrid, Agencias, E. G., en La Nueva España

Distintos consejeros del área de Bienestar Social han transmitido ayer a la Ministra del ramo su preocupación por el recorte en este ejercicio de los 283 millones de euros del nivel acordado -fondos que transfiere el Gobierno a las comunidades para completar la financiación del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD).

Y, como no podía ser de otra forma, Ana Mato echó mano al argumento preferido del Ejecutivo en estos primeros cien días de gobierno: «La situación económica de España es fruto de la herencia recibida» y ha llamado a la eficacia en la gestión. «Deben hacer un especial esfuerzo y priorizar como ha hecho el Gobierno», ha señalado en relación a las dificultades planteadas por comunidades como Canarias sobre la viabilidad del sistema.

La Ministra, en todo caso, no lo pone especialmente negro en materia presupuestaria y recordó ayer a los consejeros que en este ejercicio se mantiene el presupuesto global para Dependencia, que ahora supone el 61% del total de los fondos de que dispone el Ministerio, y ha destacado que si bien el Gobierno ha hecho un ajuste, a la vez ha aplazado la incorporación de nuevos dependientes moderados al sistema, «relajando» la presión sobre las diecisiete comunidades autónomas.

El Ministerio admite que «están abiertas todas las opciones» para sostener la sanidad

Sevilla, Europa Press

La directora general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Sagrario Pérez Castellanos, admitió ayer que el Ejecutivo central tiene abiertas «todas las opciones» para poder sostener el actual modelo sanitario, ya sea el establecimiento del euro por receta de Cataluña, el copago farmacéutico o que los ciudadanos aumenten su aportación en función del nivel de renta (progresividad).

Pérez Castellano participó en Sevilla en el Foro «Salud, Sociedad y Empresa», organizado por Novartis. Aunque admitió que «todas las opciones están encima de la mesa» con vistas a la próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, reconoció: «Es evidente que hay algunas que nos gustan más».

La directora general apeló al consenso de todas las comunidades autónomas en la próxima reunión del citado órgano interterritorial. Al ser cuestionada acerca de si es posible alcanzar acuerdos para una cartera de servicios básica para la totalidad de las regiones, Pérez Castellano se mostró «convencida» de lograrlo, «porque es absolutamente imprescindible y necesario para el ciudadano». «Lo que no es posible y de recibo es que una técnica (diagnóstica) en unos sitios se considere que no es válida y en otros sí», lamentó la colaboradora de Ana Mato, para quien «de lo que se trata es de unificar los criterios».

OPINIONES:

Los recortes en Sanidad: un verdadero despropósito

Marciano Sánchez Bayle, Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es

Los nuevos recortes en educación y sanidad anunciados de manera casi clandestina por el Gobierno constituyen un verdadero despropósito y no solo por la manera en que se han publicitado en un baile de contradicciones y desmentidos de unos y otros (interesantes las intervenciones de Guindos y Florian para un teatrillo del absurdo), sino sobre todo porque ni se explicita como se van a llevar a cabo (las medidas concretas) y menos aun como se va a obligar a las comunidades autónomas a adoptar estos recortes en estas áreas concretas.

Proponer un recorte tan amplio sin aclarar en que conceptos pretende hacerse plantea al menos dos problemas adicionales, el primero es la perdida de credibilidad del gobierno que parece hacer la propuesta sin ningún fundamento concreto y de una manera apresurada y poco razonada porque si no fuera así no habría problema en especificar que es exactamente lo que se quiere hacer y de donde saldrá esta disminución del gasto; la segunda es que cabe sospechar que va a suceder como en Cataluña, que se pretende un recorte indiscriminado que en un tema como la sanidad es difícilmente justificable y que desde luego va a producir serios problemas de desatención y por lo tanto para la salud de muchas personas.

Un asunto especialmente importante es que, como sucedió con las declaraciones del Sr de Guindos, parece que tras estas decisiones/propuestas se esconde un profundo desconocimiento de las normas de funcionamiento de nuestro país. Como es conocido el modelo actual de financiación de las comunidades autónomas aprobado en 2001 y en 2009 se basa en la transferencia del estado a las mismas de unas determinadas cantidades y en la capacidad de las autonomías para redistribuir el presupuesto para atender las diferentes competencias que tienen asumidas, es decir que el modelo es no finalista y el gobierno no tiene capacidad para imponer a las CCAA recortes en temas concretos sino tan solo en las cuantías globales que transfiere a las mismas, y son estas las que, en última instancia tendrán que decidir si trasladan estos recortes a educación y sanidad y en que cuantía o prefieren hacerlo a otras partidas de gasto.

Otro aspecto que también parece desconocerse es que las comunidades autónomas tienen capacidad normativa sobre algunos impuestos y pueden optar, si se produce esta disminución de las aportaciones estatales, por incrementar todos o algunos de ellos para subir la recaudación y por lo tanto los fondos disponibles, que por supuesto también pueden decidir autónomamente a que conceptos dedican.

Desde el Gobierno los recortes en Sanidad pueden decidirse en dos aspectos, aquellas transferencias que se hacen de manera condicionada desde el presupuesto del Ministerio de Sanidad (ya lo ha hecho en el proyecto de presupuestos en lo referente a la Salud Pública), que son partidas de menor cuantía en el entorno del gasto sanitario, y desde luego en lo que respecta a la política farmacéutica mediante fijaciones de precios, financiación selectiva, financiación por grupos terapéuticos equivalentes, etc. Se trata de un aspecto importante tanto por su volumen de gasto (alrededor del 30% del gasto sanitario), como por la posibilidad real de ahorro potencial sin alterar la calidad de la prestación, pero por supuesto la política concreta de cada autonomía es muy importante a la hora de hacer operativas estas medidas porque intervenir sobre los precios es un parte de las actuaciones, pero hay muchas otras dirigidas a evitar prescripciones inadecuadas que a largo plazo son las mas efectivas.

En resumen estamos ante una situación muy preocupante en la que el Gobierno no parece tener propuestas fundamentadas sobre los recortes, o las tiene y es incapaz de defenderlas públicamente, además de que se invaden competencias de las CCAA a las que simplemente se ningunea. Desgraciadamente todo parece indicar que estamos ante una ofensiva muy seria para desmantelar el sistema sanitario público en nuestro país lo que, en la actual situación económica puede llevar a un importante deterioro de la salud de la población.

Con muchos matices de ámbitos territoriales, del cómo uy el qué y niveles de representación de las distintas sociedades…

Los médicos de familia, partidarios del copago de los medicamentos según la renta

Los facultativos rechazan la propuesta de Cospedal de que la sanidad pública deje de financiar determinados fármacos para usos menores o con un precio más bajo

Madrid / Oviedo, Agencias / P. Á., en La Nueva España

Algo se mueve, y esta vez parece que va en serio. El Foro de Médicos de Atención Primaria defendió ayer la modificación del actual sistema de copago farmacéutico vigente en España, de manera que los ciudadanos paguen por sus medicamentos en función de la renta que perciban. Sin embargo, la citada organización rechazó la implantación de tasas por consulta médica o por receta, como ya se ha aprobado en Cataluña. Los médicos de los centros de salud asturianos se han pronunciado en términos semejantes, aunque con matices de mayor o menor envergadura.

Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), subrayó que el actual sistema de copago de medicamentos es «antiguo y tiene que ponerse al día». «Nos parece equitativo el pago por renta», agregó Basora, quien criticó la «simple clasificación» entre pensionista y trabajador activo actualmente en vigor, en función del cual los pensionistas no pagan nada por los medicamentos con receta médica, mientras que los trabajadores activos abonan un 40 por ciento del importe. «No responde a la situación actual social y económica», indicó el responsable de Semfyc.

Muy similar fue la versión del presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), José Luis Llisterri, quien, sin embargo, expresó su rechazo a la implantación de un pago por consulta. «El copago puede ser especialmente peligroso en ciertas áreas, como pacientes crónicos o con rentas bajas», señaló Llisterri. A su juicio, el pago de «un simple euro» puede propiciar un aumento de complicaciones de enfermedades. «Ya hay estudios que indican contundentemente que los pacientes en los que se establece un copago dejan de tomar las pastillas, y este incumplimiento conduce a una mayor morbilidad y mayores ingresos», precisó del presidente de Semergen.

En Asturias, Manuel Amadeo Fernández Barrial, presidente regional de Semergen, indicó que esta organización aún no ha adoptado una posición oficial a nivel autonómico. Su planteamiento personal es «contrario, al menos en un principio, a todo lo que sea establecer barreras económicas para que el paciente llegue al médico», filosofía que aplica a cualquier tipo de copago. En todo caso, precisa, «lo primero es que las autoridades sanitarias aclaren qué es lo que piensan hacer y luego que los demás nos pronunciemos».

Entre tanto, el presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc), José María Fernández Rodríguez-Lazín, expresó el apoyo de esta organización al copago de los medicamentos, pero con dos premisas. La primera, que sea fruto «del consenso entre todas las comunidades autónomas». La segunda, que la citada medida se ponga en marcha de forma simultánea a muchas otras que son factibles y que pueden confluir en el mismo objetivo: propiciar un ahorro de recursos. «Lo que no apoyamos es el copago puro y duro, ya sea por receta o por ingreso hospitalario, como medida aislada», concluyó el doctor Lazín, quien advirtió, no obstante, de que este tipo de reformas exige la puesta a punto de unos procedimientos operativos «que no pueden hacerse de hoy para mañana».

De otra parte, los representantes de los médicos de atención primaria se opusieron a que la Administración pública deje de financiar determinados medicamentos para usos menores o con un precio más bajo. Era la respuesta a lo declarado ayer mismo por la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien se manifestó partidaria de que la Seguridad Social deje de financiar los medicamentos más baratos, que cuestan uno o dos euros «y de los que todo el mundo tiene cajas en casa sin terminar».

Cospedal matizó que hay otros medicamentos, «como los de los enfermos crónicos o de determinadas cuantías», que no deben dejar de financiarse «porque hay gente que los necesita para vivir». A la pregunta de si es partidaria de que se pague una tasa por receta, afirmó que debe depender del nivel de renta. La «número 2» del PP señaló que los servicios sanitarios habrán de estudiar si es viable o no el copago por consulta o por intervención en los casos de las rentas más altas. En caso de respuesta afirmativa, prosiguió, habría que establecer baremos dependiendo del tipo de intervenciones o de si es en los servicios públicos o a través de los seguros privados. «En cualquier caso, el nivel de renta tiene mucho que ver con todo ello», apostilló.

Para el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, las políticas de recorte de medicamentos hacen que «se acaben utilizando medicamentos más caros», por lo que «no se ahorrará lo suficiente como para conseguir que el sistema siga siendo sostenible». De ahí su exhortación al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas a «apostar por el uso responsable de los medicamentos».

«Hemos medicalizado nuestra vida, y muchas veces, por falta de tiempo o por la propia medicalización, puede hacer que lo cómodo o menos problemático sea que cada paciente salga con una receta por consulta. Tenemos que hacer una reflexión entre todos, porque todos somos corresponsables», reflexionó.

A la vista de todo lo dicho, y con el fin de evaluar todos estos desafíos, el Foro de Médicos de Atención Primaria reclamó a la ministra de Sanidad, Ana Mato, una reunión con los profesionales con vistas a tomar decisiones que permitan una mejor gestión de los recursos.

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VER OTROS POSICIONAMIENTOS NETAMENTE CONTRADICTORIOS EN EL AMBITO DE LA A. PRIMARIA

López Díaz advierte de las «nefastas» consecuencias de la «ofensiva» contra la Sanidad

López Díaz advierte de las «nefastas» consecuencias de la «ofensiva» contra la Sanidad

 

«Cuanto más se deteriore el sistema más argumentos habrá para ir a dos sanidades, una para ricos, y otra, casi de beneficiencia», asegura el exdirector general de Salud

 

13.04.12 - 00:28 - J. F. G. | PIEDRAS BLANCAS.

 

 El doctor Ángel López Díaz, exdirector general de Salud Pública del Principado, miembro del servicio de gerencia de Atención Primaria en Oviedo y militante de Izquierda Unida, alertó ayer de las «nefastas» consecuencias que acarreará lo que calificó de «ofensiva» del Gobierno contra la Sanidad Pública.

«No es cierto que haya duplicidades, ni que los ciudadanos abusen del sistema, ni que el gasto sea excesivo. Eso no son más que excusas para privatizar la Sanidad. Cuanto más se deteriore el actual sistema, más argumentos habrá para ir dos sanidades, una para ricos, para quien se la pueda pagar, y otra, casi de beneficencia, para el resto de la población», manifestó López Díaz durante la charla que ofreció ayer en el Valey Centro Cultural.

«En cualquier comparación con el resto de los países de la Unión Europa o de la OCDE, España se sitúa en mitad de la tabla en cuanto a gasto sanitario se refiere, tanto por habitante como en relación a su Producto Interior Bruto», dijo. A su juicio, «el gran problema que padece la Sanidad Pública se debe a la falta de presupuesto. Desde 1982 todos los gobiernos han destinado menos dinero que el gasto efectivo del año anterior, y ahora nos anuncian un recorte del 7.000 millones, es decir, de casi un 10%».

El objetivo es «asfixiar la Sanidad Pública para ir a la privatización, para permitir que los grandes grupos de inversión comiencen a gestionar los servicios sanitarios siguiendo una lógica de mercado, no de servicio público. El Gobierno quiere aprovechar la crisis para demoler la Sanidad Pública», concluyó Ángel López.