Prohíben el cigarro electrónico en el transporte público y en zonas sanitarias y educativas

"Es una persecución", subrayan los asturianos que regentan tiendas de vapeadores, en alusión al acuerdo entre Ministerio y autonomías

Lne. 19.12.2013 | 02:36

Foto: Los consejeros autonómicos, ayer, en torno a la ministra Mato. En segunda fila, cuarto por la izquierda, Faustino Blanco.  Fotos de la noticia

Madrid / Oviedo, Agencias / P. Á. Se estrecha el cerco en torno a los cigarrillos electrónicos. La nueva noticia es que no podrán ser utilizados en centros sanitarios, zonas educativas e infantiles, el transporte público y el ámbito de las administraciones públicas, especialmente en las oficinas de atención al público. Éste es uno de los acuerdos alcanzados ayer por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en una reunión del Consejo Interterritorial de Salud presidido por la titular del Departamento, Ana Mato.

La medida cuenta con el pleno apoyo del Gobierno asturiano. El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, destacó, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, la "unanimidad y sintonía" entre los participantes en la reunión. Asimismo, señaló que la regulación que las autoridades sanitarias quieren impulsar "cabe perfectamente en la Ley Antitabaco". Entre tanto, los emprendedores de la región que regentan tiendas de e-cigarrillos tildan el acuerdo de "persecución total".

Los consejeros autonómicos y el Ministerio consensuaron plantear a los grupos parlamentarios la ampliación de la prohibición a todos los lugares públicos cerrados, al igual que ocurre ahora con los productos tabáquicos, de acuerdo con la actual Ley del Tabaco. Según la ministra de Sanidad, se va a pedir a los grupos que incluyan la citada prohibición de los vapeadores -producen vapor, no humo- en centros escolares, sanitarios y transporte público en alguna de las normas que están ahora en tramitación, de modo que pueda entrar en vigor en enero.

Mato precisó que la limitación debe hacerse a través de una ley, por lo que se buscará el mecanismo más rápido para que sea posible aplicarla en el mes de enero. Entre tanto, para una regulación más amplia de la prohibición habrá que esperar a lo que digan los parlamentarios. Subrayó la titular de Sanidad que todas las comunidades autónomas apoyan una regulación de estos cigarrillos a nivel nacional, con el "objetivo prioritario irrenunciable" de la protección de los menores.

El consejero asturiano de Sanidad expresó su satisfacción ante lo que considera "un avance muy importante" en torno a un fenómeno que "no es inocuo", porque "contiene nicotina y otros productos". A juicio de Blanco, "es una buena noticia que exista una regulación estatal". La normativa sobre este tipo de productos está siendo analizada por la Unión Europea para una posible norma sobre aditivos del tabaco.

Desde Asturias, los propietarios de tiendas de cigarrillos electrónicos se mostraron muy contrariados con la decisión del Ministerio y de las comunidades autónomas. "Es evidente que las tabaqueras, las tabacaleras y las administraciones públicas están bastante mas preocupadas por su dinero que por la salud de los ciudadanos", explicó Alfredo Martínez Arias, dueño de un comercio de Oviedo. "Es una persecución total. Las autoridades sanitarias no han hecho ningún tipo de estudio serio. Las medidas contra el tabaco convencional tardaron décadas en adoptarse y aquí están cargándose lo que era un nuevo espacio de mercado muy prometedor", añadió Martínez Arias.

No existen datos precisos sobre el número de comercios de e-cigarrillos que funcionan en la región. Las estimaciones oscilan entre los 12 y los 20, casi todos ellos abiertos en el último trimestre. José María Rodríguez, otro emprendedor que hace unos meses puso en marcha un negocio de vapeadores, tilda de "injusta" la regulación acordada ayer y ve detrás de ella "intereses económicos inconfesables que lesionan muy gravemente los derechos de quienes estamos arriesgando para dar un servicio que la sociedad está demandando".

Las claves de una batalla

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron ayer prohibir el uso de cigarrillos electrónicos en centros sanitarios, zonas educativas e infantiles, el transporte público y el ámbito de las administraciones públicas, especialmente las oficinas de atención al público.

La ministra de Sanidad asegura que esta medida persigue como objetivo "prioritario irrenunciable" la protección de los menores.

El consejero de Sanidad del Principado sostiene que el acuerdo supone "un avance muy importante" en torno a un fenómeno que "no es inocuo", porque "contiene nicotina y otros productos".

Los comerciantes asturianos del ámbito de los vapeadores subrayan que existe una "persecución total" contra este sector, en favor de "los intereses económicos de las tabaqueras y las tabacaleras".

La privatización de la sangre

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la privatización de la gestión de las donaciones de sangre, que ceden a la Cruz Roja a cambio de 9,3 millones de euros (67 euros por donación).

Por Luisa Lores Agüin |  

nuevatribuna.es | Luisa Lores Agüin | 17 Diciembre 2013 - 11:41 h.

Realizar cualquier crítica a la gestión de la donación y del uso de la sangre humana conlleva gran responsabilidad, ya que la sangre es un bien imprescindible y gracias a su donación altruista muchas personas logran recuperar su salud y salvar su vida, pero precisamente por eso debemos exigir la mayor transparencia y evitar cualquier suspicacia.

La crisis económica disparará la afluencia de personas sin trabajo, que necesitarán vender su sangre como último recurso.

A finales de la década de los 80 y principios de los 90 las empresas privadas que comerciaban con sangre humana contrataron a donantes de alto riesgo en EEUU, incluyendo presos y consumidores de drogas inyectables y trataron con productos derivados de estas donaciones a personas afectadas de hemofilia en muchos países, entre ellos España, sin realizar los controles pertinentes, provocando miles de contagios de hepatitis y VIH...(leer más)

11 días en huelga

CCOO denuncia la contratación de esquiroles para reventar la huelga en la Lavandería Central Hospitalaria

Según el sindicato, la concesionaria Flisa está contratando a personal autónomo o de otras lavanderías. Los empleados llevan en huelga contra la reducción salarial desde el 6 de diciembre

Foto.- Una forma de apoyar a los trabajadores de Lavandería Central, es esta…

PÚBLICO, Madrid.

La Federación de Sanidad de CCOO Madrid ha denunciado este lunes ante la Inspección de Trabajo por la sustitución de los trabajadores de la lavandería Central Hospitalaria de Mejorada del Campo (Madrid), en huelga indefinida desde el pasado 6 de diciembre.

 

Según informa CCOO en nota de prensa, la empresa concesionaria Flisa, perteneciente al grupo ONCE, está subcontratando con otras empresas el servicio de recogida y transporte para realizar las funciones de los trabajadores que están ejerciendo su derecho a la huelga (como es el caso de conductores).

 

Según CCOO, los camiones que llegan con ropa sucia de Hospitales de la Red Sanitaria Madrileña son conducidos por trabajadores de otras empresas o autónomos, mientras que los conductores de la Lavandería Hospitalaria de Mejorada del Campo no están siendo destinados a ningún servicio de recogida de ropa sucia o de reparto de ropa limpia, sino que quienes han sido designados como servicios mínimos permanecen en el centro  "sin hacer nada".

 

Desde el sindicato, que junto a CGT convocó la huelga indefinida contra la reducción salarial del 43% que la empresa aplicó desde diciembre, "suponen una clara vulneración del derecho a la huelga y a la normativa sobre relaciones de trabajo", que prohíbe taxativamente al empresario la sustitución de los trabajadores en huelga por otros que no estuviesen vinculados a la empresa al inicio del paro.

 

Según la secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid, Rosa Cuadrado, "el volumen de actividad en la Lavandería Hospitalaria Central ha disminuido drásticamente. De unos 35.000 kilos de ropa diarios para lavar que eran recogidos en los distintos hospitales (Hospitales de La Paz, Cantoblanco, Doce de Octubre, Clínico San Carlos, La Princesa, Carlos III, Niño Jesús, Getafe, Severo Ochoa, Guadarrama, entre otros), desde el inicio del conflicto se está lavando únicamente unos 5.000 kilos, por lo que más de un 85% de la actividad que se está sacando de la Lavandería se está derivando a otras lavanderías".

 

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OPE SESPA Facultativos Especialistas de Área lento, pero va.

Consejería de Sanidad

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace pública la relación de plazas a adjudicar en el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de Facultativo Especialista de Área en Alergología, así como de las categorías de Urgencia Hospitalaria, en plazas reservadas a personas con discapacidad, y de Admisión y Documentación Clínica, todas ellas del Servicio de Salud del Principado de Asturias, y se fija la fecha y el procedimiento a seguir para la elección de plazas por los aspirantes que hayan superado los citados procesos selectivos.

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Reclaman a médicos y enfermeros las cuotas que dejaron de abonar en los años de libre colegiación

Las cuantías rondan entre 1.200 y 2.200 euros. Un informe jurídico de CC OO revela que los colegios no pueden aplicar la norma con carácter retroactivo

Lne. 17.12.2013 - LAURA FONSECA GIJON.

Médicos y enfermeros que trabajan en el Servicio de Salud del Principado (Sespa) están siendo requeridos por sus respectivos colegios profesionales para que abonen aquellas cuotas que dejaron de pagar durante los años en los que en Asturias imperó la libre colegiación. Los hechos se retrotraen a enero de 2004, cuando el Principado aprobó una polémica norma que exoneraba a facultativos y enfermeros adscritos al sistema sanitario público de tener que colegiarse para poder ejercer. La medida fue recurrida por el Colegio de Médicos de Asturias y nueve años más tarde, el 28 de febrero de 2013, el Tribunal Constitucional declararía ilegal dicha norma, devolviendo la situación a diciembre de 2003, cuando colegiarse era obligatorio tanto para médicos como para el personal de enfermería del Servicio de Salud (Sespa).

Se da la circunstancia de que algunos profesionales se dieron de baja en sus colegios en el año 2004 al no ser ya obligatorio tener que estar colegiado. La libre colegiación estuvo vigente en Asturias durante un periodo de nueve años, pero tras la anulación del Constitucional, los facultativos y enfermeros están obligados a darse de alta en sus colegios. El caso es que ahora, dichos órganos, reclaman entre cuatro y cinco años de pago de cuotas, tanto para los que estando colegiados se dieron de baja, como para los que ni siquiera llegaron a hacerlo en su día pese a comenzar a trabajar en el Sespa. Las cuantías, según pudo saber EL COMERCIO, oscilan entre 1.200 euros, en el caso de los de enfermería, y los 2.500 euros para los médicos, cuya cuota colegial es de 105 euros al trimestre.

La reclamación de los colegios de facultativos y de enfermería podrían quedarse en nada si prospera la tesis de un informe jurídico que ha encargado el sindicato Comisiones Obreras, que concluye que tal reclamación «no es legal, ya que no se puede aplicar con carácter retroactivo». «En el momento que estos profesionales dejaron de abonar esas cuotas, lo hicieron en base a una norma aprobada en el Principado. Pretender un cobro con carácter retroactivo es claramente inconstitucional», razona Gonzalo Gayol, secretario general de la Federación de Sanidad de CC OO en Asturias.

El sindicato desconoce a cuántos podría afectar esta reclamación, pero le consta «que han enviado cartas de requerimiento y que muchos han terminado abonando estas cuantías». CC OO asegura que «esos profesionales podrían recurrir la decisión de los colegios, ya que la retroactividad no es legal de ninguna de las maneras, según el resultado del informe jurídico que hemos encargado».

Asimismo, niega que los médicos o enfermeros que se dieron de baja «hubieran incurrido en un enriquecimiento injusto, ya que no hicieron uso de los colegios durante ese tiempo» y considera que el Principado «tiene una responsabilidad patrimonial en todo este asunto y es ante quien hay que reclamar».

La consulta de sintrón se hará en el Centro de Salud de Llano Ponte en 2014

 

La directora del Área Sanitaria III informa de la medida a la alcaldesa, Pilar Varela, en una reunión para analizar la cooperación en sanidad

17.12.13 - 00:20 -

FERNANDO DEL BUSTO | AVILÉS.

El Centro de Salud de Llano Ponte asumirá los controles de los pacientes de sintrón a lo largo del primer trimestre de 2014. Así lo aseguró ayer la gerente del Área Sanitaria III, Begoña Martínez Argüelles, a la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, en el transcurso de una reunión de trabajo para analizar la cooperación entre administración local y el Área Sanitaria en el ejercicio que ahora concluye, además de fijar nuevos objetivos para el próximo año.

La incorporación del seguimiento del sintrón a Llano Ponte no tiene una fecha concreta, más allá de que se efectuará a lo largo del primer trimestre del próximo año. De momento, ya se ha realizado la formación del personal, según explicó la gerente del Área Sanitaria.

No será el único cambio en la organización de los recursos. En las primeras semanas de enero, después de la fiesta de Reyes, el Centro de Salud Mental II, ubicado en la plaza de Santiago López, se trasladará a las dependencias de la anterior gerencia de Atención Primaria, en las inmediaciones del Centro de Salud de El Quirinal. La sede de la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales también se mudará. La nueva instalación aportará ventajas como más espacio para los profesionales y también para los usuarios.

El edificio de Santiago López es de propiedad municipal. Mantendrá en sus bajos la sede de la Asociación de Donantes de Sangre, sin que aún se haya decidido su nuevo uso. La alcaldesa, Pilar Varela, comentó la posibilidad de ser utilizado por las secciones sindicales municipales o el tejido asociativo.

Además de avanzar en el programa de descentralización de los tratamientos anticoagulantes, desde la gerencia se explicó el programa de mantenimiento de la red de centros de Atención Primaria, además de los resultados de la colaboración con la Fundación Hospital Avilés y el Hospital de Jarrio.

Así, la alcaldesa, Pilar Varela, destacó la importancia de la cooperación entre ambas instituciones en los programas para fomentar la salud de las personas mayores y los hábitos saludables. En esta línea, destacó el trabajo conjunto en un programa europeo desarrollado por el Ayuntamiento de Avilés para analizar la situación de los cuidadores. En concreto, desde la Dirección de Enfermería se cooperará en esta línea donde los profesionales del Área ya vienen impulsando diferentes cursos. De igual manera se unirán esfuerzos en la Escuela de Familias del Ayuntamiento.

«Es una colaboración que no genera ningún gasto, más allá del dinero que ya pagan los ciudadanos en impuestos», comentó Pilar Varela. «Se trata de aprovechar los recursos existentes. Por ejemplo, tenemos personal de enfermería formado en estrategia NAOS (donde Naciones Unidas fija criterios de alimentación saludable) analizando los comedores en los colegios concertados y podrían haber lo mismo en la red pública».

En próximas fechas, Begoña Martínez y su equipo se reunirán con todos los alcaldes del Área Sanitaria III con idéntico objetivo. Ayer, reflexionaba que «la salud es un concepto global; donde nosotros sólo nos ocupamos de la asistencia sanitaria y los ayuntamientos juegan un papel importante».

integración del personal funcionario sanitario de carrera que presta servicios en instituciones sanitarias públicas en la condición de personal estatutario fijo del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Boletín Nº 290 del martes 17 de diciembre de 2013

AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERÍA DE SANIDAD

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se convoca el procedimiento de integración del personal funcionario sanitario de carrera que presta servicios en instituciones sanitarias públicas en la condición de personal estatutario fijo del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

La Disposición adicional decimosexta de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, añadida por el apartado cuatro del artículo 10 del Real Decreto-ley 16/2012, de 24 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, establece la integración del personal funcionario al servicio de las instituciones sanitarias públicas en el régimen del personal estatutario de los servicios de salud, en los siguientes términos:

«1. Los médicos practicantes y matronas titulares de los servicios sanitarios locales que presenten servicios como médicos generales, practicantes y matronas de los servicios de salud, y el resto del personal funcionario sanitario que preste sus servicios en instituciones sanitarias públicas, dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2013 para integrarse en los servicios de salud como personal estatutario fijo sin perjuicio de los derechos consolidados. A tal fin, las comunidades autónomas establecerán los procedimientos oportunos.

2. En caso de que este personal opte por permanecer en activo en su actual situación, en los cuerpos y escalas en los que ostenten la condición de personal funcionario sanitario, las comunidades autónomas adscribirán a este personal a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas, conforme a las bases de los procesos de movilidad que, a tal fin, puedan articularse.»

A su vez, la Disposición adicional quinta del citado Estatuto Marco, con el fin de homogeneizar las relaciones de empleo del personal de los centros e instituciones sanitarias, permite a las administraciones sanitarias públicas establecer procedimientos para la integración directa y con carácter voluntario en la condición de personal estatutario de quienes presten servicios en los centros con vínculo funcionarial o laboral.

Por otro lado, el pasado 30 de julio de 2013 en el marco del Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad y el foro de la profesión médica, respecto de la situación jurídica de los médicos APD, las partes firmantes coinciden en recomendar a las Comunidades Autónomas, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que resuelvan dicha situación en base a criterios de flexibilidad y que, en la tramitación de los procedimientos de integración, según se recoge en el artículo 10.4 del Real Decreto-ley 16/2012, de 24 de abril, que les corresponde regular, sigan el criterio interpretativo fijado por la Comisión Bilateral de cooperación Administración del Estado–Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, publicado en el BOE de fecha 6 de junio de 2013.

Siguiendo el criterio interpretativo citado, y con el fin de ejecutar el mandato establecido en la Disposición adicional decimosexta del Estatuto Marco, por Acuerdo de Mesa Sectorial de Negociación de personal estatutario de 4 de diciembre de 2013, ratificado en Mesa General de Negociación de la Función Pública del Principado de Asturias, y aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de 2013, se establece la regulación del proceso de integración voluntaria del personal funcionario sanitario que presta servicios en las instituciones sanitarias públicas del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Por ello, esta Dirección Gerencia, en uso de las competencias atribuidas en el Decreto 163/2012 de 11 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en relación con lo dispuesto en la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, modificada por Ley 18/1999, de 31 de diciembre, Ley 14/2001, de 28 de diciembre y Ley 5/2005, de 16 de diciembre,

RESUELVE

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El desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública con mucho maquillaje y disfraz pero se les ve.

Gestión clínica S.A.: un rodeo para la privatización de la Sanidad Pública

Por Marciano Sánchez Bayle, FADSP.

nuevatribuna.es

Desde hace tiempo venimos denunciando que los gobiernos del PP, a nivel central y autonómico están centrando su política sanitaria en el desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública. Y aunque durante un tiempo, como estas maniobras privatizadoras se hacían de manera más o menos pausada, y como la bonanza económica permitía el despilfarro económico, las cosas pasaron bastante desapercibidas para la mayoría de los profesionales y la población.

 

Ya se sabe que el papel de Casandra es ingrato (recuérdese, la hija de Priamo, rey de Troya, a quien los dioses habían dado el don de adivinar el porvenir y castigado con la maldición de que nadie la creyera), aunque como no estamos en la Grecia clásica quizás sea mejor recordar a Lincoln (se puede engañar a muchos durante algún tiempo… pero es imposible engañar a todos siempre). El caso es que la crisis, los recortes y la mayoría absoluta y prepotente del PP han destapado la realidad: las privatizaciones en sus múltiples vertientes (concesiones administrativas, iniciativas de financiación privada, etc) no solo no mejoran la eficiencia del sistema sanitario, sino que encarecen notablemente sus costes sin poder garantizar el mismo nivel de calidad asistencial del sistema público. Y a resultas de ello se ha producido un gran rechazo social y profesional que ha tenido su mayor visibilidad pública, pero no su mayor intensidad, en las movilizaciones de las mareas blancas madrileñas.

 

El fenómeno se ha extendido prácticamente a todo el territorio español, con mayor o menor intensidad según la profundidad y las características de la agresión y el grado de organización y de capacidad de coordinación entre los profesionales/ trabajadores de la sanidad y la ciudadanía (aparte de Madrid conviene recordar las movilizaciones de Galicia, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Aragón, La Rioja, Baleares, Murcia,  Canarias, etc).

 

Las movilizaciones han tenido éxito diverso, pero en lo general han conseguido ralentizar el proceso, cuando no impedir los siniestros planes de los privatizadores, como en el Hospital de la Princesa.

 

Pero, por supuesto, el proceso privatizador sigue avanzando, aunque sea a trompicones y los planes no han cambiado en lo sustancial, porque detrás de ellos hay una combinación de intereses, de los fundamentalistas del mercado que contra toda evidencia siguen creyendo en las virtudes taumatúrgicas del mismo, de las grandes multinacionales de la tecnología y aseguramiento que buscan un nicho de beneficios en el sistema público, y de los personales y mucho menos respetables, de los privatizadores que buscan beneficios para ellos mismos en las privatizaciones, lo que ahora se conoce como “puerta giratoria”.

 

Es esta situación de rechazo social y profesional y de exposición ante la opinión pública de lo que hay detrás de las privatizaciones, lo que les ha obligado a cambiar de estrategia buscando unas tácticas que avanzando en los mismos objetivos, les hagan pasar mas desapercibidos. Y ahí entra lo que se ha denominado gestión clínica, propuesta por el Ministerio de Sanidad y algunas entidades que reclaman una representatividad de la que carecen porque se fundamenta en la adscripción obligatoria, y porque por supuesto no han consultado para nada a sus “supuestos representados”, a cambio de prebendas, algunas de las cuales ya se conocen, y otras que iremos conociendo con el tiempo.

 

¿Como se realiza este proceso? Primero y como viene siendo habitual se utiliza una denominación eufemística que encubra la realidad que se propone, y así se habla de gestión clínica, que es un termino acuñado para expresar la necesidad de incorporación de los profesionales sanitarios a la gestión de los recursos utilizados en la práctica clínica y que es una idea bastante razonable. Evidentemente la gestión clínica no precisa modificar el régimen jurídico del personal ni  la personalidad jurídica de las unidades que las llevan a cabo, que podría incorporarse a todos los servicios del sistema de salud, y es un término equiparable a la “gestión participativa por objetivos” que ya recogía la Ley General de Sanidad.

 

Sin embargo los objetivos que se plantean desde el Ministerio de Sanidad para avanzar en lo que bien se podría denominar como Gestión Clínica S.A. son muy diferentes: Fragmentar los centros creando múltiples microempresas dentro de los mismos, para competir entre si, en el marco legal de un mercado sanitario público y privado, financiado esencialmente con  fondos públicos. Y después establecer alianzas y acuerdos con otras del mismo o de diferentes centros sanitarios para desarrollar sus estrategias empresariales, dando entrada al capital, empresas, laboratorios farmacéuticos y a la industria de electro- medicina sanitaria, en la provisión y gestión de servicios sanitarios.

 

Luego el sector privado se haría cargo de las empresas rentables y acabaríamos con centros que lo único público que tendrían sería el nombre pero que estarían en manos de empresas privadas, que, como ha sucedido en todos sitios, acabarían en manos de las grandes multinacionales, las únicas que tienen capacidad para afrontar con solvencia desde el sector privado la complejidad de la asistencia sanitaria.

 

Por si las cosas no estuvieran bastante claras, la presencia de Lamela y su empresa de impronunciable nombre para la Sra Botella, ponen en evidencia que la estrategia no trata de mejorar el funcionamiento de la Sanidad Pública sino pura y simplemente de encontrar un rodeo para conseguir la privatización sanitaria.

 

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