Alcaldes que no abandonan el bisturí

El Comercio. 22.08.11 - I. VILLAR | GIJÓN.

El Tribunal Superior de Cantabria avaló en una sentencia que el primer edil de Castro Urdiales mantuviera ambas actividades

Foto: La cirujana y alcaldesa Carmen Moriyón, durante la intervención mamaria que realizó el pasado miércoles. :: JOAQUÍN PAÑEDA

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Varios regidores compatibilizan su cargo municipal con el ejercicio de la medicinaEl enfrentamiento político suscitado a raíz del reportaje publicado en EL COMERCIO en el que se muestra cómo la alcaldesa, Carmen Moriyón, conserva parte de su actividad como cirujana, si bien donando su sueldo a una ONG, no es exclusivo de Gijón, como tampoco lo es el hecho de tener al frente del municipio a un médico que compatibiliza su cargo público con el ejercicio de su profesión. En el Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, se vive estos días un debate similar a cuenta de las actividades del alcalde del Partido Popular, Enrique Jiménez. El PSOE critica que el regidor se dedique por las mañanas a los asuntos municipales y por las tardes ejerza en una mutua de accidentes, pese a que esta compatibilidad de labores recibió el visto bueno del Pleno municipal y el alcalde está semiliberado, es decir, sólo cobra el 65,8% del sueldo que le corresponde como munícipe mayor. Jiménez se ha defendido alegando que «todos los informes técnicos municipales son favorables» a esta compaginación de labores, si bien la oposición socialista se muestra firme en su deseo de impugnar el acuerdo municipal en el que se daba esta autorización al alcalde.

Éste, por su parte, se defiende alegando que su situación no es excepcional y haciendo referencia a otros ayuntamientos próximos, entre ellos uno de cierta entidad, el de Yecla, de más de 35.000 habitantes. El yeclano Juan Miguel Benedito, también del Partido Popular, renunció a su sueldo público -no a las dietas- y mantuvo su actividad en una clínica privada. Del mismo modo actúa la alcaldesa de Astorga, la socialista Victorina Alonso, que seguirá ejerciendo como médico de familia en un centro de salud, pero a cambio renuncia a su sueldo municipal. También el alcalde de Chipiona, del PP, mantiene su actividad como médico del Servicio Andaluz de Salud.

En el caso de Torrelavega, la situación es aún más similar a la que se da en Gijón, pues su alcalde, el popular Ildefonso Calderón, compatibilizará su cargo en régimen de dedicación exclusiva con su labor de médico nutricionista en su clínica privada. En un reciente Pleno se dio la aprobación a esta compatibilidad de labores -Calderón es además diputado regional- con la abstención, que no el voto en contra, del PSOE, que justificó su postura «en coherencia y congruencia con situaciones pasadas que se han dado con peticiones similares».

El cántabro podrá atender a sus pacientes durante tres días a la semana, siempre que lo haga de cuatro a seis de la tarde, esto es, fuera del horario laboral, fijado de 7.45 a 14.30 horas y hasta las 15 horas en invierno.

Ildefonso no es el primer alcalde popular que cuenta con el apoyo del PSOE para compaginar el gobierno de su ayuntamiento con la medicina. En julio de 2007 los concejales socialistas del Ayuntamiento de Benidorm votaron a favor de que el entonces alcalde del PP, Manuel Pérez Fenoll, mantuviera su actividad privada como médico estomatólogo pese a tener dedicación exclusiva. Entonces los servicios municipales del ayuntamiento alicantino realizaron un informe en el que se destacaba que dicha actividad no era incompatible con su labor municipal «si la desempeña en horario que su actividad pública lo permita y sin menoscabo de la misma».

IU lo apoyó en Guadalajara

Los socialistas sí se opusieron a que pudiera mantener la doble actividad el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, que no obstante gracias a la mayoría del PP seguirá atendiendo su clínica privada. En el anterior mandato la petición de Román había contado también con el voto favorable de IU, que ahora se opone.

El caso más significativo, no obstante, es el del exalcalde de la localidad cántabra de Castro Urdiales, el independiente Fernando Muguruza. El que fuera primer edil de la mencionada localidad entre 2003 y 2011 fue denunciado por el Partido Regionalista de Cantabria por cobrar del Ayuntamiento un sueldo por su dedicación exclusiva mientras mantenía su actividad privada como médico. Un juzgado contencioso-administrativo, primero, y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, después, fallaron a favor de Muguruza, destacando que «apenas son unas horas a la semana lo que se dedica» a la medicina.

Entre los médicos que sí han renunciado a su consulta privada destaca el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, de Bildu.

Ajustes territoriales: urgencias y frivolidades

EL comercio. 21.08.11

LEOPOLDO TOLIVAR ALAS CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Quién iba a decir que una propuesta del Gobierno Berlusconi, tan denostado, fuera a mover ríos de tinta en nuestra península e islas adyacentes.

Y tanto cruce de declaraciones entre políticos, sustentado en la reducción municipal y la posible supresión de las diputaciones provinciales, para reducir el dispendio público ante la infatigable crisis financiera. Pero ya que guardo estrecha relación académica y personal con Italia, donde he estado recientemente, me permito realizar alguna aclaración a los datos de prensa que han llegado a nuestro país, por si pudieran ser de utilidad, cotejando las medidas gestadas en Roma con la realidad española.

Italia, que este año ha celebrado el 150 aniversario de su unificación, tiene una vertebración administrativa relativamente similar a la que, a trompicones históricos, nos hemos dado en nuestro país, donde la división provincial, cumpliendo un demorado mandato de la Constitución de 1812, alcanzará en noviembre los 178 otoños. Realizando una comparativa por escalones de poder territorial, el Estado trasalpino cuenta con 20 regiones, lo que es casi lo mismo que nuestras 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla. Más parecido aún, por no decir idéntico, es el número de municipios, 8.094 frente a nuestros 8.116, pese a la menor superficie del territorio italiano. Y en cuanto a las provincias, sí se aprecia disparidad numérica ya que duplican con creces nuestras 50. Allí existen, al día de hoy y mientras el Parlamento no diga lo contrario, 110.

La propuesta gubernamental aboga por suprimir, o mejor fusionar, aquellas provincias con menos de 300.000 habitantes, salvo que cuenten con una extensión igual o superior a 3.000 kilómetros cuadrados. Ello supondría eliminar realmente 29 demarcaciones y sus consejos provinciales, porque a las 37 entidades con menos de 300.000 pobladores habría que restar las 8 provincias cuyo territorio rebasa los 3.000 kilómetros cuadrados.

El avance de lo que quiere hacerse con los municipios, indica que se busca una nueva división donde desaparezcan todos aquellos que no lleguen a las mil almas. Lo que recuerda el mandato del artículo 310 de la Constitución de Cádiz, a la hora de implantar necesariamente Ayuntamientos en los lugares que contaran con ese número de pobladores. Silvio Berlusconi pretende llevarse por delante unos 1.970.

En España, la realidad municipal, con el mayor respeto al mundo rural que siempre he defendido, es organizativa y financieramente insostenible. De esos más de 8.000 municipios, más de siete mil tienen menos de siete mil habitantes; cifra que algunos entendemos mínima para satisfacer los servicios prestacionales obligatorios que, correlativamente, son derechos subjetivos de los vecinos.

Desglosando un poco más, en España sólo hay 62 ayuntamientos que gobiernen a más de cien mil habitantes. En el lado inverso, hay 1.041 municipios con menos de cien habitantes, administrados asambleariamente en concejo abierto; 1.062 entre 101 y 1.000 vecinos y 1.937 que pasando del millar de pobladores no alcanzan los 5.000. Huelga decir que a estos pequeños consistorios, el Plan provincial de obras y servicios, que anualmente aprueban las diputaciones, el algo así como el maná, por lo que hablar, sin más de que suprimir estos escalones intermedios ahorra un millón de euros no parece muy riguroso y no es éste momento para las frivolidades. Porque, realmente, tras el 20-N, ¿nos vamos a atrever aquí a hacer algo similar a lo previsto en Italia? No han faltado ya opiniones de todo signo, comenzando por los representantes de los pequeños municipios, absolutamente legitimados para ello, junto a opiniones técnicas más o menos sensatas y algunas exóticas de gentes o agentes sociales que nada pintan en estas cuestiones y a las que no sé por qué los medios de comunicación requieren su opinión, que vale lo mismo para el caso que la del arzobispo de Madrid, por poner un ejemplo.

Recordemos que la Constitución de 1978, dejó la espinosa cuestión de las fusiones y segregaciones municipales en manos de las comunidades autónomas, algo que pretendió escamotear, en unas declaraciones desde Asturias, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se remitió a una ley del Estado que afrontara el marrón de laminar localismos. Justamente, lo máximo que podría hacer una norma estatal es armonizar, en sentido lato, un umbral mínimo de población, territorio o recursos para todo el ámbito nacional. Pero al día de hoy, de las autonomías depende el seguir engrosando el mapa municipal, como hizo Cataluña en 2010, segregando, en Tarragona, el nuevo término de La Canonja.

En cuanto a las provincias, cuyos límites originariamente fijados por un Decreto, hoy son esclavos de ley orgánica, es evidente que se requieren reflexiones serias y no apresuradas ante los terrores impuestos por los mercados. Pero es evidente que ese ’nivel intermedio’ no debe crecer; justamente lo contrario de lo que, aunque ahora en la nevera, se viene pretendiendo con el número de vegueries, en la citada comunidad catalana. En cualquier caso, suprimir las diputaciones como instituciones representativas, eliminar las provincias o quitarles, simplemente, uno de sus tres elementos definidores (demarcación estatal, agrupación de municipios y entidad con autonomía y fines propios), requiere de una modificación constitucional. Y de un pacto de Estado, que no se logró, pese a la sensata y limitada propuesta del anterior Gobierno de Zapatero, por la negativa del primer partido de oposición.

Las prisas por reducir el déficit, acucian. Pero es evidente que hay que poner todos los datos encima de la mesa y, con la opinión de verdaderos expertos y no palmeros del político de turno, analizar si, como parece, existen múltiples escalones y, sobre todo, su disfuncionalidad, solapamientos, duplicidades y conflictos. Y todo hay que decirlo: las ’liberaciones’ de los políticos, a las que veladamente aludía en su propuesta cuantificada el señor Pérez Rubalcaba. Llevo algún tiempo interesándome por el número de ediles, diputados provinciales y cargos comarcales -lo de las comarcas es otra- que solo viven de la política y las cifras, por desmesuradas, marean. Como marea la velocidad cuando se pisa el acelerador a causa de una urgencia. El tema es muy serio y una estructura de dos siglos no se puede despachar de un frívolo plumazo. Máxime si, sobre el tapete, no ponemos todas las demás cartas del sector público: administración central, comunidades autónomas, universidades y tantos organismos y empresas públicas o mediopensionistas. Los pequeños municipios serán insostenibles, sí; pero son víctimas y no verdugos.

Los médicos estarán obligados a recetar genéricos

Consejo de Ministros

La iniciativa se enmarca en el paquete de medidas adoptado por el Gobierno para reducir el gasto farmacéutico

Lne.es » Economía       EFE / MADRID

El Gobierno ha aprobado las medidas para garantizar la "calidad" y "sostenibilidad" del Sistema Nacional de Salud (SNS), que permitirán un ahorro de 2.400 millones de euros al año y entre las que se encuentran la obligación de recetar los medicamentos por principio activo y no por marca comercial.

 

Lo ha hecho a través de un real decreto ley al que ha dado luz verde en el Consejo de Ministros y que recoge las propuestas de austeridad aprobadas por el Consejo Interterritorial de Salud para "aliviar las dificultades financieras" en los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, informa el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en una nota.

 

Con estas medidas de "austeridad", el Ejecutivo prevé un ahorro para el SNS de unos 2.400 millones de euros al año y de 167 millones en la aportación a los ciudadanos.

 

La iniciativa recoge la obligación de los médicos de recetar los fármacos por principio activo y no por su marca comercial, y a partir de esta prescripción, se dispensará en las farmacias el medicamento o producto sanitario más barato.

 

"Los botiquines de nuestras casas no pueden acabar rebasando medicamentos sin utilizar, medicamentos caducados que pagamos todos con nuestros impuestos, pero que muchas veces ocurre", ha señalado el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.

 

Blanco ha dicho que se trata de "mejorar la gestión del gasto" y que se puede ahorrar manteniendo la calidad de la sanidad pública".

 

El paciente tendrá el mismo medicamento, con la misma composición y con la misma dosis y los mismos resultados, pero con un precio menor, ha asegurado el portavoz del Ejecutivo.

 

El texto aprobado contempla, asimismo, modificaciones en el sistema de precios de referencia para agilizar el procedimiento de creación de nuevos conjuntos homogéneos de medicamentos, así como sus precios de referencia.

 

Para ello, indica Sanidad en la nota, cada nuevo conjunto y la fijación de su correspondiente precio de referencia se crearán de forma inmediata, después de la inclusión en la financiación pública del primer genérico perteneciente al medicamento de referencia.

 

Se suprime la posibilidad que hay en la actualidad de que la rebaja de un medicamento que debe incorporarse a un conjunto con precio de referencia se haga de forma gradual en dos años y a partir de ahora deberá ser inmediata sin aplicar periodo transitorio.

 

El real decreto ley abarca la aplicación de una rebaja del 15 por ciento del precio de los medicamentos con más de diez años desde su registro y que no dispongan de un genérico.

 

Según el Ministerio, para mejorar la financiación selectiva y "no indiscriminada" de medicamentos por parte del SNS, se introducen distintos criterios, como la gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para los que resulten indicados; las necesidades específicas de ciertos colectivos; o el valor terapéutico y social del fármaco y su beneficio clínico, entre otros.

 

Dentro del ámbito del uso racional de los medicamentos, la iniciativa establece que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) trabaje en la adecuación del contenido de los envases de los medicamentos a la duración real de los tratamientos de acuerdo con la práctica clínica.

 

Además, una vez dispensado el medicamento, los farmacéuticos podrán facilitar sistemas personalizados de dosificación a los pacientes que lo soliciten, de cara a mejorar el cumplimiento de los tratamientos.

 

El texto establece un sistema de compensación para las farmacias ubicadas en núcleos pequeños de población, aislados o socialmente deprimidos, a través de un índice corrector del margen comercial de los establecimientos.

 

Estas compensaciones, se percibirán con la factura mensual y podrán alcanzar un máximo de hasta 10.000 euros al año, es decir, 833 euros al mes.

 

En el ámbito de las nuevas tecnologías, el Gobierno, en coordinación con las autonomías, deberá establecer en el plazo de seis meses un formato único y común de tarjeta sanitaria.

 

Del mismo modo, antes del 1 de enero de 2013 las administraciones sanitarias deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar "la interoperabilidad y el intercambio de datos en todo el SNS mediante la historia clínica digital y la receta electrónica".

 

Otra de las novedades es la elaboración, en el plazo de seis meses, de una estrategia de coordinación sociosanitaria, que contará con la participación del Ministerio, las CCAA y las organizaciones ciudadanas, los profesionales y las empresas del sector.

El Gobierno cerrará su estructura eliminando trece direcciones generales

Lne.es » Asturias

El nuevo organigrama será aprobado el próximo lunes en una reunión en la que además se procederá al nombramiento de algunos de los altos cargos pendiente

El Gobierno asegura que ha comenzado a trabajar ya en el presupuesto de 2012

El PSOE ve un gobierno de consejeros con miedo que no trabajan ni a un turno

El Consejo de Gobierno del Principado celebrará el próximo lunes una reunión extraordinaria para cerrar de forma .(leer más)

BUSCAS 19/8/2011

 

 

 

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El paro, la crisis y las falacias neoliberales

nuevatribuna.es | Vicenç Navarro | Actualizado 18 Agosto 2011 - 15:10 h.

La tasa de aumento del desempleo

En el análisis del desempleo hay que considerar dos conceptos que son distintos pero que en general se confunden. Uno es la tasa de aumento de desempleo, y otro, diferente, es la tasa de desempleo. Los economistas neoliberales subrayan que el aumento del desempleo se debe a las rigideces del mercado laboral y a la excesiva influencia y poder de los sindicatos en las negociaciones colectivas. Es importante subrayar que esta tesis no es sostenible, basándonos en la abundante evidencia empírica existente en la literatura científica (leer más)

La mediación del ministerio abarata la vacuna de la gripe

Asturias gasta un 16% menos que en la campaña de 2010

Foto: Una enfermera prepara una dosis de la vacuna, ante un paciente. J. VALLINA

La Voz de Asturias. 19/08/2011 / S.D.M. OVIEDO

Cada dosis le costará al Principado un euro menos que el año pasado, lo que en el cómputo global supondrá un ahorro del 16%, o lo que es lo mismo alrededor de 170.000 euros menos. El Gobierno asturiano ha conseguido abaratar la inversión necesaria para poner en marcha la nueva campaña de vacunación contra la gripe que comienza en octubre al incorporarse a un proyecto en el que el Ministerio de Sanidad ejerce el papel de central de compra para ocho comunidades, el ejército y las instituciones penitenciarias. Al adquirir un elevado número dosis obtiene mejores precios por unidad de los que las farmacéuticas harían a cada una de las administraciones por separado.

 

Los datos los publicó ayer el propio Ministerio de Sanidad, volcado en las políticas de ahorro que lleva meses desarrollando. El Gobierno destina 18,9 millones de euros a la adquisición 3.654.980 dosis de vacuna contra la gripe estacional de la temporada 2011/2012 en España. En total, se podrá obtener un ahorro estimado de 3.261.136 euros, lo que traducido a una unidad de medida sanitaria son 604.000 unidades.

 

Las cifras El año pasado, Asturias adquirió 171.000 dosis de la vacuna, aunque, finalmente, y según los datos que maneja el propio Ministerio de Sanidad, sólo utilizó 142.244, ya que ese fue el número definitivo de pacientes inoculados. El precio aproximado de cada unidad es ahora, gracias a la compra masiva de poco más de 5 euros, cuando en la temporada 2010/2011 la Consejería de Salud del Principado las adquirió a una tarifa ligeramente superior, a 6 euros. La diferencia, por tanto, es de un euro.

 

Este mismo efecto ahorrador también lo experimentarán las otras siete comunidades autónomas que se sumaron al proyecto, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid. Los cuatro laboratorios seleccionados son Crucell Spain, Novartis Vaccines, Sanofi Pasteur y GlasxoSmithKline.

 

El Consejo de Ministros del 8 de abril autorizó la compra y también el desarrollo normativo necesario, ya que hubo que modificar previamente la Ley de Contratos del Sector Público introduciendo una disposición adicional que regula la adquisición centralizada de productos sanitarios.

 

La ministra del ramo, Leire Pajín, mostró ayer su satisfacción por el éxito de la medida, tanto por el ahorro que ha generado como por el entendimiento alcanzado entre diferentes autonomías. Por ese motivo, Pajín ya ha anunciado su intención de extender este procedimiento de compra centralizada a otros medicamentos.

CCOO dice que la retirada de Fondos Europeos sería catastrófica para Asturias

 Lne.es » Economía

El secretario general de CCOO de Asturias, Antonio Pino saluda la creación de un gobierno económico para la Zona Euro

El secretario general de CCOO de Asturias, Antonio Pino, ha saludado la propuesta de los líderes europeos Angela Merkel y Nicolas Sarkozy de crear un gobierno económico para la zona euro e implantar un impuesto a las transacciones financieras.

 

A través de un comunicado, el sindicato critica no obstante que no se avance en "lo más urgente", la regulación de los mercados para que funcionen al servicio de los intereses generales. Además, CCOO ha rechazado "radical y frontalmente" la propuesta de Merkel y Sarkozy de retirar los fondos europeos a los países que incumplan con la rebaja del déficit, porque "estrangularía las posibilidades de recuperación de los países más débiles, entre ellos España".

 

"En nuestro caso, los fondos europeos han sido trascendentales para Asturias, pero a partir de 2014 van a ser significativamente inferiores, al dejar de ser una región Objetivo 1, y si a ello unimos el parón que se ha producido en las inversiones, Asturias saldrá más tarde de la crisis y en peores condiciones que otras comunidades", ha explicado. En este sentido, el líder sindical ha señalado que una retirada de dichos fondos, por un incumplimiento de los objetivos de déficit, "sería poco menos que catastrófico para la región".

 

Tras la cumbre francoalemana, el sindicato ha disentido de la llamada "regla de oro" del déficit cero en los presupuestos nacionales y ha reclamado una política fiscal común, así como más democracia en la toma de decisiones en el ámbito europeo.

 

El secretario general de CCOO de Asturias ha criticado también "que no se hayan tenido en cuenta los vaticinios de una nueva recesión, tanto en Europa como en Estados Unidos, ni se hayan adoptado medidas orientadas hacia la inversión productiva, la generación de empleo y la protección social; como tampoco se han establecido mecanismos para regular la tiranía de esos entes llamados mercados financieros".

 

"En medio de la crisis económica tan grave que estamos padeciendo, y con un desempleo masivo como el que sufre nuestro país, sería cruel, además de insolidario, quitarles las ayudas a quienes más lo necesitan para remontar la crisis y salir cuando antes una situación tan adversa", ha opinado.

 

Para concluir, la organización ha recordado que muchos economistas de prestigio están insistiendo en la necesidad de dejar el déficit en un segundo plano, alargando los plazos, para volcarse en la inversión urgente y en el impulso de la actividad económica que genere empleo. "Como acaba de explicar Krugman, la economía necesita desesperadamente un remedio a corto plazo, y cuando hay millones de parados lo prioritario es recuperar la actividad y el dinamismo económico cuanto antes, en vez de obsesionarse con la sostenibilidad fiscal a largo plazo", defienden los sindicalistas.