Un juez especializado en casos de corrupción, nuevo director de Justicia

El ovetense David Villagrá participó en la instrucción del «caso Costurero» y en la «operación Poniente» de Almería, en los que imputó a varios políticos

Foto: Vidal Francisco Álvarez.

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Lne.es » Asturias Oviedo, J. A. ARDURA

El Gobierno regional ha fichado a un juez especializado en casos de corrupción como nuevo director general de Justicia. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el nombramiento como responsable de la justicia asturiana de David Villagrá, que en los últimos años asumió la investigación judicial de relevantes casos de corrupción urbanística en la provincia de Almería. La de Villagrá es una de las doce designaciones ratificadas por el Ejecutivo en una sesión extraordinaria en la que también ha dado luz verde al nombramiento de la nueva interventora general del Principado, Emma Ramos, que releva a Margarita González Marroquín en un puesto clave del organigrama regional.

 

La elección del juez ovetense David Villagrá como nuevo director general de Justicia se daba por segura desde hace varias semanas en fuentes próximas al Ejecutivo regional. Villagrá, juez titular del Juzgado número 3 de El Ejido (Almería), ha participado en la instrucción de dos relevantes casos de corrupción urbanística en esa provincia: la «operación Poniente» y el «caso Costurero». El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía designó a David Villagrá para reforzar la «operación Poniente» en la que resultó implicado Juan Enciso, el alcalde de El Ejido y fundador del Partido de Almería (PAL), por supuesta malversación de fondos públicos. tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil. En esta operación, en la que fue intervenido el Ayuntamiento en octubre de 2009, hubo veinte detenidos, entre los que encontraba, además del alcalde, el interventor municipal. David Villagrá fue elegido por el Tribunal Superior de Andalucía para reforzar esta investigación, a petición de la juez instructora, por la magnitud de la supuesta trama de corrupción, en la que además del Consistorio de El Ejido estaba implicada una docena de sociedades filiales.

 

En la «operación Costurero», Villagrá imputó a diez concejales del municipio almeriense de Zurgena, entre ellos al entonces alcalde, Cándido Trabalón (Partido Andalucista) y a su concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras -cuyo apellido inspiró el nombre de la operación-, además de diez empresarios y cinco técnicos, por supuestos delitos de naturaleza urbanística tales como dar licencias ilegales por silencio administrativo, otorgar permisos de obra mayor y de segregación sin cumplir los requisitos exigidos por la ley e influir en el planeamiento municipal. A cambio, según Villagrá, los promotores hacían obras gratis al alcalde de la magnitud de un bloque de tres plantas y cinco estructuras para viviendas unifamiliares. La instrucción no estuvo exenta de polémica pues el Ayuntamiento almeriense llegó a presentar una querella contra el juez. La instrucción consta de 17.000 folios y está ahora a la espera de juicio, ya que la vista fue suspendida el pasado mes de mayo.

 

Otro de los nombramientos más esperados en el nuevo organigrama del Principado era el de la interventora general. El Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos se ha decantado por la avilesina Emma Ramos Carvajal, funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores del Principado, que fue jefa de la sección de personal en la Dirección General de Función Pública, auditora de la Sindicatura de Cuentas y desde 2008 desempeñaba el puesto de coordinadora de evaluación en la Dirección General de Planificación y Evaluación de Recursos Humanos de la Consejería de Administraciones Pública, que dirigía Ana Rosa Migoya, y en la que también era jefa de servicio Marta Renedo, imputada en la «operación Marea». El responsable de la Intervención General es un puesto de máxima confianza del Gobierno y tiene rango de dirección general. Emma Ramos sucede en este cargo a la también funcionaria Margarita González Marroquín, cuya relación de parentesco con el director general del IDEPA, Víctor González Marroquín -era su hermana- fue objeto de duras críticas por parte de los parlamentarios del PP durante la pasada legislatura autonómica.

http://www.elcomercio.es/v/20110823/politica/cascos-ultima-ejecutivo-tecnicos-20110823.html

Los boticarios ven «imposible» mantener el empleo con el nuevo recorte sanitario

El Colegio de Farmacéuticos de Asturias considera «inasumible» el último decreto ley, que significará un descenso en los ingresos del 40%

Foto: José Villazón.

Lne Oviedo, P. R.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias ve «imposible» mantener el volumen de empleo, de gasto corriente y de inversión de las boticas con el nuevo recorte del gasto sanitario. En una nota oficial, el colegio asturiano considera que «pese a ser conscientes de la situación económica del país, la magnitud del recorte que se nos impone es inasumible». El Gobierno español considera que el nuevo decreto permitirá a la Administración pública ahorrar 2.400 millones de euros al año en medicamentos y 177 millones al conjunto de los ciudadanos.

 

En el Principado funcionan 457 farmacias que dan empleo directo a algo más de 2.000 personas. El Colegio de Farmacéuticos, que preside José Villazón, asegura que desde el año 2000 las oficinas del Principado vienen realizando al Sespa un descuento automático en la factura mensual que supone el 20 por ciento de su beneficio bruto, «para colaborar con la sostenibilidad del Sistema Público de Salud».

 

El colectivo recuerda que el sector ha sufrido en apenas un año tres decretos de urgencia, dos de los cuales fueron aprobados en 2010 y han supuesto una pérdida de recursos de un 22 por ciento con respecto al año anterior. «De cumplirse las previsiones del Ministerio de Sanidad de una bajada de la facturación de un 20 por ciento con el reciente decreto, estaríamos hablando de un descenso del 40 por ciento para los ingresos de las oficinas de farmacia al sumarse los tres decretos sucesivos».

 

Consideran los farmacéuticos asturianos que la reiteración en las medidas de ajuste sobre el sector, «además de ser insuficientes para solucionar el déficit público, pone en riesgo la viabilidad económica de nuestro sistema de prestación farmacéutica, que ha demostrado su utilidad sanitaria y social y cuya calidad es valorada positivamente por sus usuarios».

 

El Colegio de Farmacéuticos reclama de los responsables políticos una mejora de la gestión general del gasto público haciendo un esfuerzo en materia de austeridad, eficiencia, y productividad «en lugar de actuar una y otra vez sobre el sector del medicamento, que, además, presenta una factura absolutamente transparente».

 

En la presentación del nuevo decreto ley sobre gasto sanitario, realizado el pasado día 19 por la vicepresidenta Elena Salgado tras el Consejo de Ministros, la titular de Economía y Hacienda defendió la medida subrayando que pretende «ahorrar manteniendo la calidad de la sanidad pública».

 

Salgado añadió que el Gobierno adopta estas medidas «desde el principio de responsabilidad» porque «tiene que haber un compromiso colectivo del Gobierno, los médicos, los farmacéuticos y los ciudadanos». Y añadió: «Las casas no pueden estar rebosando de medicamentos sin utilizar o caducados, que pagamos todos con nuestros impuestos».

 

A estos recortes, las farmacias deben añadir la crisis financiera que padecen las comunidades autónomas, que lleva a algunos gobiernos a retrasar el pago a las boticas. En Asturias, hasta el momento, no se ha producido ninguna situación extrema, y los boticarios cobran del Principado 35 días después de dispensar los fármacos a los usuarios.

 

«Las farmacias tienen la resistencia que pueden tener. Si no cobran, no pueden pagar a los suministradores; y si no pagan, no les sirven los medicamentos necesarios para atender la demanda de los pacientes», declaraba José Villazón a LA NUEVA ESPAÑA el pasado 6 de agosto.

 

Pero la situación preocupa en el sector, sobre todo tras el cierre protagonizado por los farmacéuticos de Castilla-La Mancha el pasado 11 de agosto, en protesta por la deuda de más de cien millones que tiene el Ejecutivo de Dolores de Cospedal con el sector.

 

En los últimos doce meses -de junio de 2010 a junio de 2011-, la factura en medicamentos que han debido afrontar las diecisiete comunidades autónomas españolas asciende a casi 11.500 millones de euros, de los cuales 325 corresponden a Asturias.

http://www.lavozdeasturias.es/asturias/farmacias-temen-perdidas-plan-ahorro_0_541145891.html

Punto final a la chingada del incumplimiento de sentencias

Bajo el sol castellano, leo con interés que en el Estado de Sinaloa (Méjico) la Ley de Justicia Administrativa permite que los Tribunales decreten la destitución de los Alcaldes o autoridades que no acatan los requerimientos para la ejecución de las sentencias. Es notorio que el sistema jurídico azteca no es un ejemplo a seguir en cuanto a Estado de Derecho, pero al igual que suele decirse que “nadie es tan bueno que no tenga algo malo ni alguien tan malo que no tenga algo bueno”, podría decirse que nuestro flamante sistema de derecho administrativo presenta sombras y que el cuestionable sistema mexicano presente algunas luces dignas de encomio, y porqué no decirlo, .(leer más)

La lista de espera de la ley de dependencia toca techo

El número de personas que no reciben prestaciones pese a tener reconocido el derecho casi se ha duplicado en el primer semestre

 5.777 asturianos siguen pendientes de las ayudas

La Voz de Asturias. 23/08/2011 / Pablo Zariquiegui Oviedo

Casi 6.000 asturianos están pendientes de recibir las prestaciones incluidas en la ley de dependencia. Son todos ellos ciudadanos que tienen reconocido el derecho pero que todavía no reciben ni un servicio social ni una ayuda económica. El dato figura en el último informe del Imserso, actualizado a 1 de agosto de 2011. El análisis estadístico de los últimos años revela, además, que el número de asturianos que engrosan la lista de espera ha aumentado hasta tocar techo tras haber experimentado una reducción en los meses anteriores.

 

Así, a 1 de enero de 2010 esta lista de espera, resultante de la resta entre las personas con el derecho reconocido y las que realmente reciben prestaciones, la integraban 5.420 asturianos. El número fue bajando ligeramente hasta situarse en 4.179 personas a 1 de agosto de 2010 y todavía más hasta las 3.015 a 1 de enero de 2011, uno de los mejores resultados en la gestión del sistema de atención a la dependencia para Asturias.

 

La evolución del primer semestre de 2011 arroja, en cambio, los peores resultados de la todavía corta historia de la ley. El número de integrantes de la lista de espera se ha incrementado en los seis primeros meses del año hasta llegar casi a duplicarse. Ha pasado de poco más de 3.000 hasta los 5.777.

 

La atención a la dependencia será precisamente uno de los caballos de batalla más importantes a los que deberá enfrentarse el nuevo Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos. Falta por ver si el nuevo Ejecutivo optará por favorecer las prestaciones económicas frente a las sociales como vienen haciendo otras Administraciones conservadoras.

 

Público contra privado Queda por saber también si el Gobierno de Cascos favorecerá los conciertos con centros sociales privados --algo que parece más que probable-- en vez de incrementar las plazas públicas. El partido que sustenta al Gobierno ya incluía en su programa de legislatura fomentar la colaboración entre la iniciativa pública y privada en materia de servicios sociales. Las residencias privadas llevan años clamando por una actualización de las tarifas que les permita afrontar el futuro con mayor optimismo. De momento, la nueva consejera de Bienestar Social e Igualdad, Paloma Menéndez, tendrá un duro trabajo por delante. Deberá encontrar soluciones para los casi 6.000 asturianos en lista de espera.

 

La gestión de la ley de dependencia --por el volumen de actividad y de complejidad--ha sorprendido a todos. A 1 de agosto de este año y sólo por lo que se refiere a Asturias se habían presentado en la comunidad autónoma más de 34.600 solicitudes; se realizaron casi 30.000 dictámenes, cerca de 20.000 personas vieron reconocidos sus derechos y sólo poco más de 14.000 reciben una prestación, ya sea social o económica. La tramitación de la norma estatal, aprobada por el Ejecutivo de Zapatero, es complicada. En Asturias, exige pasar varias cribas. Primero, la solicitud; después la valoración de los expertos; más tarde, el dictamen con el grado y nivel de dependencia; luego, el reconocimiento de la prestación y, finalmente, la prestación. El proceso entero puede superar, con creces, el año.

 

Concepto flexible El concepto de lista de espera aplicado a la ley de dependencia es flexible. En sentido estricto debería aplicarse sólo a las personas que, con el derecho reconocido, no reciben prestaciones, casi 6.000 en Asturias. Con un criterio más amplio, el número ascendería notablemente, por encima de las 15.000 personas en espera, si se contabilizara a quienes tienen emitido un dictamen pero no reciben todavía las prestaciones.

 

En Asturias, debido fundamentalmente a Izquierda Unida, que ha gestionado el sistema de atención a la dependencia en los últimos años, se ha intentando favorecer las prestaciones sociales sobre las económicas. Con la última actualización ofrecida por el Imserso, correspondiente a 1 de agosto de este año, ambas están casi al 50%. Así, del total de prestaciones, el 46% son para las ayudas económicas a los cuidadores familiares y el 54% restante para la provisión de servicios sociales.

 

Las comunidades autónomas gestionadas por el Partido Popular, en cambio, han priorizado las prestaciones económicas sobre las sociales. Un caso paradigmático es el de Murcia donde el pago a cuidadores familiares supone un 67% sobre el total de las prestaciones, de acuerdo con el Imserso.

 

En Asturias, de las 15.479 prestaciones reconocidas a 14.062 personas, algo más de la mitad se destinan a servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día o residencias de mayores.

Protocolo de actuación sobre el acoso laboral en la Administración Pública

El protocolo lo podéis consultar en la sección de Salud Laboral de nuestra WEB

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Un funcionario abroncado pública y sistemáticamente está sometido a 'mobbing'

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A veces probarlo es difícil

Se acabó la impunidad para las presiones y los insultos en el trabajo. El Gobierno quiere poner coto a estas situaciones, y ha publicado un protocolo de actuación sobre el acoso laboral en la Administración Pública… (LEER MAS)

COMIENZA LA SEMANA GRANDE DE SAN AGUSTIN

 

 

 

Como todos los años por estas fechas, la gerencia del Hospital San Agustin hace pública la nota para el disfrute del permiso de una hora diaria durante la semana grande avilesina.

El mismo comprende desde el día 22 al 28 de Agosto, ambos inclusive, y de una hora para todos los trabajadores/as. Esta hora se podrá disfrutar bien a la entrada o bien a la salida

Aquellas personas que por necesidades del servicio no puedan disfrutar del mismo en el periodo indicado, podran acordar otras fechas con la gerencia del centro para su disfrute.

El arte de restaurar un hospital

El San Agustín renueva dos unidades de Traumatología y Medicina Interna

Foto: Un pintor se prepara para acondicionar una de las habitaciones del Hospital Sna Agustín. :: MARIETA

El Comercio. 21.08.11 -A. PALACIO | AVILÉS.

La gran mayoría de familias aprovecha el comienzo del verano para hacer obra en casa, pintar y meter a la lavadora todos los edredones y mantas que se quedarán en el armario hasta que vuelva el frío. En el Hospital San Agustín sucede algo parecido: en la temporada estival se realizan menos operaciones quirúrgicas, y el descenso de pacientes permite cerrar unidades de hospitalización para darles esa mano de pintura que necesitan, poner al día todo el aparataje de las habitaciones y hacer una limpieza general en profundidad. La medida, tal y como recuerda el director de gestión del centro, Carlos Pintado, es algo habitual en este hospital durante los veranos, y en ningún caso supone ningún trastorno para los pacientes ingresados. Aunque en ocasiones anteriores sólo se trabajaba en un área, este año se han cerrado dos unidades de manera simultánea: la 3ª Sur y la 6ª Norte, que corresponden a unidades de hospitalización de Traumatología (’Trauma’) y de Medicina Interna.

En todo el proceso, el equipo de mantenimiento del San Agustín tiene la primera palabra, y el equipo directivo la última. «En Mantenimiento tienen una lista con distintos baremos y son los que estipulan qué plantas son las que necesitan una intervención más rápida», indica Pintado. En cuestión de días la decisión está tomada: se decide qué área quedará cerrada «en función de los pacientes» y se comienzan los trabajos.

El presupuesto, por lo general, está «entre los 12.000 y los 15.000 euros», aunque no implica la renovación del aparataje que se utiliza en las distintas habitaciones, porque los procedimientos son distintos: es necesario darlo de baja y después seguir los pasos que marca la ley sanitaria.

Lógicamente, no se necesitan las mismas obras en todas las estancias, pero «por lo general el primer equipo en entrar a trabajar es el de fontanería». Revisan tuberías, grifos y duchas. Y a partir de ahí, electricistas, mecánicos, carpinteros... «Lo normal en cualquier obra», insiste Pintado.

El equipo de mecánicos revisa camas, los tubos neumáticos -a través de los que se envían pruebas a los laboratorios-, el aire acondicionado, los aires medicinales -vacuómetros y caudalímetros-, los enchufes y hasta las persianas. Al respecto, Pintado explica que «las ventanas tienen doble cristal y las persianas van entre los dos».Es una cuestión de higiene: no hay cortinas ni persianas exteriores para no atraer ni bacterias ni basura que pudiesen afectar a los pacientes.

El equipo responsable de las renovaciones también supervisa que todos los elementos de prevención de incendios estén al día y tengan un correcto funcionamiento. «En el presupuesto ya se detallan todas las operaciones que van a ser necesarias», apunta Pintado, desde el cambio de una esquinera hasta la renovación de una puerta, pasando por el cambio de las gomas de los grifos, algo que además se realiza de forma más habitual.

En esta revisión general también se modifican los colores que antes tenían las plantas. «Queremos descartar la idea negativa de tener que venir al hospital». Para ello, tienen un novedoso sistema que ha permitido pintar las paredes «de todos los colores: amarillo, rosa, azul... Todo depende del tono», apunta el director de gestión.

La limpieza general de una unidad de hospitalización únicamente se realiza una vez al año, pero cada habitación «se limpia en profundidad cada vez que sale un paciente», aclara.

Unidades más complicadas

Otras unidades, «como Urología y el servicio de Otorrinoralingología» presenta más problemas a la hora de cerrar un área para revisar una planta, principalmente por el volumen de pacientes. Tras el cierre de estas dos plantas el equipo directivo tiene en mente la 5ª Sur, «que siempre es más complicada». Hubieran querido ponerla a punto este verano, pero no parece que vaya a ser posible.

Hay dos unidades en las que la renovación es diferente. Por un lado está Pediatría, «más complicada de cerrar porque todo está adaptado para los niños» y una reubicación resultaría más problemática, y también la Unidad de Cuidados Intensivos, que sigue sus propios protocolos en cuanto a mantenimiento, revisión de aparatos y por supuesto, un control aún más exhaustivo de todas las cuestiones higiénicas.

El doctor Pintado añade que en esta época del año también se aprovecha la renovación de los quirófanos cerrados para renovarlos, aunque cada especialidad tiene los propios y, de tener que cerrar alguno para renovarlo, «se trata de ubicarlo en un quirófano con características similares». Como ejemplo, indica que «de cerrar el de Urología o Ginecología los pacientes podrían ser intervenidos en uno u otro quirófano».

Estas decisiones también dependen del servicio de Mantenimiento, encargado -entre otras cuestiones- de hacer un seguimiento de todas las estancias hospitalarias y evaluar las necesidades de cada habitación, quirófano o unidad de hospitalización concreta. No en vano, hay más de sesenta trabajadores sólo en esa plantilla. «Antes de tomar la decisión de qué área vamos a cerrar nos reunimos con el ingeniero, que también nos explica cuáles serán las próximas que deberíamos someter a una renovación» en próximas campañas.

Porque, en realidad, la renovación de cualquier hospital siempre es en círculo: cuando se termine de revisar todas las alas de todas las plantas, será necesario volver a actuar en las primeras que se recuperaron.

Asturias dedica 1,3 millones a ayudas a los partidos políticos

PSOE y Foro son los que más perciben gracias a sus resultados electorales

 La Voz de Asturias. 22/08/2011 / R. álvarez Oviedo

Desde los preparativos de las elecciones autonómicas, el PSOE juega con Foro Asturias un partido de tenis en el que las acusaciones y las dudas sobre la financiación de la política viajan a toda velocidad y con efecto de un lado al otro del campo. El asunto ha resurgido en los últimos días, tras volver a poner en el disparadero los socialistas la rápida salida de los casquistas hacia los comicios generales de noviembre. Las suspicacias se dirigen hacia los donativos privados, porque en las subvenciones públicas hay igualdad. Con los resultados del 22-M en la mano, cada uno recibirá más de 400.000 euros del Principado y la Administración central. En total, el dinero público destinado a ayudar a los partidos roza los 1,3 millones de euros.

 

Foro se ha fijado el muy ambicioso objetivo de conseguir cinco de los ocho diputados en juego, lo que le permitiría tener la masa crítica suficiente para disponer de su propio grupo en el Congreso. Resulta tan difícil, que ya se ha puesto en marcha y es la primera fuerza en alquilar vallas para transmitir su mensaje a los votantes. De ahí las dudas de la FSA, muy consciente de las abultadas facturas que dejan los esfuerzos por acaparar presencia pública.

 

Probablemente los ciudadanos agobiados por la crisis y su estela despidos, recortes y ajustes no están de humor para aguantar las quejas de los partidos por su estrecheces de financiación. La polémica, en todo caso, no ha tomado tanto vuelo. El PSOE solo quiere saber qué empresarios sufragan los gastos de Cascos y Foro replica que su principal fuente de ingresos son las cuotas de sus militantes y que los detalles quedan para el Tribunal de Cuentas, al que remite toda la documentación. La nueva ley de financiación, aprobada en 2007, permite que una persona física o jurídica entregar a un partido hasta 100.000 euros al año. Ninguna formación destaca por su transparencia a la hora de divulgar la lista de sus donantes.

 

Sí son públicas las subvenciones que conceden las administraciones en consonancia con los resultados electorales. En esa clasificación, los resultados del PSOE y Foro el 22-M colocan a ambos a la cabeza de esas ayudas al funcionamiento. Antes de las elecciones, el Principado estableció que los partidos con representación en la Junta general tendrían derecho a recibir 14.625,07 euros por cada escaño y 73 céntimos por cada voto.

 

Baremo mediano Es una recompensa situada en el medio de la horquilla de las comunidades autónomas. Madrid, la más generosa, tasó cada escaño en 19.981 euros y cada papeleta en 1,01 euros. Castilla y León, la menos espléndida, paga 10.205 euros por diputado y 40 céntimos por sufragio.

 

Con esos baremos, la victoria electoral de Foro le reportó casi 364.000 euros (234.000 por sus 16 diputados y el resto por sus más de 177.000 votantes). El PSOE logró 350.000 (219.000 por sus 15 parlamentarios y el resto por su victoria en sufragios, que sumaron más de 179.000). El PP (10 diputados y 119.000 votos) tiene derecho a 233.000 euros, mientras que IU (cuatro representantes y 61.000 papeletas) percibirá 103.000 euros en ayudas.

 

Además de las ayudas autonómicas, el Estado también aporta fondos por los resultados en los ayuntamientos. La cuantía en este caso es de 276,86 euros por cada acta de concejal y 55 céntimos por cada voto que haya servido para lograr al menos un edil. El PSOE, que gobierna en 44 de los 78 concejos, es el que más ingresos consigue por esta vía. Sus 382 concejales equivalen a 105.000 euros. El PP, con 220 ediles, roza los 61.000 euros. Foro traduce sus 158 representantes en 43.000 euros e IU, con 118, pasa de 32.000. A esa cantidad hay que sumar la subvención por cada voto útil, que aún no está disponible.

 

Después del 20-N A falta de ese dato, la suma final está casi decidida. Los socialistas consiguieron 455.000 euros gracias a su comportamiento en las urnas la primavera pasada. Foro llega a 407.000, el PP a 294.000 e IU a 135.000. En total, las dos administraciones destinarán casi 1,3 millones de euros de dinero público a echar una mano a la maquinaria de los partidos. Después del 20-N, llegará otra inyección. En 2008, el Estado pagó 21.167 euros por diputado y 79 céntimos por cada voto para el Congreso.

 

El eterno problema es que los ingresos nunca parecen suficientes. Colocar un cartel en una de las vallas luminosas que crecen junto a las autovías cuesta entre 5.000 y 7.000 euros, según la FSA. Las inserciones en prensa dependen del medio, pero también son caras. Y todo ello en un año que, con el adelanto de las generales, conocerá dos campañas, con sus necesidades alquiler de recintos para grandes mítines y de atención a toda la parafernalia de fotos, carteles y programas que generan las vísperas electorales.

 

Para los partidos pequeños, la solución está en Internet. UPyD es experto en promocionarse en las redes sociales y de esa manera encaró las autonómicas, aunque su esfuerzo no encontró recompensa. El recién llegado Equo mantiene una charla permanente con curiosos y simpatizantes en Facebook. Los grandes tienen otras necesidades y preocupaciones de imagen con las que los recién llegados ni sueñan, pero quizá también podrían plantearse un cambio (siquiera parcial) de modelo.