Los expertos alertan de que eliminar impuestos podría elevar el déficit y defienden el actual modelo sanitario, pero apoyan reducir la Administración y fomentar la natalidad
Foto: Un examen en un instituto de Avilés.
Lne.es » Asturias Oviedo, J. L. SALINAS / P. GALLEGO
Con cautela, pero sin dudar a la hora de valorar la eficacia o la inutilidad de las medidas. Así han recibido los expertos de diferentes áreas, desde la economía a la sanidad pasando por la demografía o la educación, las propuestas del próximo presidente del Gobierno asturiano, Francisco Álvarez-Cascos. El líder de Foro Asturias expuso en la primera sesión del debate de investidura buena parte de la hoja de ruta de su Ejecutivo, y las respuestas varían según la materia de la que se trate.
Los economistas asturianos coinciden en que las medidas que Cascos pretende impulsar en materia de fiscalidad, con la eliminación de impuestos como el céntimo sanitario o el de sucesiones, podrían provocar un aumento de la actividad económica pero también del déficit público, en un momento en que los organismos económicos internacionales abogan por reducirlo. Los expertos aplauden las nuevas medidas en materia demográfica, pero critican con dureza iniciativas como las propuestas en sanidad y educación, o la búsqueda de colaboración entre la administración pública y la privada para impulsar las infraestructuras pendientes en Asturias. Aseguran que hay ejemplos evidentes tanto en Asturias, con el fracaso de la Autovía del Metal entre Llanera y Avilés cuyo proyecto fue abandonado por no encontrar empresas interesadas en invertir, como en otras comunidades, como en Madrid, de que en momentos de crisis no es una fórmula que funcione.
«Cuadrar el círculo». En palabras del ex presidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil, algo así será organizar la política sanitaria asturiana durante los próximos cuatro años. «Todo tiene que salir del mismo presupuesto, y el actual ya es escaso», explica. Y para cumplir las propuestas de Foro Asturias en materia de sanidad, eso es lo que va a hacer falta: dinero. Por ejemplo, para «homogeneizar» los servicios que los hospitales prestarán, básico para cumplir la segunda parte de la propuesta: que cada asturiano pueda elegir en qué centro recibe un tratamiento.
La idea de Cascos es que ningún asturiano, sea del centro de la región o de las alas, tenga acceso a menos posibilidades que el resto de sus paisanos. «Cualquier gasto nuevo», sea a la hora de contratar profesionales o de ampliar la carta de servicios, «es peligroso para la sostenibilidad del sistema», alerta Rodríguez-Vigil. En su opinión, un sistema público «lo que tiene que ser es accesible y eficaz, y éste lo es. Ahí están la equidad y la justicia», sentencia.
Para mejorar el sistema lo que habrá que hacer es fomentar la «eficacia», afirma Vigil. Una idea a la que se suma el epidemiólogo asturiano Martín Caicoya. «El futuro de la sanidad es algo que hay que pensar mucho», asevera, «porque es positivo que la gente pueda elegir, pero sólo podrán hacerlo algunos». «¿Qué haces con un hospital si no lo elige nadie, lo cierras? Es algo un poco ficticio», opina Caicoya. Llevándolo al extremo, ¿qué pasa si nadie quiere operarse en el nuevo HUCA?
Junto a la propuesta para fomentar la igualdad en los servicios que la sanidad pública presta a los asturianos, Cascos apuntó la idea de facilitar que -siempre bajo la decisión del paciente- algunos tratamientos puedan prestarse en centros privados. Para Caicoya, que ve «clarísima» la necesidad de una entidad que centralice las compras de medicamentos y suministros sanitarios, dos de las claves serán asegurar desde dentro que esos servicios mantengan «la misma calidad que los prestados en el centro público de referencia», y que los centros privados «subsidiarios» no se conviertan en «parásitos». «No puedes estrangular a alguien a quien dejaste crecer a tu cuenta, enviando hoy diez apendicitos y cuarenta hernias, y mañana ninguna», alerta. «La lista de espera es natural», continúa, «y lo importante será priorizar objetivos». «El paciente y la sociedad deben dominar más el sistema», apostilla.
Eliminar el céntimo sanitario, el impuesto de transmisiones y el de sucesiones, como incluye la hoja de ruta del Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos, supondría una merma para las arcas del Gobierno regional de unos 300 millones. Una caída de los ingresos que, a juicio de los economistas asturianos, puede ser peligrosa en un momento en el que los organismos financieros internacionales están abogando por recortar déficit público y aumentar impuestos. Aunque reconocen que esta bajada impositiva puede ayudar a estimular la actividad económica de la región.
Por tasas, eliminar el llamado céntimo sanitario, un recargo autonómico que lleva aplicándose desde el año 2002 y que grava el precio de los carburantes para financiar gastos de sanidad, supondrá que las arcas regionales dejen de percibir 36 millones (esa fue la cantidad que el Principado ingresó por este impuesto el año pasado). Eliminar el impuesto de transmisiones se transformará en una merma de ingresos de 145 millones y acabar con el de sucesiones supondrá dejar de ingresar 126 millones. Los economistas coinciden en señalar que la bajada puede tener aspectos positivos, como un impulso del consumo, aunque advierten de que también pueden darse efectos negativos como un incremento del déficit.
Jesús Sanmartín, economista asturiano y presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), aseguró que la fiscalidad no debería ser la medida más importante para tratar de ganar actividad económica sino que deben incorporarse otras medidas adicionales. Y señala que una bajada de impuestos como la que propone Cascos puede provocar una subida del déficit y una caída de la recaudación en un momento en el que todos los gobiernos están abogando por el objetivo contrario. Aunque según apunta también, puede ser que «se dé un aumento de la renta disponible por las familias, lo que puede ir directamente al ahorro o al consumo, en unos momentos en los que, precisamente, se necesita estimular el consumo».
Para Miguel de la Fuente, decano del Colegio de Economistas de Asturias, una bajada de los llamados impuestos directos (entre los que se incluyen el de sucesiones y transmisiones) «pueden ayudar a fomentar la actividad, la demanda y por tanto la competitividad de las empresas asturianas. Pueden ser medidas positivas para crear empleo». También advierte de que hay que tener cuidado con que estas medidas no repercutan en un aumento del gasto. En su opinión, en estos momentos hay que apostar por mantener un buen nivel de ingresos y a su vez recortar gastos: «En el término medio está la virtud», señala. «Personalmente siempre he sido partidario de aumentar los impuestos indirectos, como el IVA o la gasolina, antes que los directos que pueden dañar la actividad de la economía».
Cascos abogó durante su discurso también por iniciativas que ayuden a generar actividad y frenar la salida de compañías asturianas a otras regiones donde las medidas fiscales son más favorables. Los economistas asturianos aseguran que, por el momento, no se están detectando que se esté dando este fenómeno. Aunque Jesús Sanmartín asegura que sí que es un tema que preocupa a los empresarios asturianos, y reconoce que conoce algún caso de empresas que se han ido a otras regiones pero no buscando unas mejoras fiscales sino en busca de una menor presión por parte de la inspección de Trabajo. «En Madrid hay miles de empresas y la inspección no suele tener tan controladas a las compañías como en Asturias», explica.
Para reactivar la base de la pirámide poblacional asturiana, cada año más estrecha, Álvarez-Cascos presentó como medida estrella la implantación del «cheque bebé». Una ayuda de 2.000 euros por hijo, que llegará en forma de cheque y que los padres podrán gastar en comercios asturianos. Se trata de una medida similar a la que impulsó en 2007 el Gobierno central, daba una ayuda de 2.500 euros por hijo, y que dos años después decidió retirar alegando que estaba provocando un fuerte alza del déficit.
Aplicar la medida tal y como la ha diseñado Cascos supondría, con las actuales cifras de natalidad de la región (en 2010 nacieron 7.814 niños, según los últimos datos demográficos del INE), un desembolso para las arcas autonómicas de 15,6 millones de euros al año. Los economistas coinciden en que hay que actuar de forma inmediata para mejorar las «pobres» cifras de natalidad de la región, aunque advierten al igual que en las nuevas medidas fiscales de que el nuevo cheque bebé puede provocar un aumento del déficit. «Se criticó al Gobierno por la ayuda de 400 euros y por aplicar el cheque bebé, y aún no se han analizado bien las consecuencias de estas medidas. Aunque las autonomías cuando deciden aplicar excentivos fiscales no suelen medir las consecuencias», asegura Jesús Sanmartín, presidente del REAF.
Los asturianos figuran, en los últimos datos que divulgó el INE, como la región con una de las tasas de natalidad más bajas de España. En concreto, en Asturias nacen 7,3 niños por cada mil habitantes: en ninguna otra comunidad se alcanzan niveles tan bajos. «El problema de la natalidad es tremendo, y hay que buscar medidas de forma urgente para fomentar que las familias se animen a tener más hijos», señala Miguel de la Fuente, presidente del Colegio de Economistas de Asturias, «quizás 2.000 euros no sirvan para fomentar la natalidad, sino que hace falta que las familias perciban que hay una cierta estabilidad de la economía y del empleo, además de ayudas para facilitar la conciliación entre la vida familiar y la laboral de las mujeres».
Florentino Felgueroso, uno de los promotores del llamado grupo de «los Cien», un colectivo formado por economistas vinculados a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fadea), asegura que es «imposible saber si el cheque bebé tuvo efectos positivos o no porque la repercusión de la medida nunca se evaluó». Y abogó por que en Asturias es urgente tomar medidas en este sentido ya que «la región tiene una de las políticas de natalidad más raquíticas de España, y todo lo que sea incentivar la natalidad bienvenido será». El economista asturiano también alerta de que «si hay recursos económicos puede ser una buena medida, habrá que tener en cuenta las limitaciones del presupuesto».
Para potenciar el desarrollo de las infraestructuras que Asturias tiene pendientes, el futuro presidente asturiano abogó por ir a una fórmula de colaboración entre la Administración y empresas privadas, el conocido como peaje en la sombra que ya funciona en la llamada AS-II, la autopista que une Oviedo con Gijón. Los expertos desconfían de que esta fórmula pueda tener éxito. Además, en Asturias ya hay ejemplos del fracaso de esta fórmula. Hace un año, el hasta ahora consejero de Industria, Graciano Torre, anunció que la crisis financiera obligaba a aparcar la conexión por autovía entre Llanera y Avilés, después de no encontrar a ningún inversor privado interesado en invertir en la infraestructura. La llamada Autovía del Acero iba a conectar las dos principales áreas industriales de la región, y estaba previsto que se invirtieran 244 millones en el que iba a ser uno de los proyectos estrella del Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces en materia de infraestructuras.
«El dinero público está mal, pero el privado tampoco es que vaya muy bien», explica el economista asturiano Florentino Felgueroso, «pero esa colaboración entre lo público y lo privado es algo a lo que hay que tender y no sólo en el ámbito de las infraestructuras, sino también en otros negocios como el de la educación o el empleo». El economista asturiano Juan Velarde ve poco recorrido a una colaboración entre el sector público y el privado para impulsar las infraestructuras pendientes de la región. «Es un sector que tiene una escasa rentabilidad desde el punto de vista de las empresas», explica. Para Velarde, «el sector público debe orientar sus inversiones hacia aquellas obras que tengan una verdadera rentabilidad».
Según el economista, «Asturias necesita dejar de ser una isla y mejorar sus conexiones, pero la fórmula público-privada no es la solución, ya que por ejemplo en Madrid las autopistas que se han decidido desarrollar mediante esta fórmula están quebradas».
«No sabría decirle si la Administración es demasiado grande, pero sí que no parece lógico contar con una empresa constructora». La frase es de Ángel de la Fuente, economista asturiano e investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). «Y no sé si gana o pierde dinero, pero aun así no sé qué pinta», añade. Desde su punto de vista, el recorte del sector público asturiano, de las empresas del Principado que la oposición llamó «chiringuitos», debe hacerse «caso a caso». «Aun así, me parece bien que Sedes y la Televisión asturiana desaparezcan», afirma, «sobre todo con un presupuesto del que la sanidad se lleva el 40 por ciento». «Si hay ahorro habrá campo para hacer mucho más», asevera.
Desde su punto de vista, el «servicio público» debe ser el que marque la pervivencia de cada empresa. «Mire los transportes de Gijón: a lo mejor no producen dinero, pero la empresa cumple perfectamente su función, porque a la gente que no tiene otra alternativa le permite tener una movilidad mayor. Para eso sí tiene sentido tener una empresa pública, pero no «para construir pisos».
«Los centros educativos trabajan con intangibles, y los resultados no se ven a corto plazo». Por esa razón Javier Fombona, profesor del departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo y experto en didáctica y organización escolar, opina que a las escuelas e institutos hay que dejarles trabajar con «tranquilidad». El anuncio de Álvarez-Cascos de «liberalizar» la educación asturiana, permitiendo que los padres elijan en qué colegio escolarizar a sus hijos -siempre dentro de las posibilidades de cada centro-, dicen, no es la solución para mejorar la calidad.
«Lo que hay que mejorar es la eficacia, seguir trabajando por la calidad de la docencia», opina Fombona. «Quizá en algunos asuntos podría llevarnos más cerca de la excelencia», reconoce, «pero también hay personas que no tendrán posibilidades de elegir». «La educación no puede olvidar que tiene un fortísimo componente social». Desde diferentes sectores de la educación señalan que «es necesario que no nos cambien constantemente los referentes legislativos». La ley limita las posibilidades de cambio en el currículo «al 45 por ciento, pero estamos seguros de que el nuevo Gobierno lo va a aprovechar». «Lo que hay que hacer es distribuir mejor los fondos», afirman. De nuevo, la clave está en la eficacia.
La Universidad se ha convertido, en los últimos días, en un arma arrojadiza entre el candidato a la Presidente del Principado y el Partido Popular. Para superar el enfrentamiento, María Mitre, profesora de la Universidad de Oviedo y experta en calidad de la educación universitaria, propone «aprovechar las ideas buenas» que recoge la propuesta de Foro Asturias, pero evitar «solapamientos o competencia entre centros». «Si va a ser con fondos públicos veo lógico que éstos se inviertan en la actual Universidad, no en una nueva», opina. «Si, en cambio, es privada, no hay problema», añade.
De la propuesta universitaria de Foro, Mitre se queda con el fomento de la interdisciplinariedad, la atracción de talentos de otros centros o el fomento de estudios relacionados con el sector agroalimentario. «Cuando habla de innovación o de creatividad, aunque son áreas que pueden potenciarse, eso ya lo hacemos nosotros», sentencia.
