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La ley de Dependencia, la sanidad y Bolonia amenazan la sostenibilidad del gasto regional

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Los expertos recomiendan que se fijen «mecanismos penalizadores» para las comunidades que incumplan el ajuste que marca el Estado

La ley de Dependencia, la sanidad y Bolonia amenazan la sostenibilidad del gasto regional 

Lne.es » Asturias  Oviedo, José A. ORDÓÑEZ

La ley de Dependencia, la adaptación de la Universidad al nuevo espacio europeo de educación, conocido como «plan Bolonia», y el «rápido crecimiento del gasto sanitario» constituyen los principales retos para la sostenibilidad del gasto público en las comunidades autónomas, entre ellas la asturiana. Ésta es la principal conclusión a la que llegan Roberto Fernández Llera, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, y Eloy Morán, auditor del Consejo de Cuentas de Galicia, tras analizar las diferentes reacciones fiscales de las autonomías españolas ante la crisis.

 

Fernández Llera y Morán ponen negro sobre blanco los principales riesgos a los que se enfrentan las autonomías en pleno proceso de ajuste, pero también hacen una serie de recomendaciones para contribuir al saneamiento de las arcas públicas. Así, abogan por que las comunidades incidan en la aplicación de «políticas de reorganización administrativa» que les permitan lograr una mayor eficiencia a través, sobre todo, de una «reforma profunda de la política de personal». Además, se muestran a favor de un desarrollo importante de los métodos de colaboración público-privada, pero sin que ello conlleve unos «excesivos costes financieros» para la Administración, ni tampoco «una pérdida de control sobre los servicios públicos».

 

Las comunidades autónomas deberán de seguir apretándose el cinturón durante unos cuantos años más. Roberto Fernández Llera y Eloy Morán consideran que el proceso de ajuste «sólo ha desplegado su primera fase» y que «deberá continuar durante varios años», para «lograr los objetivos de estabilidad presupuestaria, sin comprometer la incipiente recuperación económica». Para alcanzar tal objetivo, y entre otras recomendaciones, los economistas también defienden «el refuerzo de las instituciones multilaterales de coordinación y cooperación», así como una reforma que haga del Senado «una auténtica Cámara de representación territorial».

 

Y es que, a juicio de los autores del estudio sobre las reacciones fiscales de las comunidades autónomas ante la crisis, publicado en el último número de la «Revista Asturiana de Economía», las medidas que se han adoptado hasta la fecha «adolecen de orden» y «no han constituido una respuesta global ni coordinada de las autonomías ante la crisis». Se trata de una carencia que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha tratado de corregir con la aprobación de un acuerdo marco de estabilidad de las finanzas públicas para el período que va de 2010 a 2013.

 

A este respecto, Roberto Fernández Llera y Eloy Morán consideran que habría que fijar una serie de «mecanismos penalizadores» para aquellas comunidades que incumplan los objetivos de estabilidad marcados por el Gobierno. Además, también defienden que se estudie la posibilidad de fijar los límites de deuda de acuerdo con el endeudamiento previo y con el grado de solvencia de cada autonomía en concreto, premiando de esa manera a las que se encuentren en una situación más desahogada y hayan cumplido los objetivos marcados por el Ministerio de Economía. Es lo que llaman el «pacto interno de estabilidad».

 

Asturias saldría beneficiada si se aplicase esta medida, toda vez que acabó 2010 sin sobrepasar el techo de endeudamiento y el Ministerio de Economía le ha aprobado el plan de reequilibrio financiero, que supone un ahorro de en torno al 1,1 por ciento del PIB regional. Son unos 254 millones que obligarán a hacer más esfuerzos, pero, según el consejero de Economía, Jaime Rabanal, sin tocar servicios básicos. Frente al aprobado de Asturias, el Ministerio ha puesto un suspenso a los planes de Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura, que podrían ser penalizadas por incumplir los objetivos si se llevase a cabo la propuesta de los economistas.

 

Las autonomías están obligadas por el Ministerio a reducir al 1 por ciento del producto interior bruto (PIB) el techo máximo de déficit en 2014. Se trata de una décima menos de lo previsto para 2013, mientras que para este año y el que viene rige el 1,3 por ciento del PIB. El Principado cerró 2010 con un déficit del 2,4 por ciento del PIB y su plan de reequilibrio financiero para cumplir con las exigencias del Gobierno central ya ha recibido el visto bueno de la vicepresidenta económica, Elena Salgado. El consejero de Economía, Jaime Rabanal, sostiene que el próximo Gobierno, que salvo sorpresa presidirá Francisco Álvarez-Cascos (FAC), no tendrá que emprender más ajustes que los ya aplicados al Presupuesto regional de este año.

 

Sin embargo, la advertencia de Fernández Llera y Morán sobre las consecuencias que puede tener en la sostenibilidad de las cuentas autonómicas el crecimiento del gasto sanitario coincide en el tiempo con la publicación de un informe de la Sindicatura de Cuentas en el que se consigna que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) acumula, desde hace ya varios años, una deuda no reconocida en sus obligaciones presupuestarias que en 2009 alcanzaba los 166,9 millones de euros. El PP ha alertado de que esta deuda, que se va desplazando de año en año y a la que la Sindicatura llama a poner coto cuanto antes, unida al sobrecoste de las obras de construcción del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), puede poner en peligro el sistema sanitario asturiano y la misma estabilidad económica del Principado.

 

Vicente Álvarez Areces deja a su sucesor una deuda de 1.644 millones, la segunda más baja de todo el país. De acuerdo con las previsiones de Rabanal, al final del ejercicio la deuda autonómica rondará los 1.800 millones, dentro del límite máximo autorizado.

357.000 asturianos padecen trastornos psiquiátricos

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Un tercio de los asturianos convive con los trastornos psiquiátricos

El 60% de los enfermos que sufren una patología mental grave no acuden al médico

La Voz de Asturias. 10/07/2011/ Susana D. Machargo Oviedo

Salud coordina a los centros de salud con la red de especialistas

La imagen es una locura

Alrededor de 650 millones de personas en el mundo padecen un trastorno mental o de comportamiento a lo largo de toda su vida. Las enfermedades mentales se han convertido ya en una auténtica pandemia para la sociedad del siglo XXI, que se enfrenta con el temor del desconocimiento a las patologías que se desencadenan en el cerebro. Su diagnóstico y su prevención son una prioridad para los Gobiernos por multitud de factores. En parte, por el elevado coste económico que generan, pero también porque constituyen una elevada carga de sufrimiento, de morbilidad y discapacidad. Sólo en el Principado, al menos 357.000 asturianos dicen sufrir algún malestar relacionado con la esfera mental y la Administración se gasta casi 25 millones de euros anuales en abordarlo.

 

Si hablamos de porcentajes, los centros de salud atienden por malestar psíquico de algún tipo al 26,2% de la población. Además, según la literatura médica, el 2,5% sufre trastornos mentales graves. Eso supone que más de 24.000 asturianos padecen una patología preocupante, pero casi el 60% no lo sabe o, al menos, nunca ha acudido al médico. Esto supone una importante brecha para el sistema.

 

Las tablas de prescripción famacéutica ejemplifican aún más lo enraizadas que están estas enfermedades en la sociedad. Los últimos datos oficiales, referidos a 2007, revelan que en el Principado se suministran 70,4 millones de dosis al año de fármacos contra los síntomas de trastorno mental. Por sí solos, los ansiolíticos suponen 29,6 millones de dosis y los antidepresivos, otros 25 millones. Se trata de los medicamentos más demandados en la actualidad al sistema de salud.

 

Estos son algunos de los datos que aparecen en la evaluación de situación del nuevo Plan de Salud Mental del Principado de Asturias , que estará en funcionamiento desde este año hasta 2016 y pretende mejorar la calidad asistencial, impulsar el diagnóstico precoz y lograr la reinserción social de los pacientes, implicando a toda la sociedad. Su elevada prevalencia explica este renovado interés por los trastornos psíquicos, que constituyen la causa más frecuente de enfermedad en Europa, por encima, incluso, del cáncer o de las enfermedades cardiovasculares.

 

Los diagnósticos Los diagnósticos de patologías mentales más frecuentes entre los adultos asturianos son los de trastornos de ansiedad y de humor, que suman más del 60% de las consultas y que afectan el doble a las mujeres que a los varones. En cambio, en la atención a niños y jóvenes, los problemas más frecuentes son los trastornos del comportamiento y de las emociones, que representan el 22,44%, seguidos de la ansiedad, que afecta al 14,98%.

 

La incidencia crece año tras año. Así, por ejemplo, los médicos asturianos atienden a más de 10.000 pacientes adultos nuevos al año y más de 1.200 entre niños y jóvenes. Los motivos por los que acuden a la consulta están muy definidos. La primera causa es la ansiedad, la tensión y el nerviosismo. El segundo bloque de preocupación es el que forman la depresión y los trastornos asociados. En tercer lugar, aparecen las alteraciones del sueño. En todos estos supuestos, el número de mujeres es superior al de los varones.

 

La percepción de la salud mental, o, lo que es lo mismo, cómo creen que se encuentran, es ya peor, de entrada, en ellas. Según la encuesta de Salud de Asturias de 2008, el 18% asegura que tiene ansiedad o depresión, frente al 10% de los hombres. En cambio, la incidencia del suicidio es mayor entre los hombres que entre las mujeres, aunque en los últimos ejercicios ha ido descendiendo paulatinamente.

 

Uno de los principales motivos de preocupación para el Servicio de Salud del Principado (Sespa) es el número de casos sin diagnosticar, sobre todo aquellos de gravedad. La literatura científica revela que la prevalencia estimada para los trastornos mentales graves es del 2,5% sobre la población general. Esto implica que en Asturias afectan a unas 24.000 personas. Sin embargo, el número de personas atendidas por los servicios especializados de Salud Mental está ligeramente por debajo de los 10.000. Eso implica que hay más de 14.000 que pueden padecer una patología y que no piden ayuda.

 

El objetivo del nuevo Plan de Salud Mental es corregir esa “brecha en el tratamiento”, que es del 60%. Es decir, corregir los déficits en el diagnóstico, ya que seis de cada diez asturianos con un trastorno psíquico no acuden al médico y, por tanto, no trata de atajar los síntomas que le produce la enfermedad.

357.000 asturianos padecen trastornos psiquiátricos

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Un tercio de los asturianos convive con los trastornos psiquiátricos

El 60% de los enfermos que sufren una patología mental grave no acuden al médico

La Voz de Asturias. 10/07/2011/ Susana D. Machargo Oviedo

Salud coordina a los centros de salud con la red de especialistas

La imagen es una locura

Alrededor de 650 millones de personas en el mundo padecen un trastorno mental o de comportamiento a lo largo de toda su vida. Las enfermedades mentales se han convertido ya en una auténtica pandemia para la sociedad del siglo XXI, que se enfrenta con el temor del desconocimiento a las patologías que se desencadenan en el cerebro. Su diagnóstico y su prevención son una prioridad para los Gobiernos por multitud de factores. En parte, por el elevado coste económico que generan, pero también porque constituyen una elevada carga de sufrimiento, de morbilidad y discapacidad. Sólo en el Principado, al menos 357.000 asturianos dicen sufrir algún malestar relacionado con la esfera mental y la Administración se gasta casi 25 millones de euros anuales en abordarlo.

 

Si hablamos de porcentajes, los centros de salud atienden por malestar psíquico de algún tipo al 26,2% de la población. Además, según la literatura médica, el 2,5% sufre trastornos mentales graves. Eso supone que más de 24.000 asturianos padecen una patología preocupante, pero casi el 60% no lo sabe o, al menos, nunca ha acudido al médico. Esto supone una importante brecha para el sistema.

 

Las tablas de prescripción famacéutica ejemplifican aún más lo enraizadas que están estas enfermedades en la sociedad. Los últimos datos oficiales, referidos a 2007, revelan que en el Principado se suministran 70,4 millones de dosis al año de fármacos contra los síntomas de trastorno mental. Por sí solos, los ansiolíticos suponen 29,6 millones de dosis y los antidepresivos, otros 25 millones. Se trata de los medicamentos más demandados en la actualidad al sistema de salud.

 

Estos son algunos de los datos que aparecen en la evaluación de situación del nuevo Plan de Salud Mental del Principado de Asturias , que estará en funcionamiento desde este año hasta 2016 y pretende mejorar la calidad asistencial, impulsar el diagnóstico precoz y lograr la reinserción social de los pacientes, implicando a toda la sociedad. Su elevada prevalencia explica este renovado interés por los trastornos psíquicos, que constituyen la causa más frecuente de enfermedad en Europa, por encima, incluso, del cáncer o de las enfermedades cardiovasculares.

 

Los diagnósticos Los diagnósticos de patologías mentales más frecuentes entre los adultos asturianos son los de trastornos de ansiedad y de humor, que suman más del 60% de las consultas y que afectan el doble a las mujeres que a los varones. En cambio, en la atención a niños y jóvenes, los problemas más frecuentes son los trastornos del comportamiento y de las emociones, que representan el 22,44%, seguidos de la ansiedad, que afecta al 14,98%.

 

La incidencia crece año tras año. Así, por ejemplo, los médicos asturianos atienden a más de 10.000 pacientes adultos nuevos al año y más de 1.200 entre niños y jóvenes. Los motivos por los que acuden a la consulta están muy definidos. La primera causa es la ansiedad, la tensión y el nerviosismo. El segundo bloque de preocupación es el que forman la depresión y los trastornos asociados. En tercer lugar, aparecen las alteraciones del sueño. En todos estos supuestos, el número de mujeres es superior al de los varones.

 

La percepción de la salud mental, o, lo que es lo mismo, cómo creen que se encuentran, es ya peor, de entrada, en ellas. Según la encuesta de Salud de Asturias de 2008, el 18% asegura que tiene ansiedad o depresión, frente al 10% de los hombres. En cambio, la incidencia del suicidio es mayor entre los hombres que entre las mujeres, aunque en los últimos ejercicios ha ido descendiendo paulatinamente.

 

Uno de los principales motivos de preocupación para el Servicio de Salud del Principado (Sespa) es el número de casos sin diagnosticar, sobre todo aquellos de gravedad. La literatura científica revela que la prevalencia estimada para los trastornos mentales graves es del 2,5% sobre la población general. Esto implica que en Asturias afectan a unas 24.000 personas. Sin embargo, el número de personas atendidas por los servicios especializados de Salud Mental está ligeramente por debajo de los 10.000. Eso implica que hay más de 14.000 que pueden padecer una patología y que no piden ayuda.

 

El objetivo del nuevo Plan de Salud Mental es corregir esa “brecha en el tratamiento”, que es del 60%. Es decir, corregir los déficits en el diagnóstico, ya que seis de cada diez asturianos con un trastorno psíquico no acuden al médico y, por tanto, no trata de atajar los síntomas que le produce la enfermedad.

22-M: accidente o ruptura

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 El arranque del nuevo período legislativo

El análisis del mapa político tras el 22-M (6)

El alcance de la irrupción de Cascos en Asturias divide a los analistas entre los que creen que Foro «llegó para quedarse» y los que dudan de que pueda mantener el tirón en próximos comicios

Foto: Carmen Moriyón, ahora alcaldesa de Gijón, abraza a Cascos, durante la noche electoral, tras conocer que Foro era la fuerza con más diputados.

Lne.es » Asturias  Oviedo, J. E. MENCÍA

 

Foro Asturias, 16 escaños; PSOE, 15; Partido Popular, 10; e Izquierda Unida, 4. A modo de juego cabalístico, las urnas dejaron el 22 de mayo esas cifras en Asturias. Con ellas se debe interpretar ahora la política regional. Descifrar las estrategias que encierran no es tarea sencilla. Igual que el arcano 16 del tarot -la misma cifra de escaños que sujetará el Gobierno de Foro- representa la torre de Babel fulminada, la política asturiana recuerda al edificio bíblico en el que sus habitantes eran incapaces de entenderse.

 

 ¿Qué pasó el 22 de mayo?

 

Las lecturas dependen de la perspectiva. Hay analistas, caso del político, escritor y ensayista Xuan Xosé Sánchez Vicente, que perciben un «profundo vuelco electoral, una convulsión que noqueó a los partidos tradicionales» y otros, como el catedrático Francisco Bastida, que consideran que los esquemas «sólo se trastocaron un poco, la derecha se dividió, pero no es nuevo, igual que Foro, que vende aire fresco cuando Cascos, Roces u Oblanca son viejos conocidos». Entre los especialistas en política regional hay quien percibe «una alteración profunda del mapa político asturiano» por la aparición, como ganador, de «un partido no sujeto a disciplina estatal». El sociólogo Óscar Rodríguez Buznego no duda de que «estas elecciones merecen un estudio profundo porque trasladan una realidad política muy compleja». Sin embargo, cuando ese interés se traduce al lenguaje de la calle, como por ejemplo hace el cantautor Jerónimo Granda, impera el escepticismo: «No veo grandes sorpresas, creo que todo acabará siendo igual». Otro representante del mundo artístico que prefiere el anonimato, «porque están las cosas muy caldeadas», añade: «Todo esto ya me aburre».

 

El secreto de Cascos

 

Estas visiones escépticas que dejan entrever el desencanto que genera la política tienen bastante que ver con la victoria pergeñada por Francisco Álvarez-Cascos. ¿Cuál ha sido su fórmula para lograr ese giro electoral citado por Sánchez Vicente o Buznego? Ellos mismos ofrecen respuesta. «Los ciudadanos tienen un cabreo mayúsculo con los políticos y, de repente llegó Cascos a pasar la bandeja», opina Buznego. «La sociedad estaba harta de políticos y, sorprendentemente, Cascos fue capaz de pasar por apolítico», añade Sánchez Vicente.

 

Hubo más razones. Cascos es, a juicio de todos los encuestados, el candidato «más potente» de cuantos se midieron el 22-M. «Lo demostró durante la campaña, tiene más talla política», sostiene Buznego. El currículum del ex vicepresidente y ex ministro de Fomento con José María Aznar también pesó. «Durante los últimos años, tanto el PP como los medios de comunicación habían convertido a Cascos en el referente político de Asturias», sostiene Francisco Bastida. «La gente cree que fai les carreteres solu», apostilla, socarrón, Sánchez Vicente. El pasado político le sirvió también a Cascos para mantener «pegada mediática» y pasarse casi un año de «bolo en bolo» por radios y televisiones, e, incluso, para abrir brechas en Génova, sede central del PP, donde se oyeron voces a su favor hasta semanas después de que ya hubiera dejado el partido dando un sonoro portazo.

 

Hasta el carácter se convirtió en una ventaja. Uno de los trazos que definen a Cascos es su ímpetu. «La crisis hace que la gente busque un liderazgo fuerte, un político de mano dura», coinciden varios analistas, «y eso lo ofreció Cascos» en sólo un gesto: el portazo que dio en Génova. Esa escenificación vistió a Cascos de «outsider» político y líder con arrestos, y le permitió ampliar el caladero de votos. «La gente de izquierdas y otras sensibilidades políticas que querían castigar al PSOE se vio aliviada por la salida de Cascos del PP, unas siglas a las que les dolía echar el voto. Con Foro no hubo dolor», considera Sánchez Vicente. Bastida define esa estrategia: «populismo». El escritor Ricardo Menéndez Salmón resume: «Asturias se entregó en manos de un discurso mesiánico, forjado por un hombre duro y experimentado, al que pueden sus ínfulas neojovellanistas, que le persiguen desde que dejó de admirar a Franco».

 

 Empujando a Cascos

 

El ímpetu de Cascos encontró el suelo recién pulido. Junto a su haber hay que situar el debe de sus rivales. «Las urnas expresaron su hastío ante dos proyectos amortizados: uno por cansancio, el de Areces y el PSOE, y otro por ineptitud, el de Ovidio Sánchez y el PP, al tiempo que daban la espalda a dos políticos de circunstancias: Javier Fernández e Isabel Pérez Espinosa», mantiene Ricardo Menéndez Salmón, dejando en el tejado del PSOE y el PP buena parte de la responsabilidad en el triunfo de Cascos.

 

De nuevo la indignación. El 22-M llegó marcado -así ha podido verse en toda España- por un fuerte descontento con el PSOE, tanto en el ámbito nacional como en el regional o en el local. «Era tal el disgusto y la desesperación que algunos votantes socialistas tiraron su papeleta de forma consciente», considera Buznego. Bastida liga este «calentón contra Zapatero» con la situación regional: «Está claro que el Gobierno central no vio la crisis ni diagnosticó las soluciones correctas, pero en Asturias también pesaron los años de arecismo, las malas prácticas en materia de contrataciones y política de personal o la "operación Marea"». «Ese entramado de treinta años de negocios socialistas fue muy castigado por el electorado», apostilla Sánchez Vicente. A estas razones, algunos dirigentes del PSOE añaden, en clave de crítica interna, la escasa renovación de la lista electoral «fabricada para buscar un equilibrio que dejara contento a todo el mundo» y la desacertada gestión arecista «volcada en proyectos faraónicos poco entendibles en plena crisis económica y muy difícilmente sostenibles ahora». «Cascos se aprovechó de un voto a la contra, de la gente que iba a echar al PSOE y no quería votar PP», opina Sánchez Vicente.

 

Para el PP también hay crítica. «Las campañas del PSOE y el PP fueron desastrosas. El PSOE acabó haciendo campaña nacional, justo lo que no quería y llenando Asturias de referencias al PSOE nacional con Rubalcaba, Blanco o Guerra. El PP empezó con mucho ánimo pero luego se desinfló», relata Buznego. «La inoperancia de la dirección popular sirvió de mano para acrecentar la división interna», añade Bastida, mientras que Sánchez Vicente considera que «el PP no supo romper definitivamente con Cascos y muchos afiliados pensaron que votaban en unas primarias y que luego todo se arreglaría». El liderazgo blando de Mariano Rajoy también influyó, al menos a juicio de Buznego, que opina que con José María Aznar las deserciones habrían sido menos.

 

Bienvenidos a Babel

 

Las elecciones más inciertas arrojaron los resultados más confusos y endebles. Cada partido ha adoptado su estrategia: Foro quiere consolidarse mientras PSOE y PP buscan una táctica y tratan de poner sordina a la crítica interna. «Espectáculo penoso» o «jaleo de grandes dimensiones», así definen un profesional del mundo del espectáculo y un sacerdote la actualidad política asturiana. El cantautor Jerónimo Granda tira de saber popular: «Cuando no hay panchón, todos riñen y todos tienen razón». Esa es grosso modo la visión para el ciudadano normal. Los analistas reconocen la confusión. «Hay una desubicación general comprensible provocada por la pugna entre quienes quieren sujetar a Foro, y los foristas, que quieren alterar ese sistema», apunta uno de los consultados, que destaca el escenario de «crisis y generales anticipadas» en el que se produce todo.

 

Buznego añade otra explicación a la confusión. «No se ha respetado el escrutinio lo suficiente a la hora de analizar. Hay una debacle clara del PP, pero el PSOE fue la fuerza más votada y no puede decirse que Cascos arrasara», aclara. El desconcierto es tal que, según Sánchez Vicente, «el PSOE y el PP aún no tienen claro qué hacer». Dirigentes socialistas reconocen incluso que algunos capítulos como el apoyo al PP para hacerse con la presidencia de la Junta o lo sucedido en los ayuntamientos de Oviedo y Gijón, donde el PSOE permitió gobernar al PP, en el primero, y los populares forzaron la salida del PSOE, en el segundo, han contribuido a confundir aún más a las bases. Ricardo Menéndez Salmón asegura como espectador: «Veo al PSOE con pocas ganas de afrontar un Gobierno de izquierdas en el alambre y al PP sin discurso».

 

El sistema de designación de presidente que hay en Asturias, «que no deja más opción que votar a favor o abstenerse, e impide votar en contra» añadiría sal al enredo. «No obliga a las fuerzas a pactar en serio y permite que salgan adelante gobiernos sin estabilidad», destaca Bastida.

 

Accidente o nueva era

 

¿Cuánto se ha movido la tierra bajo el mapa electoral asturiano? Esa es una de las grandes cuestiones que ha dejado en el aire el 22 de mayo. Rodríguez Buznego, sociólogo y profesor de Ciencia Política, lo define como «ver si los votos regresan a su sitio o quedan ahí para siempre». Explica que Foro atrajo escrutinios de diversos ámbitos y que habrá que esperar a próximos comicios para ver si el partido de Cascos ha llegado para quedarse. «Los votantes del PP deberán decidir en las generales si vuelven al PP, que presenta una opción ganadora, o si siguen con Cascos. Y habrá que ver también qué hacen los socialistas y los regionalistas que le votaron. Las próximas autonómicas resultarán claves», dice. «Cascos se ha centrado en las generales, se le puede criticar, pero no puede decirse que se esté equivocando de cara a sus intereses políticos», añade Buznego, que de nuevo ve a socialistas y populares equivocados: «Están permitiendo que toda la iniciativa política gire en torno a Foro».

 

Sobre la profundidad de la sacudida electoral propinada por Cascos no hay consenso. Los analistas se dividen entre los que no creen que tenga largo recorrido «porque los orígenes de los votos son muy diferentes» y los que consideran que hay Cascos para rato. «PSOE y PP siguen moviéndose por coordenadas del pasado, ven a Foro como una simple escisión del centro derecha y se equivocan», percibe uno de los consultados.

 

El futuro inmediato

 

Mientras se despeja el alcance del cambio político en las próximas citas electorales, el futuro inmediato traerá varias piedras de toque para saber por dónde camina la estrategia de cada partido: las elecciones generales, la negociación presupuestaria y la concertación social. Xuan Xosé Sánchez Vicente da por hecho que «Cascos mantendrá su guerra a muerte con el PP». «No habrá posibilidades de equilibrios, uno acabará comiéndose al otro», recalca. Las generales serán claves, y más si como todo indica se adelantan al próximo otoño. «Cascos ha reconocido desde el principio que quiere estar en las Cortes. Buscan trascender, igual que han hecho en debates como la Caja», opina otro analista. Bastida también es de los que cree que la guerra de la derecha protagonizará la política en los próximos meses. «Negociarán, pero no tienen nada que negociar, se negocia con una fuerza que es bisagra, no con un partido que es exactamente igual que tú. Foro tratará de barrer a los populares y el PP intentará hacerse valer», opina.

 

En cuanto al PSOE? «Los socialistas han decidido echarse atrás, pero eso de dejar que se cuezan en su propia salsa tiene límites. Foro puede crecer en ese ambiente. Me parece una postura derrotista», opina Bastida. «El PSOE no puede jugar sólo a equilibrar la fuerza entre dos boxeadores, debe ir más allá y tomar la iniciativa, no puede ocultar que ha sido la fuerza más votada», interpreta otro consultado.

 

Para Bastida esta situación favorece que Cascos transmita a la opinión pública que Asturias es ingobernable y que son necesarias nuevas elecciones. Le pone fecha a la convocatoria: enero. «Quiere ser como Unión del Pueblo Navarro, le echará un pulso a Rajoy y luego forzará la máquina para barrer al PP. Es una lucha por sobrevivir y los que quieran subsistir deberán renovarse». La renovación. Esa es una asignatura que, a juicio de varios de los consultados, tienen pendiente PSOE y PP. «Se adelantarán las elecciones y pretenderán presentarse los mismos».

 

¿Y Asturias?

 

Entre tanta batalla por el poder político, hay quien teme que los intereses de Asturias queden relegados. «Las elecciones pasaron y Foro gobernará. Empieza una etapa que debemos afrontar con ilusión renovada, Asturias necesita un Gobierno estable que despeje incertidumbres e impulse la economía porque los problemas siguen estando ahí. Cascos debe utilizar su experiencia para trabajar, aunar fuerzas y sacar a Asturias adelante. No podemos perder el tiempo en luchas políticas, hay que hablar de la economía, de la internacionalización de las empresas, de la fiscalidad...». Quien habla así es Severino García Vigón, presidente de la patronal asturiana.

 

Los objetivos de García Vigón parecen difíciles a los ojos de Sánchez Vicente. «Está claro que los verdaderos problemas de Asturias no son políticos, son el paro, la deuda, la tasa de actividad? Pero Asturias quedará con un Gobierno débil para afrontarlos, débil en lo económico y en lo político», sostiene. Asturias será un reto para Cascos. «No es lo mismo ser ministro de Fomento en un momento de bonanza económica que presidente autonómico en crisis. Y habrá que ver cómo son las relaciones con Madrid y quién gobierna en la Moncloa, aunque no parece que ni Rajoy ni Rubalcaba vayan a darle aire a Cascos», opina Bastida. «Y las infraestructuras ya no son solución para la economía asturiana», añade Sánchez Vicente.

 

Ante esta situación, los analistas reclaman responsabilidad a los políticos y que no cierren ninguna puerta para ofrecer un Gobierno estable en Asturias. «La crisis es muy grave y lo deseable sería buscar pactos y explorar todas las posibilidades. Sin embargo, hay fuerzas que se apartan cuando nadie debería autoexcluirse. Foro ha logrado atraer, como bien dice, a un electorado transversal que le autoriza a negociar con todo el mundo, y si Cascos puede negociar con el PSOE, que le calificó como extrema derecha, el PP también puede acordar con los socialistas», apunta un buen conocedor de la realidad política asturiana. Bastida profundiza en esa dirección con otros argumentos: «Creo que Cascos jugará a adelantar las elecciones y que vamos a tener un año perdido. Una Administración fuera de combate durante un año no será nada bueno para Asturias. PSOE y PP deberían gobernar juntos en una situación así».

Un informe considera «imprescindible» ampliar el copago en los medicamentos

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El Libro Blanco sobre la sostenibilidad del sistema sanitario español aconseja potenciar el Consejo Interterritorial y mejorar la atención primaria

Foto: Juan Luis Rodríguez-Vigil.

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La mejora de la sanidad pública. 

Lne.es » Sociedad Oviedo, P. R.

El Libro Blanco sobre el sistema sanitario español, elaborado por un equipo de expertos a instancias de la Academia Europea de Ciencias y Artes de España, considera «imprescindible» extender el copago en las prestaciones farmacéuticas, «definiendo previamente las excepciones que se precisen en relación con los niveles de renta». De igual manera, recomienda que los centros de atención primaria dejen de ser «centros expendedores de recetas y sustitutivos de la acción social» para «ejercer únicamente la actividad médico-sanitaria».

 

Son dos de las sugerencias del estudio, cuyo objeto es el de tratar de atajar una serie de problemas que pueden poner en cuestión la sostenibilidad del sistema debido al incremento progresivo de los gastos sanitarios. Y las dificultades no son sólo de índole económica. En el diagnóstico que hacen de la situación, también se refieren a aspectos políticos, profesionales, sindicales, de estructura y de prioridades.

 

La racionalización del gasto farmacéutico es una necesidad perentoria, de lo contrario «su descontrol podría llegar a poner en cuestión la sostenibilidad del sistema», se dice. Recomiendan liberar el servicio farmacéutico pero teniendo en cuenta su especificidad en ámbitos como el rural, «donde tiene características de servicio público».

 

Coordinado por Francisco J. Rubia Vila, el Libro Blanco se elaboró con tres grupos de trabajo dirigidos por los médicos especialistas Pedro García Barreno y José María Segovia de Arana, y el economista Juan Velarde Fuertes. Entre los integrantes de esos grupos están Enrique Baca, Miguel Caínzos, Alfonso Flórez, Leopoldo Gonzalo, Félix Lobo, Daniel Martín Mayorga, José Raga y los asturianos Rafael Puyol, Juan Luis Rodríguez-Vigil y Pedro Sabando.

 

El informe aconseja «mantener, actualizar y completar la universalización» de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS) y para ello considera fundamental el fortalecimiento del Consejo Interterritorial de Sanidad, cuyos acuerdos «deben tener carácter vinculante». Desde el Interterritorial, se añade, debe acometerse «una política común para las grandes infraestructuras y centros de referencia». El instrumento financiero que permita poner en práctica «las necesarias políticas de cohesión, equidad y corrección de desigualdades» debe ser el Fondo de Cohesión. El grupo de expertos apunta que la financiación adicional del Fondo debería recabarse, en buena medida, «a partir de impuestos indirectos, específicamente señalados en su finalidad sanitaria».

 

Mejora de la calidad, capacidad de resolución, continuidad asistencial, desarrollo profesional, eficiencia en la gestión y en la organización son, en opinión del grupo de especialistas, las principales medidas a acometer.

 

La atención primaria, primer nivel sanitario al que suele acceder el usuario, debe centrarse únicamente en la actividad médico-sanitaria, «contando con la dotación adecuada para solventar los aspectos de servicio correspondientes a su nivel», algo que, según se explica, significaría «reordenar el sistema de urgencias, implantar la tarjeta electrónica y potenciar la enfermería».

 

En la atención especializada, el Libro Blanco defiende la gestión clínica, la incentivación en relación con los resultados, la excelencia clínica y la autonomía en la gestión, así como la configuración de redes hospitalarias. En cuanto a la investigación biosanitaria, «ha de ser impulsada no sólo como un aspecto clave en la formación integral de médicos y cirujanos, sino como una pieza sustancial de la calidad y el desarrollo del SNS».

 

El estudio constata la importancia que tiene en el aumento de los costes la innovación tecnológica y por ello recomienda que «no debe incorporarse aleatoriamente al sistema, sino atendiendo al criterio del Consejo Interterritorial».

 

En materia de salud mental, el Libro Blanco aconseja una colaboración «más activa» entre distintas administraciones, que debería ser evaluada continuamente por el Consejo Interterritorial. Los especialistas recalcan que está todo en la Declaración de Helsinki, asumida por España en 2005, que establece «abordaje integrado, desde la prevención de los trastornos mentales al diagnóstico, tratamiento, coordinación institucional, así como medidas de reinserción».

 

El estudio incide en un aspecto que ya había sido puesto de manifiesto en otros análisis sobre la sanidad pública, la falta de un censo de médicos en España. Considera «normal» que profesionales sanitarios de otros países ejerzan en España, de la misma manera que médicos españoles lo hacen fuera de nuestras fronteras» y, en cuanto a los estudios, pide «una profunda reflexión» sobre la duración y los objetivos de la formación del profesional sanitario, desfasada a su juicio, «pero que no debe suponer la desnaturalización del sistema MIR».

 

Otro de los consejos se dirige al desarrollo de una política de minimización del error médico y constata la creciente tendencia a la judicialización del sistema. «La medicina defensiva, como respuesta a la judicialización del ejercicio profesional, constituye un relevante factor explicativo del aumento del gasto en Sanidad».

Salud proyecta fragmentar el ICS y segregar los ocho grandes hospitales

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La ’ley ómnibus’ convertirá cada centro en una sociedad con autonomía de gestión

ELPAIS.com  FERRAN BALSELLS - Barcelona - 08/07/2011

La Generalitat planea desmantelar el paraguas del Instituto Catalán de la Salud (ICS) para dotar de autonomía absoluta a los ocho hospitales públicos de referencia que gestiona el organismo y los convertirá en sendas empresas con personalidad jurídica propia, según diversas fuentes del sector. El desmantelamiento del ICS, empresa pública que emplea a unos 41.000 profesionales y que presta cobertura sanitaria a seis millones de ciudadanos, podrá concretarse a través de las modificaciones implantadas por la ley de agilidad administrativa, conocida como ley ómnibus, que está en proceso de tramitación parlamentaria.

La empresa pública se empleará como central de compras de los centros

Esta norma abre la puerta a la mayor autonomía de los centros sanitarios de titularidad pública y también prevé que estos puedan desarrollar actividades de pago, es decir, propias de la sanidad privada. La ley ómnibus se apoya en la modificación de un aspecto de la ley del ICS de 2007, que pretende dar mayor autonomía de gestión a los centros públicos. La norma, que desató una guerra entre Generalitat y sindicatos, ya preveía que los centros gestionados por el instituto público podrían desarrollar actividades privadas, por ejemplo a través de aseguradoras o mutuas, por "razón de interés público".

 

El tripartito intentó en 2007 trocear el ICS en diferentes centros sanitarios dotando a cada uno de mayor capacidad de gestión, pero el plan no se materializó por la oposición del personal sanitario y el temor a que la autonomía endeudara a los centros.

 

Con la partición del ICS que plantea ahora la Generalitat de CiU, cada hospital se convertirá, además, en una especie de compañía independiente: deberá gestionarse como una empresa disgregada del ICS y tendrá autonomía también en el presupuesto, que deberá cuadrar ante el Departamento de Salud. El ICS, por su parte, ejercerá como un holding de compras a la que acudirán los ocho hospitales para abaratar la adquisición de productos y medicamentos.

 

La desaparición de facto del ICS avanza en la voluntad de agilizar y mejorar la gestión de las empresas públicas, argumento que la Generalitat emplea para defender la aprobación de la ley ómnibus. Los sindicatos, sin embargo, recelan de este razonamiento y advierten de que volverán a movilizarse para evitar el troceo del ICS como en 2007. "Nadie ha podido demostrar que la gestión sanitaria mejorará convirtiendo los hospitales públicos en empresas", advirtió la responsable de sanidad de CC OO, Carmen Navarro. "No hay ningún aspecto positivo en parcelar el instituto. Es muy peligroso porque facilita la privatización de los hospitales. Y tras ver la deriva actual de la Generalitat estamos convencidos de que querrán hacerlo", opina Navarro.

 

El Sindicato de Médicos, por su parte, aboga por reclamar a la Generalitat una hoja de ruta más clara y coherente en relación con la gestión sanitaria. "En realidad, dar una mayor autonomía a los centros sería lo ideal, pero no de forma errática", señaló el portavoz de este sindicato, Eugenio Tirado. "En estos momentos es más importante aclarar el desbarajuste de los recortes".

El recorte del gasto social une a la derecha en Catalunya

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El PP presenta un pacto con CiU para sacar los Presupuestos con su abstención

Foto: Alicia Sánchez-Camacho anunció ayer el acuerdo. acn

La Voz de Asturias. : 09/07/2011/ ALBERT MARTÍN VIDAL / BARCELONA

"Intervenciones como la del cambio de sexo o la inseminación artificial ya no tendrán prioridad ante otras como las cardiovasculares". Con estas palabras se refirió Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP de Catalunya, a la utilidad del acuerdo presupuestario alcanzado por su formación con el Govern en materia de sanidad. Posteriormente, Camacho matizó que lo expuesto era sólo un "ejemplo", pero no aportó datos que prueben que eso ocurra actualmente. Tal vez era lo de menos. El PP celebraba ayer que vuelve a ser preponderante en Catalunya tras largos años de marginalidad.

La formación conservadora anunció un acuerdo definitivo con el Ejecutivo que preside Artur Mas para abstenerse en los Presupuestos de este año. De esta forma, las tesis planteadas por el Govern convergente para salir de la crisis podrán superar el filtro parlamentario y el recorte de 2.600 millones en el gasto ordinario que afecta también a los servicios sociales básicos será una realidad.

Sánchez-Camacho ve un ahorro de hasta 1.500 millones que el Govern no confirma

El plácet del PP a estas cuentas, que prevén un déficit del 2,6%, contrasta con las diferentes acciones parlamentarias llevadas a cabo por el partido que preside Mariano Rajoy para fijar un límite al gasto de las autonomías y respetar el 1,3% fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pese a ello, el Govern puede reivindicar que estas cuentas son las primeras a la baja de la historia de la Generalitat y que ninguna otra Administración Pública española ha llevado adelante.

Partidas difusas

Sánchez-Camacho aseguró que, fruto del acuerdo alcanzado entre su partido y el Govern, la Generalitat se ahorrará una cantidad aproximada de entre 1.200 y 1.500 millones de euros. Esta cantidad sale principalmente de una reducción del 10% de empresas públicas que tendrán, además, un 20% menos de inversión pública y de la reducción del gasto farmacéutico.

La oposición critica la "reedición" del Pacto del Majestic de Aznar y Pujol

Sin embargo, el Govern no confirmó ayer estas cifras y tampoco aclaró si estas cantidades servirán para hacer frente a la deuda pública de la Generalitat o se derivarán a otras partidas. El PP logró también un vago compromiso de que en las cuentas de 2012 sí se respetará el objetivo de déficit cero. "No se gastará más de lo que se ingrese", aseguró Sánchez-Camacho, que recordó que el acuerdo incluye una disposición para que el gasto público no crezca en próximos ejercicios más de lo que lo haga el PIB.

Sin embargo, el Govern ha reiterado en esta legislatura que un déficit del 1,3% no es posible en el actual contexto.

El PP también quiso apuntarse el desvío de partidas del Departamento de Bienestar Social al de Sanidad, pero el dinero reorientado forma parte de un fondo de contingencia reservado para imprevistos y sólo se puede recurrir a él en caso de que no sea necesario.

El acuerdo incluye aspectos ya anunciados previamente por el Govern, como el fondo de 25 millones de euros del Institut Català de Finances para los autónomos o el pacto para destinar nueve millones a combatir el fracaso escolar.

Fin a los "delirios" de Carod

Pero al margen de su libreto liberal y compartido con CiU, el PP ha logrado del Ejecutivo otras promesas más comprometidas para los nacionalistas. Así, el Govern se compromete a dar una nueva orientación a las oficinas de acción exterior de la Generalitat las llamadas embajadas para cerrar lo que Camacho denominó "la etapa de los delirios de [Josep Lluís] Carod-Rovira", exvicepresidente del Tripartito con José Montilla.

El PP no logró el compromiso de ningún cierre en estas instituciones, aunque sí obtiene la garantía de que estas embajadas se limitarán a promover la actividad comercial con el máximo nivel de ahorro posible.

Tras el anuncio de Camacho, que no logró hacerse la ansiada fotografía con Mas por imposición del jefe del Ejecutivo, el resto de grupos se apresuró a criticar la "reedición" del pacto del Majestic que a finales de los noventa rubricaron José María Aznar y Jordi Pujol. El PSC, que se desmarcó de los Presupuestos tras suprimir el Govern el Impuesto de Sucesiones a las rentas altas, lamentó que CiU acepte un pacto "cocinado, preparado, evaluado, instado y requerido por el PP".

Caprichos del calendario, cuando se cumple un año de la multitudinaria manifestación bajo el lema "Somos una nación, tenemos derecho a decidir", la ley catalana más importante del año se aprueba de la mano del PP.

El debate político y sindical sobre el futuro del Grande Covián

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 El comité de empresa tilda de «chambonada» la actuación del PSOE en el hospital

Los representantes de la plantilla critican al Principado por pretender subrogar el personal al SESPA en su último Consejo de Gobierno y «sin los deberes hechos»

Foto: Lola Colunga. ramón díaz

La Nueva España. Arriondas, Ramón DÍAZ

El comité de empresa del hospital comarcal del oriente de Asturias calificó ayer de «chambonada» la actuación del Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces en lo referente al centro asistencial, en especial su intención de subrogar el personal del centro, hasta ahora adscrito a una fundación pública, al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) en su próximo y último Consejo de Gobierno e «incumpliendo la preceptiva apertura de un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores» y «sin los deberes hechos».

 

Los representantes de la plantilla arremetieron con dureza contra los mandatarios socialistas, a los que acusaron de intentar «colar» una relación nominal de trabajadores «sin especificar su relación contractual, mezclando cargos de confianza con trabajadores "de a pie" sujetos a convenio».

 

El comité de empresa, presidido por Lola Colunga, no considera «ético ni coherente apurar trámites de extrema importancia para la futura estabilidad del hospital, sin la suficiente reflexión, máxima cuando las consecuencias en caso de errores tendrían que ser asumidas por una nueva Administración».

 

Los sindicalistas recordaron que el Parlamento asturiano votó la Ley de integración del hospital en el SESPA el 12 de marzo de 2010. «El PSOE, partido en el gobierno, fue el único que votó en contra de que los ciudadanos del Oriente tuvieran un hospital público. No era de extrañar: con vetos y maniobras políticas habían conseguido que una sencilla ley de dos artículos demorase su votación más de dos años», añadió el comité de empresa.

 

El comité destacó que, una vez aprobada la ley, el Gobierno socialista, en vez de aplicarla, «siguió obviando que estaba en vigor y sin ningún pudor, creó con sus correligionarios de Madrid, una Comisión Bilateral del PSOE consigo mismo, para intentar lavar la cara ante los ciudadanos después de haber perdido la votación parlamentaria. Con esta excusa, no hicieron absolutamente nada en la dirección de la integración durante todo 2010; sencillamente, no hicieron los deberes: no diseñaron la cartera de servicios del centro, ni calcularon la plantilla estructural que debía prestarlos con ratios y criterios de hospital público, ni se hizo una relación de puestos de trabajo especificando la relación contractual de cada trabajador que pudiera ser firmada por el Consejo de Gobierno en el momento de la subrogación», añadió el comité.

 

La Comisión Bilateral no modificó ni una coma de la Ley de integración, lo que demostró que «era constitucional», subrayaron los sindicalistas, quienes añadieron que con la legislatura agotada y «la falta de previsión y de interés demostrada, no era de esperar que se hiciera en dos días lo que no se hizo en cuatro años». Pero ahora, al PSOE «le ha entrado una prisa loca por llevar a la firma del último Consejo de Gobierno la subrogación del personal», añadió el comité.