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Comisiones Obreras reclama una «política industrial de cara al futuro»

Comisiones Obreras reclama una «política industrial de cara al futuro»

 

«Más del 90% de los contratos que se firman son temporales, no hay empleo de calidad», asegura Guzmán Pacios

 

08.11.13 - 00:16 - Y. DE LUIS | AVILÉS.

El secretario comarcal de Comisiones Obreras, José María Guzmán Pacios, analizó ayer las cifras del paro y reclamó una «política industrial de cara al futuro». Cree que el Gobierno no está trabajando en esa dirección y es «una equivocación, porque así será todavía más difícil que se cree empleo». Para el dirigente sindical, «los datos son una muestra más de que pese a salir de la recesión, la recuperación de empleo va a tardar décadas». En el plano asturiano reclamó «una apuesta más decidida para la puesta en marcha de medidas incluidas en el Plan de Concertación».

 

El aumento del número de parados del sector servicios en prácticamente todos los concejos de la comarca en el mes de octubre es, para Guzmán Pacios, «un efecto del final del periodo estival, pero también de la precariedad en el empleo en otros sectores como el industrial, algo que lo único que conseguirá es crear todavía más paro».

 

Al respecto criticó el efecto que la Reforma Laboral está teniendo en la contratación. «Más del 90% de los contratos que se firman son temporales y de ellos muchos a media jornada, no se están firmando contratos de calidad y eso influye claramente en el consumo y trae acarreado más paro».

El ejemplo del juez Serrano

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El titular del Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo amplía los días de vistas y se muestra dispuesto "a trabajar más horas sin compensación" para acabar con el atasco judicial

Lne. 08.11.2013 | 01:52

José María Serrano, ayer, en su despacho, rodeado de los asuntos pendientes de señalamiento. Miki López

Oviedo, Félix VALLINA Cuando la pila de casos pendientes de señalamiento que se acumulan en su oficina sobrepasó la barrera de los doscientos, el magistrado José María Serrano, titular del Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo, se vio "obligado" a tomar cartas en el asunto para evitar "un colapso de dimensiones irremediables". El atasco en su Juzgado -como en otros muchos- es de tal calibre que Serrano llegó a plantear la celebración de juicios por las tardes para tratar de ponerle freno a la situación, una medida que a él mismo no lo convencía del todo, pero que se planteaba como "la única" alternativa para encontrar salas libres para las vistas. "Sé que no es lo más operativo, pero lo hice porque no me quedaba otro remedio. Por las mañanas sólo teníamos dos días para celebrar las vistas y a ese ritmo íbamos a seguir acumulando casos pendientes", explica José María Serrano. La tenacidad del juez, que está "dispuesto a trabajar más horas sin recibir ninguna compensación económica a cambio", le ha servido para conseguir que le permitan celebrar juicios un tercer día a la semana, los viernes por la mañana. "Creo que es lo mejor para todos. Algo había que hacer y por lo menos esto va a servir para mejorar", afirma el magistrado.

José María Serrano asegura que en el Palacio de Justicia de Comandante Caballero, en Oviedo, no hay salas suficientes para albergar el volumen de juicios que se plantean en Asturias y que ésa es una de las raíces del problema. "Tenemos seis salas para compartir entre cuatro jueces de lo penal, cuatro de instrucción, once de primera instancia y uno de violencia de género. Así es materialmente imposible que podamos avanzar", mantiene. Hasta ahora, los cuatro magistrados de lo penal de Oviedo disponen de dos salas para repartirse entre ellos a lo largo de la semana. Los de los números 1 y 4 sólo podían señalar juicios los martes y los jueves. Los lunes y los miércoles están reservados para los titulares de los juzgados 2 y 3. "Ahora nos han dado a nosotros los viernes y así vamos a poder contar con un tercer día", recalca Serrano, que confía en que la medida sirva para aligerar el atasco. "Hasta hace poco utilizaba esa sala los viernes el titular del Juzgado número dos, pero ahora, como yo lo he pedido y nosotros tenemos más asuntos pendientes, nos han permitido utilizarla", subraya el magistrado.

José María Serrano preside una media de veinte juicios a la semana -diez por día en el que dispone de sala de vistas-, pero eso no es suficiente. "Ahora podremos sumar diez más cada siete días, algo que a final de año se va a notar", explica el magistrado. Serrano, que tiene 24 años de carrera a sus espaldas, sabe que eso implica más trabajo, pero está dispuesto a asumirlo. "Es un esfuerzo que hacemos todos por iniciativa propia, también los funcionarios que trabajan en la oficina. A mí, por ejemplo, nadie me obliga a señalar un juicio los viernes por la mañana, pero creo que tengo que hacerlo por la buena marcha del Juzgado", asegura José María Serrano. El magistrado reconoce que los retrasos acumulados derivan en ocasiones en atenuantes por dilaciones indebidas. "Cuando las causas se retrasan tanto los abogados piden rebajas en las penas por la tardanza, algo a lo que tienen derecho. A veces las aplico yo antes porque creo que son justas", afirma el magistrado.

Los funcionarios que trabajan en la oficina del Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo apoyan en todo a José María Serrano. "Cuando planteó la posibilidad de celebrar juicios por las tardes le dimos todo tipo de facilidades porque nuestro trabajo es sacar adelante los casos, y creemos que el juez hace las cosas por el bien del Juzgado", mantiene Natalia Llerandi. "Nosotros tampoco pretendíamos cobrar más, simplemente habríamos tratado de organizarnos mejor para trabajar las mismas horas. Además, si algún día hay que quedarse un par de horas más tampoco hay problema", afirma la funcionaria.

Otro de sus compañeros, Santiago Suárez, fue más explícito: "A nosotros nos interesa que se solucione el problema porque a veces, cuando nos vienen a preguntar algunos profesionales del derecho, nos da vergüenza tener que decirles que su juicio no está ni siquiera señalado después de tanto tiempo", matiza.

Hacienda emprende acciones contra el vicepresidente de la CEOE por una deuda de 416.000 euros

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Hacienda embarga los créditos a favor de las empresas de Arturo Fernández, que controla el restaurante y la cafetería del Congreso.

Insta a los grupos parlamentarios a pagar a la AEAT cualquier deuda con el Grupo Cantoblanco

DANIEL DEL PINO Madrid 07/11/2013 07:04 Actualizado: 07/11/2013 07:26

Foto: El vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández.-

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) está reclamando al Grupo Cantoblanco Alimentación SL, propiedad del vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, el pago de una deuda de 416.865,66 euros y para acelerar el proceso ha decidido embargar los créditos que consten a favor de dicha empresa. Se da la circunstancia de que Cantoblanco controla la concesión de la cafetería y el restaurante del Congreso de los Diputados y por ello Hacienda ha remitido a todos los grupos parlamentarios una diligencia a principios de esta semana instándoles a que si tienen algún pago pendiente, lo tendrán que abonar directamente al Fisco ..(LEER MÁS)

#23N #EmpleaTuFuerza, ¡¡movilizaciones el 23 de noviembre contra los PGE y la reforma de las pensiones!!

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"No sólo hay que levantar la voz, hay que salir a la calle"

Fernández Toxo llama a luchar contra las políticas que empobrecen a la mayoría en una multitudinaria asamblea celebrada en Madrid. El líder de CCOO denuncia que el Gobierno haya decretado "el estado de recuperación económica, pero ésta no aparece por ninguna parte".

Foto.- Ignacio Fernández Toxo, en la asamblea de delegados y delegadas del sindicato celebrada este miércoles en Madrid.

nuevatribuna.es

El Gobierno ha decretado "el estado de recuperación económica, pero ésta no aparece por ninguna parte", ha asegurado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en la asamblea de delegados y delegadas del sindicato celebrada este miércoles en Madrid, en la que ha llamado a redoblar esfuerzos y pelear, aunque sea a contracorriente, a llenar las calles el próximo 23 de noviembre, una fecha marcada en rojo en el calendario de toda Europa para movilizarse contra las políticas que destruyen empleos, recortan salarios y pensiones, mientras las élites incrementan su riqueza.

 

Toxo, que ha intervenido en una asamblea de de delegados del sindicato, junto a Jaime Cedrún, secretario general de Madrid, y otros responsables de CCOO de Madrid, ha lanzado en primer lugar un mensaje de apoyo y solidaridad a los trabajadores de la Radiotelevisón pública valenciana, “víctimas de un atropello” por parte del gobierno de la Generalitat, que ha anunciado su cierre después  de que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad declarara nulo el ERE de casi mil trabajadores, y a los de la limpieza viaria de Madrid, para los que ha reclamado el apoyo de CCOO y de toda la ciudadanía, antes de entrar de lleno a analizar la situación del país, que ha calificado de “extremadamente peligrosa”.

 

En este sentido, ha alertado de que España se encamina sin remisión al estancamiento económico por culpa de las políticas que se están aplicando. “No hay actividad económica ni consumo, ni inversiones públicas o privadas ni crédito”, y sin embargo se recortan los salarios y las pensiones, “por eso crece el paro”, aseveró. ¿Dónde está la salida de la crisis de la que habla el Gobierno?, se preguntó, porque “las luces al final del túnel que creen ver algunos son las del tren que viene de frente”.

 

Para Toxo, los datos del desempleo son el verdadero indicador de la situación económica,  y estos no pueden ser más negativos – en octubre ha vuelto a crecer -. “O hay recuperación económica, o no habrá empleo”, subrayó Toxo, que reclamó por ello medidas a escala europea para dinamizar la economía de manera urgente. “Europa – todo el continente se halla en mala situación -  necesita un Plan de inversiones para salir de esta crisis, que acompañe las que se adopten por los Estados. Inversiones que saldrían de la implantación de un impuesto a las transacciones financieras – “Que los bancos paguen al menos parte del desastre que han causado”, dijo – y de las aportaciones de los distintos países.

 

Toxo manifestó finalmente que hay alternativas a las políticas neoliberales, y que para que se abran camino es preciso luchar, no quedarse en el rechazo o la crítica, salir a las calles. Este es el sentido de las movilizaciones convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que en nuestro país se llevarán a cabo en todas las provincias el próximo 23 de noviembre.

La Consejería, el coordinador de trasplantes de Asturias, Foro, IU … y supongo que todos, o casi todos, estarán por el NO al dejar de ofertar esta prestación…

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IU y Foro rechazan que el HUCA deje de hacer trasplantes de corazón

07.11.2013, Oviedo, P. Á., en La Nueva España.

Izquierda Unida y Foro Asturias coincidieron ayer en rechazar de plano la posibilidad de que el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) deje de realizar trasplantes de corazón, tal como ha propuesto la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) -organismo dependiente del Ministerio de Sanidad-, aduciendo la baja actividad de la unidad especializada en este tipo de intervenciones.

 

El senador de IU por Asturias, Jesús Iglesias, tachó el planteamiento de la ONT de "nuevo hachazo" al sistema publico sanitario, e hizo hincapié en que supone una "absoluta irresponsabilidad tomar estas decisiones" después del esfuerzo que de "forma continuada" se ha realizado en la formación de equipos de trasplante en el complejo sanitario ovetense, que son "reconocidos a nivel internacional".

 

Desde Foro, su presidente de la comisión de sanidad y ex consejero del ramo, José María Navia-Osorio, manifestó que "se opone frontalmente" al cierre de la unidad y defendió una sanidad "pública y gratuita de excelencia", puntualizando que "la excelencia no es compatible con el cierre de servicios como la unidad de trasplantes".

 

Por su parte, Susana Pérez-Alonso, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública Asturiana (Asencro), expresó su apoyo a la propuesta de la ONT. "Debe primar la calidad y nos parece positivo centralizar la actividad en unos pocos hospitales de España, siempre sobre la base de que se financien el desplazamiento y la estancia del paciente y de un acompañante", indicó Pérez-Alonso.

 

Foro e IU muestran su oposición a cualquier intento de cierre de la unidad de trasplantes

Ambas formaciones consideran inasumible la idea de clausurarla, porque es «rentable» y sería otro «hachazo a la sanidad pública»

07.11.2013 - E. C., GIJÓN, en El Comercio.

 

El presidente de la Comisión de Sanidad de Foro y exconsejero de Sanidad del Principado, José María Navia-Osorio, afirmó ayer que «Foro se opone frontalmente a cualquier intento de cierre de la Unidad de Trasplantes Cardiacos del HUCA, el programa electoral de Foro no deja la menor duda al respecto», explica Navia-Osorio, quien asegura que Foro propone «una sanidad pública y gratuita de excelencia, y la excelencia no es compatible con el cierre de servicios como la Unidad de Trasplantes».

Esta afirmación «se hace necesaria» ante las declaraciones del coordinador de la Organización Nacional de Trasplantes, en las que sugiere «la conveniencia de cerrar aquellas unidades que hicieran menos de 15 trasplantes cardiacos al año, mencionando expresamente la de Oviedo», manifiesta el exconsejero de Sanidad, quien recuerda que la decisión del cierre correspondería a los gobiernos autonómicos.

Navia-Osorio lamenta «las declaraciones anónimas e imprecisas sobre el mantenimiento de la cartera de servicios que se limitó a hacer la Consejería de Sanidad», criticó que «en la página web Astursalud.es, órgano de propaganda de la consejería, no se ha publicado aún ningún comunicado oficial». El presidente de la Comisión de Estudios se muestra «especialmente preocupado por este silencio, si tenemos en cuenta la política de recortes sanitarios que estamos presenciando en los últimos meses».

En ese sentido, destaca que «en contraste con el silencio de la consejería, el coordinador autonómico de trasplantes, el doctor Jesús Otero, fue muy claro en la defensa del programa asturiano de trasplantes, aportando los correspondientes datos técnicos que avalan la conveniencia de mantener la situación actual», señala Navia-Osorio. «El doctor Otero destacó que el pasado año se hicieron 16 trasplantes cardiacos y que hay más de 150 pacientes trasplantados controlados en esa unidad. Igualmente resaltó la rentabilidad económica de los programas de trasplante», explica.

En una línea muy parecida se manifestó el senador de IU por Asturias Jesús Iglesias, quien considera esta idea un «nuevo hachazo» al sistema publico sanitario que pretende dar el gobierno

 

¿Competencia entre regiones?

«Después del esfuerzo que de forma continuada se ha realizado en formación de equipos de trasplante que son reconocidos a nivel internacional», asegura Iglesias, «resulta una absoluta irresponsabilidad tomar estas decisiones, desde cualquier perspectiva social, sanitaria -porque estamos hablando de salvar vidas- e, incluso, desde la perspectiva económica, porque estamos hablando de rentabilidad de lo invertido».

IU, a través de preguntas escritas en el Senado, exige al Gobierno explicaciones sobre varias cuestiones como cuáles son las razones de este «hachazo», a qué unidades de trasplantes y de qué hospitales va a afectar el cierre, a partir de qué criterios se van a decidir los mismos y qué papel va a jugar el Gobierno cuando, para poder mantener las unidades de trasplantes, se abra la competencia entre comunidades autónomas y hospitales para captar candidatos a los trasplantes, como garantía para que no se cierren las unidades, ya en funcionamiento.

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Asturias agotará su límite presupuestario con un nuevo crédito de 72 millones

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RTPA

El parlamento asturiano ha autorizado hoy al Gobierno asturiano a endeudarse en 72 millones de euros más con el fin de agotar el déficit presupuestario autorizado para el Principado en 2013, crédito que se destinará, entre otros apartados al pago del salario social e inversiones.

 

El proyecto de ley que permite ese nuevo endeudamiento ha quedado aprobado  en el pleno de la Junta General del Principado con los votos del PSOE, IU y UPyD, y el rechazo de PP y Foro Asturias.

 

El diputado regional de UPyD, Ignacio Prendes, que rompió el pacto de legislatura con los socialistas este fin de semana, permitió así que se aprobase este incremento del gasto presupuestario, hasta los 3.862 millones de euros.

 

El Gobierno asturiano pretende destinar este mayor volumen de endeudamiento a mantener el nivel de inversiones (18 millones) y afrontar nuevas actuaciones (54 millones).

 

La ampliación es posible tras la autorización del Gobierno central a Asturias para incrementar su techo de déficit público del 0,7 por ciento del PIB inicialmente previsto al 1,06 por ciento después de que la UE flexibilizara los objetivos de España.

 

Durante el turno de explicación de voto, el portavoz de IU, Ángel González, ha aprovechado para arremeter contra el Gobierno de Javier Fernández, con quien dijo coincidir en que no es preciso que se someta a una moción de confianza tras la ruptura del pacto con UPyD porque para su formación "ya no tiene ninguna".

 

"Voluntad de dialogar toda. Confianza ninguna. La única salida la tiene el Gobierno socialista y cumplir lo pactado", ha afirmado González al referirse a la "minoría reforzada", según ha dicho, en la que se encuentra ahora el Ejecutivo regional por no cumplir lo comprometido con IU y UPyD para cambiar la ley electoral asturiana.

 

El portavoz de IU ha exigido también que se cumpla "a rajatabla" el presupuesto aprobado de este año, incluido este nuevo crédito, ya que, en su opinión, hay "falsedades sobre el grado" de ejecución que está dando el Gobierno "que antes o después saldrán a la luz".

 

El diputado de UPyD, que no había aclarado hasta ayer mismo su decisión de apoyar esta ley, ha incidido en que debería haber más claridad en la explicación del destino del crédito ya que, en su opinión, puede ir a "cubrir agujeros del presupuesto o desviaciones de financiación que sabían que se iban a producir".

 

Ha afirmado que apoya el presupuesto por responsabilidad y porque cree que Asturias debe agotar los recursos disponibles, pero que este nuevo crédito debería haberse destinado a inversiones "de las que está tan escasa Asturias".

 

El diputado de Foro Asturias José Antonio Martínez ha afirmado que hoy no se ha votado en el parlamento una ley de endeudamiento, sino un "suplemento de crédito" y que por tanto se había producido un "fraude de ley" que se ha tramitado sin posibilidad de enmendar.

 

Ha afirmado que Foro no podía dar "un cheque en blanco" al Gobierno con este proyecto de ley porque se ha hecho desde el "oscurantismo", pero no están en contra de recurrir a la deuda.

 

Martínez se ha referido también a unas declaraciones del presidente del Principado que, según ha señalado, "dijo una gran verdad al señalar que la prórroga es peor para los ciudadanos que para el Gobierno".

 

"Por eso el Gobierno de Foro se fue, algo que no va a hacer el de Javier Fernández, que va a seguir en sus sillones y cobrando mensualmente", ha afirmado.

 

La popular Emma Ramos también ha cuestionado el proyecto de ley aprobado hoy por considerar que es "absurdo e incoherente" y que también lo ha sido su tramitación porque, en su opinión, no ha cumplido con lo establecido en el reglamento de la Junta General.

 

Para el PP, este proyecto de ley se está usando para "inyectar liquidez" a las arcas del Principado que "tiene un problema de financiación" y que con este nuevo crédito se "endeuda e hipoteca a los asturianos sin saber para qué se destina".

 

"Es un derroche en una comunidad autónoma que está agonizante", ha afirmado Ramos, antes de asegurar que Javier Fernández sólo pretende con esta ley "contentar a los socios y no a los ciudadanos".

 

El socialista José María Pérez, ha reiterado la voluntad de diálogo que mantiene el Gobierno socialista y ha arremetido contra el PP, al que ha acusado de mentir y actuar como los trileros, por considerar que critica en Asturias lo que defiende en Madrid.

 

"El Gobierno ha asumido el máximo déficit público que le permite Bruselas y aquí el PP dice que es muy malo para los asturianos, lo que demuestra una actitud cínica e hipócrita, y que lo único que quieren es decir no a cualquier propuesta que haga este Gobierno", ha afirmado.

 

72 MILLONES DE EUROS MAS…

La Junta aprueba la Ley de Endeudamiento con los votos de PSOE, IU y UPyD

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS)

El pleno de la Junta General ha aprobado este miércoles la Ley del Principado de Asturias de autorización de endeudamiento como consecuencia del incremento de déficit autorizado para 2013, por un importe de 72 millones de euros.

 

La Ley de Endeudamiento ha salido adelante con los votos favorables de los 23 escaños que suman PSOE, IU y UPyD mientras que los 12 diputados de Foro y los 10 parlamentarios del PP han votado en contra.

 

En la sesión se ha procedido directamente a la votación sin la intervención del Consejo de Gobierno, que ya explicó el texto en las comparecencias informativas sobre el proyecto de ley celebradas el pasado 24 de octubre en sede parlamentaria. Tras la votación, los grupos parlamentarios han ofrecido su explicación de voto.

 

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La presión de abogados y funcionarios frena los juicios vespertinos, destinados a reducir atascos

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El juez de lo penal número 1 de Oviedo intentó convocar vistas a partir de las cinco de la tarde, pero optó al final por celebrarlas el viernes por la mañana

Lne. 07.11.2013 | 02:04

 Oviedo, L. Á. VEGA La presión de abogados y funcionarios ha frenado que el Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo comenzase a celebrar vistas por las tardes, medida con la que el magistrado José María Serrano intentaba reducir el atasco que acumula este órgano judicial. El Juzgado en cuestión ya señala los juicios a dos años vista, y el magistrado trataba de buscar una solución a esta situación anómala, que puede derivar en la petición de atenuantes por dilaciones indebidas por parte de los abogados defensores.

 

Para acabar con el atasco que arrastra el Juzgado, el juez anunció al Colegio de Abogados que, a partir del mes de marzo del año que viene, comenzaría a señalar vistas de juicios orales para los lunes y miércoles a partir de las cinco de la tarde. "El motivo de ello no es otro que el evitar la demora de dos años que, a día de hoy, soporta este Juzgado en el señalamiento de las causas que han entrado en el presente año, por estar cubierta la agenda de señalamientos", señalaba el juez en su escrito.

La medida no gustó nada algunos abogados, que mostraron su disgusto por la medida. Y es que tanto los abogados como los procuradores tienen reservadas las tardes para adelantar los casos y atender a los clientes. La celebración de juicios por las tardes supondría un serio quebranto para los letrados. Y también para los funcionarios, que pueden ser obligados a trabajar por las tardes, con las correspondientes compensaciones, pero siempre que lo exijan las necesidades del servicio. Aunque el Colegio de Abogados no se dirigió expresamente al Juzgado para pedir al juez que rectificase respecto a su decisión de los señalamientos por las tarde, algunos letrados sí se mostraron abiertamente en contra de la medida.

Dos días después del primer escrito, el magistrado envió otro al Colegio en el que dejaba sin efecto el anterior, y en el que anunciaba que, a partir de marzo, se comenzarían a señalar las vistas de los juicios orales también los viernes, a partir de las nueve y media de la mañana. Los juicios se celebrarán en la sala número 6 del edificio de los Juzgados.

A la acumulación de asuntos se suma la dificultad de contar con salas disponibles. Los viernes suele ser un día en que no se celebran vistas, por lo que está muy indicado para que los Juzgados lo utilicen y reduzcan el atasco.

Hace unos años no era tan raro que se celebrasen vistas por la tarde. Otro Juzgado de lo penal de Oviedo, el número 4, celebró hace unas semanas un juicio en sábado, un día en el que no se celebran vistas. Se trataba del juicio a los acusados del "alunizaje" de la joyería Casaprima de la calle Uría de Oviedo. La vista se inició a las diez y veinte de la mañana y se prolongó hasta casi las seis de la tarde. Ante la posibilidad de que se alargase, el juez decidió convocar la vista para el sábado, de forma extraordinaria .

 

 

“La gestión clínica es otra cosa…”, tal y como matiza el autor,”… y nada tiene nada que ver con la introducción de intereses empresariales ajenos… ni con la supresión del régimen estatutario que hoy ampara a los sanitarios”

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La trampa de la Gestión Clínica

Por Pablo Vaamonde, Médico de Familia de A Coruña

Gif.- Primer logotipo de las áreas y unidades de Gestión Clínica en Asturias (año 2009), que nada tienen que ver con lo que el gobierno central publicó en la Ley 10/2013.

 

nuevatribuna.es, 04 Noviembre 2013.

 

En los últimos días de julio, con la oposición desactivada y la mayoría de los profesionales aguardando las necesarias vacaciones, el gobierno publicó en el BOE la Ley 10/2013. Se trata de una norma aparentemente inocua sobre cuestiones de farmacovigilancia. Pero, después de muchas páginas, aparece una disposición final quinta que hace referencia a un asunto de mayor calado: posibilita la creación de Áreas de Gestión Clínica (AGC) con un régimen laboral distinto al estatutario de los trabajadores de la sanidad pública. Abre la puerta a la laboralización del personal sanitario que se integre en dichas unidades, con la pérdida de los derechos laborales que hoy tienen.

 

Esta maniobra tramposa no es nueva. El PP ha usado esta estrategia falaz y vergonzosa en otras ocasiones: introducen una disposición de gran trascendencia en una ley de escasa relevancia para burlar la vigilancia de sindicatos y oposición. En este caso la trampa fue descubierta por el sindicato CESM, que se opuso a la norma desde el primer momento. Si llegara a aplicarse supondría un grave revés para los trabajadores y para la sanidad: favorecería la entrada de gestores privados como responsables de esas unidades dentro de los hospitales, creando microempresas que competirían entre ellas por la concesión pública.

 

La gestión clínica es otra cosa (potenciacion de la atención por procesos, continuidad asistencial, implicación de los profesionales en la mejora de la calidad, corresponsabilidad en la utilización de recursos diagnósticos y terapéuticos etc) y no tiene nada que ver con la introducción de intereses empresariales ajenos en el núcleo de los hospitales públicos ni con la supresión del régimen estatutario que hoy ampara a los sanitarios. El llamado "Foro de la Profesión Médica", integrado por organizaciones afines al PP, apoya esta estrategia que abre espacios de negocio a las empresas privadas y al numeroso ejército de gestores que viven de los presupuestos públicos -con una relación parasitaria escasamente denunciada-, pero perjudicaría a los trabajadores y a los usuarios de la sanidad que verían encarecidas y limitadas las prestaciones con la introducción de criterios de rentabilidad y beneficio económico. Porque, en último extremo, las empresas privadas tienen una obligación final única: repartir beneficios entre sus socios.

 

En el Parlamento Gallego acaban de aprobar una propuesta del PP que facilita la creación de AGC en nuestros hospitales. Tuvo el incongruente apoyo de BNG y AGE, que aceptaron, o así parece, la afirmación de Miguel Santalices, portavoz de Sanidad del PP, quien afirmó que "en asistencia sanitaria la comunidad autónoma es soberana y el decreto nacional no es vinculante". Pero no es así: los juristas afirman que una ley estatal prevalece sobre una autonómica. Así lo afirma también el PP que dice verse en la obligación de introducir el copago de los fármacos de dispensación hospitalaria para enfermos crónicos, por no poder eludir el mandato de la norma aprobada en Madrid.

 

En una estrategia de propaganda encadenada la consejera Rocío Mosquera acaba de comparecer ante la prensa con los consejeros de Madrid y Valencia (compañeros de viaje que tienen sus comunidades en la ruina y a los profesionales en pie de guerra contra de sus imposiciones políticas). Afirmó con rotundidad que el actual sistema sanitario ya no sirve y que hay que cambiar el sistema retributivo de los profesionales del Sergas, eliminando el salario fijo para introducir criterios de implicación en el trabajo y objetivos cumplidos. También afirmó que "no nos queda otra que aplicar fórmulas de colaboración público-privada". Estas afirmaciones representan una absoluta falta de respeto para los profesionales de la sanidad que -a pesar de las reducciones salariales y la precarización laboral-, están ejerciendo su cometido con la máxima profesionalidad con la intención de frenar el deterioro de los servicios sanitarios. Se trata de una nueva campaña de desprestigio de lo público para introducir la gestión privada en los centros sanitarios. Ya hemos visto los catastróficos resultados que obtuvieron en Madrid y Valencia, pero siguen por el camino trazado a pesar de todas las evidencias.

 

La sanidad gallega está siendo descapitalizada: perdió 370 millones de euros del presupuesto desde 2009, cuando el PP ocupó el poder. Las consecuencias comienzan a ser visibles: cierre de camas y servicios como nunca se había hecho, paralización del trabajo de tarde, amortización de plazas, precarización de las condiciones laborales, fuga de profesionales sanitarios etc. Ante esta realidad, que irá a peor con estas políticas, la consejera lo tiene claro: va a fomentar el "autocuidado" de los propios pacientes e impulsar la telemedicina, porque "la accesibilidad no se mide solo por la proximidad y es posible otra forma de prestar asistencia". Para eso va a promover la atención telefónica. Parece un sarcarmo, pero estas palabras fueron pronunciadas por Rocío Mosquera en sede parlamentaria en su última comparecencia. También anunció que van a permitir el acceso de los hospitales privados y de los geriátricos a las historias clínicas informáticas del Sergas. Esta decisión puede ser ilegal (permite el acceso privado a datos muy confidenciales que el Sergas debe tutelar): algo tendrá que decir la Agencia de Protección de Datos, tan rigurosa en otras materias.

 

Ante este panorama, ciertamente desalentador, hecho de menos una mayor reacción social, politica y sindical. ¿Que más tiene que hacer el actual gobierno para que haya una actuación ciudadana y sindical unitaria y potente que frene estas actuaciones de destrucción de servicios públicos desde las mismas entrañas del poder?

 

VER ARTICULO ANTERIOR DEL MISMO AUTOR EN EL QUE NOS PERTMITIMOS MATIZAR QUE GESTION CLINICA EN ASTURIAS Y EL PLANTEAMIENTO ESTATAL DEL PP SON, AUNQUE CON LA MISMA DENOMINACION, CUESTIONES COMPLETAMENTE DISTINTAS