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La enfermedad pulmonar obstructiva causa el 28,5% de los ingresos en Neumología

La enfermedad pulmonar obstructiva causa el 28,5% de los ingresos en Neumología
 
La EPOC, vinculada al tabaquismo, es una de las principales causas de muerte en todo el mundo

23.09.13 - 01:39 -

Se fatiga con facilidad, es suficiente dar dos pasos para notar que le falta aire, tose con frecuencia... Son algunos de los síntomas de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una de las patologías más frecuentes en la especialidad de Neumología y responsable de un buen número de ingresos y fallecimientos al año.

«Las estimaciones son que cerca del 10% de la población sufre EPOC en diferentes grados. Recientemente se hizo un estudio en Asturias, Episcan, que elevaba su incidencia hasta el 20% de la población, pero pensamos que existen errores en su elaboración», comenta el doctor José María García García, director de la Unidad de Gestión Clínica de Neumología en el Hospital San Agustín.

En lo que no caben dudas es en su influencia en la calidad de vida de la población. «La Organización Mundial de la Salud la sitúa como la cuarta causa de mortalidad en el mundo y ya ha superado al cáncer de pulmón», comenta José Antonio Gullón, neumólogo del Hospital San Agustín.

Su incidencia en la actividad de un centro como el avilesino es elevada. «En 2012 hicimos un estudio sobre los informes de alta del servicio, de 1.026 altas, 292 correspondían a diagnósticos de EPOC, un 28,5% de los ingresos. Además, sus estancias suelen ser largas, unos siete días de media, y estar asociadas a otras enfermedades, con lo que también son más difíciles de tratar», comenta el doctor Gullón.

La prevalencia aumenta conforme avanza la edad de los pacientes. Así, lo habitual es que los primeros diagnósticos se hagan a los 40 años y hasta los 80. «A mayor edad, más prevalencia y también mayores complicaciones», señala el doctor Gullón.

La epidemia humeante

La explicación de esta incidencia viene de la mano de hábitos asentados en la población desde hace años. Y, sobre todo, uno: el tabaco. «La EPOC se provoca por una inflamación bronquial relacionada, principalmente, por el tabaco que produce una obstrucción en la espiración. De ahí sus síntomas como la fatiga o disnea, la tos. Y las frecuentes agudizaciones de los enfermos», asevera el doctor García.

La enfermedad no surge de un día para otro. En el caso del tabaquismo, sus síntomas aparecen después de varias decenas de años consumiendo. «Los primeros síntomas pueden aparecer a los 40 ó 50 años. A esa edad es aconsejable que los fumadores se hagan una espirometría. Es una prueba sencilla, fácil de hacer en todos los centros de salud y que permite un diagnóstico precoz, fundamental para el tratamiento», comenta el director de la Unidad de Gestión Clínica.

Dentro de la EPOC hay diferentes niveles de gravedad. Existe un primer estadio en el que se encuentra asintomática, aunque ya ha comenzado un daño en los pulmones que avanzará inexorablemente con la vida de la persona. Y, lógicamente, existen niveles más avanzados en los que se expresa en toda su gravedad. Las estadísticas manejadas por los médicos incluyen el conjunto de la patología, con independencia de su gravedad.

Por ese motivo es importante avanzar en el diagnóstico precoz. Y es que, como recuerda el doctor Gullón, «el daño producido en el pulmón no se puede recuperar totalmente. Ahora bien, si una persona con diagnóstico de EPOC deja de fumar, su evolución no será tan negativa como si mantuviese ese hábito», comenta el médico.

La enfermedad no sólo provoca un importante deterioro en la calidad de vida de los pacientes. Un buen número de bajas laborales llevan su firma. Su incidencia en el sistema sanitario es muy importante. «En Neumología es una de las primeras causas de ingreso. Durante los meses de invierno y otoño, cuando se produce el mayor número de agudizaciones, llegamos a tener la mitad de las camas ocupadas por EPOC. Y en Atención Primaria es una de las primeras causas de consulta», asevera el doctor José Antonio Gullón.

Lo normal es que los enfermos registren uno o dos ingresos al año. Incluso, en los más graves, llegan a ser varios al mes. Además, suelen ser estancias largas, con una media de siete días. Y, generalmente, con otras enfermedades asociadas, con la dificultad que eso conlleva a la hora de establecer los tratamientos.

El resumen del balance de la EPOC lo hace el doctor José María García: «Muchos afectados y con una importante pérdida de calidad de vida para los enfermos. Y una importante repercusión para el sistema sanitario». La relación entre tabaquismo y EPOC es tal que el 15% de los fumadores llegan a desarrollar esta enfermedad. Además, si el fumador tiene un diagnóstico de asma, la posibilidad de desarrollar el EPOC es mucho mayor.

«El tabaquismo es su principal causa. En el 90% de los enfermos, el tabaco está detrás. También existen casos de EPOC por inhalación de humos, aunque se encuentra más documentados en lugares donde se usan más cocinas de leña, que en Avilés. La evolución del asma es otra de sus causas, pero menos frecuente que el tabaco», comenta el doctor García.

Existe un último factor que puede provocar esta enfermedad y que es de origen genético. Se trata de un déficit de la enzima Alfa 1 antitripsina. Su carencia provoca que la enfermedad aparezca de forma precoz y con una mayor gravedad. «Esos casos son una minoría. En el Área Sanitaria, tenemos cuatro pacientes», comentó el doctor García.

Asturias se enfrenta a Madrid y rechaza el copago de fármacos en los hospitales

La medida, que afecta a los pacientes externos con enfermedades largas y crónicas, es para el Principado «inadmisible, injusta y peligrosa»

22.09.2013 | 03:56 


Ana Mato.

Oviedo, E. G. / Efe Asturias volvió ayer a abrir un frente político en materia de Sanidad al criticar sin ambages ni rodeos en una nota oficial de la Consejería de Sanidad la reciente decisión del Gobierno central de obligar al copago farmacéutico de dispensación hospitalaria para enfermos graves o crónicos que no estén hospitalizados.


El consejero de Sanidad asturiano, Faustino Blanco, rechazó lo que considera una «imposición» que afecta a determinados medicamentos y, sobre todo, a un sector de la población condicionado por la enfermedad. Un copago que, a juicio del titular de la Sanidad asturiana, «sólo plantea medidas que atacan la equidad, castigando y empobreciendo a las personas más vulnerables».


La posición del PSOE asturiano ya había quedado clara un día antes con las declaraciones de la diputada nacional María Luisa Carcedo: «El copago de los fármacos hospitalarios es una crueldad y una clara injusticia social», advirtió.


Como se ha venido anunciando, la norma impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad entraría en vigor el próximo 1 de octubre, y supondrá que esos pacientes crónicos no hospitalizados paguen un diez por ciento del coste de los medicamentos que les prescriban, aunque con un tope máximo de 4,20 euros.


El Principado reclama a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que reconsidere su postura antes de la entrada en vigor de la medida. Asturias no está sola en la reclamación, a la que se han sumado Andalucía, Canarias, el País Vasco y, sobre todo, Castilla y León, gobernada por el Partido Popular. Ahí, en nuestra comunidad vecina, están depositadas buena parte de las esperanzas. Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta castellano- leonesa, mantiene una postura muy crítica al respecto y ha reclamado al menos un aplazamiento hasta estudiar mejor el asunto.


Otras voces en el PP señalan que los beneficios económicos del nuevo copago son muy escasos si se los compara con la erosión de imagen que produce en un Ministerio ya muy tocado por la crisis económica y la gestión de la misma.


Asturias, más allá del profundo desacuerdo con la medida, augura, además, nuevos problemas burocráticos. Faustino Blanco indica que las farmacias de los hospitales no tienen mecanismos de facturación y cobro, lo que añade a la decisión del Gobierno nacional «un nuevo galimatías administrativo y más gasto, en un momento en el que las comunidades autónomas aún no han podido resolver adecuadamente los problemas originados por el copago farmacéutico debido precisamente a las lagunas y contradicciones de la legislación que aprobó el departamento de Ana Mato».


En el comunicado emitido ayer desde Asturias, el consejero Faustino Blanco se lamenta de esta medida porque «representa un cambio cualitativo de enorme impacto para los ciudadanos más vulnerables y supone otro impuesto más a la enfermedad».


El titular de Sanidad asturiano considera que «desde el punto de vista de un profesional de la salud, resulta muy difícil de entender esta decisión del Ministerio, por lo que puede suponer para los pacientes de enfermedades de larga duración, con tratamientos oncológicos, de fertilidad, contra la hepatitis o la esclerosis múltiple, que serán algunos de los más afectados por esta medida».


«Es algo que resulta inadmisible en todo tiempo, pero más aún en una situación de crisis económica como la que nos está tocando vivir», subraya. Blanco cree que la medida no se enmarca en el objetivo de lograr un uso racional del medicamento y muestra la «escasa» disposición del Gobierno para entender los problemas de la gente que lo está pasando mal y que puede tener verdaderas dificultades para acceder a un tratamiento por razones económicas.


«Esta medida es absolutamente injusta y muy peligrosa para la salud de la gente, porque si ya detectamos casos de personas que no recogen su medicación en las farmacias debido al copago, esta circunstancia se agravará en el grupo de pacientes afectados por este nuevo cargo», advierte la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.


El comunicado de Sanidad llega 24 horas después de que la Consejería de Bienestar Social anunciara medidas para reducir el copago de la ayuda a domicilio, en contra de los baremos aprobados por el Gobierno central, que llegan en algunos casos al noventa por ciento del coste del servicio.

Buena iniciativa desde Prevención de Riesgos Laborales del área III…

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El San Agustín organiza una semana de actividad física en el trabajo

El objetivo es mejorar los hábitos de los trabajadores del Área III con ejercicios generales y específicos de los trabajadores

Foto: Por la izquierda, José Luis Cuervo, María Jesús Rossell, Lidia Clara y Neus Fernández.

21.09.13 - A. P. | AVILÉS, en El Comercio.

El Hospital San Agustín organiza, desde el lunes, la Semana de Actividad Física en el Trabajo. La iniciativa está coordinada por el área de Prevención de Riesgos Laborales y permitirá mejorar la actividad física de todos los trabajadores del área sanitaria III que deseen apuntarse a la actividad, de carácter voluntario.

«La iniciativa pretende dar un paso más en las intervenciones que se realizan desde Prevención, teniendo en cuenta las recomendaciones que se hacen ya habitualmente y poniendo en práctica distintos ejercicios con la ayuda de un entrenador personal». Se impartirán cuatro o cinco sesiones diarias -dependiendo del día- en el primer sótano del Hospital San Agustín y también en el centro de salud de Villalegre.

El personal del Área Sanitaria III recibirá información y formación para poder realizar ejercicios y ejecutar posturas que permitan mejorar y tener más bienestar en el puesto de trabajo. «Desde la gerencia se apoya la salud y somos, de hecho, la primera área en plantear esta iniciativa», indicó la directora de Atención Sanitaria, Lidia Clara.

La coordinadora de Riesgos Laborales del área, la doctora Neus Fernández, recordó que desde el departamento «ya se desarrollan actividades de promoción de la salud como algo normalizado, pero damos un paso más para integrar esa actividad como algo beneficioso dentro de los centros y en los puestos de trabajo». En un principio será una semana, que puede prolongarse «dependiendo de la respuesta de los trabajadores».

María Jesús Rossell, enfermera del servicio de Prevención, también explicó que la actividad «se ha planteado desde una doble vertiente» porque se habilitará una sala en el hospital con diferentes horarios para que todos los trabajadores puedan realizar los ejercicios más generales y también se habilitarán horas específicas para determinados servicios, como la unidad de Enfermería, Esterilización o Personal. Rossell explicó que el 30% de los accidentes laborales son lesiones musculares, y que entre el 20 y el 50% de personas que practican actividad física ven disminuir su estrés laboral.

El responsable de la parte práctica del programa será José Luis Cuervo, que recalcó la importancia de la prevención en el ámbito laboral, a través de ejercicios de calentamiento y con el objetivo de evitar lesiones y mejorar el rendimiento.

La coordinadora de Riesgos Laborales también recordó que tanto a nivel europeo como en el ámbito nacional se han puesto en marcha planes que intentan que las empresas adopten estas estrategias y se incida en la actividad física.

Falacias, tópicos, la excusa de la crisis… nada justifica el empobrecimiento de las pensiones excepto la opción ideológica del interés de los de siempre que representa el PP.

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DOCUMENTO: En defensa del sistema público de pensiones. LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO. (Permite adhesiones)

Economistas de izquierdas presentan una alternativa "a la falacia de los expertos" sobre las pensiones

En 17 puntos desmontan los mitos que el Gobierno ha ido extendiendo para convencer a la población de que el gasto de la Seguridad Social es un despilfarro.

La coyuntura económica no puede ser la coartada para esconder las verdaderas carencias del sistema: políticas de empleo, falta de ingresos y un sistema fiscal desigual

Foto: Pedro Montes (izda) y Henrique Illueca (dcha) al lado de Alberto Garzón, ayer en el Congreso.

DANIEL DEL PINO, Madrid, en Público.es

¿Es razonable decir que España no podrá soportar un gasto máximo en pensiones equivalente al 14% del PIB en 2050, cuando Francia e Italia invierten hoy más de eso? ¿Pone realmente en peligro la supervivencia del sistema de pensiones la mayor esperanza de vida? ¿Es obligatorio que el sistema de pensiones esté ligado a las cotizaciones a la Seguridad Social?

Estas son algunas de las razones que el Gobierno de Mariano Rajoy ha empleado para justificar la necesidad de aplicar la reforma de las pensiones elaborada por su grupo de expertos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, trata de vender como un éxito el supuesto ahorro de 33.000 millones de euros que supondrá la reforma tan sólo de aquí a 2022. El éxito es de dudosa ética si se tiene en cuenta que esa cifra que ahorra la ministra se consigue no actualizando las pensiones con el IPC y, por tanto, quitándole poder adquisitivo a uno de los sectores más vulnerables de la población.

Un grupo formado por 24 economistas presentó ayer en Madrid un manifiesto en el que desmenuzan una a una lo que consideran "las falacias del grupo de expertos" de Rajoy y que propone un proyecto alternativo que no sólo evitaría ese recorte de 33.000 millones, sino que además garantizaría que el sistema de pensiones siga siendo 100% público. "La argumentación del Gobierno y los expertos es una falacia y una traición contra los intereses de la mayoría", denunció Héctor Illueca desde los despachos de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados tras haber mantenido una reunión con el diputado Alberto Garzón.

Como firmante del documento, Garzón defendió ayer que la reforma "es una barbaridad", "una vergüenza" y "un asalto al botín cuyo único objetivo es el de privatizar el sistema de pensiones". Ese es uno de los puntos que trata de desenmascarar el manifiesto, ya que el proyecto promovido por Báñez favorece o al menos extiende la idea de que si el Estado no puede garantizar las pensiones, entonces lo mejor es optar por los fondos privados. El joven diputado de IU anunció que la federación que dirige Cayo Lara está preparando un calendario de movilizaciones para el otoño que tendrá como uno de los temas principales las pensiones.

Gasto excesivo 

La coartada inicial del Gobierno para plantear la reforma es que el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad son dos problemas fundamentales en el esquema español. Es el mismo argumento que desde los años noventa han empleado analistas, bancos y gobernantes de turno para vaticinar el caos. Pero como explica el manifiesto, "el tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones demográficas y el hecho de considerar solo la población total no pueden constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones".

En el momento actual de crisis es muy sencillo que la gente asuma que el Estado debe apretarse el cinturón. La Unión Europea, gracias a las recomendaciones y a la supervisión que hace de nuestra economía durante el semestre europeo, ha presionado a Rajoy para que ajuste las cuentas. Cualquier cifra, como esa de los 33.000 millones, parece un inmenso despilfarro, pero los economistas rebaten que el Estado gaste demasiado en las pensiones. Desde hace meses, sindicatos y partidos de izquierda vienen insistiendo en un dato claro: seguimos invirtiendo menos que la media europea (el 10% del PIB por el 12% de la media de la UE) y para 2050 el gasto será como el que hoy en día tienen países como Italia y Francia, en torno al 14% del PIB. 

Y eso no hará que el sistema de la Seguridad Social quiebre. Según los firmantes, en realidad, las posibilidades de que eso ocurra son mínimas. De hecho, si se llegara a ese punto estaríamos en una situación de suspensión de pagos. Al contrario, remarcan que el Estado siempre estará detrás y que buena parte de la confusión que existe en torno a la sostenibilidad viene de la segregación en las fuentes de financiación que propició el Pacto de Toledo. Con la firma de ese acuerdo se estipuló las pensiones se financiarían a través de las cotizaciones sociales. Y esto, para ellos, es un error. "Lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública [...] En un Estado concebido como social por la Constitución esto es inconcebible [...] Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también las pensiones", sostienen.

Más ingresos

Desde este punto de vista, los trabajadores y los salarios tendrían que ser los únicos que han de mantener las pensiones y para ellos "no hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales". Lo afirman además amparándose en el artículo 50 de la Constitución, que sostiene que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". Esto les lleva a concluir que es precisamente el Estado el que debe procurarse de los recursos necesarios para garantizar las compensaciones a los pensionistas y si, como sucede en el contexto económico actual, las cotizaciones sociales no son suficientes, entonces debe buscar fondos alternativos en los Presupuestos Generales del Estado.

Y la manera de conseguirlos sería engordando las arcas del Estado. "El hecho de que los ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la caída de ingresos debida a la recesión y que, por extensión, lo verdaderamente insostenible es la propia recesión", reza el texto, y es aquí donde entra en juego el paro y el consumo: "Lo que se debería estar haciendo de forma urgente es adoptar las medidas que permitan superar, de una vez por todas, la caída del PIB y del empleo. En ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema de pensiones puede estar siendo “seriamente cuestionada” por la severidad de la crisis económica. Lo que está en cuestión es la política económica seguida". 

Los firmantes rebaten asimismo que la esperanza de vida, la pirámide de población y la proporción entre activos y pasivos no deben ser las únicas variables que utilice el Gobierno para justificar los recortes y ponen como ejemplo la renta per capita, que "en los últimos treinta años casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los políticos- de realizar una verdadera política redistributiva".

Asimismo, apuntan que si el sistema fiscal fuera más justo, el peligro sería evitable: "El riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal de España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo".

Infórmate

El manifiesto completo, titulado En defensa del sistema público de pensiones se puede leer en la web documentopensiones.org. 

Los firmantes son: Francisco Álvarez Molina, Lourdes Benería, Francisco Javier Braña Pino, Cristina Carrasco, Agusti Colom, Fernando Esteve Mora, Miren Etxezarreta, Ramón Franquesa, Alberto Garzón, Antonio González González, Adoración Guamán, Héctor Illueca, Juan López Gandía, Juan Francisco Martín Seco, José Luis Monereo,  Pedro Montes, Rafael Muñoz de Bustillo, Vicenç Navarro, Juan Torres, Carlos Ochando, Albert Recio, Julio Rodríguez y Amat Sánchez.

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Medida injusta, cruel, de ensañamiento con los más pobres y débiles, contraria a la ética sanitaria – aumentarán la mortalidad y el sufrimiento -, que no generará ningún tipo de ahorro… pero al PP le da igual, ellos tiran para adelante con su contrarreforma ideológica.

 

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El PSOE asturiano califica de "injusticia social" y "grave crueldad personal" el copago en fármacos hospitalarios

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS)

La diputada socialista por Asturias en el Congreso María Luisa Carcedo ha calificado este viernes de "injusticia social" y "grave crueldad personal" la incorporación desde el 1 de octubre del copago en diversos fármacos dispensados en farmacia hospitalaria, sin hospitalización, entre los que se encuentran anticancerosos.

Según la parlamentaria socialista, con en esta medida se pone en marcha un copago "a un colectivo de personas que tienen enfermedades que requieren tratamientos especiales y costosos".

"Esto supone en sí mismo una barrera económica, pero también una injusticia social y una grave crueldad personal, en la que ningún gobierno debería siquiera pensar", ha dicho.

Carcedo remarca que "una de las características que hacía del Sistema Nacional de Salud uno de los mejores y más accesibles del mundo era su financiación mediante presupuestos generales, lo que suponía un elemento de justicia social y de redistribución de la riqueza, garantizando un acceso universal al servicio en base al derecho de ciudadanía".

Con todo, María Luisa Carcedo incide en que "las decisiones del PP han eliminado el derecho de ciudadanía y han ido incorporando barreras económicas que dificultan el acceso a servicios y prestaciones a las personas en peor situación económica o que requieren mayor uso de los servicios".

Los contrarios al copago denuncian la "crueldad" de la medida de Mato

El PSOE, asociaciones en defensa de la sanidad pública y comunidades como Euskadi, Castilla y León y Andalucía tachan de "injusto" el nuevo recorte sanitario

AGENCIAS, Madrid, 20/09/2013

Andalucía, Castilla y León y Euskadi junto con el PSOE y la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) se han manifestado en contra de la decisión del Gobierno de implantar el copago para una serie de fármacos que se dispensan en los hospitales a enfermos graves o crónicos no ingresados. Con esta medida publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Sanidad establece que los pacientes no ingresados en hospitales deberán asumir una aportación por los medicamentos dispensados en las farmacias hospitalarias para tratar enfermedades graves o crónicas, con un máximo de 4,2 euros por envase. Estos medicamentos hasta ahora eran de dispensación gratuita y se dirigían a enfermos con hepatitis C, distintos tipos de cáncer, VIH y artritis, entre otras muchas enfermedades crónicas.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado que el Gobierno regional no está de acuerdo con que el coste adicional "lo sufran los ciudadanos", ya que considera que deben ser las grandes industrias las que lo afronten. En ese sentido, ha precisado que "ahora toma sentido aquella medida de subasta de medicamentos, ahora se entiende con claridad por qué el Gobierno andaluz la lideraba".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se dirigirá al Gobierno de la nación para que "no llegue a aplicarse" el copago de las medicinas que se dispensan en los hospitales a enfermos crónicos y de larga duración. En su opinión, se trata de una postura "que hay que defender por coherencia y porque se trata de medicamentos que los pacientes deben consumir necesariamente y no se aprecia que vaya a producir ningún ahorro razonable.

 

Nueva barrera

Euskadi, por su parte, estudia medidas legales para no aplicar el copago.  El consejero vasco de Salud, Jon Darpón, ha señalado que "no es una medida adecuada para mejorar el sistema sanitario y menos en el momento económico actual". Ha insistido en que el Ejecutivo vasco no entiende que se implante este nuevo copago a personas afectadas por enfermedades crónicas importantes y ha añadido que las farmacias hospitalarias no están  administrativamente preparadas para aplicar el copago y, aunque lo estuvieran, la medida es "inadecuada".

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha grabado un videoblog en el que también critica la medida: "No se me ocurre nada más cruel que obligar a gente que no tiene recursos a pagar para poder seguir viviendo", afirma Pérez Rubalcaba en este blog. Rubalcaba asegura que este cambio afecta a pacientes que "no tienen más remedio que seguir tomando las medicinas y que en muchos casos deben tomarlas de por vida".

Su compañero de partido Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, ha ido más allá y apunta a una posible privatización del servicio. "Se acabó el negocio en los ladrillos, y ahora han decidido que hay que hacerlo con la sanidad y las pensiones", defendió Gómez en una visita al municipio madrileño de Meco. Así, defendió que los españoles y los socialistas van a "impedir que se lleve a cabo el proceso de privatización de la sanidad".

El portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Sanidad del Congreso y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, también ha calificado el nuevo copago farmacéutico de "infamia y gestión desleal" de la sanidad pública. Llamazares se ha pronunciado así en su cuenta personal de Twitter: "El Real Decreto de la infamia y la gestión desleal de la sanidad pública continúa: ahora repago a los enfermos hospitalarios. Ensañamiento", escribió.

Al mismo tiempo, la FADSP considera que se trata de "una nueva barrera que dificulta y/o impide el acceso a medicamentos necesarios a los sectores de la población con menos ingresos", lo que genera el "aumento de la morbilidad y de la mortalidad" en los grupos con bajos ingresos y problemas graves de salud. "Se trata de una agresión más del Ministerio de Sanidad", opina esta organización en una nota.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) también ha rechazado esta nueva medida, que afectará, dicen, "a las personas que más necesitan los servicios sanitarios". A juicio del presidente de la confederación, Mario García, con este copago "se continúa penalizando a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas" y, todo ello, "por el simple hecho de seguir el tratamiento indicado por el personal sanitario".

El Gobierno echa balones fuera

EP

Por su parte,  la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, se ha excusado hoy por la resolución del Ministerio de Sanidad dejando la imposición del nuevo copago en farmacia hospitalaria en manos de las comunidades autónomas.

Los ejecutivos regionales van a ser los encargados de gestionar el copago de medicamentos de dispensación hospitalaria a pacientes no hospitalizados, según ha recordado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.  De esta forma, serán las autonomías las que organicen las aportaciones del pago de medicamentos que se dispensen en los hospitales a aquellas personas que no están ingresadas en los mismos.

Esta norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, va a entrar en vigor a partir del 1 de octubre y, tal y como ha recordado la vicepresidenta del Gobierno, tendrá un límite de aportación reducida.  En total en el BOE se recogen 157 presentaciones farmacológicas de  poco más de 50 medicamentos que, según señala, "cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida, al tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de enfermedades graves o crónicas, y estando limitada su dispensación, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS), a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales".

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El presupuesto del HUCA se desvió en 26 millones en la primera mitad del año

El presupuesto del HUCA se desvió en 26 millones en la primera mitad del año
 
Jaime Rabanal admite en una reunión con la Junta de Personal que hay una importante desviación. Los sindicatos temen por 359 eventuales cuyo contrato expira a finales de este mes

20.09.13 - 00:22 -

El HUCA gastó en la primera mitad del año 26 millones más de lo asignado. Pese a la desaparición de las peonadas (horas extras) decretada por el Servicio de Salud (Sespa), y a que la ampliación de jornada en sanidad dejó en favor del hospital un elevado volumen de horas de trabajo 'gratuitas', las cuentas no acaban de cerrar en el complejo, que con cerca de 500 millones de presupuesto consume más de un tercio de la factura sanitaria del Principado.

En una reciente reunión que el gerente del Área Sanitaria IV mantuvo con la Junta de Personal, admitió que el hospital sufría dificultades financieras ya que a fecha de junio pasado tenía una desviación cercana a los 26 millones de euros. Jaime Rabanal desglosó que 20 millones correspondían al capítulo II, el de compras y suministros, y 6 millones al capítulo I, el de personal. En dicho encuentro, el gerente advirtió a los representantes sindicales de que el hospital tendría que ajustarse aún más el cinturón para corregir este desfase y llegar a diciembre sin números rojos. Pero la tarea no es fácil en un centro como el del HUCA, cuyo funcionamiento diario cuesta 1,2 millones de euros y donde una pequeña desviación puede provocar un auténtico desbarajuste en su contabilidad. Los trabajadores temen que los recortes se recrudezcan y apuntan, a modo de ejemplo, que el cierre de camas durante este verano (246 plazas) «ha sido el más acusado de la historia del hospital. Se llegó a cerrar hasta la planta de oncología y los pacientes fueron realojados en otras áreas, algo nunca visto en 30 años», indicó Francisco Menéndez, presidente de la Junta de Personal del Hospital Central.

En este contexto, los trabajadores temen por el futuro de 359 eventuales cuyos contratos expiran el 30 de septiembre. «No sabemos qué va a pasar con ellos. Pese a que llevamos pidiendo información desde hace meses, el hospital no nos responde nada», lamentó Menéndez. La misma sensación tiene el responsable de CC OO en el HUCA, Alejandro González, que considera que el hospital «pone de excusa la crisis para despedir a trabajadores que son necesarios y para los que sí hay trabajo».

Traslado a La Cadellada

A todo esto se suma la mudanza al nuevo hospital. De hecho, tanto CC OO como Sicepa consideran que buena parte del ajuste que está aplicando el viejo HUCA «es con vistas al traslado a La Cadellada». Critican que varios de los servicios que actualmente se cubren con personal del Hospital Central «van a ser privatizados». Un ejemplo de ello «es el mantenimiento, que Gispasa sacará a concurso y que, por tanto, gestionará una empresa privada». Esto propiciaría que, según sus cálculos, «40 trabajadores de mantenimiento queden en la calle, junto a otros 30 de cocina». Rabanal se comprometió a reunirse con la Junta de Personal a finales de septiembre. Aseguró que acudiría al encuentro con datos sobre el traslado.

Los sindicatos piden a las administraciones mayor control de la prevención laboral

Los sindicatos piden a las administraciones mayor control de la prevención laboral
 
Aseguran que este año ha aumentado la siniestralidad a la vez que se reduce el número de trabajadores en activo

20.09.13 - 00:28 -

Nueva jornada de movilización tras la muerte el pasado martes en un accidente laboral de un trabajador en las instalaciones de la comarca de ArcelorMittal. Ayer la concentración tuvo lugar en Oviedo convocada por UGT, Comisiones Obreras y USO. En ella los representantes sindicales denunciaron el incremento del número de trabajadores fallecidos este año, a pesar de que se ha reducido los trabajadores en activo, y exigieron un mayor control por parte de las administraciones a las empresas para que cumplan con la normativa en prevención de riesgos y seguridad laboral.

Los secretarios de Salud Laboral de los tres sindicatos tenían ayer un discurso similar. La de UGT Asturias, Enma Alonso, recordó que este año «llevamos tres fallecidos más» y dijo que «algo está fallando porque aunque disminuyen los accidentes leves y graves, están aumentando los mortales». Su homólogo de Comisiones Obreras, José Luis Iglesias, consideró que «la precariedad que conllevan las reformas laborales son uno de los factores que implican una mayor siniestralidad». Mientras que el representante de USO, Antón Suárez, reclamó una mayor implicación de las administraciones y de los empresarios.

Los representantes sindicales pidieron también al Principado que dote de más medios a Inspección de Trabajo para que pueda mejorar su evaluación de la situación de las empresas en materia de riesgos laborales. Consideran que los empresarios no quieren cumplir con la normativa «y la única forma de que lo hagan es obligándolos a través de la Inspección de Trabajo».

MCA-Avilés

En este mismo sentido emitió ayer un comunicado la Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) del sindicato UGT en la comarca de Avilés, que señala a los empresarios como responsables del aumento de los accidentes mortales. «Los empresarios, aprovechando la crisis aplican unas políticas de inspiración neoliberal que pretenden, en aras de una denominada competitividad, conseguir mayores beneficios privados, aumentando los ritmos de producción y reduciendo en una carrera sin fin los gastos en los trabajadores a costa de la seguridad y la salud», señala MCA-Avilés.

UGT reclama que las «autoridades públicas exijan el cumplimiento inexcusable de la legislación en prevención de riesgos laborales y se investiguen los accidentes para que no se puedan repetir y para que las personas puedan trabajar en condiciones dignas».

En el desmantelamiento por parte del PP del estado de bienestar que teníamos SI colaborarán las patronales CEOE y Cepyme lo que, por otra parte, no es nada sorprendente…

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Los pensionistas asturianos perderán unos 30 millones en 2014 con la nueva reforma

Informes técnicos para el Gobierno sugieren que la subida del próximo año será del 0,25%, la mínima prevista por el anteproyecto de ley

19.09.2013, Oviedo, L. G. / Agencias, en La Nueva España

La aplicación del nuevo mecanismo para revalorizar las pensiones mermará en unos treinta millones de euros los ingresos que en 2014 percibirían los jubilados asturianos en el supuesto de que se mantuviera el sistema ahora vigente, que vincula la actualización de las prestaciones al índice de precios al consumo (IPC). El gasto en pensiones superará este año en la región los 4.200 millones, equivalentes al 19% del producto interior bruto (PIB).

 

El anteproyecto de la nueva reforma del sistema público, recién aprobado por el Gobierno, hace una estimación del impacto que durante los próximos años tendrán las dos fórmulas con las que se pretende preservar la sostenibilidad de las pensiones: un nuevo procedimiento de revalorización que entrará en vigor ya el próximo año y un «factor de equidad intergeneracional» que, desde 2019, acomodará las pensiones iniciales de los nuevos jubilados a la evolución de la esperanza de vida. La combinación de ambas medidas supondrá un ahorro para la Seguridad Social -y por tanto un recorte en la nómina de las pensiones- de cerca de 33.000 millones entre 2014 y 2022, según una aproximación realizada por los técnicos del Ministerio de Empleo.

 

Ese informe establece que en el primer año de la reforma el cambio en la revalorización reducirá en casi 810 millones el «desequilibrio» económico de la Seguridad Social. Es la diferencia entre subir las pensiones conforme lo haga el IPC, para preservar el poder adquisitivo de los jubilados, y aplicar el nuevo sistema, que fija la revalorización anual sin tener en cuenta la inflación y mediante una fórmula que principalmente considera la evolución de los ingresos y de los gastos del sistema. Este modelo incluye la garantía de que las pensiones no serán congeladas nunca en términos nominales y subirán al menos un 0,25%. Según la misma regla, el incremento máximo no rebasará en ningún caso el límite del IPC+0,25%.

 

Los cálculos incluidos en la memoria económica del anteproyecto de ley sugieren que en 2014 las pensiones subirán el nuevo mínimo legal (0,25%) y que el IPC estará en torno al 1%. En un escenario así, la pérdida potencial para los jubilados asturianos rondaría los 30 millones de euros. Asturias tiene unos 280.000 pensionistas que cobran cerca de 300.000 pensiones. La nómina regional de las prestaciones contributivas equivale a casi el 4% de todo el gasto nacional, cuando el tamaño de la población y de la economía del Principado representan el 2,3% del total de España.

 

Tales datos dan idea de la relevancia económica que tienen las pensiones en Asturias. Los ingresos de jubilados, viudas y otros beneficiarios supondrán este año más de 4.200 millones.

 

El Gobierno ha iniciado los contactos con los sindicatos y la patronal acerca de la reforma de las pensiones. Las direcciones de UGT y CC OO han anticipado su rechazo. Según sus propios cálculos, los pensionistas perderán durante los próximos años entre el 20% y el 28% de su poder adquisitivo si la nueva fórmula de revalorización sale adelante tal como la ha diseñado el Gobierno.

 

Las patronales CEOE y Cepyme mostraron ayer su «disponibilidad» a pactar la nueva reforma de las pensiones y subrayaron la necesidad de «consensos». Ambas organizaciones empresariales destacaron asimismo que «negar la revisión» sería «ir contra» del futuro del sistema público.

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