ACTUALIDAD

La Confederación estudia construir un muro que proteja el Hospital de las riadas

La comarca busca soluciones para prevenir nuevos daños

Parres pide soluciones para el barrio de El Barco, en Arriondas, y Ribadesella una limpieza profunda del Sella y sus márgenes

Foto:Evacuación de enfermos del Hospital de Arriondas, tras la riada de junio de 2010. nacho orejas

Lne.es » Oriente Arriondas (Parres) / Ribadesella  Patricia MARTÍNEZ

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico estudia la posibilidad de colocar un muro para proteger al Hospital Grande-Covián, en Arriondas (Parres) de futuras crecidas del río Sella. Así lo explica el alcalde de Parres, el socialista Marcos Gutiérrez, que ubica la posible construcción «desde el final del parque de La Llera hasta la zona del polígono industrial». Este muro permitiría «que el nivel del río pueda subir un metro más sin que salte», añadió.

 

El regidor explicó que en la Confederación están «valorando esta posibilidad y mirando cuál es la mejor opción: que el muro quede entre el paseo Pablo Iglesias y el río o al otro lado del paseo». La segunda, entre el paseo y las viviendas, dejaría más espacio al río ante una posible crecida, aunque exigiría una solución de acceso a las viviendas con unas escaleras u otra infraestructura.

 

El Alcalde está citado esta mañana, junto a otros municipios afectados por las riadas -como Ribadesella- a una reunión en la Delegación de Gobierno, a la que el Gobierno parragués reprocha «el bochornoso espectáculo vivido con el Principado, con acusaciones y reproches mutuos en un ejemplo más de sus lamentables relaciones». Gutiérrez tiene la «sensación de que se utilizó este tema ante la proximidad de las elecciones» y añadió que «se deben buscar soluciones y no utilizarlo para salir unos acusando a otros».

 

Soluciones, por ejemplo, para el barrio de El Barco, en Arriondas, donde los vecinos han recogido firmas que, aunque van dirigidas a Confederación, el Alcalde trasladará en la cita de hoy, porque «cada vez que sube el río, sin llegar a desbordar, el agua inunda sótanos, garajes y algunos vecinos tienen problemas para acceder a los portales».

 

La alcaldesa de Ribadesella, Charo Fernández Román, de Foro Asturias, también estará hoy en la Delegación de Gobierno. Apuesta por ponerse «de acuerdo entre todos para prevenir estas situaciones. Hay cosas para las que hay que estar preparados». La regidora considera «fundamental que se haga una limpieza profunda del río y de las márgenes» y añadió que «sería muy útil que se tratara de manera integral el Sella, tiene consecuencias en otros concejos pero al nuestro llega toda la porquería». Fernández Román considera que «Costas actuó de manera muy rápida limpiando la playa» y añadió que el arrastre de materiales se puede evitar si «se limpia el río, que tiene una cantidad de piedras que subió mucho el nivel del cauce y por eso se desborda con más facilidad». Entre los daños de las últimas riadas, citó que «se ha roto parte del saneamiento. Son muchas pequeñas cosas que van apareciendo después y quien está cara al ciudadano arreglando todo es el Ayuntamiento», añadió. En cuanto a la reparación de la barandilla de la playa de Santa Marina, pendiente desde el temporal de noviembre 2010, la Alcaldesa explicó que, según Costas, la pieza «ya está hecha y queda colocarla», algo que se espera para este viernes.

A nuestro juicio se vulneran la Ley General de Sanidad 1986, la Ley de de Cohesión de 2003, el RD sobre cartera de servicios básicos del SNS 2006, la Ley del medicamento

IU emplaza a Mato a aclarar en el Congreso si piensa paralizar el copago catalán y balear

Pregunta de Llamazares para la sesión de control

MADRID, EUROPA PRESS

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, tendrá que explicar al diputado de IU, Gaspar Llamazares, mañana miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, si piensa paralizar el copago sanitario, así como las tasas o los tiques en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Así, no se trata de la primera vez que el diputado de IU por Asturias pide explicaciones a la titular de Sanidad, ya que en diciembre, por ejemplo, registró la petición de comparecencia urgente en el Congreso de la nueva ministra de Sanidad, para que diera cuenta del porqué el Gobierno central consiente que en Baleares se vayan a tener que pagar diez euros cada vez que haya que renovar la tarjeta sanitaria o el ’repago’ que prevé emprender la Generalitat catalana en la dispensación de recetas.

En aquel momento, Llamazares señaló a Europa Press que la ministra "no está siendo clara" y sí "está dando la callada por respuesta". De hecho, Mato no se ha pronunciado todavía sobre el tema a preguntas de los periodistas, ni tampoco lo hizo durante su primera comparecencia como ministra de Sanidad en el Congreso hace un par de semanas.

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

La mayor parte de los centros de salud cerrará todos los sábados

LOS RECORTES DEL CONSELL

El consejero Luis Rosado confirma la reorganización horaria de los centros de salud

La oposición y el sindicato médico vaticinan un deterioro de la atención al paciente

Fabra no aclara el recorte en sanidad ni en grandes proyectos y empresas

El País. CRISTINA VÁZQUEZ Valencia 13 FEB 2012 - 22:40 CET

Foto: El consejero de Sanidad, Luis Rosado, rodeado ayer de medios de comunicación. / JOSÉ JORDÁN

Los centros de salud valencianos cambiarán el horario de atención a los pacientes. Los consultorios atenderán las visitas programadas de ocho de la mañana a nueve de la noche y muchos de ellos cerrarán los sábados. El consejero de Sanidad, Luis Rosado confirmó este lunes esa medida e insistió en que el ajuste se realizará “sin perjuicio de la calidad asistencial que se presta a los ciudadanos”.(LEER MAS)

Los proveedores sanitarios se desesperan por los impagos

LEER MAS NOTICIAS SOBRE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Algunas perlas sobre la reforma laboral

 

 

1. El Gobierno, pese a sus declaraciones, ha despreciado el diálogo y la concertación social y lo ha hecho tanto por no convocar a las organizaciones sindicales y empresariales para negociar los contenidos de la futura reforma como por instrumentalizar interesadamente el contenido del segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva suscrito entre los agentes sociales el pasado 25 de enero.

2. El Gobierno abarata y facilita el despido:

 Reduce la indemnización de 45 días por año con un limite de 42 mensualidades en el despido improcedente, a 33 días con un limite de 24 mensualidades en todos los contratos indefinidos.

  Se modifican las causas de despido para evitar el control judicial.

 Elimina la autorización administrativa en los despidos colectivos, lo que va a afectar gravemente a las posibilidades de alcanzar acuerdo con indemnizaciones superiores a los veinte días por año.

  Facilita el despido por absentismo (entre el que se encuentra el debido a enfermedad), al desvincular el del trabajador del nivel del resto de la plantilla.

 3. El Gobierno no reduce las modalidades de contratación indefinida; al contrario crea un nuevo contrato:

  Contrato indefinido que podrán utilizar el 95% de las empresas españolas. Este contrato podrá extinguirse durante su primer año sin indemnización alguna por la simple voluntad del empresario. Además se empeoran las condiciones de otras dos modalidades de contratación:

  Contrato para la formación y el aprendizaje. Se desvincula de la formación del trabajador.

  El contrato a tiempo parcial se modifica para permitir la realización de horas extraordinarias, lo que anima al fraude en la concertación de sus condiciones y tiene efectos en las cotizaciones y prestaciones sociales.

4. El Real Decreto afecta gravemente a la negociación colectiva conduciendo a los trabajadores a la negociación individual de sus condiciones de trabajo:

  Contempla la inaplicación de los convenios a través del arbitraje obligatorio,

 pone fin a la ultraactividad de los convenios colectivos a los dos años de la terminación de su vigencia inicial; individualizando las condiciones laborales de los trabajadores.

 El convenio de empresa, sea cual sea el número de sus trabajadores, se sitúa sin excepción como preferente respecto al convenio sectorial.

 5. El Gobierno a través de las medidas de flexibilidad interna pretende corregir la dualidad del mercado de trabajo colocando a todos los trabajadores en una situación más desprotegida frente al poder discrecional del empresario:

  Amplía las posibilidades de movilidad geográfica,

 Facilita al empresario la posibilidad de modificar unilateralmente jornada, horario y sistema de rendimiento, entre otras condiciones sustanciales de trabajo,

  Permite, sin autorización administrativa suspender o reducir temporalmente la jornada de trabajo.

 6. Incide en la calidad de los servicios públicos y se facilita el despido de los trabajadores de las Administraciones Públicas:

  Puestos de trabajo hasta ahora ocupados con contratos laborales podrán ser ocupados por desempleados perceptores de la prestación por desempleo.

 Se contemplan para los empleados con contrato de trabajo de las Administraciones Públicas las mismas las causas de despido que las establecidas para las empresas privadas.

7. Introduce diferencias en las posibilidades de empleo de los parados colocando en mejor situación a quienes perciben prestaciones respecto de aquéllos que ya han agotado las mismas. Se hace posible compatibilizar la percepción de desempleo con trabajo y se contemplan incentivos fiscales por la contratación de perceptores de desempleo.

8. Crea las condiciones para condenar definitivamente a los jóvenes al desempleo y al infraempleo a través de “infrajobs” por la vía de la contratación a tiempo parcial y de un nuevo contrato de aprendizaje desvinculado realmente de la formación.

En conclusión, es una nueva reforma que no sólo no va a crear empleo sino que va a favorecer su destrucción. Una reforma que desprotege todavía más a los trabajadores y trabajadoras y favorece un mayor poder discrecional de los empresarios; que va a condenar definitivamente a los jóvenes al desempleo o a la infracontratación, que penaliza a los desempleados sin prestaciones de desempleo en sus posibilidades de contratación.

Esta reforma ni se hace para crear empleo ni para evitar su destrucción. Esta reforma solo se hace para contentar a las instituciones y cancillerías europeas, aquellos que sólo conciben la superación de la crisis imponiendo graves reducciones en los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras como demuestran las “bravuconadas” del Presidente y del Ministro de Economía en sus recientes visitas a Bruselas.

Arcelor cierra hoy la planta de Avilés tras una larga cadena de recortes y paradas

 

El presidente de Arcelor en su visita en el 2007

La paralización de pintura, una de las líneas que daba valor añadido a las instalaciones del grupo en Asturias, provoca sorpresa y temor en la región

 

13.02.12 - 02:39 - DIANA DE MIGUEL | GIJÓN.

 

La decisión de ArcelorMittal de suspender a partir de hoy la actividad de la línea de pintura de Avilés supone un paso atrás en el camino hacia la modernidad emprendido por la siderurgia asturiana. La instalación era, junto a las líneas de galvanizado, una de las más punteras y que más valor añadido aportaba a la planta asturiana. Por eso, que el magnate indio Lakshmi Mittal haya decidido su cierre ha provocado sorpresa y temor entre los sindicatos que ven la medida como un claro síntoma de que la suspensión de esta instalación puede ser sólo el principio. El cierre, el primero sin fecha de reapertura que se produce en Asturias tras una larga cadena de paradas y recortes de todo tipo (producción, plantilla, mantenimiento de instalaciones...), se enmarca dentro de la política de ahorro de costes en la que se encuentra inmersa la compañía. Si hace unos años pedía eficiencia a todos sus talleres, ahora ese indicador parece no ser suficiente al reconocer que le sobran instalaciones y que concentrará la producción en las plantas más eficientes, pero, sobre todo, que más ahorro conlleven.

De ahí que la línea de pintura de Avilés haya dejado de ser prioritaria para el grupo al contar con otra más nueva en Lesaka ( Navarra) que combina en la misma instalación los procesos de galvanizado y pintura y, además, permite al grupo un importante ahorro de costes logísticos y energéticos. Esa línea había comenzado su régimen de producción industrial galvanizado el pasado mes de diciembre y la fase de pruebas galvanizado-pintura a principios de enero.

La de Avilés, con algo más de 10 años -abrió a finales de 2001- y una capacidad de producción máxima de 250.000 toneladas al año era la más joven de las instalaciones de Arcelor en Asturias. Con ella la compañía cerraba el proceso productivo tratando las bobinas galvanizadas mediante la aplicación de recubrimientos especiales -pinturas- para la fabricación de derivados de la construcción. Pero, a partir hoy el proceso siderúrgico asturiano se quedará cojo.

La línea de pintura había sido también la primera línea que el grupo paralizó de forma temporal en la región, allá por noviembre de 2008, como consecuencia de la caída de la demanda. Le siguieron, con mayor o menor intensidad, casi todas las instalaciones del grupo que vinieron acompañadas de medidas de tipo social y laboral, como la flexibilización de los tiempos de trabajo y vacaciones, la reasignación de personal a otras funciones o la congelación salarial. Fueron medidas con las que Arcelor trató de paliar la atonía del mercado, pero que tuvieron graves repercusiones en sectores con gran importancia para la economía regional como el del transporte o el portuario. Lo peor podría estar por llegar.

Cinco mentiras de la reforma laboral

 

La mayor mentira de todas es la que el PP nos contó antes de las elecciones

 La Voz de Asturias. 13/02/2012 00:00

1.-Es mentira que el objetivo de la reforma sea crear empleo. Abaratar el despido en plena crisis disparará aún más el paro, como hace nada decían los dirigentes del PP. Lo que busca esta reforma laboral es forzar una rebaja generalizada de los salarios. Es el gran plan del Gobierno, convencido de que la única salida de la crisis pasa por una devaluación de los trabajadores, de nuestros derechos y del Estado del bienestar ahora que ya no tenemos una peseta que devaluar.

 

2.- Es mentira que la indemnización por despido baje “sólo” de 45 a 33 días por año y que sólo cuente a partir del sábado. En realidad se rebaja a 20 días con un máximo de doce meses de indemnización: esas son las nuevas condiciones del despido “procedente” que ahora será el habitual.

 

3.- Es también mentira que la reforma no tenga efectos retroactivos. Cambian las condiciones laborales de todos los empleados, los que ya tenían un trabajo y los que consigan un contrato a partir de hoy.

 

4.- Es completamente falso que este decreto “garantice la seguridad de los trabajadores”, como pomposamente firma en su preámbulo el presidente Rajoy. La reforma legaliza el mobbing: los empresarios podrán cambiar unilateralmente el horario, las funciones e incluso el sueldo. Si no estás de acuerdo con las nuevas condiciones, el despido es procedente: 20 días por año de indemnización.

 

5.- Pero la mayor mentira de todas es la que el PP nos contó durante la campaña electoral. “Lo que necesita España no es facilitar el despido sino fomentar la contratación”, decía Mariano Rajoy, decía Sáenz de Santamaría, decía Cristóbal Montoro, decía Fátima Báñez y decía González Pons. “Un gobierno previsible que diga siempre la verdad”, nos prometieron antes de votar.

Violentos disturbios ante el parlamento griego antes de votar para bajar sueldos y pensiones

Más de cien mil personas se manifestaban en la capital helena.

• Según testigos presenciales, los disturbios comenzaron cuando el cantante Mikis Theodorakis presionó a la policía para que le dejasen entrar en el parlamento.
• Este domingo, las fuerzas políticas votan el acuerdo con la troika (FMI, BCE y UE) sobre las medidas de ajuste que debe realizar el país para evitar la quiebra.
• Venizelos, titular griego de Economía, ha instado a votar a favor de los recortes.
• Papademos: "Si este domingo no se aprueba el acuerdo, será el caos social y la bancarrota en Grecia".

Más de cien mil personas se manifestaron este domingo en Atenas en contra de las medidas exigidas por la troika y que se votan este domingo en el Parlamento, en una protesta que fue reprimida duramente por la policía con el uso de gases lacrimógenos.

Imágenes

2 Fotos

Fotogalería

8 Fotos Desde primera hora de la tarde de este domingo, miles de personas acudieron a la Plaza Syntagma, la Plaza de Omonia y diferentes puntos de la capital hasta bloquear prácticamente todo el centro de Atenas para manifestar su desacuerdo contra el pacto entre el gobierno y la troika, la tríada formada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Unión Europea (UE).

Jóvenes, gente de mediana edad e incluso ancianos acudieron a la manifestación portando banderas griegas y pancartas contra la troika, contra el Gobierno, contra el FMI y contra la canciller alemana, Angela Merkel.

De acuerdo a fuentes policiales, al menos 60.000 personas se concentraron en las plazas de Syntagma y de Omonia, sin tener en cuenta las avenidas Panepistimio y Amalías, además de numerosas calles céntricas, donde se concentraron miles de personas ante la falta de espacio en las plazas.

Gases lacrimógenos y cócteles molotov

Según testigos presenciales, cuando el cantante Mikis Theodorakis trató de presionar a la policía para que le permitiesen entrar en el parlamento y "sin que mediase provocación", los agentes apostados en torno al hemiciclo, comenzaron a lanzar gases lacrimógenos a los concentrados.

Esto no es una democracia, no nos dejan ni protestar, es una dictadura "Esto no es una democracia, no nos dejan ni protestar, es una dictadura", manifestó una joven.

"Envían a gente pagada para que cause problemas. De esta manera pueden justificar los gases lacrimógenos e impedirnos protestar frente al Parlamento", denunció Jristos, de unos 40 años. Añadió: "Lo único que queremos es que los diputados nos escuchen".

Cuando la policía empezó a lanzar bombas de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, se escucharon miles de gritos de "Cerdos asesinos".

Posteriormente los disturbios se extendieron por las calles adyacentes con cientos de manifestantes enfrentándose a la policía con cócteles molotov y piedras. "Este Gobierno no tiene legitimidad para firmar ese contrato con la troika. Son traidores al pueblo griego", se quejó un hombre de unos 50 años que portaba una pancarta exigiendo elecciones y pidiendo a "los pueblos del sur de Europa" que se rebelen.

Votación en el parlamento

Dentro, en el parlamento, los diputados votan el acuerdo con la troika sobre las medidas de ajuste que debe realizar Grecia para evitar su quiebra. El pacto con la troika, según explicó el ministro griego de finanzas, permitirá reducir en 100.000 millones de euros la actual deuda del país (más de 360.000 millones de euros), reducirá los intereses que paga Grecia (actualmente unos 3.500 millones de euros anuales) y permitirá alargar hasta 40 años los plazos de devolución de la deuda.

A los diputados se les pregunta por tres cuestiones: el plan conocido como la quita (la condonación de 100.000 millones de euros de la deuda en manos privadas), el plan de recapitalización bancaria (necesario para contrarrestar las pérdidas que sufrirán los bancos con deuda griega) y las medidas de ajuste que la troika exige a cambio de un crédito de unos 130.000 millones de euros.

Venizelos insta a votar a favor

El ministro de Finanzas griego, Evangelos Venizelos, ha instado al parlamento griego a votar a favor del acuerdo con la troika porque, otra cosa, sería un error histórico. "La nación nunca nos perdonará si no hacemos nuestro deber", afirmó en el hemiciclo.

La "única solución", dijo el ministro griego, "es la viabilidad política, social y económica del país" que aportará el nuevo acuerdo con la troika.

El pacto con la troika, explicó Venizelos, permitirá reducir en 100.000 millones de euros la actual deuda del país (más de 360.000 millones de euros), reducirá los intereses que paga Grecia (actualmente unos 3.500 millones de euros anuales) y permitirá alargar hasta 40 años los plazos de devolución de la deuda.

También criticó a quienes denuncian que el acuerdo supone "vender" la soberanía del país. "Nadie quiere castigarnos. Quieren transferirnos su modo de pensar y son los que tienen la mayoría y el dinero", se justificó.

"La historia de Grecia no comenzó con la troika. No usamos los últimos años para reorganizar la economía y el Estado, lo que ha desembocado en un callejón sin salida", afirmó.

¿Qué medidas exige la troika para el nuevo préstamo?

La reducción del gasto público durante 2012 en un 1,5% del PIB, unos 3.300 millones de euros, de los que aproximadamente un tercio serían en gasto sanitario; otros 300 en gastos de Defensa y unos 500 en el gasto de organismos públicos.

Además, se exige la reducción de los salarios más altos en las empresas públicas y su inmediata privatización. El Gobierno griego ya ha accedido a reducir 15.000 puestos de trabajo en el sector público, dentro de un recorte de 150.000 empleos públicos hasta 2015.

La medida más polémica es la reforma laboral, que incluye una rebaja de entre el 20 y el 25% del salario mínimo de 751 euros El aspecto más polémico es, sin embargo, la reforma laboral, que incluye una rebaja de entre el 20 y el 25% del salario mínimo de 751 euros, el recorte del 20% de las pensiones por encima de 1.000 euros y una disminución sustancial de los complementos salariales que superen los 150 euros. Estas medidas las rechaza una aplastante mayoría de la sociedad griega en las encuestas.

Los sindicatos, la patronal y la mayoría de los griegos se oponen a estas medidas puesto que, tras dos años de recortes, el paro se ha duplicado hasta el 20% y la capacidad adquisitiva de los trabajadores se ha visto severamente reducida (los salarios han caído entre un 20 y un 30%, mientras los precios -a causa de la elevación de los impuestos indirectos y factores monetarios ligados al euro- se han elevado un 10%).

Como consecuencia, unos 60.000 negocios han cerrado, de ahí la oposición de parte de los empresarios a mayores recortes salariales.

Además, la bajada de los salarios ha provocado una reducción de las contribuciones a las diversas cajas de la Seguridad Social, haciendo aún más insostenible el sistema de pensiones.

UGT y CC OO inician una espiral de presiones contra una reforma laboral «radical e inútil»

Los sindicatos irán a la huelga general si la sociedad los apoya y el Gobierno no rectifica 

Méndez y Toxo prevén más paro y recorte «letal» de derechos

Foto: Cándido Méndez, a la izquierda, e Ignacio Fernández Toxo, en su comparecencia conjunta, ayer, en Madrid. | efe

Lne.es » Economía Madrid / Oviedo, J. CUARTAS

UGT y CC OO emprenderán un «proceso de movilización creciente y sostenido» contra la reforma laboral aprobada el viernes por el Gobierno del PP (que hoy entra en vigor) y contra la que no excluyen la convocatoria de una huelga general. Los sindicatos mayoritarios tacharon ayer la reforma de «radical», «ultraliberal» y de «atropello garrafal». «Ni es útil ni equilibrada», dijeron, y acusaron al Ejecutivo de ampararse «en la crisis como coartada para recortar derechos laborales y sociales» de forma «letal», facilitar y abaratar el despido libre y perpetrar el «deterioro de los salarios».

 

El primer hito de esta movilización gradual y «ascendente» se producirá el próximo domingo, día 19, con un llamamiento a los trabajadores para que «conviertan las calles de España en un clamor» contra el decreto. El segundo será el día 29, coincidiendo con la «jornada de acción» convocada por la Confederación Europea de Sindicatos.

 

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, dirigentes confederales de UGT y CC OO, dejaron abierta la posibilidad de que el proceso «ascendente» de movilización pueda concluir con una huelga general contra el Gobierno de Mariano Rajoy si éste no rectifica y no cumple la promesa electoral que había hecho de no abaratar el despido laboral. «El camino» que ahora emprenden las organizaciones obreras «no tiene límites», dijeron sus máximos responsables, y se llevará a cabo «por etapas». «El resto de lo que suceda está en manos del Gobierno».

 

El paro general (para el que Méndez y Toxo no desvelaron fecha) dependerá de que el Gobierno acceda a negociar y a revisar los aspectos más controvertidos y lesivos -a juicio de los sindicatos- de la reforma y también del grado de apoyo que estas organizaciones encuentren en la sociedad a medida que acrecienten la escalada de presión y movilización. «La marcha de los acontecimientos» y «la participación social» «determinarán las actuaciones ulteriores». Las «respuestas» sindicales «serán», dijeron, «medidas»: «Tenemos que acompasar nuestros movimientos al estado de ánimo de la población española».

 

«Ahora toca un proceso profundo de información sobre la reforma y sus consecuencias, en la que tenemos que ser muy didácticos, para explicar, con movilizaciones y reuniones informativas en todos los centros de trabajo, el alcance de la decisión del Gobierno», señalaron los líderes sindicales.

 

Lo que es seguro, alertó Toxo, es que «la fecha de la huelga general no la decidirá Rajoy según su conveniencia». El secretario general de CC OO apostilló así la reciente confesión en privado de Rajoy al primer ministro finlandés (captada de forma casual por un micrófono) en la que el presidente español admitió que la revisión del modelo regulatorio del mercado del trabajo en España que estaba dispuesto a implantar abocaría al país a la huelga general.

 

Méndez y Toxo acusaron al Gobierno de haber aprobado una reforma «impuesta a España por el FMI, el BCE, Alemania y Francia» y elaborada al dictado de la patronal CEOE y de «la Fundación de los bancos, FEDEA», cuya propuesta ha sido asumida íntegramente por el Ejecutivo, según Toxo y Méndez, salvo en un aspecto: no incorpora el contrato único que reclaman los economistas de FEDEA (el llamado «Grupo de los cien»). «Ésta es una democracia vigilada», dijo Toxo.

 

Los sindicatos denunciaron que abaratar y facilitar aún más el despido en plena recesión (se prevé para este año una caída del PIB del 1,8%), «lejos de frenar la sangría del paro, generará lo contrario: acelerar los despidos y la destrucción de empleo». «El Gobierno reconoce abiertamente que la reforma no generará empleo», señalaron los sindicatos en alusión a la intervención de Rajoy el lunes en el Congreso.

 

CC OO y UGT acusan al Gobierno de un «desmantelamiento progresivo del derecho del trabajo» y de «eliminar los controles y tutelas administrativas», lo que generará más conflictos y mayor «judicialización» de la vida laboral, al tiempo que «recorta el control jurisdiccional».

 

Reprocharon que la reforma no corrige la «dualización del mercado laboral»; no reduce, sino que aumenta, «las modalidades de contratación»; instaura el «despido libre de forma indefinida», sobre todo en las empresas pequeñas y medianas (95% del tejido empresarial español), «facilita el despido por causas objetivas en cualquier momento» (con sólo 20 días de indemnización por año trabajado), concibe al parado que percibe prestaciones por desempleo como un «delincuente» («con un tufo que mete miedo»), sólo avanza en la flexibilidad externa pero no en la interna, e «invierte la carga de la prueba»: «ahora es el trabajador el que tiene que demostrar que su despido es improcedente».

«Lo que nosotros queremos es que no haya despidos», afirma la ministra de Empleo

 La empresa podrá reducir salarios y jornada invocando razones técnicas o económicas

 La indemnización de 45 días se mantiene para los años ya trabajados

CiU apoya un modelo «que nos acerca a Europa» y que rechaza toda la izquierda

http://www.elcomercio.es/v/20120212/economia/sindicatos-llaman-salir-calle-20120212.html