Las administraciones adeudan cerca de 900 millones a las empresas en Asturias
Autónomos y el sector de la construcción son los principales perjudicados por unos impagos que suponen el 4% del PIB regional
Foto: Un operario de una constructora trabaja en una obra financiada por el ’Plan E’ del Gobierno. :: REUTERS
16.08.11 – El Comercio.
La ley obliga a pagar las facturas en 50 días, pero la media supera los cinco meses
Los ayuntamientos son los más retrasados en los pagos a sus proveedores
Esa cifra, de carácter provisional y aproximativo, es la suma de las cantidades reclamadas por autónomos, empresas farmacéuticas y constructuras asturianas o que operan en la región pero no incluye la totalidad de los compromisos de pago pendientes a la totalidad de los suministradores de bienes y servicios, por lo que la deuda total podría ser superior. En todo caso, las facturas adeudadas a autónomos, constructoras y farmacéuticas en Asturias equivalen al 4% del PIB autonómico.
La mora, en efecto, sacude sin piedad los cajones públicos y afecta con contundencia a los trabajadores autónomos. Según la asociación ATA, las administraciones públicas adeudan a pequeñas empresas y profesionales de la región 376,04 millones de euros -14.983 millones en el conjunto del Estado-. También es importante las facturas que reclaman las empresas farmacéuticas al Principado que al finalizar el primer trimestre del año calculaban en 196,5 millones, 118,7 millones en fármacos y otros 77,8 a proveedores de equipos, material, gasas o tecnología, de acuerdo con los últimos cálculos de la patronal del sector Farmaindustria.
Las cifras de Asturias no son las más bajas del país, aunque tampoco las más altas, según Farmaindustria. La patronal, a la que se le adeudan 4.300 millones en material y 5.191 en fármacos, asegura que la situación en los últimos años se ha hecho casi insostenible toda vez que las empresas tardan más de un año en pagar las deudas.
Otro capítulo importante de deuda de las administraciones públicas en Asturias (Estado, Principado y ayuntamientos) corresponde a las empresas del sector de la construcción. La patronal CAC-Asprocon ni tiene calculada la deuda contraída por el sector público con sus empresas asociadas, que según algunas fuentes podría ascender a 316 millones de euros.
Esa cifra es la extrapolación que correspondería a Asturias de los 15.049 millones que la patronal Seopan calcula que deben las tres administraciones públicas a las empresas constructoras en nuestro país. En Asturias, según fuentes del sector, muchas empresas aún están pendientes de cobrar las obras ejecutadas al amparo de los planes ’E’ y ’A’ impulsados por el Estado y el Gobierno regional en los municipios para reactivar el sector y ocupar a parte de los trabajadores del sector que se quedaron en paro tras el desplome inmobiliario.
¿Qué administración paga peor? La respuesta es sencilla: los ayuntamientos, que tiene menos ingresos y arrastran un déficit histórico de recursos. Su promedio de pago a los proveedores de obra pública, por ejemplo, es de 238 días, más del triple de lo que tarda una empresa (75 días) en devolver sus créditos a los bancos, según la Plataforma contra la Morosidad. El plazo medio de pago del Gobierno central a las constructoras es de 140 días, y el de las autonomías, de 155, según Seopan.
Abuso de poder
16.08.11 - JUAN NEIRA |
En Asturias, las administraciones públicas deben 900 millones a proveedores y suministradores. Empresas de reducido tamaño ven peligrar su existencia en el mercado por culpa de la morosidad institucional. En el conjunto de España, la cifra se eleva a 50.000 millones, cuatro veces más que hace un par de años. Empresas constructoras, farmacéuticas y trabajadores autónomos son los grupos sobre los que se concentra esta enorme deuda. Ante la caída de la demanda, las empresas no están en condiciones de vetar a los clientes institucionales, y recurren a ellos como forma de mantener la actividad y el empleo, pero la morosidad en el pago de las facturas compromete la existencia de los negocios. En este contexto resulta un sarcasmo los cacareados planes de ayuda de las administraciones a las empresas, cuando en realidad están pagando las nóminas de los funcionarios gracias al crédito obligado que les dan boticarios, fontaneros y albañiles.
La ley exige pagar a los cincuenta días, pero la demora en el pago de las facturas triplica el tiempo establecido. Hace muchos años, el máximo responsable de una Administración asturiana me dijo que el sector público era quien más se saltaba las normas, y ahora compruebo que sabía lo que decía. Parte de los famosos planes ’E’ y ’A’ está aún pendiente de pago. Los bancos no dan crédito a las empresas y las administraciones sustituyen a los bancos por las pymes. El cobrador del frac es el defensor del pueblo.
