Areces advierte a IU de que rechazar el recorte tendría consecuencias legales
Los socialistas temen que si no se aplican las medidas de Zapatero los consejeros puedan ser condenados, como ya sucedió en Siero
La Nueva España. Oviedo, P. G. / J. E. M.
El PSOE asturiano advirtió ayer a Izquierda Unida (IU), su socio en el Ejecutivo regional, de que la no aplicación de las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno central podría conllevar responsabilidades legales para los miembros del Principado que, siendo los encargados de aplicarlas, las incumplan. Las fuentes socialistas consultadas ayer por LA NUEVA ESPAÑA señalan que esta responsabilidad jurídica afecta también a los funcionarios que deben llevar a la práctica medidas de ajuste como, por ejemplo, la reducción salarial aplicándola en el cálculo de las nóminas.
«La ley es de obligado cumplimiento y aunque no es exigible directamente a los ciudadanos, sí vincula a los gobiernos autonómicos, que deben aplicarla», apuntan fuentes socialistas que ponen como ejemplo el caso de los ex alcaldes de Siero, el socialista Juan José Corrales y el popular José Aurelio Álvarez, que fueron condenados por el Tribunal de Cuentas a devolver más de 747.717 euros por aplicar una subida salarial a los funcionarios mayor de la autorizada por el Estado. «Podríamos encontrarnos con una situación similar por no recortar los gastos e incumplir la ley», subrayan estas mismas fuentes. De todas formas, los ex alcaldes de Siero condenados no han tenido que poner de sus bolsillos ni un euro, ya que el dinero se está descontando de las nóminas de los funcionarios.
Mientras, y en referencia a la amenaza de IU de dejar el Gobierno si se aplica el plan de ajuste por decreto, tal y como anunció el pasado viernes ante la Junta General el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, fuentes de la parte socialista del Ejecutivo regional explicaron ayer que «nos reafirmamos en nuestro deseo de que IU se mantenga en el Gobierno. El pacto es útil contra la crisis y ahora hay más motivos que nunca para profundizar en el acuerdo».
Según estas mismas fuentes «el ajuste debe aplicarse obligatoriamente, lo que trataremos de hacer es llevarlo a cabo de forma justa para que pague menos quien menos tiene», haciendo así un pequeño guiño a la postura defendida por los dirigentes de IU de que «la crisis no la pueden pagar aquellos que no la generaron», como los funcionarios o los pensionistas. Pero desde el seno del socialismo regional hacen un llamamiento a la calma a su socio. «IU debe tener en cuenta que ahora toca aportar soluciones y no generar nuevos problemas», dicen. Los socialistas señalan, contra lo expuesto por IU, que «Asturias está y seguirá en vanguardia en la defensa de las políticas de bienestar social y salud que por su impacto en el empleo son necesarias para superar la crisis».
Desde el Principado también contestan a las acusaciones del PP que tildó de «camelo» que aplicar el ajuste por decreto fuera a perjudicar a los funcionarios con menos sueldo. «Lo que es un camelo es rechazar en Asturias lo que ellos mismos están aplicando en otras comunidades», señalan desde el PSOE para rechazar, como pide el PP, que haga falta recortar empresas públicas: «Aquí el único chiringuito que hay es el de la trama Gürtel». En el PP dudan seriamente que, con el actual estatuto, sea posible legalmente que Areces pueda aprobar por decreto el ajuste.
El precedente de Siero
La sentencia
El Tribunal de Cuentas condenó el pasado mes de octubre al ya ex alcalde de Siero, el socialista Juan José Corrales, a devolver de su bolsillo 692.912 euros por una subida salarial a los funcionarios municipales, en el período 1999-2001, que fue considerada «ilegal». Su predecesor en el cargo, el popular José Aurelio Álvarez, también fue condenado, por la misma causa, a pagar 54.805 euros.
Los condenados
La sentencia considera a los alcaldes, que han recurrido la sentencia, como los únicos responsable del incremento salarial indebido, pese a que fue aprobado por el Pleno. Además, el Tribunal también pide a Corrales que devuelva ayudas para vivienda concedidas sin cobertura legal a los funcionarios.
El PSOE tiende puentes a IU y dice que el pacto es «más necesario que nunca»
Considera un error romper el acuerdo en plena crisis y propone «acentuar políticas progresistas y de izquierdas»
07.06.10 - A. SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio
La amenaza de Izquierda Unida de abandonar el Gobierno regional si no se corta de forma drástica con las políticas «de derechas» que propugna desde Madrid José Luis Rodríguez Zapatero encontró ayer una respuesta contemporizadora en el PSOE. Las fuentes del ala socialista del Ejecutivo consultadas por este periódico juzgaron inconveniente una fractura en el gabinete en un momento económico tan delicado, y apostaron por todo lo contrario. Esto es, por consolidar el acuerdo. «Si cuando se firmó el pacto había motivos para ello, la lucha contra la crisis, hoy hay más motivos que nunca para mantenerlo», apostillaron estas fuentes. Está por ver, en todo caso, hasta qué punto el escenario preelectoral -queda menos de un año para las autonómicas- y la tensión política y social que se avecina en un contexto de ajustes, sobre todo si hay huelga general, alteran el entendimiento entre las fuerzas de la izquierda.
La andanada del coordinador de IU, Jesús Iglesias, en respuesta a la amenaza de 'decretazo' de Vicente Álvarez Areces para aplicar el recorte salarial a los funcionarios, no tuvo desperdicio. Iglesias dijo que su formación no cambia «políticas por sillones», dando a entender que, en caso de materializarse un plan de recortes lesivo para los sectores más desfavorecidos, la coalición dejará solos a los socialistas en el Gobierno.
El PSOE no quiso ahondar en el enfrentamiento. «La voluntad es mantener el acuerdo con IU», apuntaron fuentes del ala socialista del gabinete, en la medida en que ha propiciado medidas «útiles para combatir la crisis desde la izquierda» y para que el Principado «soporte mejor la recesión que otras regiones». Si el pacto era una necesidad cuando se firmó, cuando la economía ya se asomaba claramente al abismo, «ahora lo es más que nunca». El razonamiento sigue: «La crisis se ha acentuado y, por tanto, también hay que acentuar las medidas progresistas y de izquierdas».
Desde la órbita socialista no se quiere entrar en valoraciones respecto al ataque frontal de IU a Zapatero y su política, y sobre la urgencia de que Areces se desmarque de esa línea de actuación si no quiere que el pacto salte por los aires. Estas fuentes se limitan a aseverar que el Ejecutivo regional tiene que aplicar el ajuste salarial a los funcionarios «porque es de obligado cumplimiento», y que el 'decretazo' no es la primera opción, sino la última posibilidad a la que se recurrirá: «Queremos hacerlo desde el consenso, minimizando el impacto sobre quienes menos tienen».
Los socialistas creen que IU no tiene excesivos motivos para la queja. Recuerdan que se ha garantizado que los recortes no mermarán la calidad de los servicios básicos, sobre todo en sanidad, educación y política social, y que se contará con un volumen de inversión suficiente para dinamizar la actividad económica y crear empleo. «Y, además, hemos aceptado subir el IRPF a las rentas de más de 100.000 euros y estudiamos la viabilidad de otras medidas», agregan estas fuentes.
Ese es, precisamente, uno de los obstáculos. IU quiere bajar ese límite de renta a los 60.000 euros, así como actuar sobre otras figuras tributarias como Sucesiones, Transmisiones o la fiscalidad 'verde'. A día de hoy, el PSOE es reticente a actuar con más intensidad sobre el IRPF, aunque podría ser más flexible en el caso del resto de retoques -de alguno de ellos- que pide IU.
La cosa pinta mal. IU exige esa reforma fiscal para avalar el ajuste salarial a los funcionarios en la Junta. Ajuste que, en función de los criterios de progresividad que se contemplan, se movería entre el 2% -incluso unas décimas menos- para los sueldos más bajos y entre el 6% y el 7% para los más altos. Esta modulación sólo es posible si el proyecto de ley sale adelante. La alternativa del 'decretazo', según dijo Areces el viernes, será «más lesiva». Contempla, de hecho, la reducción de plantillas públicas mediante el despido de interinos.
¿Llegará entonces el pacto al final de la legislatura? Es difícil aventurarse. Hay quien sostiene que IU está forzando su salida del Gobierno por intereses electorales, ya que le resultaría difícil hacer frente a una más que posible huelga general desde el Gobierno y no compartiendo pancarta con los trabajadores a pie de calle. Escenario que, según esta tesis, le haría mella en las urnas. La coalición rebate este argumento. «Es la contrario. Allí donde IU participa en tareas de gobierno logra medidas que favorecen a los sectores más débiles, propiciando que se suban impuestos a las rentas altas y frenando políticas regresivas. Salir del Ejecutivo sería dar margen al PSOE para que se echara en brazos del PP», radiografía un dirigente de la coalición.
Esa es otra. El PP. Su negativa a avalar la ley de los funcionarios irrita al Gobierno. «Hacen aquí lo contrario que en el resto de España, donde aplican el ajuste y con más fuerza», sostienen fuentes del Ejecutivo. Que, además, echan en cara a los populares su continua alusión a los «chiringuitos» -las sociedades públicas- «cuando el mayor chiringuito es suyo y se llama 'Gürtel', lo que debería preocuparles».
Al PP pertenece el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, que ayer entró en la polémica y dudó de que IU se vaya del Gobierno asturiano: «No creo que vayan a desamarrarse del pesebre y abandonen las moquetas».
