IU asume que el presupuesto no crecerá más del 4% y pide más recursos para políticas sociale
La coalición propondrá un incremento «razonable» e intentará convencer a la FSA para recurrir a la deuda
Considera «irrenunciable» una mayor dotación económica para la ley de dependencia y el salario social
Izquierda Unida ya tiene claras cuáles serán las bases que planteará en su negociación con la Federación Socialista Asturiana para definir las prioridades de los próximos presupuestos regionales. La coalición exige unas cuentas expansivas pero, consciente de la caída de ingresos que sufre el Principado, asume que es inviable que crezcan más allá del 4% o el 5%, según han confirmado diversas fuentes. El discurso restrictivo que ha repetido la parte socialista del Gobierno no convence a Izquierda Unida, que propugna agotar el margen de endeudamiento que permite el Estado para mantener un alto nivel inversor como respuesta ante la crisis. Una iniciativa que, por cierto, no satisface ni al presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, ni al consejero de Economía, Jaime Rabanal, que aceptan el déficit, pero con cautela.
«Es necesario un presupuesto expansivo; no vale de nada decir que somos la región menos endeudada y no promover políticas activas en el actual escenario», señala un dirigente de la organización.
Sin embargo, IU sabe dónde está el límite. Fuentes consultadas por este periódico reconocen que pensar en una subida más allá del 5% es hoy en día «inviable». En cambio, los responsables de la coalición plantearán un incremento «razonable» que permita garantizar el desarrollo de sus políticas en el marco del Gobierno.
Sin excusas
IU tiene claro, antes de iniciar la negociación con la Federación Socialista Asturiana, que hay partidas que tienen que aumentarse para el próximo curso y no vale como argumento la crisis económica. Aluden fuentes de la coalición tanto al desarrollo de la ley de dependencia como al salario social.
Ambas actuaciones son prioritarias a ojos de IU, que considera el incremento presupuestario en ambos capítulos «irrenunciable». En su opinión, la aplicación de la ley de dependencia obligará a subir las partidas para poder atender toda la demanda, y más teniendo en cuenta el incumplimiento, recuerdan, de los compromisos financieros por parte de la Administración central.
Un caso distinto es el del salario social. La organización que dirige Jesús Iglesias reivindicará una mayor dotación presupuestaria para este capítulo al objeto de ofrecer una cobertura económica a los parados de larga duración, que hayan perdido el derecho a recibir algún tipo de retribución por culpa de la crisis.
Este planteamiento puede chocar de frente con la reticencia de la parte socialista del Ejecutivo. Algunos miembros del Gabinete han reconocido en privado su preocupación por el escaso nivel de reinserción que se detecta entre una buena parte de los beneficiarios del salario social y no parece que venda fácilmente su apoyo a la iniciativa de la coalición.
Lo cierto es que los ajustes que reclama IU no parecen ser del agrado del propio presidente del Principado. Vicente Álvarez Areces, consciente de que la caída de los ingresos puede alcanzar hasta el 10%, insiste en que las cuentas registrarán un «crecimiento negativo» y que el objetivo de mantener la inversión en sus términos actuales, unos 1.000 millones, ya es «ambiciosísimo».
Antes del parón estival ya se produjeron los primeros roces después de que la consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, trasladara públicamente los verdaderos deseos de la coalición con vistas a la redacción del proyecto presupuestario. «¿Por qué no se postergan proyectos como el circuito Fernando Alonso o determinadas infraestructuras para destinar los recursos a la protección social?», se preguntó la consejera de IU.
Este tipo de planteamientos provocó duros reproches entre los socialistas que, por su parte, señalaron al gasto social como una «prioridad» pero sin sacrificar lo que consideran «importantes inversiones».
El pulso comenzará a dirimirse este mes, fecha elegida por ambas partes para comenzar la negociación.
La coalición propondrá un incremento «razonable» e intentará convencer a la FSA para recurrir a la deuda
Considera «irrenunciable» una mayor dotación económica para la ley de dependencia y el salario social
Izquierda Unida ya tiene claras cuáles serán las bases que planteará en su negociación con la Federación Socialista Asturiana para definir las prioridades de los próximos presupuestos regionales. La coalición exige unas cuentas expansivas pero, consciente de la caída de ingresos que sufre el Principado, asume que es inviable que crezcan más allá del 4% o el 5%, según han confirmado diversas fuentes. El discurso restrictivo que ha repetido la parte socialista del Gobierno no convence a Izquierda Unida, que propugna agotar el margen de endeudamiento que permite el Estado para mantener un alto nivel inversor como respuesta ante la crisis. Una iniciativa que, por cierto, no satisface ni al presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, ni al consejero de Economía, Jaime Rabanal, que aceptan el déficit, pero con cautela.
«Es necesario un presupuesto expansivo; no vale de nada decir que somos la región menos endeudada y no promover políticas activas en el actual escenario», señala un dirigente de la organización.
Sin embargo, IU sabe dónde está el límite. Fuentes consultadas por este periódico reconocen que pensar en una subida más allá del 5% es hoy en día «inviable». En cambio, los responsables de la coalición plantearán un incremento «razonable» que permita garantizar el desarrollo de sus políticas en el marco del Gobierno.
Sin excusas
IU tiene claro, antes de iniciar la negociación con la Federación Socialista Asturiana, que hay partidas que tienen que aumentarse para el próximo curso y no vale como argumento la crisis económica. Aluden fuentes de la coalición tanto al desarrollo de la ley de dependencia como al salario social.
Ambas actuaciones son prioritarias a ojos de IU, que considera el incremento presupuestario en ambos capítulos «irrenunciable». En su opinión, la aplicación de la ley de dependencia obligará a subir las partidas para poder atender toda la demanda, y más teniendo en cuenta el incumplimiento, recuerdan, de los compromisos financieros por parte de la Administración central.
Un caso distinto es el del salario social. La organización que dirige Jesús Iglesias reivindicará una mayor dotación presupuestaria para este capítulo al objeto de ofrecer una cobertura económica a los parados de larga duración, que hayan perdido el derecho a recibir algún tipo de retribución por culpa de la crisis.
Este planteamiento puede chocar de frente con la reticencia de la parte socialista del Ejecutivo. Algunos miembros del Gabinete han reconocido en privado su preocupación por el escaso nivel de reinserción que se detecta entre una buena parte de los beneficiarios del salario social y no parece que venda fácilmente su apoyo a la iniciativa de la coalición.
Lo cierto es que los ajustes que reclama IU no parecen ser del agrado del propio presidente del Principado. Vicente Álvarez Areces, consciente de que la caída de los ingresos puede alcanzar hasta el 10%, insiste en que las cuentas registrarán un «crecimiento negativo» y que el objetivo de mantener la inversión en sus términos actuales, unos 1.000 millones, ya es «ambiciosísimo».
Antes del parón estival ya se produjeron los primeros roces después de que la consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, trasladara públicamente los verdaderos deseos de la coalición con vistas a la redacción del proyecto presupuestario. «¿Por qué no se postergan proyectos como el circuito Fernando Alonso o determinadas infraestructuras para destinar los recursos a la protección social?», se preguntó la consejera de IU.
Este tipo de planteamientos provocó duros reproches entre los socialistas que, por su parte, señalaron al gasto social como una «prioridad» pero sin sacrificar lo que consideran «importantes inversiones».
El pulso comenzará a dirimirse este mes, fecha elegida por ambas partes para comenzar la negociación.
