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ACTUALIDAD

¿Son sonstenibles las pensiones?

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Si creemos lo que nos dicen los poderes públicos neoliberales que nos gobiernan, entiéndase el gobierno del PP, la troika, FMI, OCDE, todos ellos dominados por la misma doctrina económica, basada en dos conceptos básicos: la primacía de lo privado sobre lo público y el dominio del Dios mercado, las pensiones son inviables. Además la dócil y sumisa prensa del país sólo reproduce este pensamiento neoliberal, ignorando otras doctrinas o pensamientos mucho más científicos.

nuevatribuna.es | Edmundo Fayanás Escuer | 04 Mayo 2013 - 13:55 h.

Desde mi punto de vista y el de otros muchos economistas y pensadores, creemos que las pensiones públicas son totalmente viables. leer más)

IU amenaza al PSOE con dejar de apoyarle si Bienestar revoca las ayudas a 81 ONG

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Noemí Martín rechaza que la consejera fuerce a devolver «100.000 euros que ya gastaron» y le recuerda que «sólo tiene usted 17 diputados»

Foto: Esther Díaz. :: JESÚS DÍAZ

El Comercio. 03.05.13 - 00:10 - CHELO TUYA | GIJÓN.

No fue el primer rifirrafe entre ambas, pero sí el más contundente. Desde el inicio de la legislatura, la diferentes visiones que de las políticas sociales tienen la actual consejera de Bienestar, la socialista Esther Díaz, y una de sus antecesoras, la ahora diputada de IU Noemí Martín, ha sido evidente. Sin embargo, ayer, en la Junta General del Principado, el choque entre ambas dio un paso más allá. Martín le recordó a Díaz no sólo que el Gobierno regional del que forma parte depende de su apoyo parlamentario al decirle que «sólo tiene usted 17 diputados», y del UPyD, «con los cuales firmaron un acuerdo que no cumplen», sino que le espetó que «si sigue por ese camino no nos van a encontrar».

El origen de la disputa está en la revocación parcial que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda está aplicando a las subvenciones concedidas por el mismo departamento, pero durante el mandato de Foro, a 81 ONG. De acuerdo a los datos que maneja la portavoz de IU, «les están pidiendo ahora que devuelvan parte del dinero que ya gastaron». En total, la reclamación del Principado suma «100.000 euros de un montante total de 400.000 en subvenciones».

Bienestar reclama esa devolución parcial de las ayudas al entender que las entidades sociales que las recibieron no ajustaron la cantidad solicitada como subvención a la verdaderamente gastada. Pero, como argumentó Martín, «esa ha sido la práctica habitual de subvenciones en esta región en los últimos diez años. Las entidades sociales ajustan el gasto a las subvención realmente recibida, no a la solicitada, ya que ellos no tienen más recursos».

Además, se trata de dinero invertido, según explicó Noemí Martín, «en proyectos sociales. A la Fundación Don Orione -que ofrece residencia y centro ocupacional a personas con discapacidad- les piden que devuelva 1.311 euros de una subvención total de 10.978 que le concedieron para comprar una furgoneta adaptada. Un vehículo que le costó 18.490. Ustedes no sólo les piden que devuelvan parte del dinero, al entender que lo compraron más barato que la subvención solicitada, 21.000 euros, sino que les acusan de enriquecimiento ilícito».

Ante los gestos que, desde su sillón en la bancada del Gobierno, realizaba la consejera de Bienestar, la diputada rompió su habitual tono tranquilo para evitar la voz, hasta casi quebrársele, «¿cree, de verdad, que esto es enriquecimiento ilícito?», le preguntó, «¿o adaptar un baño, como le ha pasado al Patronato San José -entidad que ofrece residencia y formación a jóvenes que tutela el Principado-, al que le reclaman 787 euros de una subvención de 11.856 para adaptar un baño. Consejera, por ese camino no nos van a encontrar, se lo advierto».

«No hay libre albedrío»

Mientras todavía sonaban otros ejemplos reprochados por Noemí Martín otros ejemplos, «como los 468 euros que le reclaman a la Fundación ELA -de ayuda a personas con esclerosis- o los 272 a la Fundación Edes -centro para discapacidad en el Occidente-», la consejera de Bienestar tomó la palabra para defender que su actuación «se ajusta al cumplimiento de la ley. Ustedes me piden siempre rigor y, cuando lo aplico, me critican. Las entidades sociales no están al margen de la ley. Deberían tener un tratamiento diferente, cierto, pero no lo tienen, y aquí no hay libre albedrío».

Esther Díaz quiso minimizar las acusaciones enumerando que «de los 400 expedientes de ayudas, sólo abrimos 108. A usted le pueden parecer muchos - «sí, claro que lo son», le gritó Martín desde su escaño-, pero de esos desestimamos 26 y sólo 33 están en fase de recurso».

Sus palabras, sin embargo, no convencieron al resto de grupos de la oposición. Ni siquiera a la otra pata en la que se apoya el PSOE, el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, quien comenzó aconsejándole que «consejera, legalidad y sensibilidad no deben estar reñidas», para pasar a dejarle claro que «hay que buscar una solución». Porque, para Prendes, letrado de profesión como la consejera, «la legalidad está clara, pero hay formas de aplicarla». Y en esas formas cree el portavoz del Grupo Mixto que «las entidades del tercer sector deben ser consideradas como un servicio público. Llegan a donde no lo hace la Administración, por lo que deben tener un trato especial».

Una línea argumental que compartió «por completo», la portavoz del Partido Popular. Según Victoria Delgado, «no puedo estar más de acuerdo con lo dicho por los otros dos grupos, pero, el problema está en que usted no escucha». Delgado recordó que su grupo ha presentado una proposición no de ley para reprobar a la consejera, una moción que, visto lo sucedido ayer, podría más contar con más apoyo que el ya garantizado por Foro. «Estamos ante un nuevo golpe al sector de la discapacidad, consejera. Tiene usted fobia al diálogo», aseguró la diputada de este grupo, Esther Landa.

La política social de Esther Díaz enfrenta al PSOE con sus socios de gobierno

EE UU denuncia a Novartis por sobornar a médicos

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La demanda, presentada en el Tribunal federal de Distrito de Nueva York, alega que, para promover la venta de medicamentos de Novartis como Lotrel y Valturna, recetados para tratar la hipertensión, o Starlix, prescrito para la diabetes, la empresa pagó a médicos para dar conferencias en lo que denominaban "eventos sociales" y organizó lujosas cenas para los doctores. Este tipo de acciones "eran, en realidad, sobornos para los conferenciantes y asistentes con el fin de inducirlos a recetar los medicamentos de Novartis", afirmó el Departamento de Justicia.

Estas acciones violaron el estatuto anti-sobornos estadounidense e hicieron que el gobierno pagara "falsas peticiones" a través de sus programas de salud para pagar los productos farmacéuticos de Novartis. Este martes el gobierno estadounidense presentó una demanda contra Novartis por pagar sobornos a al menos una veintena de farmacias para que recomendaran el uso del Myfortic en lugar de otros medicamentos genéricos más baratos para tratar a los pacientes trasplantados, a cambio de obtener beneficios sobre las ventas.

Tras la huella del cáncer

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El HUCA emplea ya terapias personalizadas para algunas leucemias y enfermedades de la médula ósea

Dicho experto resumió los proyectos relacionados con la epigenética del cáncer en los que ha venido trabajando durante los últimos años la Unidad que dirige el doctor Mario Fraga, y entre otros se refirió a un trabajo realizado sobre más de 1.600 muestras de pacientes, entre los que había representados más de 800 tumores primarios. «En ese trabajo concreto identificamos alteraciones epigenéticas específicas asociadas a cada tipo tumoral». Se confirmó la alteración epigenética de muchos genes concretos que otros grupos de investigación habían descrito previamente, pero, al analizar gran cantidad de tumores y genes al mismo tiempo, se pudo asignar una seña de identidad a cada tipo tumoral. El uso de esta huella epigenética la utilizaron con éxito en la identificación de metástasis de origen primario desconocido.

Dentro del campo de la biomedicina, precisó Fernández, la epigenética ha ido adquiriendo gran relevancia. La metilación del ADN (marcas químicas específicas sobre la secuencia del ADN) ha sido el mecanismo epigenético más estudiado. El equipo de Epigenética del HUCA-IUOPA lleva más de diez años trabajando en este campo. «La aparición de tecnologías de última generación nos permite hacer estudios epigenéticos exhaustivos en regiones del genoma inexploradas hasta ahora, y por ejemplo se ha encontrado un gran número de alteraciones en regiones que se consideraban como ADN basura».

La importancia de estos hallazgos es que facilitarán, en realidad ya lo hacen, el diseño de terapias cada vez más personalizadas y ajustadas a cada tumor. En la actualidad ya existen fármacos dirigidos a revertir las alteraciones epigenéticas y, entre ellos, destacan los agentes demetilantes de ADN. Según detalló Agustín Fernández, investigador asociado al programa Miguel Servet del Instituto Carlos III, en el HUCA se utilizan para combatir determinados tipos de leucemias y síndromes mielodisplásicos, también conocidos como preleucemias.

«No son buenos tiempos para ser médico»

Alejandro Braña (Oviedo, 1950) se estrena como presidente del Colegio de Médicos de Asturias, aunque este cirujano, que dirige el servicio de Traumatología del HUCA desde hace una década, es un gran conocedor de la organización, en la que se mantuvo como secretario los últimos doce años. Braña, que dice tener una vocación visceral por la medicina («no podía haber sido otra cosa que médico», confiesa), se ofrece a dialogar con la Administración, pero recuerda que «los médicos ya hemos perdido mucho». Es un gran madrugador (se levanta todos los días, incluso los fines de semana, a las 5.20 de la mañana), un dibujante aficionado y un lector empedernido. Está viudo y tiene seis hijos.

-En el Colegio de Médicos se ha vuelto a presentar una sola candidatura, en este caso, la suya. ¿Qué ocurre? ¿Nadie quiere este puesto o es que el Colegio se está quedando solo?

-No, no, de solo, nada. El Colegio de Médicos es una entidad muy potente, con casi 6.000 colegiados y gran una afluencia. Si no hubo otra candidatura será porque o bien están conformes con lo que hacemos, o bien, pese a ser otra opción, consideran que no cuentan con el apoyo suficiente.

-Los recortes afectan cada vez más a la sanidad y Asturias acaba de salir de uno de los conflictos sanitario más tensos que se recuerdan. ¿Son malos tiempos para ser médico?

-No son buenos tiempos para ser médico. Ahora mismo, un facultativo joven tiene por delante el peor futuro de los últimos 35 años.

-¿Qué le aconsejaría a alguien que piensa en estudiar Medicina?

-La Medicina es vocación, pero hay que poder ejercerla. Lo que le diría es que valore cuán fuerte es su vocación, porque habrá un porcentaje importante de médicos que no tendrán la posibilidad de ejercer o que lo harán en malas condiciones laborales.

-Su antecesora, Carmen Rodríguez, discrepó con todas las administraciones. ¿Seguirá su estela?

-Soy un gran defensor del diálogo constructivo y de tender la mano. A mí me van a encontrar siempre dispuesto a llegar a acuerdos que beneficien a los médicos.

-¿Y si le llaman para pedirle que arrime el hombro por los tiempos difíciles en los que estamos?

-Ese un mensaje fácil de decir, pero que puede esconder también un problema de gestión. Las administraciones no pueden plantear permanentemente la idea de que como esto está mal, hay que solucionarlo con el hombro de los demás.

-Da la impresión de que, tanto en materia judicial como en el día a día, los médicos siempre ganan.

-No es que los médicos siempre ganan, es que siempre tuvimos razón.

-Eso en lo judicial, pero, ¿y en el día a día? Hay otros colectivos que tampoco lo están pasando bien.

-Los facultativos no somos unos privilegiados como nos quieren hacer ver. En los últimos tiempos hemos perdido mucho. El problema es que la Administración nos mira con recelo pensando que tenemos intereses espurios y que siempre estamos buscando nuestro propio interés.

-¿Y no es así?

-En absoluto. El médico está muy implicado con el sistema público, y el que trabaja en la privada, con la privada. El gran error de las administraciones ha sido prescindir del facultativo a la hora de tomar decisiones.

-Tras lograr su Colegio echar abajo lo de la exclusividad obligatoria, el Principado anuncia ahora otra normativa con la que pretende que los cargos intermedios de la sanidad pública no puedan ejercer en la privada. ¿Qué le parece?

-No estamos de acuerdo con ese planteamiento en absoluto. El Principado hace un uso incorrecto de ese asunto planteando la actividad pública contra la privada y dando a entender que uno es bueno y lo otro, malo.

-El HUCA ha intentado, sin éxito, implantar turnos de tarde entre los médicos. El servicio de Traumatología que usted dirige es uno de los que se plantó. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieren trabajar por la tarde?

-Lo primero que me gustaría aclarar es que los médicos no nos oponemos a trabajar por la tarde. Nadie rechaza que los hospitales puedan funcionar por la mañana y por la tarde. A mí me parece genial, pero debe hacerse de manera racional y planteando bien las cosas, no con improvisaciones.

-¿Qué pasó en el HUCA, entonces?

-Traumatología tiene una gran carga asistencial, al igual que otros servicios del hospital. La única manera de hacer que el trabajo de tarde no grave la actividad de la mañana es mediante la contratación de profesionales para el horario vespertino. En un servicio es tan importante operar como las consultas, pasar visita a los pacientes ingresados o atender las urgencias... Lo que no se puede hacer es querer conseguir más actividad sin implementar los medios necesarios.

-¿Había acuerdo con su servicio?

-Nuestro acuerdo estaba vinculado a la contratación de personas.

-La consejería dice que en junio se acabará con las demoras de más de seis meses. ¿Es factible?

-Tal y como está la situación ahora, sólo es factible derivando pacientes.

-¿Las heridas del último conflicto médico están cerradas?

-No. Los médicos siguen descontentos, pero no por la pérdida de poder adquisitivo o porque tengan que trabajar más horas (que entendemos que deba ser así en tiempos de crisis), sino porque se sienten maltratados.

El rescate a la banca eleva el déficit público al 10,6%, el mayor de la UE

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Eurostat certifica que el desfase de las cuentas en 2012 sin las ayudas financieras es del 7%

La deuda pública española es la que más rápido crece en los últimos meses entre los Veintisiete

Alemania fue el único país de la Unión Europea que acabó con superávit presupuestario

Alejandro Bolaños Madrid 22 ABR 2013 - 11:16 CET

La lucha contra el déficit público, la prioridad del Gobierno en 2012, se salda con un resultado agridulce. Las pérdidas contabilizadas por ayudas públicas a la banca que no se confía en recuperar elevan el desfase de las cuentas del año pasado al 10,6% del PIB, según acaba de certificar Eurostat, la agencia estadística de Bruselas. Es el mayor agujero presupuestario en toda la Unión Europea, solo cercano al de Grecia (10%)...(leer más)

Las agresiones al personal sanitario se elevaron durante el año de la huelga médica

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309 trabajadores, de los que 134 eran enfermeras y 92 facultativos, fueron agredidos por pacientes en 2012.

Los casos de violencia física se duplican

Foto: JUANJO DÍAZ

El Comercio. 22.04.13 - 02:47 - LAURA FONSECA | GIJÓN.

El malestar entre pacientes aumenta y con ello las agresiones perpetratadas contra el personal sanitario. En 2012, año de la huelga médica, hubo más casos de usuarios supuestamente disconformes o disgustados con el trato recibido que recurrieron a la amenaza, el insulto o, incluso, la agresión física contra médicos y enfermeras. En ese año, 309 trabajadores del Servicio de Salud del Principado (Sespa) fueron víctimas de situaciones de este tipo, lo que supone un 15% más de casos que en 2011. El incremento de la agresividad por parte de usuarios descontentos coincide con el año en el que el Principado vivió uno de los conflictos más tensos y duros en materia sanitaria como fue la huelga que durante 96 días protagonizaron los médicos del Sespa.

La Consejería de Sanidad, que facilitó los datos estadísticos a petición de EL COMERCIO, se resiste a relacionar el incremento de las agresiones con el conflicto laboral que paralizó la sanidad pública en los últimos cuatro meses de 2012, cuando muchos enfermos quedaron a las puertas de los quirófanos o vieron anuladas sus consultas y pruebas diagnósticas. La consejería prefiere vincular el aumento con el propio desarrollo del plan del Sespa contra situaciones de violencia, gracias al cual, asegura, cada vez son más los trabajadores que se animan a denunciar. De ahí, el aumento, razona.

El caso es que durante 2012 se notificaron 309 situaciones de insultos, amenazas, agresiones físicas o intentos de agresión por parte de pacientes y familiares hacia trabajadores del Sespa. Son 39 más en comparación con 2011, cuando el Informe de Prevención y Actuación frente a Potenciales Situaciones Conflictivas en Centros Sanitarios apuntó 270 casos.

Hubo un 15% más de conflictividad entre pacientes y profesionales del Sespa, pero sobre todo, hubo más casos graves, los que corresponden a la violencia física. En 2012, fueron 67 los pacientes que decidieron hacer justicia por su cuenta recurriendo directamente a la agresión. Dicho de otra forma: 67 trabajadores del Sespa, muchos de ellos enfermeras y médicos, fueron atacados por usuarios (golpes y empujones se llevan la palma). Son exactamente 40 casos más de los que se habían notificado en 2011 e, incluso, en 2010.

Un caso cada 28 horas

A lo largo de 2012, la sanidad registró una agresión cada 28 horas. Es decir, cada día y poco, un trabajador sanitario es amenazado, insultado o, incluso, golpeado. Las amenazas son las que se llevan la palma. El pasado año, de las 309 agresiones notificadas, 185 correspondieron a amenazas. Otras 67 denuncias fueron por agresiones físicas, a las que se suman 51 por insultos y otras seis por intentos de agresión.

Las enfermeras son el colectivo más castigado. Casi la mitad de las agresiones (134) tuvieron al personal de enfermería como blanco principal. Le siguen luego los médicos, con 92 casos, los auxiliares de enfermería, con 61; los adminitrativos con 12 y los celadores, con 8.

Como se ha observado en años anteriores, las situaciones conflictivas entre pacientes y trabajadores de la sanidad tienen un claro sesgo de género. Tanto por las víctimas, en la mayoría de los casos profesionales mujeres, como por el que agrede, ya que la mayoría son hombres. Las estadísticas revelan que el 85% del personal que resultó agredido, insultado o amenazado eran mujeres. La tónica se repite en todas las categorías laborales. El perfil del agresor violento, el que acaba por pegar, es también masculino. Ocho de cada diez pacientes que recurren a la violencia física son pacientes varones. Oviedo y Gijón son las áreas con mayor número de agresiones.

Demoras en la asistencia y negativas a bajas médicas lideran la conflictividad  

 

El Comercio. 22.04.13 - 02:44 - L. FONSECA | GIIJÓN.

 

¿Qué lleva a un paciente a insultar, amenazar o agredir al médico de una consulta o al administrativo que está detrás del mostrador de un centro de salud? Muchos son los motivos que se esconden detrás de los casos de agresiones al personal sanitario, pero existen situaciones que figuran a la cabeza de la conflictictividad. La negativa a facilitar o prolongar una baja médica es uno de ellos, pero no el único. Hay usuarios que reaccionan de manera airada cuando se encuentran con que la cita con el especialista no se producirá hasta dentro de cuatro meses o que no encajan de buen agrado cuando el facultativo se niega a suministrale el tratamiento que exigen. El Sespa carece de un estudio pormenorizado al respecto pero el registro que desde septiembre de 2006 tiene en activo para notificar los casos de agresiones permiten avanzar cuales son los principales motivos que subyacen detrás de estos comportamientos.

Asturias fue una de las primeras comunidades en disponer de un registro de agresiones a personal sanitario. Sin embargo, a diferencia de lo que hacen otras autonomías que sólo contabilizan los casos que acaban en denuncia judicial, el Sespa apunta todos y cada uno de los casos declarados por los trabajadores de hospitales y centros de salud. Desde insultos hasta agresiones físicas.

Desde la administración se insiste, no obstante, que la agresión sigue siendo la excepción. Recuerda, en este sentido, que en el Servicio de Salud se registran del orden de los 9 millones de actos sanitarios al año, un volumen frente al cual las 309 agresiones parecen minúsculas. Pero minúsculas o no, el caso es que el incremento de la agresividad de los pacientes preocupa a los profesionales. Los colegios de médicos y de enfermería, así como el resto de colectivos que trabajan en la sanidad, llevan años concienciando a su personal sobre la necesidad de hacer visible este problema. En ocasiones, los propios profesionales agredidos tienen que continuar viendo o atendiendo al paciente o al familiar con el que tuvieron el problema, lo que no les anima a denunciar. En muchas ocasiones, el Sespa opta por cambiar al usuario de consulta o centro.

El mayor número de conflictos se registra en Primaria. Ello se debe a que es un ámbito donde hay mucha más cercanía entre usuarios y trabajadores. Los servicios de urgencias, también están entre los primeros. El Sespa dispone de un Plan de Prevención para abordar potenciales situaciones conflictivas, que incluye formación para el manejo de casos de riesgo, protección a los trabajadores, apoyo institucional y asistencia letrada y psicológica a las víctimas.

76 usuarios fueron llevados a juicio por insultar o pegar

22.04.13 - 02:44 -

 
En los dos últimos años, 76 pacientes de la sanidad pública asturiana fueron llevados a juicio por una enfermera, un médico, un administrativo, un auxiliar o un celador agredido. Según informó la Consejería de Sanidad del Principado, en 2011, los trabajadores víctimas de agresiones presentaron 32 denuncias por la vía judicial, cifra que se elevó a 44 en 2012. Pegar, insultar o amenazar a un trabajador sanitario puede resultar muy caro. Hasta el momento, el grueso de las resoluciones judiciales han sido «favorables a los trabajadores». Agredir a un médico o una enfermera está considerado como un delito de atentado a funcionario público, lo que conlleva una pena de hasta 4 años de prisión. Las agresiones sufridas por personal del Sespa quedan apuntadas en un registro regional, que acumula ya siete años de andadura. Cada uno de los casos es comunicado a la gerencia del área y de ahí a los servicios centrales del Sespa.

«A mi padre le denegaron un fármaco de cáncer pese a cumplir criterios clínicos»

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El hijo de un enfermo oncológico acusa al HUCA de rechazar la petición de 'Ipilimumab', terapia que según Foro está siendo restringida por su elevado precio: 60.000 euros
Foto: Acelerador lineal del Hospital Universitario Central de Asturias. :: M. ROJAS
El Comercio. 21.04.13 - 02:48 - LAURA FONSECA | GIJÓN.
En el último año, el Central desautorizó su dispensación en al menos tres ocasiones
Jove y Jarrio lo tienen aprobado mientras que Cabueñes está a la espera de lo que decida el centro
La polémica surgida entorno a los tratamientos oncológicos en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que, según el partido de Álvarez-Cascos, Foro Asturias, están sufriendo recortes debido a su elevado coste, se mantiene abierta. Apenas tres días después de que el propio complejo sanitario por boca de su director, Antonio Álvarez, negara tal circunstancia y defendiera que las decisiones sobre las terapias oncológicas se adoptaban en base a criterios científicos y no económicos, el hijo de un paciente ha salido a denunciar todo lo contrario. «A mi padre le denegaron un fármaco de cáncer pese a que cumplía los criterios clínicos», asegura. Este joven, que pide preservar la identidad de su padre «aunque el caso es bien conocido por el Sespa», aclara, se refiere a la decisión del HUCA de no autorizar un tratamiento a base de 'Ipilimumab'. Se trata precisamente del fármaco que según el diputado Albano Longo su uso están siendo «prohibido» por ser caro: el precio ronda los 60.000 euros. Este medicamento, de reciente aprobación por parte del Ministerio de Sanidad, está aconsejado para determinados casos de cáncer de piel.

Al padre de este usuario le diagnosticaron el pasado año un melanoma que acabó en metástasis. El oncólogo que le lleva en el HUCA decidió incluirle entre los contados casos suceptibles de recibir este novísimo y al parecer codiciado fármaco, ya que «nos dijo que cumplía con los criterios que se exigían para su utilización clínica». El enfermo tenía y tiene un buen estado general y se encontraba ya en la segunda fase de tratamiento tras haber pasado por quimioterapia. No obstante, «el médico ya nos advirtió que el hospital lo había denegado más veces porque era muy caro». Y así fue. El petitorio fue rechazado por la comisión permanente del HUCA, organismo que estudia cada uno de los casos de autorización o negativa de fármacos cuando éstos no han sido incluidos aún en la Guía Farmacoterapéutica del centro. En su respuesta el hospital no habla de razones económicas, como afirmó en su día Antonio Álvarez y el propio consejero de Sanidad, Faustino Blanco, sino que aduce que el 'Ipilimumab' no le reportará al afectado un gran beneficio frente a la alternativa clínica que aconseja el HUCA.

Así, y mientras su padre comenzaba tratamiento con 'Fotemustina' «un fármaco que no está aprobado para fases de segunda línea, como es el caso de mi padre», este joven decidió recurrir la resolución del hospital. «En el HUCA me conocen muy bien», indica. Allí fue recibido por la entonces director médica, Isabel Palacio, casualmente, oncóloga. También envió cartas al Ministerio de Sanidad y se personó en el Servicio de Salud del Principado (Sespa).

Dos años de vida

El joven se documentó, se entrevistó con especialistas y continúo adelante con su recurso. «No puede ser que por dinero te quiten dos años de vida, así, por decreto. Si es un fármaco aprobado, tendrán que darlo», dice. Y lo afirma y lo piensa porque entre los beneficios que sitúan al 'Ipilimumab' por delante de otras medicinas oncológicas está el hecho de que «un 24% de las personas que fueron tratadas con él alcanzaron una supervivencia de dos años, y un 19% superó los tres años». El Ministerio de Sanidad también ha hecho sus cálculos y estima que en España son cerca de 200 personas las que podrían llegar a ser tratadas con este terapia. «Unos cuatro casos al año en Asturias», detalla.

El caso es que hace poco el HUCA acabó dándole la razón y decidió rectificar su rechazo inicial aprobando el uso de 'Ipilimumab' para su padre. El problema es que como ya comenzó un tratamiento previo con otro fármaco «que de momento va bien», los médicos aconsejan no modificar la terapia. Fuentes sanitarias del HUCA consultadas confirmaron paso a paso lo ocurrido con este paciente. Pero el caso de este enfermo oncológico no ha sido el único, afirman. Entre diciembre de 2011 y octubre de 2012 «hubo otras tres denegaciones de 'Ipilimumab'», constatan.

En su defensa, la Consejería de Sanidad pone como contrapunto al Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac), que recientemente se entrevistó con Faustino Blanco y que, según el consejero, ha puesto a Asturias como ejemplo de autonomías en el acceso a tratamientos oncológicos.

¿Cuestión de precio?

La polémica sobre este medicamento, al que se suma también el 'Acetato de Abiraterona' (para el cáncer de próstata), y cuya inclusión en el catálogo de prestaciones fue demorada un año por el Ministerio de Sanidad, surge un tiempo después de que el HUCA estuviera empleando uno de ellos. Es el 'Ipilimumab' que tal y como ya adelantó EL COMERCIO, llegó a utilizar sin restricciones. El HUCA lo empleó entre julio y diciembre de 2011 bajo la modalidad de ensayo de uso expandido: una fórmula promovida por los laboratorios que surten el medicamento de manera gratuita a determinados hospitales hasta tanto se acuerda el precio oficial del mismo. Una vez que Ministerio de Sanidad y la industria fijaron el coste del fármaco (60.000 euros por un tratamiento de cuatro ciclos), algo que ocurrió en octubre de 2012, el uso expandido y por tanto, gratuito, quedó suspendido. Durante el tiempo en que el suministro fue gratis se trataron 9 pacientes en el HUCA.

En Asturias no existe un criterio unificado, ya que la decisión de autorizar o denegar la dispensación de un fármaco hospitalario muchas veces queda en manos de las comisiones de farmacia de cada centro. Estos meses se está dando la circunstancia de que hospitales como Jove y Jarrio lo están autorizando sin mayores dificultades cuando la petición parte de un especialista, mientras que Cabueñes, que aún no ha tenido solicitudes, está a la espera de lo que decida el hospital. Sin embargo, el gran debate que subyace bajo esta polémica y sobre la que aún no hay una opinión formada en España es si la sanidad pública podrá seguir financiando en tiempos de crisis tratamientos de 60.000 euros por enfermo. En otros países europeos el debate ya está sobre la mesa.