CONTRAREFORMA NO

Tremendo estudio de Intermón Oxfam

Uno de cada tres nuevos pobres europeos en 2025 será español

Veinte millones de españoles se verán sumidos en la pobreza ese año si se mantiene la tendencia actual

EFE/Madrid

Veinticinco millones de europeos se verán sumidos en la pobreza en 2025 si los gobiernos no abandonan las medidas de austeridad, ocho millones de los cuales serán españoles, lo que supone uno de cada tres de los nuevos pobres de Europa.

 

Este "panorama catastrofista" es el que dibuja el informe "la trampa de la desigualdad", realizado por Intermón Oxfam en los distintos países europeos, cuyos datos españoles se presentaron hoy (por ayer) en rueda de prensa y que reflejan que la sociedad será más desigual y más pobre si no hay un cambio de rumbo.

 

Según el estudio, de mantenerse la tendencia actual, en 2025 España podría tener 20 millones de pobres, 7 millones más que actualmente, lo que representaría el 42 por ciento de la población.

 

La responsable de investigación de Intermón y coautora del informe, Teresa Cavero, resaltó que desde 2008 el número de pobres se incrementó a razón de medio millón cada año y alertó de que "se están sentando las bases de una sociedad tremendamente injusta", y la brecha de la desigualdad se está "disparando".

 

Antes de la crisis, el 20 por ciento de los más ricos ganaba 5,3 veces más que el 20 por ciento más pobre y en 2025 podría ingresar 18 veces más.

 

El informe destaca también la existencia de "una pobreza activa", la que se da entre la población ocupada, "una bolsa de pobreza creciente", que, según Cavero, tiene su origen en la reforma laboral, que favorece el despido y los empleos precarios, y merma la capacidad de negociación con las empresas.

 

La responsable de Intermón Oxfam subrayó que Europa se enfrenta a una "generación perdida" y alertó de que tardará 25 años en recuperar los niveles de bienestar de 2008.

 

A juicio de los responsables de la ONG, Europa y España se encaminan a una sociedad dual, mucho más pobre, más injusta y más desigual, aunque consideran que "la buena noticia es que hay soluciones".

 

Para ello, piden un "giro rotundo" de las políticas de austeridad y proponen medidas urgentes, como resolver el problema de la deuda pública y los intereses que genera, cambios en el sistema financiero, programas de estímulo económico centrados en la creación de empleo o más inversiones en servicios públicos.

 

España podría tener ocho millones más de pobres en 2025

Cuatro de cada diez españoles podrían vivir bajo el umbral de la pobreza en 12 años si se mantienen las políticas de austeridad, denuncia la ONG Intermón Oxfam.

madridpress.com

Unos 12 millones de españoles ya son considerados pobres - según la definición de Eurostat que adopta también el INE - después de cinco años de crisis económica que ha dejado a uno de cada cuatro trabajadores en el paro, y a ellos se podrían incorporar ocho millones más en poco más de una década, afirmó la organización no gubernamental.

 

España podría aumentar en 8 millones el número de personas que viven en situación de pobreza en el país hasta 2025, lo que supondría un tercio del aumento total de Europa en este plazo, si el Gobierno sigue aplicando medidas de austeridad, según un estudio publicado por Intermón Oxfam que indica que la pobreza alcanzaría a 146 millones de personas en el continente, es decir, 25 millones más que en la actualidad.

 

Por ello, el director de campañas y estudios de la ONG, Jaime Atienza,  ha advertido de una "tendencia global" a la desigualdad que está alcanzando a la UE y a España y ha asegurado que, con las actuales políticas, "se camina hacia una Europa más injusta" y hacia una recuperación del sustrato social más lenta, que podría llevar décadas.

 

En este sentido, ha subrayado la evolución de la pobreza en España desde el inicio de la crisis, en 2008, hasta 2012, periodo en el que ha aumentado en 2,1 el número de personas que viven en situación de pobreza.

 

Este colectivo está formado por las personas que viven con menos del 60 por ciento de la renta media nacional (15.445 € al año) o que sufren privaciones en la alimentación, la vivienda, el empleo o en los niveles mínimos de bienestar, según ha detallado la responsable de estudios de Intermón, Teresa Cavero.

 

En caso de continuar con la tendencia de crecimiento exponencial de la pobreza, en los próximos doce años España incorporaría al colectivo de personas que viven en esta situación a 8 millones de ciudadanos más, según señala el informe.

 

Por otra parte, los portavoces de la organización han alertado del deterioro de los mecanismos de recuperación social y del deterioro de la democracia provocados por los recortes que, a su juicio, alargarán y dificultarán el proceso de recuperación  y que están acentuando la desigualdad entre las capas más altas de la sociedad y quienes viven en situación de exclusión.

 

Así, han señalado que, en 2011, el 10 por ciento de los más ricos de Europa obtenían el 24 por ciento de los ingresos totales de la UE, mientras que el 10 por ciento más pobre podía acceder únicamente al 3 por ciento, de acuerdo con la evolución que, según han sostenido, se está produciendo. En 2025 estas cifras se ampliarían hasta ganar los ricos 18 veces más que los pobres de la unión.

 

POBREZA ACTIVA

Además, Cavero ha advertido del crecimiento del fenómeno de la "pobreza activa" en España que, a su juicio, es una de las "consecuencias" de la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno el año pasado. Según ha explicado, este colectivo estaría formado por personas que, a pesar de trabajar, "no reciben la remuneración suficiente para poder vivir".

 

En este sentido, ha asegurado que la "flexibilidad del empleo" que buscaba la reforma únicamente ha conseguido la creación de empleos precarios "y que quienes trabajan nunca lleguen a salir de la pobreza" .

 

Por todo ello, la organización ha pedido al Gobierno español y a los mandatarios europeos que detengan las medidas de austeridad que, según ha indicado, "ya dieron malos resultados en los 80 y en los 90 cuando se aplicaron en América Latina y Sudáfrica" y que invierta en crecimiento económico, creación de empleo y en reactivar el gasto de capital.

 

De forma paralela, ha solicitado que se protejan los presupuestos de ayuda al desarrollo y que se invierta en los servicios públicos, entre los que ha destacado la sanidad y la educación, así como los sistemas de protección social.

 

En tercer lugar, ha señalado la necesidad de reformar el sistema fiscal para aplicar impuestos sobre la acumulación de riquezas y tasas sobre las transacciones financieras. En este sentido, también han destacado la importancia de combatir la evasión y elusión fiscal a través de medidas que mejoren la transparencia y el intercambio de información y de leyes internacionales que obliguen también a los paraísos fiscales.

 

Por último, han indicado que, para garantizar una adecuada recuperación tan pronto como se retome la vía del crecimiento económico, es necesario "fortalecer los elementos de la democracia institucional", a través del fomento de la participación de todos los actores en los procesos democráticos, la mejora de la transparencia y la mejora de la democracia en el ámbito laboral.

 

En este sentido, han subrayado que, de acuerdo con los resultados de un informe realizado por Metroscopia para la ONG, la mayoría de los españoles estarían dispuestos a realizar voluntariados, hacer donaciones económicas o a rechazar empleos en negro para ayudar a combatir la desigualdad, pero, en cambio, más de la mitad no estaría dispuesta a pagar más impuestos.

 

Esto se debe, según ha destacado la responsable del estudio, Violeta Asiego, a la desconfianza de los españoles en el uso de sus impuestos para combatir la pobreza. De hecho, ha recordado que 1 de cada 3 euros de los presupuestos del Estado se destinan al pago de la deuda española.

 

Atienza ha recordado que Intermón interviene únicamente "en aquellos lugares donde se están cometiendo injusticias y donde se producen situaciones de pobreza", por lo ha asegurado que el objetivo del estudio presentado por la organización tiene únicamente la intención de "analizar rigurosamente" y "alzar la voz" sobre la realidad doméstica de España y de Europa donde ha indicado que se está consolidando "la tendencia global hacia una mayor desigualdad".

578.000 niños han perdido las ayudas de libros de texto en un curso

 

Los beneficiarios de becas generales, Erasmus e idiomas han bajado en casi 25.000 en un curso

Elisa Silió Madrid 16 SEP 2013 - 13:57 CET181

Entre 2008 y 2012 el gasto medio por familia se derrumbó pero no lo hizo en educación, sanidad y electricidad. Gastos de primera necesidad de los que las familias no pueden prescindir. A este aumento del desembolso ha contribuido la reducción a la mitad de las ayudas a la compra de libros de texto. En el ministerio reconocen que es “una barbaridad” sin duda la pérdida de 578.549 becas de libros en un año, del 2011-2012 al 2012-2013. Eso ha supuesto un tijeretazo presupuestario de 67,3 millones de euros. El ministro José Ignacio Wert, que ha ofrecido los datos del comienzo del curso esta mañana, ha argumentado que se debe al reajuste en sus arcas que han tenido que hacer las comunidades autónomas que hasta ahora ofrecían estos libros de texto de forma casi gratuita (o en su totalidad) sin discriminar por la situación económica de las familias. Lo cierto es que la partida del ministerio para estas ayudas en los Presupuestos Generales del Estado bajó un 80% en dos años: en 2013 han sido 20 millones cuando en 2011 eran 98,19 millones. En el curso 2009/2010 se llegó a un millón de niños con ayuda de libros y desde entonces su número fue decayendo pero no con la contundencia de este curso.

En el apartado de becas generales (para la exención de matrículas o compensar los pocos recursos de la familia) y de movilidad, aprendizaje de idiomas, formación de profesorado o movilidad internacional (Seneca o Erasmus) el gasto ha bajado 134 millones y los beneficiados han disminuido en casi 25.000. Estas ayudas van destinadas a las enseñanzas no obligatorias (Bachillerato, FP y Universidad) aunque la mayor parte van a la educación superior. El ministerio no proporciona datos sobre el número de becas solicitadas que previsiblemente aumentaron en el último año por el agravamiento de la crisis económica. Según una encuesta a las 50 universidades  públicas de España de EL PAÍS solicitaron las becas generales 40.000 universitarios más que el año anterior. En próximas fechas se presentarán los datos de la Universidad y entonces sí darán a conocer estas cifras.

Wert ha informado que este curso –en los presupuestos del 2014- se aumentará la partida de becas generales en 250 millones (un 20%) pero no ha querido confirmar cuál será el monto total, lo que podría suponer que el gasto en el resto de ayudas, que priman los méritos académicos no la situación económica, siga bajando. El ministro ya adelantó la semana pasada que unos 10.000 alumnos podrían haber perdido su beca general en el primer curso de universidad tras endurecerse los requisitos académicos para obtener una ayuda.

Este curso 20143-2013 no habrá por primera vez becas Séneca.  El pasado curso 2.050 estudiantes recibieron 500 euros al mes para estudiar fuera de casa dentro del programa.Las becas de excelencia para trabajar en un departamento mientras se finalizan los estudios también han sido esquilmadas. Su presupuesto ha bajado a los niveles de 1988 (de 8,9 millones a 4,7 millones), menguando también los beneficiarios (de 3.304 becas a 2.356).

La población escolar de ocho millones se mantiene con una mínima bajada en la educación infantil de 13.000 niños (por la baja natalidad y el retorno de inmigrantes) y una subida muy significativa en el apartado de Formación Profesional de 34.500 estudiantes debida a la caída en los últimos años del abandono escolar temprano (uno de cada cuatro personas no titula en Secundaria) y el retorno a las aulas de desempleados sin formación.

En los centros públicos hay un mínimo aumento del 1% de los alumnos en cinco años y esta sector sigue siendo el mayoritario, con un 68,3% del alumnado. Sin embargo, la pública es la única desfavorecida por el recorte en profesorado. Han impartido clase en el último curso 18.000 docentes menos, mientras crecía en 881 profesores y maestros en los centros privados y concertados (sufragados con dinero público). El ministro lo achaca a que la ratio de alumnos ha subido más en la privada y a que en los últimos cinco años la cifra en los públicos se había disparado hasta los 682.000 docentes en el curso 2011-2012.

Desaparece el mantenimiento del poder adquisitivo en favor de la devaluación paulatina ¡¡empobrecimiento, dicho con toda claridad!!

El Gobierno emprende el empobrecimiento de los pensionistas

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha aprobado el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones, que desvincula estas prestaciones del IPC y que introduce el llamado ’factor de sostenibilidad’ a partir de 2019.

nuevatribuna.es

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la voluntad del Gobierno es "escuchar y tomar en consideración" todas las aportaciones que puedan hacerse para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del sistema público de pensiones.

El anteproyecto, que será enviado al Consejo Económico y Social (CES) para que emita su dictamen, contempla un nuevo índice para referenciar la actualización de las pensiones diferente del IPC, para evitar que las pensiones puedan en lo sucesivo congelarse o incluso rebajarse. Este índice empezará a aplicarse ya el próximo año.

El nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones tendrá en cuenta tanto la inflación como los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social tomando como referencia las medidas de once ejercicios para modular los datos y evitar cambios bruscos en el sistema. Además, aplicará un suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%, de modo que las pensiones no puedan ni subir ni bajar por encima de esos valores.

Según la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el nuevo índice es "más completo y global", ya que tiene en cuenta la inflación, pero también la situación económica del país en cada momento. "La propuesta es que las pensiones no se congelen nunca y que suban siempre en función de las circunstancias económicas y de lo que el país se pueda permitir", ha señalado Báñez, tras destacar además que se elimina la discrecionalidad política y se garantiza la racionalidad en el sistema. 

El factor de sostenibilidad, por su parte, no entrará en vigor hasta finales de la próxima legislatura (2019) y vinculará las pensiones a la demografía, garantizando así que los pensionistas de diferentes generaciones tendrán pensiones similares si realizan contribuciones iguales al sistema. "Con salarios y cotizaciones iguales un jubilado de ahora puede cobrar la misma pensión que cobrará su hijo o su nieto", ha explicado Báñez, tras asegurar que el objetivo es garantizar la "columna vertebral" del sistema: la solidaridad.

Con todo, la ministra ha asegurado que se trata de la reforma "más importante" en términos sociales que ha aprobado el Gobierno, y ha garantizado que dará "confianza, tranquilidad y certidumbre" tanto a los pensionistas presentes como a los futuros, a los que ha garantizado que van a poder disfrutar de pensiones públicas. "Tengan la confianza de que los jóvenes de hoy van a ser los pensionistas del mañana", ha añadido.

El Gobierno aprueba el primer paso para devaluar las pensiones

CC OO calcula que los jubilados perderán hasta un 28% de su poder adquisitivo en 15 años

La ministra Báñez se declara abierta a hacer cambios en su oferta

Manuel V. Gómez, Madrid, en El País.

El Gobierno propone que las pensiones suban un mínimo del 0,25% anual, incluso en los años malos para la Seguridad Social (como el actual y, muy probablemente, los próximos). “Las pensiones nunca se van a congelar. Subirán siempre”, ha defendido este viernes la ministra de Empleo, Fátima Báñez, después de que el Consejo de Ministros estudiara un informe sobre la reforma de pensiones. Pero ese suelo no garantiza el poder adquisitivo. Al contrario. Un ejemplo: de haber estado en vigor la reforma de pensiones ahora sobre la mesa en 2013 —cuando la inflación “es muy baja”, en palabras del ministro Cristóbal Montoro, y se situará en torno al 1% a finales de año— las pensiones habrían perdido poder adquisitivo, es decir, se habrían devaluado. La crisis económica y las tendencias demográficas amenazan con que esa pérdida de poder adquisitivo de las pensiones sea sistemática con la nueva fórmula.

El Consejo de Ministros ha estudiado este viernes un informe con una doble propuesta de ajuste del gasto en pensiones. Por un lado, una nueva fórmula de actualización anual, basada en la salud de las cuentas de la Seguridad Social, y que afecta a todos los pensionistas (presentes y a los futuros) ya que pretende desvincularla del IPC en 2014. No obstante, el resultado de la ecuación está limitado: si una vez despejada la incógnita el resultado es negativo, las pensiones subirán al menos el 0,25%; si es positivo, nunca podrán subir 0,25 puntos más que el IPC.

Para defender esta primera parte, la ministra de Empleo ha utilizado la última edición del Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria donde se debaten los asuntos que atañen a las pensiones, concretamente la recomendación segunda, que dice literalmente que “resulta conveniente estudiar la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados” en salarios, el PIB o los ingresos de la Seguridad Social. Báñez, en cambio, no ha dicho que este mismo apartado lleva por título “mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones” y que también defiende que “la revalorización anual (...) se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones”.

La segunda vía de ajuste, que parte del informe que una docena de expertos redactó la pasada primavera, es la que vincula la pensión inicial de los jubilados a su esperanza de vida en el momento de abandonar el mercado laboral y se aplicará desde 2019.

El siguiente paso en el trámite de la reforma es que el Consejo Económico y Social evalúe el informe del Ejecutivo. Al tiempo que se cumplen estos trámites, el Gobierno negocia con los sindicatos para llegar un acuerdo. Y, de hecho, mientras que los ministros estudiaban el informe, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, se veía con los empresarios y las centrales. El representante de CC OO, Carlos Bravo, ha llegado al encuentro con unos cálculos que cifran la pérdida de poder adquisitivo en los próximos 15 años entre el 14,5% y el 28,3%. El Gobierno, por su parte, no ha aportado ningún dato ni simulación sobre el impacto de la nueva fórmula. Los números de CC OO se parecen a los que han expuesto el PSOE y UGT, que cifran la devaluación en un 20% en la próxima década.

Todos estos cálculos tienen en cuenta las lúgubres previsiones laborales —la Seguridad Social se nutre principalmente de las cuotas que pagan quienes tienen empleo— para los próximos años y una inflación que oscila entre el 2% y el 2,5% (ligeramente menor a la media de la última década). No obstante, las estrecheces en las cuentas del instituto público en el futuro también llegarán por el lado del gasto, ya que el envejecimiento de la población se acentuará en los próximos años.

Para atenuar todo esto, los sindicatos exigen al Gobierno que aproveche esta reforma para que aumenten los ingresos. No les gusta la fórmula de actualización anual, de ahí que UGT exija su retirada, explica su responsable de Seguridad Social, Carmen López: “La reforma de las pensiones no es necesaria, porque no tenemos el problema en las normas, el problema está en la destrucción de empleo”.

Además, ambas centrales reclaman más dinero para la Seguridad Social: a corto plazo, para evitar que la mala situación del mercado laboral se coma rápido los más de 60.000 millones que se acumulan en el Fondo de Reserva, CC OO hace hincapié en una subida de cotizaciones; y a largo plazo, los dos sindicatos piden que la Seguridad Social reciba más dinero procedente de los impuestos para que las pensiones no se devalúen en exceso.

“Estamos abiertos al diálogo”, ha afirmado la ministra Báñez. Su objetivo es “lograr el mayor consenso” en torno a la que considera “la reforma social más importante en términos sociales de 2013”. Por ello, la responsable de Empleo ha llamado a los jóvenes al debate sobre la reforma. Para Bravo, de CC OO, esta invitación es “irresponsable”, ya que tiene el riesgo de abrir un “conflicto intergeneracional”. “No hace bien intentando contraponer generaciones”, explica Bravo, argumentado que el sistema se basa en la confianza entre jóvenes y mayores.

Las declaraciones de la oposición tampoco auguran un pacto fácil. “El informe es tramposo, opaco e injusto”, ha declarado el portavoz de Izquierda Plural, Joan Coscubiela. “Es una estafa”, ha dicho su homóloga del PSOE en la materia, la diputada catalana Isabel López, frente al argumento oficial de que las pensiones nunca se congelarán.

Una ecuación no tan previsible

M. V. G., en El País.

Para actualizar año a año las pensiones, el Ejecutivo ha propuesto una fórmula —con límites— que se basa en la salud de las cuentas de la Seguridad Social. Esto, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, introduce “certidumbre” para los pensionistas actuales y futuros.

La ecuación propuesta tiene en cuenta los ingresos y los gastos del sistema de pensiones y busca su equilibrio financiero. Para disminuir la volatilidad que este tipo de fórmula podría acarrear anualmente, los creadores de la ecuación (la docena de expertos que la Seguridad Social designó en primavera), propuso que se tuviera en cuenta tanto el año en curso como los cinco o seis ejercicios inmediatamente anteriores y posteriores, y que tendiera a corregir los posibles desequilibrios financieros.

La opción del Gobierno ha sido tomar los cinco años pasados y futuros, más el año en curso. Esta última parte, en sí misma, ya introduce un factor de discrecionalidad para el Ejecutivo de turno, ya que serán sus previsiones sobre ingresos las que se tomen para los cinco años futuros.

Pero hay otro elemento decisivo y que también da un gran margen de discrecionalidad: la velocidad a la que se tiene que corregir el equilibrio financiero y que de ser muy rápido puede suponer un resultado negativo de la ecuación. Esta, según un documento entregado a los agentes sociales, dependerá año a año de los presupuestos generales del Estado y no quedará fijado en la Ley General de la Seguridad Social, como pensó el grupo de expertos que emitió su informe en junio.

Con esta opción, la discrecionalidad del Gobierno aumenta y la previsibilidad y “certidumbre” desciende.

Las pensiones pierden un 28% con la reforma de Báñez, dice CCOO

Pensiones: Las trampas de una reforma injusta y opaca. Por Joan Coscubiela.

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Cada diez minutos un dependiente se queda sin atención y cada 30 un trabajador pierde su empleo

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La reducción de la lista de espera para acceder a una ayuda por dependencia difundida "como un logro" por el Ministerio de Sanidad, "se ha obtenido de la manera más cruel, eliminando personas acreedoras al derecho a ser atendidos".

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha elaborado un estudio con los últimos datos del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia del que se desprende que una persona deja de ser atendida cada diez minutos y cada media hora, un trabajador pierde su empleo.

En comparación con el mes anterior, "el retroceso es notorio", según el estudio, porque "todas las cifras son negativas": 4.654 beneficiarios menos, 9.068 dictámenes menos, 7.827 solicitudes menos, 4.751 grandes dependientes atendidos menos y 2.731 dependientes severos atendidos menos

La organización, que toma como referencia el balance oficial del SAAD publicado este mes por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, destaca que hay 4.654 beneficiarios menos en el sistema y un total de 8.999 personas han perdido su derecho a ser atendidos, un año después de la reforma de la Ley de Dependencia. "Se consolida la dinámica de destrucción paulatina del sistema sin que se haya mejorado en ningún aspecto de la gestión", concluye....(leer más)

Un dependiente se queda sin atención cada diez minutos

Ante la modificación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud

IU critica que el cáncer de pulmón se excluya de los planes públicos de prevención

10.09.2013 - E. C., MADRID, en El Comercio.

El diputado por Asturias de IU y portavoz en la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, lamentó ayer que la exclusión del plan de prevención del cáncer de pulmón de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), que ya adelantó este periódico a finales de julio, se debe a criterios económicos.

Llamazares registró una pregunta escrita al Gobierno para que explique si, además de incluir en la cartera básica de servicios del SNS los cribados de cáncer de mama, útero y colon, va a incluir el de cáncer de pulmón «que causa mayor número de muertes». Llamazares pide también al Ejecutivo que especifique si antes de tomar una decisión definitiva piensa consultar a los especialistas de la salud bajo cuya responsabilidad se encuentran los programas de detección precoz, diagnóstico, estadificación y tratamiento de los tumores de pulmón .

«El cribado es un sistema de detección precoz a gran escala, mediante la realización de una radiografía del tórax o, lo que es más eficaz, mediante tomografía computerizada (TC), lo que posiblemente ha llevado al Ministerio a rechazarlo como prestación básica por su relación coste-eficacia, atendiendo a criterios económicos», lamentó.

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La pérdida de poder adquisitivo obstaculiza el pacto de pensiones

Sindicatos y oposición denuncian que la reforma erosiona las jubilaciones

 La ministra de Empleo, Fátima Báñez, junto a los interlocutores sociales / SAMUEL SÁNCHEZ

 Manuel V Gómez 7 SEP 2013 - 22:59 CET

La reforma de las pensiones es el debate social más importante que tiene planteado la sociedad española”, ha declarado con solemnidad la ministra de Empleo, Fátima Báñez, “estamos trabajando para lograr el mayor consenso posible”. Pero este objetivo corre un serio riesgo. La propuesta que Báñez presentó el lunes a sindicatos y empresarios, sin otras medidas, acarrea pérdidas de poder adquisitivo para todos los pensionistas —presentes y futuros— al menos en los primeros años de vigencia, salvo que las previsiones económicas no acierten o crezcan mucho los ingresos de la Seguridad Social. “No era necesario poner sobre la mesa la fórmula de revalorización anual, dificulta mucho el acuerdo”, analiza Carlos Bravo, responsable de pensiones de CC OO.

Este sindicalista se refiere a la primera parte de la propuesta de reforma del Gobierno: los cambios en la forma en que se actualizarán las pensiones, que dejarán de estar ligadas —al menos legalmente— a los precios ya desde 2014 y, en consecuencia, afectará tanto a pensionistas presentes como futuros. Su opinión es compartida por su homóloga de UGT, Carmen López, y por la mayor parte de grupos políticos: llegar a un pacto con un calendario apretado es muy difícil si hay que redefinir la fórmula de actualización anual de las pensiones. “La Constitución obliga a mirar siempre al poder adquisitivo. El modelo actual es válido”, defiende Valeriano Gómez, del PSOE, pese a que en 2011 y 2012 se suspendió y las pensiones se devaluaron. “Solo dos veces en 20 años”, justifica....(leer más)

Luces de alarma en la sanidad pública española

Las consecuencias de las privatizaciones y los ajustes aprobados por las administraciones gobernadas por los populares

Lne. 22.08.2013 | 00:00

 Luces de alarma en la sanidad pública española

María Luisa Carcedo Diputada del PSOE en el Congreso La reciente publicación del «Barómetro sanitario» correspondiente al 2012, que refleja un descenso en la satisfacción de los ciudadanos con los servicios sanitarios, viene a sumarse a los datos aportados por el Observatorio de los Servicios Públicos (AEVAL-CIS), que recoge un empeoramiento en la satisfacción de los ciudadanos en sanidad, educación, servicios sociales y transportes, en las encuestas realizadas en el mismo año. Y este descenso tiene especial significado por lo que supone de cambio de tendencia, si tenemos en cuenta que los datos registrados en el CIS revelan una creciente satisfacción desde el año 1994. Desde 1995 el porcentaje de satisfechos se situó en el conjunto de España por encima del 50%, hasta alcanzar cerca del 70% en 2011.

Para valorar lo que realmente está sucediendo con los servicios públicos en general y la sanidad en particular, es necesario poner estos datos en relación con la opinión de los ciudadanos sobre la situación de la sanidad pública, en respuesta espontánea a los asuntos que más les preocupan.

En concreto, la sanidad, ha pasado en tan sólo dos años a duplicar el porcentaje de respuestas como preocupación para los españoles, subiendo como primer problema del 3,7% de las respuestas en 2011 a suponer el 7,9 en 2013. Lo que significa que este descenso en la satisfacción corre paralelo al aumento de la preocupación de los ciudadanos por la sanidad pública.

Conviene recordar aquí la mayoría de los ciudadanos considera que la salud es el principal determinante del bienestar (9,5/10) y entre el 70% y el 80% de los españoles otorgan a los servicios sanitarios la máxima importancia (10/10) como garantes para lograrlo. Esto explica el aumento de la preocupación de los ciudadanos ante los recortes, copagos, privatizaciones y restricciones en el acceso puestos en marcha en este año y medio por el actual Gobierno del Partido Popular.

Esta preocupación tiene reflejo también en la actitud de los ciudadanos ante los recortes en los presupuestos sanitarios. Al igual que en la educación y las pensiones, más del 95% de los españoles son contrarios a cualquier recorte en los presupuestos destinados a la sanidad pública. En concreto, en la encuesta del 2012, un 98% se manifiesta contrario a los recortes en los presupuestos sanitarios.

No obstante, el Gobierno de España está adoptando medidas que suponen cambios drásticos en un modelo considerado satisfactorio por los ciudadanos de los que un porcentaje importante considera que precisa mejoras y más recursos. Pero, aprovechando la actual crisis, se han perpetrado recortes presupuestarios y cambios de modelo que alteran los aspectos mejor valorados por los ciudadanos.

Cabría pensar si estas decisiones están fundamentadas en la imposibilidad de mantener estos servicios con el nivel de cobertura y de calidad que conocemos. Para ello tenemos que comparar nuestro gasto sanitario con los países de la OCDE y de la UE, la calidad de los servicios prestados y la accesibilidad de los ciudadanos a su uso.

Según el último informe de la OCDE sobre España, referido al ejercicio 2011, se encuentra por debajo de la media en gasto sanitario tanto en porcentaje de PIB como gasto por persona y se encuentra a la cola de los países de la UE-15. En cambio, según Eurostat era en 2011 el país de la UE más accesible. En concreto, sólo el 0,2% de los ciudadanos en el 20% de ingresos más bajos, reconocía de falta de atención médica por razones económicas frente al 3,1 de la media europea. Y como dato de la calidad de los servicios, se pueden tomar como referencia los trasplantes, un servicio de la máxima exigencia tecnológica, en formación de los profesionales y en capacidad de coordinación, en el que España está a la cabeza del mundo. Aunque se pueden tomar otros como mortalidad infantil, cobertura de vacunaciones, etcétera.

Con este escenario, asistimos a decisiones que atacan la accesibilidad, eliminado el derecho de como ciudadano residente en España por el de titular o beneficiario según relación con la Seguridad Social (organismo que no participa en la financiación de la sanidad, es 100% Presupuestos Generales del Estado), lo que supone la exclusión de colectivos vulnerables como inmigrantes o los que conllevan riesgo de dualización en el sistema como las personas de rentas superiores a 100.000 euros anuales y sin relación con la Seguridad Social. Decisiones de copago farmacéutico, cuyo impacto en el control de gasto es mínimo pero con conocidas consecuencias dificultando el acceso de las personas con menores rentas.

A estas medidas de carácter estructural en el sistema, se añaden los recortes en el presupuesto, que en dos años ha descendido en más de 9.300 millones de euros, pasando de 67.689 millones de gasto sanitario público total consolidado del 2011 y un gasto por habitante de 1.434 euros por habitante a 58.384 del 2013, con un gasto por habitante de 1.250 euros y dejando, además, sin cobertura sanitaria a colectivos sin recursos económicos.

La razón con la que el PP justifica estas medidas es el equilibrio fiscal y la insostenibilidad del gasto sanitario. Pero el equilibrio fiscal es una ecuación entre ingresos y gastos y la sostenibilidad tiene que ver con las prioridades políticas del modelo económico y social, es decir, qué recursos de la sociedad son públicos y cómo los distribuimos. En el caso de la sanidad, las preferencias de los ciudadanos por el sistema público son contundentes.

Pero vayamos a la ecuación presupuestaria. Ya hemos analizado los gastos sanitarios en comparación con los de otros países, la calidad de los servicios y su accesibilidad. Ahora veamos los ingresos. Según los informes de Eurostat, el fraude fiscal en España es de entorno a 70.000 millones de euros (más de lo que cuesta toda la sanidad pública). El reciente informe de la Agencia Tributaria revela que la cotización efectiva de las grandes empresas se situó en el 3,5% frente al 30% teórico gracias a beneficios fiscales. Por esta vía, han dejado de ingresarse casi 22.500 millones de euros, lo que supone casi el 40% del gasto sanitario público del 2013.

Y, lógicamente, en esta ecuación no se cuantifican los beneficios en cohesión social, ni el papel de fomento de la actividad económica ni el empleo del sector sanitario ni tampoco su papel en el equilibrio territorial.

Estos datos nos permiten concluir que las medidas adoptadas por el Partido Popular desde el Gobierno de España y las Cortes Generales responden a una alternativa ideológica de modelo de sociedad. Y que es concordante con decisiones en comunidades autónomas como Madrid o Valencia, inmersas en una carrera desenfrenada de desmontaje de los servicios públicos de salud con privatizaciones de hospitales y centros de salud, concesiones administrativas en gestión de áreas sanitarias, modificación de la planificación en áreas sanitarias, etcétera que suponen un desmantelamiento planificado del tan querido Sistema Nacional de Salud.

Todas estas medidas están socavando los indicadores que hicieron del Sistema Nacional de Salud uno de los mejores del mundo, según la OMS. De momento, el más sensible, que es la satisfacción de los ciudadanos, ya enciende las luces de alarma.