CONTRAREFORMA NO

Recomendamos encarecidamente firmar

Inician una campaña en Change.org: IR A CHANGE.ORG PARA PODER FIRMAR

Defensa de la Sanidad Pública no se siente representada por el Foro de la Profesión, ni en el Pacto con Sanidad

Foto.- Ninguno de ellos nos representa…

MADRID, EUROPA PRESS

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) no se siente representada por los Foros de la Profesión Médica y de Enfermería, y, por tanto, se muestra en contra del reciente pacto firmado con el Ministerio de Sanidad.

 

Por ello ha puesto en marcha una campaña de adhesión en Change.org donde pide a los trabajadores y profesionales de la Sanidad que expresen si nos se ven "representados" su rechazo a dicho pacto, que "perjudica claramente al Sistema Público de Salud".

 

Para la FADSP dichos acuerdos están realizados por entidades no representativas, adoptados sin consultar a los implicados y que suponen un apoyo a la política de privatizaciones, recortes y deterioro de la Sanidad Pública del PP.

 

En su opinión, la verdadera finalidad de este pacto es crear microempresas dentro de los centros para competir entre si, en el marco legal de un mercado sanitario mixto (público y privado), financiado esencialmente con  fondos públicos; y establecer alianzas y acuerdos con otras empresas del mismo o de diferentes centros sanitarios para desarrollar sus estrategias empresariales.

 

"Esto permite dar entrada al capital privado de empresas, a los laboratorios farmacéuticos, a las industrias de electro-medicina sanitaria, en la provisión y gestión de servicios sanitarios", explican.

 

Por otra parte, sostienen que entre las repercusiones de dicho acuerdo se puede encontrar el que el personal de las futuras Unidades de Gestión Clínica "no podrá mantener las garantías jurídicas y laborales que brinda el  Estatuto Marco y deberá amparase en el derecho laboral para trabajar en las mismas"; asimismo, cree que se pretende la descentralización administrativa y funcional de los servicios sanitarios.

 

Al parecer, continúa, la finalidad sería "fragmentar los centros sanitario públicos y crear unidades que integren recursos y profesionales de diferentes especialidades, disciplinas y niveles asistenciales, pero dando entrada al capital, empresas y profesionales del sector privado con el objetivo de generar beneficios económicos y facilitar la posibilidad de apropiárselos, a quienes participen en ellas y las gestionen".

 

Entre las consecuencias que prevé podría producirse, además del "desmantelamiento del sistema sanitario", destaca el "deterioro de los derechos de los profesionales", el "desmantelamiento del nivel de Atención Primaria"; un aumento de los costes del sistema sanitario y trabas de acceso a determinados servicios a los pacientes con patologías no rentables.

 

Además, abre las puertas a la privatización del sistema sanitario ya que "se le da la oportunidad a empresas privadas de  intervenir e influir de manera directa en las decisiones sobre: qué hacer, cómo, quién  y con qué, en las patologías más prevalentes".

 

Finalmente, advierte, "supone una gran oportunidad de negocio para el sector privado en el tratamiento de determinadas patologías: cáncer, enfermedades coronarias y respiratorias, etc., favoreciendo que la utilización de recursos diagnósticos de alta tecnología y de tratamientos  de elevado coste".

 

PROFESIONALES Y TRABAJADORES DE LA SANIDAD ANTE EL PACTO ENTRE LOS AUTODENOMINADOS  “FOROS PROFESIONALES”  Y EL MINISTERIO DE SANIDAD

 

El Ministerio de Sanidad y los denominado  «Foros de la Profesión Médica y de Enfermería» han llegado recientemente a un acuerdo que establece distintas medidas que perjudican claramente al Sistema Público de Salud y a nuestra relación laboral:

La finalidad de este pacto es:

 

–     Crear microempresas dentro de los centros para competir entre si, en el marco legal de un mercado sanitario mixto (público y privado), financiado esencialmente con  fondos públicos.

 

–     Establecer alianzas y acuerdos con otras empresas del mismo o de diferentes centros sanitarios para desarrollar sus estrategias empresariales. Esto permite dar entrada al capital privado de empresas, a los laboratorios farmacéuticos, a las industrias de electro-medicina sanitaria, en la provisión y gestión de servicios sanitarios.  

 

Repercusiones generales:

 

1- El personal de las futuras Unidades de Gestión Clínica no podrá mantener las garantías jurídicas y laborales que brinda el  Estatuto Marco  y deberá  amparase en el derecho laboral para trabajar en las mismas, paso necesario para que éstas se constituyan en empresas autónomas con personalidad jurídica propia (acogiéndose a diferentes fórmulas jurídicas: como fundaciones, consorcios etc.), propias del modelo empresarial con participación del sector privado.

 

2- Se pretende la descentralización administrativa y funcional de los servicios sanitarios con la finalidad de fragmentar los centros sanitario públicos y crear unidades que integren recursos y profesionales de diferentes especialidades, disciplinas y niveles asistenciales, pero dando entrada al capital, empresas y profesionales del sector privado con el objetivo de  generar beneficios económicos y facilitar  la posibilidad de apropiárselos, a quienes participen en ellas y las gestionen.    

 

Consecuencias previsibles:

 

1.      Desmantelamiento del sistema sanitario que se fragmentaría en múltiples parcelas de poder y negocio con participación del capital privado y de grupos empresariales.

 

2.    Deterioro de los derechos de los profesionales que perderían las garantías del Estatuto del Personal (estabilidad, seguridad y libertad de decisión).

 

3.      Desmantelamiento del nivel de Atención Primaria para crear las Áreas de Gestión Integrada (las Gerencias de AP están siendo sustituidas por Direcciones de Procesos Asistenciales). Esto supone que “el nivel primario de atención” quede sometido a los intereses de las Gerencias de los hospitales para los que éste ámbito de atención pasaría a realizar la función de puerta de entrada al Sistema Sanitario, seleccionando los pacientes por su complejidad.

 

4.      Aumento de los costes del sistema sanitario (costes burocrático-administrativos) vinculados a la trasformación de las unidades y servicios en empresas autónomas (facturación etc.).

 

5.      Trabas de acceso a determinados servicios a los pacientes con patologías no rentables, -selección de riesgos-, por estas empresas que tienen la oportunidad de apropiarse de los beneficios económicos que se generen.

 

6.      Abre las puertas a la privatización del sistema sanitario ya que se le da la oportunidad a empresas privadas de  intervenir e influir de manera directa en las decisiones sobre: qué hacer, cómo, quién  y con qué, en las patologías más prevalentes.

 

7.      Supone una gran oportunidad de negocio para el sector privado en  el tratamiento de determinadas patologías: cáncer, enfermedades coronarias y respiratorias, etc., favoreciendo que la utilización de recursos diagnósticos de alta tecnología y de tratamientos  de elevado coste.

 

La evolución de las reformas del NHS de la Sra Thatcher y la producida en otros países nos indican, que el primer paso en las contrarreformas privatizadoras de los sistemas sanitarios públicos tienen como objetivo la ruptura de la red pública en microempresas y la introducción de los criterios de mercado en la atención sanitaria. Después y de manera progresiva las empresas privadas irían, como así ha sucedido en Gran Bretaña, ganando espacio y negocio en el sector y haciéndose con un porcentaje cada vez mayor del mismo.  

Sabemos cual es el horizonte y la intencionalidad de quienes hoy formulan unas propuestas aparentemente suaves, poco relevantes, sin embargo, sus objetivos son conocidos: desestructurar el sistema sanitario público y romper su carácter integrador y de colaboración entre profesionales, niveles asistenciales y servicios.

Por todo lo expuesto, por la ausencia de transparencia y participación de la mayoría de los profesionales y trabajadores sanitarios, rechazamos su contenido y la firma de este pacto.

Los/as profesionales y trabajadores/as sanitarios/as abajo firmantes NO NOS SENTIMOS REPRESENTADOS Y RECHAZAMOS ESTE PACTO

 

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Priorización, recursos insuficientes, inequidad entre CC.AA. e incluso entre centros de la misma comunidad, retrasos injustificados en las autorizaciones de uso retrato de la realidad actual de los fármacos más innovadores y costosos.

Los recortes ponen en peligro los tratamientos médicos más caros

Facultativos y pacientes coinciden: cada vez hay más trabas para acceder a fármacos costosos

El sistema es desigual; varía por comunidades y hasta por hospitales

Foto.- Xabier Etxeberria que ha tenido que empeorar para recibir el tratamiento que puede curar su hepatitis C.

Elena G. Sevillano, Madrid, 30 SEP 2013, en El País.

Cuando este diario habló por primera vez con Xabier Etxeberria, guipuzcoano de 47 años, en junio pasado, su lucha particular era conseguir que Osakidetza, el servicio público de salud vasco, le administrara el tratamiento que más posibilidades tenía de curar su hepatitis C, la llamada triple terapia. Un mes antes había reclamado por escrito porque consideraba que se le denegaba “por razones económicas”. Osakidetza contestó, y vino a darle la razón. Le decía que, como su hígado aún tenía un grado 2 de fibrosis, no se le podía administrar, puesto que el criterio consistía en tratar con triple terapia los casos más avanzados, de grado 3 y 4 —el 4 equivale a cirrosis—.

 

Etxeberria, monitor de enfermos psiquiátricos, casado y con tres hijos, cuenta esta semana desde su casa en Oiartzun que ya está recibiendo el caro (30.000 euros; dura entre seis y doce meses) tratamiento que aumenta la tasa de curación del 45% al 75%. ¿Buena noticia? En realidad, no. Lo que ocurre es que, mientras esperaba — “totalmente agotado, sin energía”, cuenta—, Etxeberria ha empeorado y su hígado ya tiene una fibrosis de grado 3. Ahora sí, Osakidetza financia su tratamiento. En la respuesta que le dieron en junio pasado admitían que los criterios eran coyunturales: “Imposibilidad de abordar en el momento actual su tratamiento”.

 

Las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes coinciden: cada vez hay más dificultades para acceder a los fármacos que los médicos consideran mejores para sus enfermos y que, por ser muy novedosos o para patologías poco frecuentes, son muy caros. Ocurre con los costosos medicamentos oncológicos, pero también con los nuevos anticoagulantes orales, los herederos inteligentes del Sintrom; o con el nuevo tratamiento para la hepatitis C, que casi dobla la tasa de curación del actual. “Caro o barato, depende de lo que uno mida. Si una medicación puede evitar un trasplante, que cuesta 150.000 euros, o un cáncer o una cirrosis...”, apunta José Luis Calleja, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe adjunto del Servicio de Gastroenterología del Hospital Puerta de Hierro. Hay 900.000 personas con hepatitis C en España.

 

“Se habla mucho de priorizar, pero esta palabra es siempre un arma de doble filo, porque no es prohibir. En la práctica, se ha convertido en que muchas autonomías han estado dilatando el momento de administrar el fármaco”, añade. Calleja, secretario de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), participó en la elaboración del informe de utilidad terapéutica sobre la triple terapia de la Agencia Española del Medicamento (Aemps). Los expertos concluyeron que era conveniente para los grados 2, 3 y 4. El mismo día que se publicó el informe apareció otro, un “anexo de priorización”, sin la firma de los especialistas, en el que se decía que la terapia estaba indicada solo “excepcionalmente” para grado 2, relata Calleja. Es decir, el primer filtro.

 

Los problemas para acceder a fármacos caros empiezan en la Aemps, siguen en las comunidades autónomas y acaban en los propios hospitales, coinciden los expertos consultados. La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha sido de las más beligerantes. Su presidenta, Carmen Burgaleta, explica que las dificultades para el acceso a los mejores fármacos son “continuas” y que se han agravado en el último año. Un problema al que hay que añadir la inequidad. Un mismo paciente puede recibir un fármaco en una comunidad y en otra no; en un hospital sí y en otro a dos kilómetros no. Pero el primer obstáculo está en el Ministerio de Sanidad, subraya. “Nos preocupan las demoras en la autorización de nuevos fármacos, que cada vez son mayores”, dice. Lo ilustra con un ejemplo: el ruxolitinib. Era un fármaco que los hematólogos llevan “años” esperando con “ilusión” para poder tratar mejor a sus pacientes con mielofibrosis, una enfermedad rara. “Resulta que está aprobado ya en toda Europa, menos en Italia y España”, asegura.

 

Los médicos tienen bastante claro que si el veterano Sintrom (principio activo, acenocumarol) sigue reinando entre los pacientes anticoagulados —se usa para prevenir el ictus en caso de fibrilación auricular— es por culpa de la crisis y las restricciones presupuestarias. Los nuevos anticoagulantes orales, el dabigatrán, rivaroxabán y el apixabán, son tan eficaces como el Sintrom para prevenir el ictus, pero además simplifican la vida de los pacientes: menos riesgo de hemorragia (intracraneal), menos visitas para controlarse. Pero el primero cuesta tres euros al mes; sus sucesores, cerca de 90. “Cuando uno analiza las ventas y la penetración de los nuevos fármacos se da cuenta de que no tienen la progresión esperable”, asegura Vicente Bertomeu, presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC). “Hay áreas de salud en las que no se prescriben prácticamente nunca”, añade.

 

En España, estos fármacos se administran con visado, una autorización especial que da la Inspección Médica. “Uno de cada tres pacientes que toman Sintrom no están bien controlados y podrían ser buenos candidatos para los nuevos fármacos”, explica José María Lobos-Bejarano, médico de familia de Madrid y coordinador del Grupo Cardiovascular de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc). “No tiene sentido que ahora que tenemos los nuevos anticoagulantes haya estas barreras, que responden a un criterio estrictamente económico. Muchos médicos de familia mantienen el tratamiento con Sintrom como hacían cuando no había otra alternativa, y eso no puede ser. En algunas comunidades los médicos de primaria no pueden prescribir el fármaco, con lo que hay que derivar al especialista, esperar... Tiene efecto disuasorio y supone una pérdida de oportunidad. Hay algunos pacientes que, con nuestra recomendación, se pagan estos fármacos ellos mismos. Los estudios han demostrado que reducen un 35% más los ictus isquémicos que el Sintrom”, añade.

 

La Federación de Pacientes Anticoagulados (Feasan) —son cerca de medio millón— denuncia también la falta de equidad entre comunidades autónomas e incluso entre hospitales. Habla de “claro agravio comparativo” porque hay comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias y Aragón donde el médico de familia (encargado del seguimiento del paciente) no puede prescribir el tratamiento. “Aunque el ministerio publicó un documento para unificar criterios de uso, algunas comunidades han incorporado recomendaciones que filtran todavía más el acceso, como Cataluña, Castilla y León y Madrid”, añaden.

 

Fouad, de 12 años, es demasiado joven para saber lo que son las mucopolisacaridosis, un tipo de enfermedades metabólicas degenerativas raras (hay unos 50 afectados en España) causadas por el déficit de una enzima. Pero le ha tocado aprenderlo, porque padece una de sus formas, el síndrome de Hurler-Scheie. Su madre, Houssnia El Khadiri, explica en su casa de Quijorna (Madrid), que dos de sus cuatro hijos, Fouad y Fadwa, de 5 años, padecen esta enfermedad genética. Le preocupa ver cómo su calidad de vida empeora sin tratamiento. Pese a que hace cuatro años que Fouad fue diagnosticado —tiene poca movilidad en los brazos, padece contracturas articulares, tiene cataratas, es más bajito que los niños de su edad—, sigue sin recibir el tratamiento enzimático sustitutivo que mejoraría sus síntomas. Los especialistas consultados por este diario no se explican cómo no la ha recibido aún.

 

El Khadiri, que ha peregrinado de centro en centro intentando que atiendan a sus hijos, tampoco sabe por qué. Jordi Cruz, presidente de la asociación MPS (mucopolisacaridosis) España, está convencido de que la explicación tiene que ver con el hecho de que el fármaco cuesta miles de euros. “Tengo claro que si no estuviéramos en esta situación económica, esto no sucedería”, dice. Lo cierto es que el hospital de La Paz, en Madrid, que trató a los niños en su servicio de genética, no ha llegado a darles el tratamiento.

 

Su caso fue a la Comisión de Uso Compasivo y Medicamentos Especiales del centro antes del verano, que derivó el caso a la Dirección General de Hospitales de la Consejería de Sanidad madrileña. A El Khadiri y a sus hijos nunca les han dado una respuesta concreta, ni un papel en el que denieguen oficialmente el tratamiento. El viernes pasado, tras una llamada de EL PAÍS, una portavoz aseguró que Fouad recibirá el tratamiento la semana que viene. Fue lo mismo que contestaron en julio de 2012 a otro medio de comunicación que contó el caso, recuerda la madre. Y no lo cumplieron. “Con tratamiento, los niños podrían hacer vida normal. Pero todo el mundo se lava las manos”, suspira Cruz.

 

Hace solo unos días el Servicio Gallego de Salud (Sergas) fue obligado a financiar, por sentencia judicial, un costoso fármaco (eculizumab) que mitiga los síntomas de los afectados de hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), una enfermedad ultrarrara. “Tras la sentencia, ya hay tres o cuatro pacientes más que van a recibir la medicación”, dice Cruz, que también preside la asociación de HPN. “Para las 7.000 enfermedades raras, muchas de ellas graves, solo hay 55 fármacos. Mi hija tiene síndrome de Sanfilippo [otro tipo de mucopolisacaridosis] y para ella no hay medicación. ¿Tan complicado es tratar a los enfermos que sí la tienen? ¿Para qué aprueban los fármacos si luego ponen barreras?”, se pregunta.

 

“El ministerio tardó 11 meses en reunir a la comisión que aprueba nuevos fármacos y precios”, apunta Albert Jovell, médico y presidente del Foro Español de Pacientes. “Es una comisión muy intervenida por Economía, porque Sanidad aprueba, pero luego son las comunidades las que pagan. Intentan retrasar que los hospitales empiecen a dar los fármacos, o seleccionan mucho a los pacientes. Conforme el presupuesto de salud va disminuyendo, esto ha ido yendo a más. Los médicos están muy atados al prescribir y el paciente, por ilustrado que esté, no se entera”, señala. Para Jovell, los mayores problemas están los tratamientos para el cáncer, generalmente paliativos; hepatitis C, artritis reumatoide y esclerosis múltiple.

 

Belinda Lozoya, de 29 años, acaba de descubrir que el año y medio que ha estado en lista de espera para que le implanten una bomba de insulina puede no haberle servido para nada. Por su edad, su profesión —es enfermera y trabaja a turnos— y los años que lleva siendo diabética (20), es buena candidata para este dispositivo. Así se lo comunicó su endocrino del hospital del Henares (Madrid) cuando la derivó al hospital de La Paz en marzo de 2012 para que se lo implantaran porque tenía mal control de la diabetes. Desde entonces ha sido paciente del servicio de endocrinología de este centro.

 

Pero ahora, cuando al fin le tocaba el turno, el hospital se niega a financiar la bomba y los reactivos que requiere. Alega que Lozoya, que vive en Rivas (Madrid) pertenece a otra área sanitaria. Madrid aprobó un área única sanitaria en 2009 y publicitó que los pacientes podrían moverse libremente a los centros de su elección. En la práctica, como ha comprobado Lozoya, los hospitales tratan de ajustarse a sus mermados presupuestos intentando devolver a los enfermos a los centros de su zona. “Me quedo en tierra de nadie. Los problemas burocráticos y financieros del hospital no deberían suponer una traba para un paciente que necesita un tratamiento”, se lamenta. Sabe que la bomba de insulina mejoraría el control de su diabetes. Ahora se pincha al menos cuatro veces al día y se hace controles seis o siete. “Llevo año y medio retrasando el momento de ser madre porque no tengo buen control de mi diabetes. ¿Cuánto más voy a tener que esperar? ¿Por qué han esperando tanto para denegármelo?” se pregunta.

 

Sanidad asegura que trabaja para que los criterios sean los mismos en todos los hospitales españoles y niega estar tardando más de lo necesario en aprobar los fármacos innovadores. También desliza que los precios que ponen algunos laboratorios son inasumibles. Los pacientes, mientras tanto, se encuentran cada vez más barreras de las que, muchas veces, no llegan a ser conscientes.

Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias, asociaciones de consumidores y usuarios, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, prácticamente toda la oposición política todos se oponen, de hecho ni siquiera todo el PP, por abreviar, lo defiende, pero la ministra: “erre que erre como siempre”.

Siete autonomías se oponen al copago farmacéutico en los hospitales

Asturias gastó en medicamentos en agosto 19,5 millones, un 23,8% menos que en 2012

26.09.2013, Oviedo / Madrid, P. R., en La Nueva España.

Al menos siete comunidades autónomas se resisten a la decisión del Ministerio de Sanidad de implantar el copago farmacéutico en los hospitales a partir del 1 de octubre. Castilla y León, Extremadura -ambas gobernadas por el PP-, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Navarra y Asturias han invitado a la ministra, Ana Mato, a reconsiderar una propuesta que, según advierten los distintos responsables sanitarios, no servirá para ahorrar y sí, en cambio, para castigar a los enfermos crónicos o con enfermedades graves. Los pacientes no ingresados en hospitales deberán pagar un 10% (con un máximo de 4,20 euros por envase).

 

Mato defendió ayer la medida en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La Ministra explicó que todos los medicamentos de dispensación hospitalaria tienen una aportación reducida y señaló que algunos de esos fármacos cuestan hasta 43.000 euros, de los que los ciudadanos pagarán un máximo de 4 euros.

 

Mato advirtió a Andalucía, que interpondrá un recurso de alzada contra la medida, que tiene «bastantes deudas» en Sanidad, lo que «pone en riesgo el futuro de la misma».

 

Por otra parte, Asturias gastó en farmacia en agosto 19,5 millones de euros, un 23,8% menos que el pasado año en el mismo mes. La factura de las autonomías en ese mismo mes ascendió a 713.406.657 euros, lo que supone un descenso del 0,04% con respecto a 2012.

 

Ahorro en fármacos del 24% en agosto

26.09.13 – El Comercio.

Asturias registró en agosto un gasto farmacéutico de 19,5 millones de euros, lo que supone una reducción del 23,8% respecto a los 25,6 millones del mismo mes de 2011, antes de la reforma sanitaria que implicó la puesta en marcha del copago hace catorce meses. Según informó el Ministerio de Sanidad el Sistema Nacional de Salud ha ahorrado 2.306 millones de euros en el gasto farmacéutico desde que se puso en marcha el copago.

 

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La ONG ha puesto en marcha la campaña 'Nadie desechado' para luchar contra ello

Médicos del Mundo denuncia 1.192 vulneraciones del derecho a la salud

Firmar un compromiso de pago o abonar una factura para recibir asistencia son algunas de las consecuencias de la reforma sanitaria.

EFE, Madrid.

Médicos del Mundo ha denunciado la existencia de 1.192 casos de personas que han sufrido algún tipo de vulneración del derecho a la salud con la reforma sanitaria, como la exigencia de firmar un compromiso de pago o de abonar una factura para recibir asistencia, incluso a niños y mujeres embarazadas. Los casos están documentados en el informe El impacto de la reforma sanitaria sobre el derecho a la salud, que el presidente de la organización, Álvaro González, entregó la semana pasada a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

El informe documenta "detalladamente" esas 1.192 vulneraciones producidas en un año desde la entrada en vigor del real decreto de medidas urgentes de sostenibilidad de la sanidad, que proceden de las 12 comunidades donde la organización tiene implantación. Incluyen 254 casos ocurridos en Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias y Navarra entre 2012 y 2013, a los que hay que sumar otros 250 registrados únicamente en la Comunidad de Madrid y 290 más en Balears. A ellos hay que añadir los casos documentados a través del trabajo en red como el realizado por Médicos del Mundo-Valencia junto con otras 49 organizaciones: 398 entre diciembre y junio de 2013.

González ha explicado que el informe recoge "fundamentalmente" casos de inmigrantes que quedan excluidos del sistema sanitario por no tener los papeles en regla, pero también otros de personas a las que se les exige un compromiso de pago previo para recibir atención médica en primaria. Las denuncias incluyen también a niños y mujeres a los que se ha exigido ese compromiso de pago para ser atendidos en urgencias, a pesar de que tienen ese derecho garantizado.

El presidente de Médicos del Mundo ha llamado también la atención sobre el hecho de que cada vez se están empezando a detectar más casos de españoles con rentas bajas y jubilados "que acuden desesperados" a la entidad "porque con las medidas de copago farmacéutico no son capaces de hacer frente a los medicamentos que necesitan para el tratamiento de sus enfermedades crónicas". González ha advertido de que lo importante no son los casos documentados sino los que no se conocen, debido al miedo de personas en situación irregular a contar su experiencia o las reticencias de los españoles, "porque a nadie le apetece reconocer públicamente que tiene una situación económica muy difícil" que le dificulta acceder a los fármacos. Aunque algunos casos se resuelven de forma puntual, la organización aspira a que la resolución pase por "una nueva implantación del derecho a la salud que las personas tienen".

La entrada en vigor el próximo 1 de octubre del copago de medicamentos de dispensación hospitalaria para enfermedades crónicas como la hepatitis, el VIH o determinados tumores, agravará la situación, según la organización. Así, un estudio publicado recientemente en la revista PLOS Medicine, realizado en Grecia, Irlanda, Portugal y España, mantiene que introducir el copago por medicamentos puede reducir el acceso a los cuidados necesarios y tener consecuencias negativas en la salud.

Un "claro" ejemplo, dice Médicos del Mundo, es el caso de la hipertensión, donde hay evidencia de que cuanto mayor es el copago son también más los tratamientos que se interrumpen. Ante esta situación, que la organización "se niega a aceptar como irreversible", la ONG ha puesto en marcha la campaña Nadie desechado, que tiene como objetivo recabar el apoyo de toda la sociedad para luchar contra los efectos de la reforma sanitaria.

Unas medidas que, según la entidad, han excluido del sistema sanitario a 2.300 personas cada día, si se tienen en cuenta los datos del propio Gobierno que reconoce haber retirado 873.00 tarjetas sanitarias desde septiembre de 2012. "Cada vez son más las personas desechadas por el actual sistema sanitario y por el copago de medicamentos. Te puede pasar a ti", es el lema elegido para acercar a la opinión pública una situación de indefensión en la que nadie puede sentirse ajeno.

Cada vez hay más personas excluidas de la sanidad, según Médicos del Mundo

La asociación ha denunciado 1.192 casos ante la Defensora del Pueblo

25.09.2013, Madrid, en La Nueva España.

Inmigrantes en situación legal, personas con dependientes a su cargo, pensionistas y familias con bajos ingresos son los colectivos más perjudicados por la reforma sanitaria española, que ha llevado a retirar casi 900.000 tarjetas sanitarias, según denunció ayer Médicos del Mundo. «Cada vez son más las personas desechadas por el actual sistema sanitario y por el copago de medicamentos. Te puede pasar a ti», es el lema elegido para acercar a la opinión pública una situación de indefensión en la que nadie puede sentirse ajeno.

La organización, que ha puesto en marcha la campaña «Nadie desechado», ha constatado la existencia de 1.192 casos de personas que han sufrido algún tipo de vulneración del derecho a la salud con la reforma sanitaria, como la exigencia de firmar un compromiso de pago o de abonar una factura para recibir asistencia, incluso a niños y mujeres embarazadas. Los casos están documentados en el informe «El impacto de la reforma sanitaria sobre el derecho a la salud», que el presidente de la organización, Álvaro González, entregó la semana pasada a la Defensora del Pueblo.

González ha llamado también la atención sobre el hecho de que cada vez se están empezando a detectar más casos de españoles con rentas bajas y jubilados «que acuden desesperados» a la entidad «porque con el copago farmacéutico no son capaces de hacer frente a los medicamentos que necesitan para sus enfermedades crónicas».

Médicos del Mundo, contra los recortes

25.09.2013, El Comercio.

'Nadie desechado' es la campaña que Médicos del Mundo, oenegé presidida por el asturiano Álvaro González, lanzó ayer en toda España para sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto de los recortes en sanidad. La organización dice que ha comenzado a recibir llamadas de auxilio de personas mayores que no pueden hacer frente al pago de los medicamentos que necesitan. Médicos del Mundo insiste en que los ajustes pueden «afectarte mañana a tí».

DE LA WEB DE MEDICOS DEL MUNDO…

Lanzamos la campaña “Nadie Desechado” para sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto de los recortes en sanidad

Desde septiembre de 2012, el nuevo sistema sanitario ha “desechado” a 2.300 personas cada día

Madrid, 24 de septiembre de 2013.-

Médicos del Mundo presentamos hoy “Nadie Desechado”, una campaña que busca recabar el apoyo de la ciudadanía para luchar contra la reforma sanitaria y los recortes en materia de salud que están perjudicando especialmente a los colectivos más afectados por la recesión económica: pensionistas, personas con dependientes a su cargo, inmigrantes o familias con bajos ingresos.

“Cada vez son más las personas desechadas por el actual sistema sanitario y por el copago de medicamentos. Te puede pasar a ti”, es el lema elegido por Médicos del Mundo para acercar a la opinión pública una situación de indefensión en la que nadie puede sentirse ajeno, porque cada vez son más los colectivos “desechados” por el sistema sanitario.

Unas medidas que han sido adoptadas en nombre de la austeridad, lo que ha llevado al presidente de nuestra organización, Álvaro González, a preguntarse quién será el siguiente grupo de población “penalizado” por el sistema sanitario si la crisis se mantiene en el tiempo.

De momento, las y los enfermos de hepatitis C, artritis reumatoide o determinados tumores acaban de comprobar cómo, a partir del 1 de octubre, van a tener que desembolsar el 10% del coste de sus tratamiento en las farmacias hospitalarias. Esto afectará a pacientes con enfermedades crónicas que ya consumen otros medicamentos sometidos a copagos y que en muchos casos tienen ingresos reducidos.

González ha relatado cómo algunos médicos de familia están atendiendo ya a pacientes que se interesan por la caducidad de las recetas para calcular el tiempo que les queda para conseguir el dinero con que abonarlas.

Por su parte, la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) sostiene que el 16% de jubilados no puede completar sus tratamientos farmacológicos debido a su elevado coste, y esto en un momento en el que las pensiones mantienen en pie a 4 de cada 10 familias en España.

En esta misma línea, la investigadora Helena Legido-Quigley, de la prestigiosa London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha desvelado que un estudio publicado recientemente por su equipo en la revista PLOS Medicine mantiene que introducir el copago por medicamentos puede reducir el acceso a los cuidados necesarios y tener consecuencias negativas en la salud. Un claro ejemplo es el caso de la hipertensión, donde hay evidencia de que cuanto mayor es el copago farmacéutico, son también más los tratamientos que se interrumpen.

El Real Decreto Ley 16/2012, una ley que genera personas “desechadas”

La ministra de Sanidad, Ana Mato, declaró la semana pasada sentirse “moderadamente satisfecha” por lo que ha logrado la reforma sanitaria. Pero la realidad es que más de 2.300 personas han perdido cada día su tarjeta sanitaria desde la entrada en vigor del decreto (cifra obtenida de la facilitada por el gobierno, que reconoce haber retirado 873.000 tarjetas desde septiembre de 2012). La mayoría, personas que llevaban años viviendo y trabajando en España, que han formado aquí su familia, y que tras todo ese tiempo de contribuir económicamente a los presupuestos del Estado han perdido uno de los derechos más básicos, el de la salud.

El balance de la organización humanitaria es que el RDL 16/2012 ha demostrado ser un grave error de previsión, una regresión en el marco de derechos humanos y un radical cambio en el modelo de la sanidad pública española, que sustituye la cobertura universal por un sistema de aseguramiento. Todo en virtud de una “reforma sanitaria” que no va a suponer además ningún ahorro significativo.

Un balance que queda reflejado en el informe “El impacto de la reforma sanitaria sobre el derecho a la salud”, basado en 1.192 casos de vulneraciones de este derecho documentados por la organización, y que el presidente de nuestra asociación entregó la semana pasada a la Defensora del Pueblo.

Desde Médicos del Mundo llevamos más de 20 años atendiendo a población en riesgo de exclusión, pero en los últimos meses las consultas que recibe la entidad ya no sólo provienen exclusivamente de estos colectivos, sino también de personas con rentas moderadas desesperadas por no poder adquirir la medicación que necesitan o de inmigrantes, incluso con autorización legal de residencia, a quienes se ha negado la atención médica.

¿Por qué recortes en sanidad?

Según un reciente estudio del sindicato Comisiones Obreras, en todas las comunidades autónomas el presupuesto sanitario de este año ha sido el más bajo del último quinquenio y, en algunos casos, la reducción ha llegado al 10%. En los gastos de personal, esa caída es superior al 13% en algunas regiones. En cuanto a inversiones reales, la reducción es superior al 90% en determinados casos.

Helena Lejido-Quinsey ha investigado también los efectos de los recortes entre el personal sanitario. “En las entrevistas realizadas a profesionales de la salud en Andalucía, Valencia y Cataluña, estos reportan cansancio y preocupación por dar unos servicios de peor calidad”, afirma la profesora.

La campaña “Nadie Desechado”

Ante esta situación, que en Médicos del Mundo nos negamos a aceptar como irreversible, hemos presentado esta mañana una campaña de sensibilización y captación de apoyos que se vertebra en torno a la página web www.nadiedesechado.org y que espera contar con el apoyo mayoritario de la opinión pública.

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Aunque sea de obligado cumplimiento, la medida es imposible aplicarla en los 10 días que dieron de margen; también cabe la posibilidad de que el PP lo reconsidere dada la oposición surgida en su propio seno; y, por último, si hay que hacerlo Asturias buscará mecanismos de compensación a modo de contramedidas así están las cosas.

DEL NUEVO COPAGO/REPAGO EN LOS HOSPITALES QUE ENTRA EN VIGOR EL 1 DE OCTUBRE…

El Principado gasta 60 millones de euros al año en fármacos de dispensación hospitalaria

El director de Innovación Sanitaria teme que el nuevo copago «haga que los pacientes no acudan a retirar sus medicamentos»

Foto.- El director general de Innovación del Sespa, Enrique González.

24.09.13 - YOLANDA DE LUIS / LAURA FONSECA | GIJÓN/AVILÉS, en El Comercio.

Primero fueron los medicamentos que se adquieren en las farmacias y ahora los que se dispensan en los hospitales. La nueva vuelta de tuerca en el copago farmacéutico que desde el próximo 1 de octubre obligará a los pacientes a tener que pagar también por los fármacos de dispensación hospitalaria (hasta ahora gratuitos), hará que muchos enfermos no acudan a los hospitales a retirar sus medicinas. Así lo aseguró ayer la Consejería de Sanidad del Principado, que ya ha constatado como el anterior copago, el que en julio de 2012 erradicó la gratuidad para los pensionistas y aumentó las cotas de aportación del usuario, está generando «dificultades en el acceso a tratamientos por parte de los colectivos más vulnerables», señaló el director general Innovación Sanitaria, Enrique González.

 

Asturias gasta al año 60 millones de euros en fármacos de dispensación hospitalaria, lo que viene a suponer el 20% de la factura farmacéutica regional. En lo que va de 2013, según datos ofrecidos ayer por la gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) durante la presentación en Avilés de la receta electrónica, ha destinado a este concepto 35 millones de euros. «Los ingresos que se pudieran obtener mediante este copago serían poco significativos para el coste de esta medicación», advirtió Celia Gómez, que acusó al Ministerio de Sanidad del PP de haber publicado la polémica normativa «con nocturnidad y alevosía».

 

Varias comunidades, muchas de ellas del PP, han rechazado la medida y han anunciado que no la pondrán en marcha. Asturias lleva días advirtiendo de que el nuevo copago «vulnera la equidad» y supone castigar a los pacientes más graves y a los que más atención necesitan, como son los enfermos crónicos a los que van destinados la mayor parte de los fármacos de que se dispensan en los hospitales hasta ahora de forma gratuita.

 

No se aplicará, de momento

Precisamente, Celia Gómez hizo hincapié no sólo en los perjuicios que suponen para el usuario el hecho de tener que pagar por estas medicinas, sino en la complejidad de habilitar «un sistema de cobro en los hospitales». El nuevo copago obligará a los servicios de farmacia hospitalaria a tener que disponer de una especie de caja para poder cobrar. «Significa una complicación enorme a la hora de facturar», alertó la gerente del Sespa, quien dejó claro que «en diez días es imposible que se ponga en marcha un sistema de cobro en las farmacias de los hospitales», por lo que Asturias no empezará a aplicar el copago hospitalario a partir del próximo 1 de octubre como fija la normativa. Sobre este asunto, Gómez precisó que «la administración está obligada a cumplir la ley, pero la ley no dice que el cobro sea inmediato».

 

Si finalmente la medida entra en vigor, algo que todavía está en duda puesto que está encontrando una fuerte oposición en el seno de las autonomías, el Servicio de Salud del Principado «buscará un mecanismo sencillo que se puedan compensar con los copagos para no perjudicar ni liar todavía más a los usuarios», indicó la gerente del Sespa.

 

Entre las voces críticas se sumó ayer la de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que expresó su oposición a una decisión que considera «plenamente injustificada». Para este colectivo, que representa a los más de 3.000 profesionales en España, este copago no contribuye a racionalizar el consumo y no sirve como instrumento de financiación adicional. El copago obligará desde el 1 de octubre a los pacientes graves o crónicos no ingresados a abonar un 10% del precio de los medicamentos dispensados en hospitales, hasta un máximo de 4,20 euros por cada envase. El Sespa aún desconoce las cifras del impacto de la medida, aunque dijo que «lo estudiaremos».

 

El Sespa ve en el copago hospitalario un grave perjuicio para los pacientes

24.09.2013, A. P. G., en La Nueva España.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ve en el copago hospitalario, que entrará en vigor el 1 de octubre (según una resolución del Ministerio de Sanidad publicada en el Boletín Oficial del Estado), un «grave perjuicio» para los pacientes con patologías graves, como los enfermos de cáncer. Por dicha resolución, 42 fármacos que dispensan los centros hospitalarios dejarán de estar exentos de aportación y estarán sujetos a un copago máximo del 10 por ciento del precio por envase, con un tope de 4,2 euros por fármaco (el cálculo será proporcional si son dosis sueltas). «Esta medida está lejos de toda lógica sobre lo que es el Sistema Nacional de Salud. Los fármacos hospitalarios no tienen como misión facturar, sino su correcto uso dado su complicado manejo y sus posibles efectos secundarios. Estamos ante una medida disuasoria que sólo puede producir distorsión en los tratamientos», subrayó ayer en Avilés director general de Innovación del Sespa, Enrique González.

 

En el Sespa ven «imposible» que la resolución se pueda aplicar el 1 de octubre y descartan que la medida se vaya a traducir en ahorro para el sistema de salud. La gerente del Sespa, Celia Gómez, cifró en casi 60 millones el gasto en fármacos hospitalarios en Asturias el pasado año y en 35,5 millones en 2013 (con datos hasta el pasado mes de julio). En el caso del área sanitaria avilesina, el gasto en 2012 fue de 6,6 millones de euros y de 5,3 en 2013 (datos hasta el pasado agosto). «El incremento en el gasto respecto al año pasado es de un 20 por ciento, pero no porque haya más pacientes, sino porque hay más medicamentos y son más caros. Estamos evaluando el posible impacto del copago, pero calculamos que será insignificante», añadió Gómez.

 

Comunidad gobernada por el PP

Castilla y León insiste en pedir que se anule el copago de los fármacos de hospital

24.09.2013, Ávila, La Nueva España

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio Sáez, reiteró ayer en Ávila al Ministerio de Sanidad que «reconsidere» la decisión de aplicar el copago en las medicinas que se dispensan en los hospitales a enfermos crónicos y de larga duración. Sáez afirmó que la oposición mostrada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a la medida, será reiterada en el seno de la Comisión de Farmacia, en la que el Gobierno se reunirá con las comunidades autónomas el próximo 1 de octubre, según informa Efe.

 

El consejero insistió en que lo seguirán «planteando al Ministerio».

Por su parte, el secretario general del PSCyL, Julio Villarrubia, afirmó que «aplaudirá» públicamente al presidente Juan Vicente Herrera, si finalmente su Gobierno rechaza el copago de fármacos hospitalarios.

 

Si Herrera rechaza el copago, demostrará que «la defensa de los ciudadanos está por encima de la camiseta de los partidos políticos», según Julio Villarrubia.

 

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Asturias se enfrenta a Madrid y rechaza el copago de fármacos en los hospitales

La medida, que afecta a los pacientes externos con enfermedades largas y crónicas, es para el Principado «inadmisible, injusta y peligrosa»

22.09.2013 | 03:56 

Oviedo, E. G. / Efe Asturias volvió ayer a abrir un frente político en materia de Sanidad al criticar sin ambages ni rodeos en una nota oficial de la Consejería de Sanidad la reciente decisión del Gobierno central de obligar al copago farmacéutico de dispensación hospitalaria para enfermos graves o crónicos que no estén hospitalizados.

El consejero de Sanidad asturiano, Faustino Blanco, rechazó lo que considera una «imposición» que afecta a determinados medicamentos y, sobre todo, a un sector de la población condicionado por la enfermedad. Un copago que, a juicio del titular de la Sanidad asturiana, «sólo plantea medidas que atacan la equidad, castigando y empobreciendo a las personas más vulnerables».

La posición del PSOE asturiano ya había quedado clara un día antes con las declaraciones de la diputada nacional María Luisa Carcedo: «El copago de los fármacos hospitalarios es una crueldad y una clara injusticia social», advirtió.

Como se ha venido anunciando, la norma impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad entraría en vigor el próximo 1 de octubre, y supondrá que esos pacientes crónicos no hospitalizados paguen un diez por ciento del coste de los medicamentos que les prescriban, aunque con un tope máximo de 4,20 euros.

El Principado reclama a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que reconsidere su postura antes de la entrada en vigor de la medida. Asturias no está sola en la reclamación, a la que se han sumado Andalucía, Canarias, el País Vasco y, sobre todo, Castilla y León, gobernada por el Partido Popular. Ahí, en nuestra comunidad vecina, están depositadas buena parte de las esperanzas. Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta castellano- leonesa, mantiene una postura muy crítica al respecto y ha reclamado al menos un aplazamiento hasta estudiar mejor el asunto.

Otras voces en el PP señalan que los beneficios económicos del nuevo copago son muy escasos si se los compara con la erosión de imagen que produce en un Ministerio ya muy tocado por la crisis económica y la gestión de la misma.

Asturias, más allá del profundo desacuerdo con la medida, augura, además, nuevos problemas burocráticos. Faustino Blanco indica que las farmacias de los hospitales no tienen mecanismos de facturación y cobro, lo que añade a la decisión del Gobierno nacional «un nuevo galimatías administrativo y más gasto, en un momento en el que las comunidades autónomas aún no han podido resolver adecuadamente los problemas originados por el copago farmacéutico debido precisamente a las lagunas y contradicciones de la legislación que aprobó el departamento de Ana Mato».

En el comunicado emitido ayer desde Asturias, el consejero Faustino Blanco se lamenta de esta medida porque «representa un cambio cualitativo de enorme impacto para los ciudadanos más vulnerables y supone otro impuesto más a la enfermedad».

El titular de Sanidad asturiano considera que «desde el punto de vista de un profesional de la salud, resulta muy difícil de entender esta decisión del Ministerio, por lo que puede suponer para los pacientes de enfermedades de larga duración, con tratamientos oncológicos, de fertilidad, contra la hepatitis o la esclerosis múltiple, que serán algunos de los más afectados por esta medida».

«Es algo que resulta inadmisible en todo tiempo, pero más aún en una situación de crisis económica como la que nos está tocando vivir», subraya. Blanco cree que la medida no se enmarca en el objetivo de lograr un uso racional del medicamento y muestra la «escasa» disposición del Gobierno para entender los problemas de la gente que lo está pasando mal y que puede tener verdaderas dificultades para acceder a un tratamiento por razones económicas.

«Esta medida es absolutamente injusta y muy peligrosa para la salud de la gente, porque si ya detectamos casos de personas que no recogen su medicación en las farmacias debido al copago, esta circunstancia se agravará en el grupo de pacientes afectados por este nuevo cargo», advierte la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.

El comunicado de Sanidad llega 24 horas después de que la Consejería de Bienestar Social anunciara medidas para reducir el copago de la ayuda a domicilio, en contra de los baremos aprobados por el Gobierno central, que llegan en algunos casos al noventa por ciento del coste del servicio.

Falacias, tópicos, la excusa de la crisis nada justifica el empobrecimiento de las pensiones excepto la opción ideológica del interés de los de siempre que representa el PP.

DOCUMENTO: En defensa del sistema público de pensiones. LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO. (Permite adhesiones)

Economistas de izquierdas presentan una alternativa "a la falacia de los expertos" sobre las pensiones

En 17 puntos desmontan los mitos que el Gobierno ha ido extendiendo para convencer a la población de que el gasto de la Seguridad Social es un despilfarro.

La coyuntura económica no puede ser la coartada para esconder las verdaderas carencias del sistema: políticas de empleo, falta de ingresos y un sistema fiscal desigual

Foto: Pedro Montes (izda) y Henrique Illueca (dcha) al lado de Alberto Garzón, ayer en el Congreso.

DANIEL DEL PINO, Madrid, en Público.es

¿Es razonable decir que España no podrá soportar un gasto máximo en pensiones equivalente al 14% del PIB en 2050, cuando Francia e Italia invierten hoy más de eso? ¿Pone realmente en peligro la supervivencia del sistema de pensiones la mayor esperanza de vida? ¿Es obligatorio que el sistema de pensiones esté ligado a las cotizaciones a la Seguridad Social?

Estas son algunas de las razones que el Gobierno de Mariano Rajoy ha empleado para justificar la necesidad de aplicar la reforma de las pensiones elaborada por su grupo de expertos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, trata de vender como un éxito el supuesto ahorro de 33.000 millones de euros que supondrá la reforma tan sólo de aquí a 2022. El éxito es de dudosa ética si se tiene en cuenta que esa cifra que ahorra la ministra se consigue no actualizando las pensiones con el IPC y, por tanto, quitándole poder adquisitivo a uno de los sectores más vulnerables de la población.

Un grupo formado por 24 economistas presentó ayer en Madrid un manifiesto en el que desmenuzan una a una lo que consideran "las falacias del grupo de expertos" de Rajoy y que propone un proyecto alternativo que no sólo evitaría ese recorte de 33.000 millones, sino que además garantizaría que el sistema de pensiones siga siendo 100% público. "La argumentación del Gobierno y los expertos es una falacia y una traición contra los intereses de la mayoría", denunció Héctor Illueca desde los despachos de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados tras haber mantenido una reunión con el diputado Alberto Garzón.

Como firmante del documento, Garzón defendió ayer que la reforma "es una barbaridad", "una vergüenza" y "un asalto al botín cuyo único objetivo es el de privatizar el sistema de pensiones". Ese es uno de los puntos que trata de desenmascarar el manifiesto, ya que el proyecto promovido por Báñez favorece o al menos extiende la idea de que si el Estado no puede garantizar las pensiones, entonces lo mejor es optar por los fondos privados. El joven diputado de IU anunció que la federación que dirige Cayo Lara está preparando un calendario de movilizaciones para el otoño que tendrá como uno de los temas principales las pensiones.

Gasto excesivo 

La coartada inicial del Gobierno para plantear la reforma es que el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad son dos problemas fundamentales en el esquema español. Es el mismo argumento que desde los años noventa han empleado analistas, bancos y gobernantes de turno para vaticinar el caos. Pero como explica el manifiesto, "el tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones demográficas y el hecho de considerar solo la población total no pueden constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones".

En el momento actual de crisis es muy sencillo que la gente asuma que el Estado debe apretarse el cinturón. La Unión Europea, gracias a las recomendaciones y a la supervisión que hace de nuestra economía durante el semestre europeo, ha presionado a Rajoy para que ajuste las cuentas. Cualquier cifra, como esa de los 33.000 millones, parece un inmenso despilfarro, pero los economistas rebaten que el Estado gaste demasiado en las pensiones. Desde hace meses, sindicatos y partidos de izquierda vienen insistiendo en un dato claro: seguimos invirtiendo menos que la media europea (el 10% del PIB por el 12% de la media de la UE) y para 2050 el gasto será como el que hoy en día tienen países como Italia y Francia, en torno al 14% del PIB. 

Y eso no hará que el sistema de la Seguridad Social quiebre. Según los firmantes, en realidad, las posibilidades de que eso ocurra son mínimas. De hecho, si se llegara a ese punto estaríamos en una situación de suspensión de pagos. Al contrario, remarcan que el Estado siempre estará detrás y que buena parte de la confusión que existe en torno a la sostenibilidad viene de la segregación en las fuentes de financiación que propició el Pacto de Toledo. Con la firma de ese acuerdo se estipuló las pensiones se financiarían a través de las cotizaciones sociales. Y esto, para ellos, es un error. "Lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública [...] En un Estado concebido como social por la Constitución esto es inconcebible [...] Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también las pensiones", sostienen.

Más ingresos

Desde este punto de vista, los trabajadores y los salarios tendrían que ser los únicos que han de mantener las pensiones y para ellos "no hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales". Lo afirman además amparándose en el artículo 50 de la Constitución, que sostiene que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". Esto les lleva a concluir que es precisamente el Estado el que debe procurarse de los recursos necesarios para garantizar las compensaciones a los pensionistas y si, como sucede en el contexto económico actual, las cotizaciones sociales no son suficientes, entonces debe buscar fondos alternativos en los Presupuestos Generales del Estado.

Y la manera de conseguirlos sería engordando las arcas del Estado. "El hecho de que los ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la caída de ingresos debida a la recesión y que, por extensión, lo verdaderamente insostenible es la propia recesión", reza el texto, y es aquí donde entra en juego el paro y el consumo: "Lo que se debería estar haciendo de forma urgente es adoptar las medidas que permitan superar, de una vez por todas, la caída del PIB y del empleo. En ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema de pensiones puede estar siendo “seriamente cuestionada” por la severidad de la crisis económica. Lo que está en cuestión es la política económica seguida". 

Los firmantes rebaten asimismo que la esperanza de vida, la pirámide de población y la proporción entre activos y pasivos no deben ser las únicas variables que utilice el Gobierno para justificar los recortes y ponen como ejemplo la renta per capita, que "en los últimos treinta años casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los políticos- de realizar una verdadera política redistributiva".

Asimismo, apuntan que si el sistema fiscal fuera más justo, el peligro sería evitable: "El riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal de España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo".

Infórmate

El manifiesto completo, titulado En defensa del sistema público de pensiones se puede leer en la web documentopensiones.org. 

Los firmantes son: Francisco Álvarez Molina, Lourdes Benería, Francisco Javier Braña Pino, Cristina Carrasco, Agusti Colom, Fernando Esteve Mora, Miren Etxezarreta, Ramón Franquesa, Alberto Garzón, Antonio González González, Adoración Guamán, Héctor Illueca, Juan López Gandía, Juan Francisco Martín Seco, José Luis Monereo,  Pedro Montes, Rafael Muñoz de Bustillo, Vicenç Navarro, Juan Torres, Carlos Ochando, Albert Recio, Julio Rodríguez y Amat Sánchez.

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Medida injusta, cruel, de ensañamiento con los más pobres y débiles, contraria a la ética sanitaria – aumentarán la mortalidad y el sufrimiento -, que no generará ningún tipo de ahorro pero al PP le da igual, ellos tiran para adelante con su contrarreforma ideológica.

 

El PSOE asturiano califica de "injusticia social" y "grave crueldad personal" el copago en fármacos hospitalarios

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS)

La diputada socialista por Asturias en el Congreso María Luisa Carcedo ha calificado este viernes de "injusticia social" y "grave crueldad personal" la incorporación desde el 1 de octubre del copago en diversos fármacos dispensados en farmacia hospitalaria, sin hospitalización, entre los que se encuentran anticancerosos.

Según la parlamentaria socialista, con en esta medida se pone en marcha un copago "a un colectivo de personas que tienen enfermedades que requieren tratamientos especiales y costosos".

"Esto supone en sí mismo una barrera económica, pero también una injusticia social y una grave crueldad personal, en la que ningún gobierno debería siquiera pensar", ha dicho.

Carcedo remarca que "una de las características que hacía del Sistema Nacional de Salud uno de los mejores y más accesibles del mundo era su financiación mediante presupuestos generales, lo que suponía un elemento de justicia social y de redistribución de la riqueza, garantizando un acceso universal al servicio en base al derecho de ciudadanía".

Con todo, María Luisa Carcedo incide en que "las decisiones del PP han eliminado el derecho de ciudadanía y han ido incorporando barreras económicas que dificultan el acceso a servicios y prestaciones a las personas en peor situación económica o que requieren mayor uso de los servicios".

Los contrarios al copago denuncian la "crueldad" de la medida de Mato

El PSOE, asociaciones en defensa de la sanidad pública y comunidades como Euskadi, Castilla y León y Andalucía tachan de "injusto" el nuevo recorte sanitario

AGENCIAS, Madrid, 20/09/2013

Andalucía, Castilla y León y Euskadi junto con el PSOE y la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) se han manifestado en contra de la decisión del Gobierno de implantar el copago para una serie de fármacos que se dispensan en los hospitales a enfermos graves o crónicos no ingresados. Con esta medida publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Sanidad establece que los pacientes no ingresados en hospitales deberán asumir una aportación por los medicamentos dispensados en las farmacias hospitalarias para tratar enfermedades graves o crónicas, con un máximo de 4,2 euros por envase. Estos medicamentos hasta ahora eran de dispensación gratuita y se dirigían a enfermos con hepatitis C, distintos tipos de cáncer, VIH y artritis, entre otras muchas enfermedades crónicas.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado que el Gobierno regional no está de acuerdo con que el coste adicional "lo sufran los ciudadanos", ya que considera que deben ser las grandes industrias las que lo afronten. En ese sentido, ha precisado que "ahora toma sentido aquella medida de subasta de medicamentos, ahora se entiende con claridad por qué el Gobierno andaluz la lideraba".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se dirigirá al Gobierno de la nación para que "no llegue a aplicarse" el copago de las medicinas que se dispensan en los hospitales a enfermos crónicos y de larga duración. En su opinión, se trata de una postura "que hay que defender por coherencia y porque se trata de medicamentos que los pacientes deben consumir necesariamente y no se aprecia que vaya a producir ningún ahorro razonable.

 

Nueva barrera

Euskadi, por su parte, estudia medidas legales para no aplicar el copago.  El consejero vasco de Salud, Jon Darpón, ha señalado que "no es una medida adecuada para mejorar el sistema sanitario y menos en el momento económico actual". Ha insistido en que el Ejecutivo vasco no entiende que se implante este nuevo copago a personas afectadas por enfermedades crónicas importantes y ha añadido que las farmacias hospitalarias no están  administrativamente preparadas para aplicar el copago y, aunque lo estuvieran, la medida es "inadecuada".

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha grabado un videoblog en el que también critica la medida: "No se me ocurre nada más cruel que obligar a gente que no tiene recursos a pagar para poder seguir viviendo", afirma Pérez Rubalcaba en este blog. Rubalcaba asegura que este cambio afecta a pacientes que "no tienen más remedio que seguir tomando las medicinas y que en muchos casos deben tomarlas de por vida".

Su compañero de partido Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, ha ido más allá y apunta a una posible privatización del servicio. "Se acabó el negocio en los ladrillos, y ahora han decidido que hay que hacerlo con la sanidad y las pensiones", defendió Gómez en una visita al municipio madrileño de Meco. Así, defendió que los españoles y los socialistas van a "impedir que se lleve a cabo el proceso de privatización de la sanidad".

El portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Sanidad del Congreso y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, también ha calificado el nuevo copago farmacéutico de "infamia y gestión desleal" de la sanidad pública. Llamazares se ha pronunciado así en su cuenta personal de Twitter: "El Real Decreto de la infamia y la gestión desleal de la sanidad pública continúa: ahora repago a los enfermos hospitalarios. Ensañamiento", escribió.

Al mismo tiempo, la FADSP considera que se trata de "una nueva barrera que dificulta y/o impide el acceso a medicamentos necesarios a los sectores de la población con menos ingresos", lo que genera el "aumento de la morbilidad y de la mortalidad" en los grupos con bajos ingresos y problemas graves de salud. "Se trata de una agresión más del Ministerio de Sanidad", opina esta organización en una nota.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) también ha rechazado esta nueva medida, que afectará, dicen, "a las personas que más necesitan los servicios sanitarios". A juicio del presidente de la confederación, Mario García, con este copago "se continúa penalizando a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas" y, todo ello, "por el simple hecho de seguir el tratamiento indicado por el personal sanitario".

El Gobierno echa balones fuera

EP

Por su parte,  la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, se ha excusado hoy por la resolución del Ministerio de Sanidad dejando la imposición del nuevo copago en farmacia hospitalaria en manos de las comunidades autónomas.

Los ejecutivos regionales van a ser los encargados de gestionar el copago de medicamentos de dispensación hospitalaria a pacientes no hospitalizados, según ha recordado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.  De esta forma, serán las autonomías las que organicen las aportaciones del pago de medicamentos que se dispensen en los hospitales a aquellas personas que no están ingresadas en los mismos.

Esta norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, va a entrar en vigor a partir del 1 de octubre y, tal y como ha recordado la vicepresidenta del Gobierno, tendrá un límite de aportación reducida.  En total en el BOE se recogen 157 presentaciones farmacológicas de  poco más de 50 medicamentos que, según señala, "cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida, al tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de enfermedades graves o crónicas, y estando limitada su dispensación, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS), a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales".

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