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CONTRAREFORMA NO

Madrid jubila forzosamente y por sorpresa a 700 de sus médicos

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El colegio profesional denuncia el trato “vejatorio” al personal y alerta de que el “ahorro fácil” puede afectar a los pacientes

’LOS FUSILAMIENTOS DE LA SANIDAD PÚBLICA’. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), la organización que ha liderado las protestas contra la privatización de seis hospitales públicos en Madrid, organizó frente al Museo del Prado una escenificación del célebre cuadro de Goya. / Álvaro García

Elena G. Sevillano Madrid 2 MAY 2013 - 21:42 CET

Víctor Gutiérrez Millet, nefrólogo de 68 años con cuatro décadas de carrera en el hospital 12 de Octubre de Madrid, jamás pensó que su dedicación exclusiva a la sanidad pública iba a acabar así, de sopetón y sin siquiera una palabra de gratitud. Poco antes de terminar su jornada del 30 de abril, antes de un largo puente —el 2 de mayo es el día de la Comunidad de Madrid— le llamaron de Personal. Le entregaron una carta en la que comunicaban su jubilación forzosa por superar los 65 años. “Una carta de una crueldad increíble, aséptica, sin una sola frase de agradecimiento por la entrega profesional de 40 años”, asegura. Solo en su servicio hay dos jubilados forzosos más; en todo el hospital, unos 150. La sanidad madrileña pierde, de golpe, 700 especialistas (son 15.000 en total), según cálculos del Colegio de Médicos de Madrid...(leer más)

FOTOGALERÍA Los "fusilamientos de la sanidad pública"

Una gran mayoría rechaza el proceso privatizador en la sanidad

¿Para qué disimular el negocio?... a estas alturas esas minucias ya no son necesarias.

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Madrid blinda la rentabilidad de los hospitales privatizados

Los contratos de cesión incorporan cláusulas de revisión automáticas y obligatorias de los precios que la Administración abona a las empresas a las que entrega la gestión sanitaria

Los últimos pliegos de la Comunidad de Madrid especifican que "si la empresa concesionaria no puede hacer frente a sus obligaciones los hospitales pueden ser intervenidos temporalmente por el Estado hasta que la empresa resuelva sus problemas".

Raúl Rejón, en eldiario.es

La Comunidad de Madrid protege la rentabilidad para las empresas que se quedan con la gestión de los hospitales que privatiza. Según ha ido adjudicando la dirección de centros a sociedades privadas, la Consejería de Sanidad ha incorporado en los contratos fórmulas automáticas para que el precio que paga a las contratas sea revisado.

En esta línea, el borrador de pliegos que prepara para privatizar seis hospitales hasta ahora de gestión sanitaria pública, ha incorporado un apartado que dice: "Para asegurar la correcta financiación de las prestaciones (...) con carácter anual el pago capitativo se actualizará automáticamente". El baremo que utilizará será el 85% de "el menor" Índice de Precios al Consumo, el español o el de la Comunidad de Madrid.

El precio total con el que parte el proceso privatizador es de 576 millones de euros, que sale de aplicar las cuotas por paciente y año publicadas por Sanidad para cada hospital. Al presentar este plan, el consejero Javier Fernández Lasquetty puso sobre la mesa un precio medio de 441 euros pero, al final, el más barato será 473 euros para el Hospital del Sureste y el más caro 518 para el Infanta Leonor. Lasquetty justificó este desfase en la obligación de las concesionarias de conservar la plantilla de sanitarios que a día de hoy atiende a la población.

En la anterior oleada de centros privatizados (los de las localidades de Torrejón de Ardoz y Móstoles) ya se siguió una fórmula similar según consta en los pliegos de concesión: el 85% que "con carácter anual los importes a abonar por la Administración (...) se actualizarán separada y automáticamente aplicando el Índice de Precios al Consumo de la Comunidad de Madrid, subgrupo servicios hospitalarios". Mejor parado salió el primer proyecto de hospital con gestión totalmente privada de la red hospitalaria madrileña con cargo a los presupuestos públicos: Valdemoro. Allí, la cuota por el funcionamiento del Infanta Elena se revisa con dos puntos sobre el IPC.

Estas cláusulas blindan de alguna manera los ingresos de las concesionarias. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública recuerda que los hospitales de gestión directa "han visto cómo sus recursos han ido disminuyendo en los últimos años mientras los privatizados los veían aumentados obligatoriamente porque estaba recogido en los contratos". Así, en 2011 la caída promedio del resto de centros fue de un 9,5%, el 1,5% en 2012 y un 16% en las cuentas de 2013.

Rescate si la cosa va mal

Aunque los contratos que se firman entre la Consejería de Sanidad y las empresas concesionarias siempre se rotulan bajo el epígrafe "riesgo y aventura" para las contratas (es decir, que se meten en el negocio a sabiendas de lo que es), en los últimos pliegos preparados la Comunidad de Madrid especifican que "si la empresa concesionaria no puede hacer frente a sus obligaciones los hospitales pueden ser intervenidos temporalmente por el Estado hasta que la empresa resuelva sus problemas". Además, tras dos años al frente del hospital, la empresa que gane el concurso ya podrá ceder servicios a terceros (en este caso serán siempre sanitarios porque es lo que se está adjudicando).

Defensores de la sanidad pública montan un escrache al presidente de Capio

La plataforma 'Gente al Rescate' protesta frente al domicilio de Víctor Madera, al que consideran "un especulador de la sanidad madrileña"

Su empresa es la mayor beneficiaria de la gestión de los hospitales externalizados

M.R.D., MADRID, en Público.

Los defensores de la sanidad pública también se suman a los escraches. Cerca de dos decenas de integrantes de platafora Gente al Rescate ha acudido al domicilio del médico presidente y consejero delegado de Capio Sanidad S.L., Víctor Madera al que los activistas considera un "especulador". 

Junto a Ribera Salud, Capio es la principal beneficiaria de gran parte de los procesos privatizadores de la gestión del sistema sanitario público. Durante el año 2011 esta empresa facturó más de 673 millone sde euros, de los cuales "en torno al 75% salieron de las arcas públicas", según Gente  al Rescate.  Actualmente, posee 28 clínicas en cuatro comunidades autónomas y más de 7.500 profesionales en nómina. Además de Madrid, Catalunya, Castilla-La Mancha y Extremadura son otras de las Comunidades Autónomas en las que está presente. 

Capio es, además, una corporación de capital riesgo y que, según denuncia la plataforma en un informe, la empresa que dirige Madera pretende comprar gran parte del accionariado de Ribera Salud para controlar así todo el sistema de salud. 

Ataviados con máscarillas de quirófano han extendido una pancarta frente al portal del domicilio del empresario situado en el barrio de Serrano. Tras extender una pancarta en la que se podía leer "¿Quién es Víctor Madera? Tu salud está en sus manos" han reiterado el mensaje que vienen repitiendo en todos los actos reivindicativos anteriores: "La sanidad, no se vende, se defiende". Los convocantes aseveran que emprenderán nuevas movilizaciones en contra de la privatización si la Comunidad de Madrid continúa adelante con la externalización de los hospitales y centros de salud a Capio.

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La educación pública asturiana se encierra contra la Ley Wert

La educación pública asturiana se encierra contra la Ley Wert
 
 
Organizaciones del Principado convocan una jornada de protesta, previa a la huelga del 9 de mayo, que incluye manifestaciones o pasar la noche en centros

24.04.13 - 21:03 -

Hoy no es un día normal en los centros educativos públicos asturianos. Muchos de ellos han sido tomados por sus alumnos y profesores en encierros que preceden a la huelga convocada en toda España el 9 de mayo en contra de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Los convocantes asturianos, Suatea, CCOO, Fapa Miguel Virgós, UGT y el Sindicato de Estudiantes, que forman parte de la Plataforma Estatal en Defensa de la Enseñanza Pública, han promovido esta jornada previa de protesta. Los participantes contemplan la posibilidad de pasar la noche en los colegios e institutos en los que los directores lo permitan, pero también otras actividades como cadenas humanas, manifestaciones, concentraciones o un 'flashmob'. Como reconocen sus precursores, se trata de “calentar motores” de cara a la huelga de dentro de dos semanas, la primera de la democracia en la que se unen docentes, estudiantes y familiares de todas las etapas educativas, desde Infantil hasta la Universidad.

Según el comunicado consensuado entre los convocantes, la ley Wert “pone en estado de alarma a quienes pensamos que la educación pública es un derecho fundamental”. Además, aseguran que los cambios legislativos persiguen que la educación pública sea “la que pague los platos rotos de la crisis”.

La plataforma cree que el nuevo proyecto de ley no ha venido precedido de un debate social y pide que la educación siga estando considerada como un derecho fundamental. Por ello, los responsables de las organizaciones cargan duramente contra la LOMCE a la que acusan de demonizar a la educación pública y debilitarla “para volver a los años 70” o de “crear una red de centros de elite para la clase privilegiada y otra subsidiaria para los demás”.

El Gobierno plantea subir más la edad de jubilación y desligar las pensiones del IPC

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Nueva oleada de ajustes y reformas 

La aplicación del «factor de sostenibilidad» puede retrasar el retiro más allá de los 67 años en el futuro, endurecer el acceso a la prestación completa y reducir su cuantía

 Documento de estudio del ’factor de sostenibilidad’

 Lne. 25.04.2013 | 05:20Oviedo / Madrid, Agencias

La edad legal de jubilación podría situarse por encima de los 67 años en el futuro si salen adelante las propuestas contenidas en un documento que el Gobierno ha remitido a los partidos como base para las nuevas políticas de «sostenibilidad» del sistema de pensiones. En ese mismo texto se plantea poner fin a la revalorización de las prestaciones con arreglo al índice de precios al consumo (IPC), el mecanismo que durante décadas ha blindado el poder adquisitivo de los pensionistas.

El contenido del referido documento trascendió ayer en vísperas de la reunión del Consejo de Ministros que mañana aprobará la nueva oleada de ajustes y reformas orientadas a satisfacer las obligaciones contraídas con la UE. Sin embargo, el Ministerio de Empleo comunicó con urgencia a los sindicatos UGT y CC OO que el Gobierno no tiene previsto introducir «este viernes» medidas que afecten a las pensiones o a las prestaciones de desempleo. Algunas informaciones periodísticas habían apuntado antes de esa comunicación que el Consejo de Ministros abordaría un recorte de esas prestaciones de paro (las contributivas) para rebajar su duración de 24 a 18 meses. Los sindicatos celebran el próximo miércoles las manifestaciones del Primero de Mayo, que podrían encenderse con el anuncio o la expectativa de reformas de tanto calado social.

El cambio en el sistema de pensiones no sería inmediato, pero está sobre la mesa de la llamada Comisión del Pacto de Toledo. El documento confeccionado por el Gobierno hace propuestas sobre el llamado «factor de sostenibilidad», cuyo diseño ha sido encargado a un comité de expertos. Se trata de una cláusula incluida en la reforma de las pensiones que el anterior Gobierno impulsó en 2011 y que estaba pendiente de desarrollo. Genéricamente, el «factor de sostenibilidad» implica que las condiciones del sistema de pensiones -edad de jubilación, cuantía, períodos de cómputo- podrán ser revisadas cada cinco años en función de que cómo evolucione la esperanza de vida de los españoles y otros parámetros a partir de 2027.

Según distintas informaciones, el Gobierno medita anticipar la aplicación de ese «factor de sostenibilidad» ante la previsión de que el sistema pueda tener dificultades financieras durante un período largo, debido a la expectativa de que la tasa de paro se mantendrá alta a medio plazo y de que la evolución demográfica aumentará a ritmos vivos el número de pensionistas.

El texto que ha elaborado el Ministerio de Empleo confirma que el nuevo mecanismo de corrección puede tener efectos sobre la edad de jubilación. La reforma que entró en vigor el pasado día 1 de enero determina que la edad del retiro subirá de los 65 a los 67 años. Este cambio, rechazado por el PP cuando estaba en la oposición, se producirá de manera escalonada hasta 2027. Según la norma, podrán seguir jubilándose con 65 años los trabajadores con carreras laborales largas, aquellos que hayan cotizado durante al menos 38,5 años. Para el resto de los cotizantes, la edad del retiro se irá demorando progresivamente, de año en año, hasta llegar a los 67 en 2027.

Los cambios que ahora sugiere el Ministerio de Fátima Báñez conllevan que, mediante la aplicación del «factor de sostenibilidad», la edad de jubilación pueda elevarse aún más a partir de 2027. Pero al mismo tiempo el Gobierno trabaja con la idea, varias veces planteada por Bruselas, de acelerar el proceso que ya está en marcha. Esto es, que la jubilación a los 67 esté plenamente en vigor antes de lo previsto en la anterior reforma.

La discusión también alcanza a la cuantía de las pensiones por varias vías. Las medidas en estudio podrían endurecer más el acceso a la jubilación con el 100% de la base reguladora, de modo que fueran necesarios más años de cotización. Hasta ahora se exigían 35 años, aunque la última reforma ya implica un incremento gradual hasta los 37 años en 2027. El informe del Ministerio reconoce al mismo tiempo que el futuro mecanismo de sostenibilidad podría afectar a la forma de cálculo de la base reguladora, sobre la que se estima el importe de las distintas pensiones.

Además, el documento de Empleo contempla que la revalorización de las pensiones se desvincule del índice de precios al consumo (IPC). Los pensionistas son compensados cada año por la desviación entre la subida de sus retribuciones que aprueba el Gobierno y el nivel de inflación, para lo que se tiene en cuenta el IPC interanual del mes de noviembre. La aplicación de este mecanismo fue suspendida el pasado año ante las dificultades del Ejecutivo para cumplir los objetivos de reducción del déficit.

Se plantea ahora suprimir esa actualización y que la revalorización de las pensiones se haga por un procedimiento distinto. Una de las posibilidades supone que las pensiones suban acompasadas con los salarios o con el comportamiento del producto interior bruto (PIB), lo que en una coyuntura adversa como la actual supondría un menoscabo económico para los jubilados. La conexión con el IPC ha sido utilizada durante décadas en España y en otros países para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.

La reforma de las pensiones ya en vigor prevé que a partir de 2027 se aplique un «factor de sostenibilidad» que, cada cinco años, podría modificar las condiciones básicas de la jubilación, en función de la esperanza de vida de los españoles y de la situación financiera del sistema.

Aunque la aplicación de ese factor no está prevista hasta 2027, el Gobierno considera la posibilidad de anticiparlo, a petición de Bruselas.

El sistema puede retrasar la edad legal de jubilación más allá de los 67 años después de 2027. No obstante, el Gobierno estudia también acelerar el retraso de la edad a los 67 años, que está previsto aplicar de manera diferida.

El «factor de sostenibilidad» también afectaría en ciertas circunstancias al número de años necesarios para cobrar el 100% de la jubilación y al cálculo de las bases reguladoras.

El informe del Ministerio de Empleo plantea también que las pensiones dejen de revalorizarse con arreglo al IPC, de modo que ya no estaría garantizado el poder adquisitivo de los pensionistas.

Rajoy no tocará los impuestos «este viernes»

El presidente del Ejecutivo asegura que mantendrá su política económica porque «hay datos que la avalan»

Lne. 25.04.2013 | 02:20

Madrid, Agencias El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer que el paquete de reformas que el Consejo de Ministros aprobará mañana no incluirá una subida de impuestos. «No hay impuestos el viernes», aseguró en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso tras participar en la sesión de control al Gobierno del Pleno de la Cámara baja.


El Consejo de Ministros del viernes tiene previsto dar el visto bueno a las nuevas previsiones económicas y aprobar el plan nacional de reformas y el programa de estabilidad que España enviará a Bruselas. Rajoy admitió el pasado martes que es «probable» que se modifiquen algunas partidas presupuestarias, pero en ningún caso con recortes tan drásticos como hubo en 2012. Y añadió que no quiere subir el IVA o el IRPF, aunque puntualizó que todo depende de la evolución del crecimiento y de la senda del déficit.


Ante las interpretaciones de que esas palabras abrían la puerta a que mañana se decidiera alguna subida de impuestos, el presidente del Gobierno ha negado esa posibilidad, aunque no ha ofrecido más datos sobre las medidas a las que dará luz verde el Ejecutivo.


Lo que sí dejó claro ante el Pleno del Congreso es que va a mantener su política económica porque, afirmó, hay datos que la avalan. Respondía así, con rotundidad, al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien le volvió a pedir que rectifique.

El Gobierno estudia elevar la jubilación más allá de los 67 

Rajoy plantea nuevas fórmulas para revisar las pensiones

El Gobierno se propone acabar con el "perverso" aumento de las pensiones

Inevitable camino de otra huelga en la sanidad madrileña…

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Los médicos de Afem aprueban una jornada de huelga semanal a partir del 7 de mayo

Los afiliados a Afem aprueban los paros, que comenzarán el próximo 7 de mayo y durarán una cinco semanas. Las protestas se dirigen contra el Gobierno regional y sus planes privatizadores.

Foto: Los médicos del hospital La Paz, en una concentración contra la privatización celebrada a las puertas del centro.

EFE – Madrid.

Los médicos de la Asociación de Médicos y Facultativos de Madrid (Afem) han acordado hoy (por ayer) en una asamblea convocar una jornada de huelga semanal a partir del 7 de mayo, que se celebrará en días rotatorios durante unas cinco semanas, según han informado a EFE los convocantes.

El presidente de Afem, Pedro González, ha explicado que el colectivo trasladará mañana esta decisión al resto de organizaciones sindicales de la sanidad para tratar de que se sumen a la iniciativa y pueda convocarse una huelga general de toda la sanidad madrileña.

González ha explicado que la asamblea que esta tarde han celebrado los facultativos en el Colegio de Médicos ha sido "muy participativa" y que la publicación del borrador de los pliegos de condiciones para la externalización de seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid "requiere" una "respuesta de todos".

El presidente de Afem ha indicado que el colectivo médico tiene la intención de "manifestarse y movilizarse" en contra de las medidas previstas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"La gente se está levantando de nuevo, el colectivo médico está por la labor de manifestarse y de movilizarse de nuevo activamente", ha señalado a EFE González al término de la asamblea.

Por otra parte, el portavoz del sindicato de médicos Amyts, Pablo Martínez, ha señalado a EFE que las diferentes secciones sindicales de los seis hospitales afectados están manteniendo reuniones y asamblea para consultar con el personal de esos centros una postura común de cara a la reunión de la Mesa Sectorial de este jueves.

 

Afem acuerda convocar una huelga de médicos en oposición a la "privatización" de 6 hospitales de la región

MADRID, EUROPA PRESS

La Asamblea General de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) ha acordado por unanimidad proceder en breve a la convocatoria de una huelga de médicos en oposición a la "privatización" de los seis nuevos hospitales de la región.

Así lo ha detallado a Europa Press la portavoz de Afem, Fátima Brañas, para indicar que dicha convocatoria se formalizará en próximas fechas dado que esperarán a conocer las pertinentes posturas de los sindicatos de la Mesa Sectorial, que también han manifestado que barajan la posibilidad de convocar paros en la sanidad madrileña.

"Queremos que sea una huelga general", ha dicho Brañas para indicar que la convocatoria podría formalizarse en breve, apuntando incluso a la posibilidad de que pudiera concretarse mañana o pasado mañana.

Además, la portavoz de Afem ha explicado que la convocatoria de huelga ha sido respaldada por unanimidad de los facultativos presentes en la Asamblea General celebrada esta tarde en el Colegio de Médicos de Madrid. Cuando se conozcan las fechas concretas, se anunciará un calendario completo de movilizaciones.

Por otro lado, Brañas ha manifestado que una de las conclusiones de dicha asamblea ha sido que los médicos "siguen firmes" en la misma postura de oposición "al plan privatizador" de la Consejería de Sanidad, que este colectivo inició el pasado 31 de octubre.

En este sentido, ha subrayado que los profesionales han coincidido en que "la lucha" contra los planes de externalización obedece a un "sentido de la responsabilidad".

Brañas también ha manifestado que los facultativos presentes en la Asamblea consideran que la gestión externalizada "no es más barata" y que se han explicado algunos puntos conflictivos del pliego de condiciones de la externalización de los seis nuevos hospitales.

SANCIONES "DE RISA" EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS

Al respecto, ha incidido en que los presentes han hecho "especial hincapié al fraude que supone la cifra de facturación intercentros que ha puesto la Consejería de Sanidad", a la vez que han manifestado que el modelo de gestión "privada" generará "déficit de calidad asistencial" y que los pliegos incurren en "una falta real de control".

En este sentido, ha dicho que el borrador de las condiciones de licitación de la gestión de estos hospitales presentan estándares de calidad que son "tercermundistas" y que las sanciones por incumplimiento "son de risa".

Por otro lado, ha remarcado que se ha reiterado el impulso a la promoción de una Iniciativa Legislativa Popular que Afem ha puesto en marcha para derogar el capítulo 2 de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad, que a su juicio sustenta la gestión externalizada de centros sanitarios.

Afem también aboga por una 'vía jurídica' para oponerse al pliego de condiciones y en ese sentido remitió un informe a la Defensora del Pueblo y a los partidos políticos con representación parlamentaria para que valorasen la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la externalización.

En este sentido, el PSOE ya presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la externalización sanitaria mientras que UPyD optó por formular un recurso de ampara ante el Alto Tribunal contra el artículo de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos regionales que habilita ampliar la gestión indirecta a seis hospitales y 27 centros de salud.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno abordó el pasado jueves el borrador de las condiciones establecidas por la Consejería de Sanidad para la externalización de los hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), el Infanta Cristina (Parla), el Hospital del Sureste (Arganda), el Hospital del Henares (Coslada) y el Hospital del Tajo (Aranjuez).

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pretende lograr con la externalización de los seis nuevos hospitales un ahorro del 20 por ciento sobre el coste de estos centros y recoge que las concesionarias deberán asumir todo el personal sanitario que presta servicios en estos centros, cuya plantilla asciende a 5.200 empleados.

 

Los médicos convocan huelga general en la sanidad madrileña contra la privatización de Lasquetty

La Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) llama al resto de profesionales a movilizarse contra el "fraude" del Gobierno de la Comunidad

PAULA DÍAZ, Madrid, en Público.

"Un traje a medida para las empresas privadas". Así definen los trabajadores sanitarios los pliegos de la Comunidad de Madrid que recogen los requisitos para optar a gestionar los seis hospitales de la región que se van a "externalizar". Para protestar contra lo que consideran "un fraude, económicamente hablando", la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) ha decidido este martes, en asamblea, convocar una huelga cuya fecha se dará a conocer en los próximos días.

"Esas condiciones suponen el trasvase de dinero de los impuestos de los ciudadanos a empresas privadas y, además, es una descapitalización no sólo de los seis hospitales que se van a privatizar, sino de toda la sanidad pública madrileña", asegura Fátima Brañas, portavoz de Afem. "Los hospitales de gestión privada estarán financiados por contrato con cantidades que cada año se incrementarán en lo equivalente al IPC+0,85% mientras los presupuestos de los centros públicos estarán sujetos a modificaciones que, en época de crisis, siempre tienden al descenso", detalla.

Además, Afem, que ya ha convocado otras huelgas con anterioridad, asegura que criterios de calidad exigidos en los pliegos del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, son "estándares que suponen el mínimo exigible". "Por si fuera poco, las sanciones estipuladas si no se cumplen esas condiciones son de risa", lamenta Brañas.

Por todo ello, Afem ha decidido hacer un llamamiento a la huelga general en toda la comunidad, entre otras formas de protesta. La fecha se conocerá en los próximos días porque para paralizar también a enfermeros y personal no sanitario quieren consensuar su convocatoria con otras plataformas, como asociaciones de trabajadores y sindicatos. Hasta el momento, la ejecutiva del Sindicato Médico de Madrid, SIME, federado en CSIT-UP, también ha acordado convocar huelga de médicos y facultativos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) contra la privatización de hospitales y contra el Plan de Reordenación de Recursos Humanos, "que socava los derechos de los empleados públicos de la sanidad madrileña", especifican en un comunicado.

Entre las otras formas de protesta, la asociación de facultativos prepara una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para pedir la derogación de la Ley estatal 15/97 -que abrió la puerta al sistema de concesiones en el sistema sanitario-, continúa con la "consulta ciudadana" presentada hace unas semanas y llevará a cabo una campaña para informar a los profesionales y los ciudadanos los entresijos de la "externalización" de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Sureste y el del Tajo.

"Convocamos la huelga por responsabilidad, porque los médicos creemos que estos pliegos no sólo no han mejorado las cosas, sino que las han empeorado", declara Brañas. "Es una huelga contra la obstinación de la Consejería de Lasquetty en mantener un plan que no tiene pies ni cabeza", concluye la portavoz de Afem.

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«Me mantiene mi padre, de 93 años, porque mi paga se quedó en 278 euros al mes»

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Rafa Funes, tetraparesio de El Entrego con el máximo grado de dependencia, dice que «el problema de esta ley es que nadie creyó en ella»
Foto: Rafael Funes, en su silla de ruedas acompañado de su padre, Antonio, de 93 años. :: JUAN CARLOS ROMÁN
El comerecio. 24.04.13 - 00:23 - CH. TUYA | GIJÓN.
«Mi padre está para que le cuiden a él. De hecho, debería vivir en una residencia, para recibir la atención profesional que necesita, pero, claro, si él se va yo quedo con 278 euros al mes...¿y de qué vivo? Su pensión se la come la residencia».

A sus 54 años, Rafael Funes es el paradigma de la Ley de la Dependencia. Para casos como el de este vecino de El Entrego, el de un tetraparesio -dolencia que le impide controlar el movimiento de sus extremidades -con nulo nivel de autonomía personal, dependiente de sus padres para las actividades básicas de la vida diaria -necesita quien le vista, silla de ruedas para moverse, una grúa para acostarse y apoyo para el aseo personal- nació la ley.

Recogía el texto aprobado en diciembre de 2006 que Funes, y el resto de españoles con máximo nivel de la dependencia o con mínimo nivel de autonomía personal, tendrían derecho a diferentes servicios -plaza residencial, ayuda a domicilio, centro de día, de integración y, sobre todo, asistente personal- o prestaciones económicas, tanto para buscarse en la red privada la atención necesaria como para pagar a un familiar por cuidarles.

Sin embargo, cinco años después de su entrada en vigor, este entreguino, el primero en solicitar ayudas en la región, aquel 23 de abril de 2007, confiesa que «estoy peor que antes de que la aprobaran». Lo dice porque, pese a carecer de toda autonomía personal, pese a que necesita ayuda para comer, para asearse, para levantarse o acostarse, para ir al baño «para todo, hasta que no me sientan en la silla, yo no puedo hacer nada», como beneficiario de la Ley de la Dependencia en su máximo nivel recibe «278 euros al mes». Sin más.

De ese dinero, entiende el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el ente que gestiona la Ley de la Dependencia, «que yo tengo que sacar para contar con una persona a mi lado 24 horas al día». Una persona que sí tiene, pero porque la paga su padre, con su pensión de 1.360 euros al mes, algo que enrabieta a su hijo «es su pensión, como los 598 euros que le dan por tenerme. No es mi dinero. Él me mantiene y yo no puedo hacer nada».

Pero sí hace. Socialista militante, ha estado siempre en los comités de discapacidad de su partido «hasta lograr que San Martín sea un municipio accesible», y ahora dirige el centro social de El Entrego, un cargo «sin remuneración, claro». Desde su militancia, es el primero en reconocer que «el problema de esta ley es que nadie creyó en ella», ni siquiera su partido, que la impulsó e implantó hace cinco años. «Era una ley muy ambiciosa, tenía que ser la mejor ley aprobada nunca en España, pero la han asfixiado».

El joven Funes mira al Funes senior. Ambos lloran la muerte de la madre y esposa, Consuelo. «Ellos siempre lo dieron todo por mi y yo sigo sin poderles dar nada a ellos».

Dos de cada cien asturianos son dependientes, pero el 40% no recibe ningún tipo de ayuda

La Ley de la Dependencia cumplió ayer cinco años de implantación en Asturias, con 25.448 casos y sólo 15.566 prestaciones concedidas

El Comercio. 24.04.13 - 00:27 - CHELO TUYA ctuya@elcomercio.es | GIJÓN.

2 de cada 100 asturianos son dependientes. 25.448 personas cuentan con un certificado de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda que acredita que su escasa autonomía personal les convierte en beneficiarios de la Ley de la Dependencia. Sin embargo, sólo 15.566 reciben una ayuda. Es decir, el 40% se ha quedado sin cobertura económica. De ellos, 3.459 porque están en el denominado ’limbo’, es decir, ya saben que tienen derecho a la ayuda, pero aún no la reciben debido al atasco en la gestión. El resto, porque los cambios introducidos en la ley el pasado verano por el Gobierno central les han dejado a la espera.

La Ley de la Dependencia cumplió ayer su primer lustro de andadura envuelta en polémica y marcada por los recortes. El 23 de abril de 2007 Asturias era la primera comunidad del país en poner en marcha una norma nacida para equiparar en derechos a las personas con escasa autonomía personal. El carácter pionero del Principado es un demérito del resto de comunidades, incluida la asturiana, ya que la ley debería haber comenzado a aplicarse el 1 de enero anterior. No sería hasta el verano cuando se diera por implantada en todo el país.

Estos trompicones iniciales ya apuntaban un difícil desarrollo de una norma compleja que obligaba las administraciones a ofrecer a las personas con dependencia todo tipo de servicios -residencia, centro de día, de integración, ayuda a domicilio, teleasistencia y, sobre todo, asistente personal- o ayudas económicas, tanto para pagarse en el sector privado la plaza que no encontraran en la red pública o, en menor medida, para pagar a un familiar como cuidador. Cinco años después, esa paga, calificada de excepcional, la cobran en Asturias 8.647 personas, casi la mitad de los beneficiarios.

Mientras los dependientes critican los retrasos que acarrea la ley y los recortes aplicados -no es posible compatibilizar servicios, las pagas al cuidador familiar se han rebajado, al igual que las prestaciones- la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, defiende los cambios realizados porque, dice, con ellos «ahora el Sistema de Atención a la Dependencia es transparente», con «132.000 nuevos beneficiarios en un año». Según explicó ayer en el Senado, la ley «es hoy más sostenible que hace un año». Pero no que hace cinco.

Mas de 40 Mil personas defienden la sanidad pública en otra ‘marea blanca’ en Madrid

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Los organizadores cifran en más de 40.000 los asistentes a la marcha contra los planes privatizadores del Gobierno regional

EFE Madrid 21 ABR 2013 - 13:39 CET

Manifestación de la Marea Blanca en la calle de Alcalá. / CLAUDIO ÁLVAREZ

 Varios miles de personas —entre 40.000 y 50.000 según fuentes sindicales; la policía no ha dado cifras—han recorrido esta mañana la distancia entre la plaza de Cibeles y la Puerta del Sol en contra de la privatización de la Sanidad madrileña. La marea blanca, la quinta de este año en Madrid, ha llegado sobre la una de la tarde a la sede del Gobierno madrileño, que ha publicado ya los pliegos de condiciones para que empresas privadas se hagan con la gestión de seis hospitales y 27 centros públicos de salud públicos...(leer más)

Una nueva "marea blanca" toma las calles de Madrid

"El PP está montando un chiringuito para especuladores con la sanidad"

La marea blanca vuelve a tomar la calle en defensa de la Sanidad

Una actuación que “… solo responde a los intereses de algunas empresas y algunas personas que buscan su beneficio personal a costa de la salud de la población”.

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Unos pliegos que colaboran al deterioro de la sanidad pública madrileña

Por Sergio Fernández Ruiz, Vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

nuevatribuna.es

Acaba de hacerse público el borrador de los pliegos del concurso para privatizar la parte pública de los 6 hospitales PFI (iniciativa de financiación privada) siguiendo el plan privatizador que puso en marcha la Comunidad de Madrid en octubre de 2012.

Aparte de los problemas que tiene la privatización sanitaria, si miramos lo que se ha hecho público hay algunos comentarios que es necesario hacer.

En primer lugar se trata de un borrador que aún tiene muchos aspectos por desarrollar que pueden ser decisivos a la hora de hacer una valoración final y en el que se propone un contrato por 10 años lo que parece claramente excesivo y condiciona durante un tiempo muy dilatado el funcionamiento del servicio sanitario, más aún cuando se permite que una única empresa sea concesionaria de 3 centros (4 si se trata de Parla-Aranjuez). Un hecho curioso es que se produce la adscripción en bloque de los hospitales de Aranjuez y Parla lo que no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que están situados a 39 km de distancia.

En cuanto a las condiciones económicas llama la atención que las cuantías a percibir por las concesionarias están infravaloradas porque se da la circunstancia de que en el mismo pliego (página 64) se establece una revisión de los precios:

“Actualización de la prima per cápita. Para asegurar la correcta financiación de las prestaciones sanitarias gestionadas por la concesión, se establece que, con carácter anual el pago capitativo se actualizará automáticamente con el menor de los siguientes Índices:

- 85% de la variación experimentada por el Índice General de Precios al Consumo del Estado español.

- 85% de la variación experimentada por el l Índice General de Precios al Consumo de la Comunidad de Madrid conforme a lo establecido en el artículo 90.3 de la TRLCSP.

Lo que significa que las empresas adjudicatarias tienen garantizada una actualización de las cuotas independientemente de los previsibles recortes de fondos de los centros públicos (conviene recordar que los hospitales públicos madrileños tuvieron una disminución presupuestaria promedio del 9,5% en 2011, el 1,5% en 2012 y el 16,19% en 2013), es decir se pretende seguir incrementando los fondos de los centros privados y disminuyendo los de los centros públicos. Por otro lado no se entiende que si se establecen asignaciones per cápita para los centros hospitalarios no hay ninguna justificación para una diferencia que alcanza los 45,22 € por habitante y año y que no se justifican en la documentación hecha pública por la Consejería.

Por otro lado las llamadas “compensaciones interhospitalarias” (es decir las cuantías que se detraen por la derivaciones a los centros de la red pública) muy probablemente seguirán sin funcionar, como sucede hasta ahora, favoreciendo la rentabilidad de los centros privatizados y su selección de riesgos.

Se dice también en la nota de la Consejería que se mantendrá el personal actual, pero no queda claro el tipo y tiempo de contratación de eventuales e interinos y además se señala que el personal estatutario fijo (página 23) que: “podrá optar por permanecer en el hospital objeto de concesión, bajo la dependencia funcional de la sociedad concesionaria y orgánica del Servicio Madrileño de Salud, percibiendo sus retribuciones a cargo de los presupuestos del Servicio de Salud”, lo que supone otra subvención encubierta a las empresas privadas.

La garantía de los derechos de los usuarios y en particular el derecho de libre elección (página 18) se garantizan en teoría porque la práctica de los demás centros privatizados en la Comunidad de Madrid demuestra que existe una reiterada actuación de las empresas concesionarias para impedir este derecho (por medio de las citaciones, los call-center, etc) y la calidad asistencial aunque se habla de garantizar la calidad asistencial (pagina20) en cinco dimensiones, se hará según unos indicadores que no se aportan lo que hace sospechar que no se producirá esta garantía en la práctica.

Además se ponen a disposición de las contratas centros de especialidades (Arganda, Federica Montseny, Vicente Soldevilla, Parla, Alcobendas, y 3 centros de salud mental) lo que entendemos es ilegal porque se trata de patrimonio de la Seguridad Social.

Se prevé también la posibilidad de subcontratar servicios (que solo pueden ser clínicos porque los otros servicios están en manos de las empresas que construyeron los hospitales) y de cesión a terceros (páginas 57 y 58).

El documento plante la inclusión de los profesionales en el accionariado, (página 35) no tiene sentido alguno y solo pretende captar algunas voluntades que por otro lado solo podrán tener una presencia testimonial en las empresas.

Por fin los criterios de adjudicación son básicamente economicistas al situar la oferta económica con el 50% de los puntos para la adjudicación.

En resumen se trata de unos pliegos incompletos, que no garantizan ahorros en el gasto sanitario, ni tampoco la calidad de la atención. Esta privatización es profundamente negativa para el funcionamiento de la sanidad madrileña porque empeora el funcionamiento de los centros sanitarios e incrementa los costes de la atención sanitaria y solo responde a los intereses de algunas empresas y algunas personas que buscan su beneficio personal a costa de la salud de la población.

La inmensa mayoría de los ciudadanos y de los profesionales de la sanidad madrileña hemos mostrado reiterada y mayoritariamente nuestro rechazo a este proceso privatizador que pone en grave riesgo la calidad de la atención sanitaria.

La Consejería de Sanidad ha sido incapaz de mostrar argumentos razonables para sus intentos privatizadores que, aparte de los intereses personales y empresariales, solo responden a una ideología neoliberal que antepone los intereses económicos a los derechos de las personas.

Por todo ello hay que rechazar estas medidas privatizadoras, exigir la paralización del proceso y llamar a ciudadanos y trabajadores de la sanidad a movilizarse contra el proceso privatizador y a expresar su rechazo masivamente en todas las convocatorias que se produzcan.

VER EL BORRADOR DE PLIEGOS EN ELDIARIO.ES