CONTRAREFORMA NO

La contrarreforma sanitaria del PP a nivel estatal cumple un año este 20 de abril

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Un año de sanidad menos pública

Han pasado 365 días desde que la vorágine reformista de Ana Mato comenzó con un 'tijeretazo' de 7.000 millones de euros y con ello, la disolución paulatina -pero demoledora- del Sistema Nacional de Salud.

MARTA RODRÍGUEZ, MADRID, en Público.

Este sábado se cumple un año desde que la vorágine reformista de Ana Mato comenzara la disolución paulatina -pero demoledora- del Sistema Nacional de Salud (SNS), al menos, tal y como se conocía hasta ahora. Las consecuencias de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS han supuesto un punto de inflexión para el bienestar de los españoles. El tijeretazo de 7.000 millones de euros que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad puso en marcha hace ya un año ha llevado al abismo a las prestaciones sanitarias públicas, según denuncian las diferentes asociaciones y usuarios que conforman la marea blanca. El copago en farmacia, transporte no urgente y en ortoprótesis; los recortes en investigación, prevención de sida y trasplantes; la retirada de la tarjeta a los sin papeles, y el rodillo privatizador que arrastra a pacientes, trabajadores e infraestructuras de los centros y hospitales públicos a los concertados y privados han sido algunas de las consecuencias de las políticas sociales del PP en 365 días.

Mientras los afectados por el decretazo de Mato se cuentan a miles, los beneficiados siguen siendo unos pocos. Los facultativos y usuarios no han cejado en su intento por sacar a la luz de la opinión pública los resultados de la "externalización" progresiva de las clínicas españolas. El cierre de salas, la reducción del número de camas y de trabajadores eventuales, y en consecuencia, el aumento de listas de espera y la derivación de pacientes a centros concertados y privados están siendo los primeros silenciosos pasos que algunas Comunidades Autónomas –como la de Madrid– ya están dando en su camino hacia la privatización, alegando que ellas recortan porque les obliga el Gobierno central.

"Externalizar" la sanidad no sólo es más caro para la Administración pública, sino que mantener los centros públicos tal y como están, es rentable. Al menos, así lo denuncia CAS-Madrid en su informe, en el que argumenta que las empresas propietarias "no sólo han recuperado ya el 100% de la inversión, sino que en 2012 ya sumaron"150 millones de euros de ganancias. 

Aunque ya no sólo se trata de los usuarios y pacientes, sino también de los profesionales que han visto modificado su estatus laboral. La reforma sanitaria del Gobierno ha puesto en peligro a un colectivo de 4.000 trabajadores –entre médicos, enfermeros y matronas– que pueden perder sus derechos como funcionarios estatales, en la mayoría de los casos adquiridos desde hace más de 30 años.

No obstante, los españoles no han sido los únicos que se han visto afectados por las medidas del Decreto-Ley. También los inmigrantes han pagado las consecuencias de las directrices conservadoras del PP. Los extranjeros en situación irregular han perdido la tarjeta sanitaria. Hecho que, según la ONG Médicos del Mundo, vulnera un "derecho humano esencial". 

Se estima que en nuestro país  hay 459.909 inmigrantes en situación irregular, de los cuales entre 2.700 y 4.600 estarían infectados por VIH. Aproximadamente un 80% de éstos estarían recibiendo un tratamiento adecuado, según un estudio de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). El otro 20% corre grave peligro para su salud y todo por una medida que no es rentable, ni siquiera en un corto periodo de tiempo.

"La aplicación del Real Decreto supondrá un ahorro económico muy inferior al esperado a corto plazo e impactará negativamente en la salud pública de nuestro país, y muy especialmente en la de los pacientes infectados por el VIH que queden desatendidos, aumentando los gastos sanitarios a medio-largo plazo y alejándonos de los objetivos de salud internacionalmente asumidos", subrayan las conclusiones de los expertos autores del informe, José A. Pérez-Molina y Federico Pulido Ortega.

Los pensionistas, uno de los colectivos que se había mantenido al margen del copago hasta la entrada en vigor del decretazo, han tenido que empezar a sufragarse una parte de los medicamentos por primera vez en la historia del SNS. Los jubilados ya abonan un 10% del precio de los fármacos con receta hasta un máximo de 18 euros mensuales. Bajo la justificación de la "eficiencia", la titular de Sanidad asegura que el fin de esta medida es "crear un efecto disuasorio para que no se tiren las 3.700 toneladas de fármacos que acumuló el punto de recogida el año pasado y que supone un gasto de 1.100 millones de euros", recalca Mato. En consecuencia, el 16,8% de los pensionistas ha dejado de tomar algún medicamento por no poder hacer frente al pago de los mismos, según un informe publicado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Por su parte, los pacientes de cáncer –la enfermedad que más vidas se lleva en los países occidentales– han sufrido en mayor medida el impacto de la reforma sanitaria. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), elaboró un informe en el que ponía de manifiesto que los casos más vulnerables podrían llegar a interrumpir el tratamiento debido, por ejemplo, al coste que supone el desplazamiento en ambulancia hasta el hospital. Concretamente, para una mujer con cáncer de mama –uno de los más comunes– en ocho meses de tratamiento, podría invertir hasta 1.500 euros de "transporte no cubierto" por el actual Sistema Nacional de Salud.

Y el último mazazo de Mato llegó a principios de este mes: España cerró el 2012 liderando el ranking internacional de trasplantes por vigésimo primer año consecutivo, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).  Sin embargo, Ana Mato presentó el pasado 11 de abril un recorte de 500.000 euros en el presupuesto para estas partidas, un 20% menos que en 2012. "Lo importante es hacer menos con más y es lo que estamos haciendo en este Gobierno, no se trata de recortar como se dice a veces, sino de buscar fórmulas para que podamos seguir avanzando más todavía, utilizando los recursos de manera más eficaz", aseguró entonces la ministra.

Para los promotores de la campaña de "desobediencia civil" y organizadores de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, "el modelo anterior era universal, es decir, el acceso a la sanidad estaba garantizado a toda la población sin excepciones. Ahora, sólo las personas aseguradas podrán tener garantizado el acceso a algunas prestaciones básicas".

José Luis Ruiz-Giménez, uno de los coordinadores de la plataforma,  asegura para Público que el 20 de abril de 2012 será recordado como "el día en que el sistema sanitario español dejó de ser universal y solidario para convertirse en excluyente e inhumano. El día en que nuestras autoridades decidieron que hay unas personas que merecen tener protegida su salud y otras que no", recalca.

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Al margen de los ruidos y otras ceremonias de confusión, el objetivo del PP es la privatización y el de profesionales y ciudadanos la defensa de la sanidad pública

LA ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA DE MADRID ANTE LOS BORRADORES DE LOS PLIEGOS  PARA LA PRIVATIZACION DE 6 HOSPITALES MADRILEÑOS

La ADSP de Madrid ante las informaciones relacionadas con los borradores de los pliegos para las privatizaciones de 6 hospitales madrileños tiene que señalar:

1)     Se trata de un borrador que aún tiene muchos aspectos por desarrollar que pueden ser decisivos a la hora de hacer una valoración final

2)     Se propone un contrato por 10 años lo que nos parece claramente excesivo y condiciona durante un tiempo muy dilatado el funcionamiento del servicio sanitario

3)     Se produce la adscripción en bloque de los hospitales de Aranjuez y Parla lo que no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que están situados a 39 km de distancia.

4)     La garantía de los derechos de los usuarios y en particular el derecho de libre elección (página 18) se garantizan solo en teoría porque la práctica de los demás centros privatizados en la Comunidad de Madrid demuestra que existe una reiterada actuación de las empresas concesionarias para impedir este derecho (por medio de las citaciones, los call-center, etc)

5)     Las cuantías a percibir por las concesionarias están infravaloradas porque se da la circunstancia de que en el mismo pliego (página 64) se establece una revisión de los precios

Actualización de la prima per cápita. Para asegurar la correcta financiación de las prestaciones sanitarias gestionadas por la concesión, se establece que, con carácter anual el pago capitativo se actualizará automáticamente con el menor de los siguientes Índices:

- 85% de la variación experimentada por el Índice General de Precios al Consumo

del Estado español.

- 85% de la variación experimentada por el l Índice General de Precios al Consumo

de la Comunidad de Madrid conforme a lo establecido en el artículo 90.3 de la TRLCSP.

Lo que significa que las empresas adjudicatarias tienen garantizada una actualización de las cuotas independientemente de los previsibles recortes de fondos de los centros públicos (conviene recordar que los hospitales públicos madrileños tuvieron una disminución presupuestaria promedio del 9,5% en 2011, el 1,5% en 2012 y el 16,19% en 2013), es decir se pretende seguir incrementando los fondos de los centros privados y disminuyendo los de los centros públicos.

6)     Si se establecen asignaciones per cápita para los centros hospitalarios no hay ninguna justificación para una diferencia que alcanza los 45,22 € por habitante y año

7)     Por otro lado las llamadas “compensaciones interhospitalarias” seguirán sin funcionar, como hasta ahora, favoreciendo la rentabilidad de los centros privatizados y su selección de riesgos.

8)     La calidad asistencial: se habla de garantizar la calidad asistencial (pagina20) en cinco dimensiones según unos indicadores que no se aportan lo que hace sospechar que no se producirá esta garantía en la práctica.

9)     Respecto al personal no queda claro el tipo de contratación de eventuales e interinos y además se señala que el personal estatutario fijo (página 23) que: podrá optar por permanecer en el hospital objeto de concesión, bajo la dependencia funcional de la sociedad concesionaria y orgánica del Servicio Madrileño de Salud, percibiendo sus retribuciones a cargo de los presupuestos del Servicio de Salud. Lo que quiere decir que trabajaran para la concesionaria pero pagara el SMS.

10)  Inmuebles: se ponen a disposición de las contratas centros de especialidades (Arganda, Federica Montseny, Vicente Soldevilla, Parla, Alcobendas, y 3 centros de salud mental) lo que entendemos es ilegal porque se trata de patrimonio de la Seguridad Social

11)  Inclusión de los profesionales en el accionariado, (página 35) no tiene sentido alguno y solo pretende captar algunas voluntades que por otro lado solo podrán tener una presencia testimonial en las empresas.

12)  Se prevé además la posibilidad de subcontratar servicios (que solo pueden ser clínicos porque los otros servicios están en manos de las empresas que construyeron los hospitales) y de cesión a terceros (paginas 57 y 58).

13)  Por fin los criterios de adjudicación son básicamente economicistas al situar la oferta económica con el 50% de los puntos para la adjudicación.

En resumen se trata de unos pliegos incompletos, que no garantizan ahorros en el gasto sanitario, ni tampoco la calidad de la atención. Esta privatización es profundamente negativa para el funcionamiento de la sanidad madrileña porque empeora el funcionamiento de los centros sanitarios e incrementa los costes de la atención sanitaria y solo responde a los intereses de algunas empresas y algunas personas que buscan su beneficio personal a costa de la salud de la población.

La inmensa mayoría de los ciudadanos y de los profesionales de la sanidad madrileña hemos mostrado reiterada y mayoritariamente nuestro rechazo a este proceso privatizador que pone en grave riesgo la calidad de la atención sanitaria

La Consejería de Sanidad ha sido incapaz de mostrar argumentos razonables para sus intentos privatizadores que, aparte de los intereses personales y empresariales, solo responden a una ideología neoliberal que antepone los intereses económicos a los derechos de las personas.

Por todo ello rechazamos estas medidas privatizadoras, exigimos la paralización del proceso y llamamos a ciudadanos y trabajadores de la sanidad a movilizarse contra el proceso privatizador y a expresar su rechazo masivamente en la próxima convocatoria de la Marea Blanca el día 21 de abril.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

18 de abril de 2013

Los conglomerados de sanidad privada estudian cómo concurrir a la privatización de hospitales de Madrid

Ribera Salud y Sanitas consideran "positivo" el borrador con las condiciones de "externalización" de los centros, aunque prefieren estudiarlo "con más detenimiento".

Capio todavía no ha querido pronunciarse al respecto

ANNA FLOTATS, Madrid, en Público.

Capio, Ribera Salud y Sanitas. Estas son las tres empresas privadas especializadas en gestión de centros sanitarios que sonaban en las quinielas de los madrileños como las tres entidades con más probabilidad de obtener la adjudicación de los seis hospitales de la Comunidad de Madrid que la Consejería de Sanidad está "externalizando". Sin embargo, tras haber conocido las condiciones del concurso filtradas en la noche del miércoles, dichas compañías han recibido con incertidumbre el borrador del pliego elaborado por el departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty.  

Sanitas, una de las empresas que opta a la gestión de los hospitales afectados (Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Sureste y el del Tajo), no ha querido posicionarse al respecto. “Tenemos que analizar los pliegos con detenimiento y valorar el conjunto de las condiciones”, ha explicado a Público un portavoz de la compañía.

Esta entidad (ligada al grupo BUPA Internacional Health Insurance, la mayor compañía británica de asistencia y seguros privados sanitarios) no ha querido opinar sobre los detalles de las condiciones –como la obligación de mantener al personal sanitario o la posibilidad de compartir la gestión de un centro con otra empresa- porque, dice, “hay que valorarlas globalmente”. “Potencialmente sí que estamos interesados en la oferta, pero tenemos que ver si las condiciones encajan con lo que nosotros esperamos”, ha concluido el portavoz.

En Ribera Salud, que estrenó en España el modelo público de gestión privada (el modelo Alzira), en cambio, sí han realizado "una valoración positiva tras el primer análisis del borrador", ha asegurado a este diario una portavoz de la compañía, en nombre de su director general, Alberto de Rosa. "Creemos que los pliegos recogen claramente los principios que consideramos básicos en el modelo de colaboración público privada: la planificación y el control son públicos, la iniciativa privada sigue las directrices marcadas por la Administración y se hace una firme apuesta por integrar a los profesionales en el proyecto porque su apoyo es clave para el éxito de estos modelos", continúa el comunicado de la empresa. "Aplaudimos la importante decisión de la Comunidad de Madrid para mantener la excelencia y la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público a medio y largo plazo”, han destacado los impulsores del modelo de referencia de Lasquetty.

En Capio, sin embargo, aseguran que nadie les ha mandado los pliegos y que los “están consultando” gracias a los medios de comunicación que los han difundido. “No tienen el documento porque nadie se lo ha enviado, lo están consultando a través de la prensa”, afirman fuentes cercanas a esta compañía, que gestiona cuatro hospitales de la Comunidad de Madrid: el Rey Juan Carlos, de Móstoles; el Infanta Elena, de Valdemoro; el Hospital de Collado Villalba; y la Fundación Jiménez Díaz.

"Quieren reducir el problema de la sanidad a un conflicto laboral"

La Asociación de facultativos especialistas de Madrid recibe con "inseguridad" el pliego de condiciones para las empresas que gestionarán los centros privatizados y desconfían de los "beneficios para los trabajadores" que garantiza la Comunidad

ANNA FLOTATS, en Público.

El juez anula la jornada de cuarenta horas para dos mil empleados del Principado

La sentencia afecta a los responsables que cobran dedicación especial en la Administración regional

Foto: Una manifestación de funcionarios

Lne. 16.04.2013 | 02:04 J. A. ARDURA

Nuevo revés judicial para el Principado en materia de función pública. El titular del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo ha tumbado la jornada de 40 horas para los puestos de dedicación especial de la Administración regional, unos dos mil empleos, según precisaron fuentes sindicales. La sentencia, que aún no es firme, abre la puerta a que los trabajadores afectados reclamen una compensación por las dos horas y media «extra» semanales que se han visto obligados a cumplir desde julio del pasado año, cuando entró en vigor la normativa del Principado para trasladar al ámbito autonómico las medidas de ajuste del sector público promovidas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El magistrado Jorge Fernández Punset ha dado la razón a una reclamación presentada por varios empleados del Principado, uno de ellos integrante del colectivo Conceyu por Otra Función Pública, contra una resolución de la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, que fijó una jornada de 40 horas semanales al personal que cobraba un complemento por dedicación especial. Esos empleados, unos dos mil aproximadamente, ya trabajaban 37 horas y media semanales antes de las medidas de ajuste, cuando la jornada del resto de funcionarios y empleados públicos era de 35 horas. Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy elevó la jornada de los funcionarios a 37 horas y media, el Principado exigió el cumplimiento de 40 horas a esos puestos con dedicación especial, entre los que se encuentran jefes de negociado, jefes de servicio y también auxiliares administrativos.

La sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 apunta que el Gobierno asturiano fue más allá de las normas dictadas por el Ejecutivo central y se excedió. «El legislador estatal deja a las distintas administraciones la acomodación pertinente y no marca más límite que el derivado del mínimo común denominador, que son las 37 horas y media», sostiene el juez Fernández Punset, quien precisa que «la duración de la jornada especial no tiene por qué coincidir con las 40 horas semanales, de modo que lo que debía respetarse en cualquier caso era que la jornada especial no podría ser inferior a esas 37 horas y media semanales de trabajo efectivo. Elevarla a 40 horas por medio de una resolución que aprueba instrucciones es una adaptación exorbitante teniendo presente el alcance normativo y quien lo dictó».

Medidas de ajuste

Oviedo, P. GALLEGO

Entre los temas que se debatirán esta semana en el Pleno de la Junta hay uno que enfrentará a todos los grupos políticos con uno de los asuntos más polémicos en el seno de la Administración regional durante los últimos años: las designaciones «a dedo». «La libre designación hay que acotarla y limitarla, para defender una función pública independiente y regida por los criterios de igualdad, mérito y capacidad», aseveró ayer el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, responsable de la proposición de ley a discutir en el Parlamento regional.

En su intervención ante los medios tras la reunión de la junta de portavoces, Prendes hizo referencia a toda la serie de sentencias judiciales contrarias a la libre designación, «que afectan al Principado en esta materia y a las que hay que dar cumplimiento ya desde hace tiempo», aseveró. La última, una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que ya desde abril de 2012 obliga a la Administración regional a convocar un nuevo concurso para cubrir 469 jefaturas, tras la denuncia presentada por el sindicato USIPA en 2009, durante el Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces. La Consejería de Hacienda que ahora dirige Dolores Carcedo tendrá que hacerlo antes del próximo 31 de mayo. De no ser así, se enfrentaría a multas de hasta 1.500 euros, según la sentencia del magistrado de lo Contencioso-Administrativo David Ordóñez.

El Gobierno regional implantó la nueva jornada en junio de 2012

- El Ejecutivo de Javier Fernández amplió la jornada laboral de todos los funcionarios mediante una resolución de la consejera de Hacienda, adoptada el 29 de junio de 2012, un mes después de su toma de posesión.

- La sentencia no afecta a todos los empleados públicos, sino sólo a los que cobran dedicación especial, unos dos mil, según fuentes sindicales.

- El personal con dedicación especial cobraba un complemento en sus nóminas por trabajar 37,5 horas en vez de las 35 que tenía el resto de funcionarios y empleados públicos.

- Las medidas de ajuste de Rajoy ampliaron la jornada de todos los empleados públicos a 37,5 horas semanales.

- El Principado elevó la jornada semanal a 40 horas al personal con dedicación especial, que ahora es anulada por un juez de Oviedo que entiende que la Consejería de Hacienda se excedió en esa medida.

El juez argumenta que el Principado no siguió las pautas precisas para introducir ese cambio en la jornada semanal del personal con dedicación especial. «La adecuación solamente debería haberse producido tras seguir los cauces procedimentales de reforma correspondientes -en donde incluso se podría haber adoptado hipotéticamente otro marco que no fuera el de las 40 horas-, ya que la ley del 29 de junio no imponía ningún número de horas concreto», recoge el fallo judicial, que tiene en cuenta que la propia normativa del Principado autorizaba para ese personal con dedicación especial, antes de las medidas de ajuste, «un máximo de 35 horas en jornada de mañana» durante los meses comprendidos entre junio y septiembre.

Esta sentencia, según el Conceyu por Otra Función Pública, abre la puerta a que los trabajadores puedan reclamar el exceso de horas trabajadas desde julio del pasado año. El fallo judicial no es firme y el Principado podría recurrirlo.

Un juez anula el aumento de la jornada a los funcionarios con dedicación especial

Se trata de trabajadores públicos en cargos de jefatura de cualquier rango o cuyo puesto justifica que trabajen más horas

El Comercio. 16.04.13 - 00:38 - J. F. | OVIEDO.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de los de Oviedo ha declarado nula la decisión de ampliar de 37 horas y media a 40 horas la jornada laboral de los empleados del sector público que cuentan con dedicación especial acordada en junio de 2012 por el Principado. Se trata de trabajadores públicos que ostentan cargos de jefatura de cualquier rango o cuyo puesto precisa de una jornada más amplia.

La sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por un miembro del colectivo Conceyu por otra Función Pública n'Asturies y considera que el Gobierno regional se extralimitó al trasladar al ámbito autonómico el incremento de horario decretado por el Ejecutivo central a través de los presupuestos del Estado de 2012.

La resolución judicial, contra la que cabe recurso de apelación, incide en que la normativa estatal «no marca más límite que el derivado del mínimo común denominador, que son las 37 horas y media», también para el caso del personal que desempeñase puestos de trabajo configurados como de dedicación especial y que ya tenían asignada esa jornada semanal, superior en dos horas y media a la del resto.

Así, la sentencia señala que la duración de la jornada especial no tiene por qué coincidir con las 40 horas semanales dado que lo que debía respetarse en cualquier caso era que ésta no fuese inferior a esas 37 horas y media semanales de trabajo efectivo.

De 37,5 a 40 horas semanales

«Elevarla a 40 horas por medio de una resolución que aprueba instrucciones es una adaptación exorbitante teniendo presente el balance normativo y quien la dictó», señala la resolución judicial.

Según la sentencia, dicha adecuación sólo debería haberse producido tras seguir los cauces procedimentales de reforma correspondientes «en donde incluso se podría haber adoptado hipotéticamente otro marco que no fuera el de las 40 horas», ya que la ley estatal no imponía ningún número de horas concreto. Para el Conceyu por otra Función Pública, la sentencia constata que la decisión del Principado de dictar unas instrucciones provisionales para dicho aumento de jornada fue precipitada y sin justificación, y fue tomada además por un órgano «manifiestamente incompetente para adoptar dicho acuerdo».

Nueva “marea blanca” en Madrid otro tercer domingo de mes.

Convocan el domingo 21 de abril una nueva 'Marea Blanca' contra la externalización sanitaria

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha convocado para el domingo 21 de abril una nueva 'Marea Blanca' en protesta por los planes de externalización de centros sanitarios incluido en el Plan de Sostenibilidad de la Consejería de Sanidad.

EUROPA PRESS, MADRID

Según informa la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en un comunicado, se han conformado cinco columnas que partirán desde diferentes hospitales de la región para confluir en Cibeles a las 12 horas con intención de concluir la marcha en la Puerta del Sol sobre las 15 horas.

Los profesionales y usuarios del hospital de Getafe que secunden la manifestación partirán a las 7 horas, que se sumarán a los del Infanta Cristina, Infanta Elena, Severo Ochoa, José Germán, Hospital del Tajo y Hospital de Móstoles. En esta columna también se incluye el Hospital 12 de Octubre que saldrá a las 10 horas.

Por su parte, otra columna partirá del Infanta Leonor, el Hospital Virgen de la Torre y el Centro de Transfusiones a las 9 horas. Ambas columnas se sumarán en Atocha a los profesionales del Hospital del Sureste, el Hospital de Alcorcón, Hospital de Fuenlabrada, el Príncipe de Asturias, empleados de la Lavandería Central, el Hospital Virgen de Poveda, junto a trabajadores y usuarios de Atención Primaria y del Summa 112.

Por el norte, trabajadores y usuarios del Hospital de La Paz, el Infanta Sofía, el Ramón y Cajal, el Hospital de Canto Blanco y el Hospital Rodríguez Lafora saldrán a las 10 horas. Otra columna se iniciará con la marcha del personal de Hospital Clínico, el Carlos III y la Fundación Jiménez Díaz, que se unirán a los del Hospital de la Cruz Roja a las 10 horas.

Ambas columnas confluirán en Nuevos Ministerios a las 10.45 horas, según la previsión, y se sumarán a los del Puerta del Hierro, el Hospital de El Escorial, el Hospital de Guadarrama, el Hospital de Fuenfría y los servicios centrales de la Consejería de Sanidad.

Por otra parte, los empleados y usuarios del Hospital del Henares que secunden la 'Marea Blanca' saldrán a las 7 horas y se sumarán a los del Hospital Santa Cristina y Gregorio Marañón a las 10 horas en Manuel Becerra. Luego, en la Puerta de Alcalá confluirán también con los del Hospital de La Princesa y el Hospital Niño Jesús.

Como viene siendo habitual desde que se inició el 'conflicto sanitario' por el Plan de Sostenibilidad del Gobierno regional, las entidades agrupadas en esta Mesa han vuelto a convocar para el tercer domingo de cada mes la 'Marea Blanca'.

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La escuela pública convoca una huelga general el 9 de mayo

 

 

 10.04.13 - 11:31 -

D. VALERA | MADRID

Es la primera vez que profesores, alumnos y padres secundan un paro conjunto en todas las etapas educativas

José Ignacio Wert asegura que la huelga "no es un mecanismo razonable"

Lejos de debilitarse, las movilizaciones en contra de la reforma educativa y los recortes en la enseñanza pública crecen y suman esfuerzos. La Plataforma en Defensa de la Educación Pública convocó este miércoles una huelga general para el próximo 9 de mayo. Será la primera vez que profesores, alumnos y padres secunden un paro que recorrerá todas las etapas educativas, desde infantil hasta la universitaria.

Las organizaciones agrupadas en esta plataforma -formada por CC.OO, UGT, CGT, Stem, Sindicato de Estudiantes, Ceapa y Movimiento por la Renovación Pedagógica- mostraron una vez más su rechazo a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) aprobada por el Gobierno y que actualmente se encuentra a la espera del dictamen del Consejo de Estado para iniciar el definitivo trámite parlamentario. Todos pidieron al ministro de Educación, José Ignacio Wert, la retirada de la normativa. Pero también dejaron claro que la jornada de protestas servirá para denunciar las políticas de recortes en la educación pública llevadas a cabo desde la administración central y la autonómica.

"La Lomce va a destruir en un año lo que se ha logrado en décadas de trabajo. Vamos a movilizar a todos los padres y madres del país", expresó José Luis Pazos, portavoz de Ceapa, la principal asociación de padres y madres de alumnos. Una protesta que también secundan los docentes. "La ley desprecia y olvida al profesorado", afirmó el responsable de enseñanza de CCOO, Francisco García, quien animó a los maestros a levantar la voz contra una normativa que se basa en "postulados ideológicos en lugar de en necesidades educativas". Una opinión compartida por el portavoz de FETE-UGT, Carlos López Cortiñas, quien destacó el "esfuerzo" que supone la huelga para los profesores después de haber visto "reducidas sus nóminas».

El secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, aseguró que la LOMCE es "la peor ley educativa" que ha habido en España". "Quieren devolvernos a la España de los años 50, recuperando itinerarios segregadores y clasistas", sentenció. Además, Delgado advirtió de que si el Gobierno no escucha el "clamor" contra la ley las protestas podrían "radicalizarse" de cara al comienzo del próximo curso escolar.

Esta huelga general se enmarca en un calendario de movilizaciones que incluye otros muchos actos de protesta como unas marchas nocturnas en las grandes ciudades durante la madrugada del sábado 11 al domingo 12 de mayo. También se realizarán encierros en todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid el fin de semana del 26 al 28 de abril.

Por su parte, el ministro de Educación mostró su "respeto" por una convocatoria de huelga que no le parece lo más adecuado. "Creo que el proyecto de ley se encuentra en fase de tramitación y el mecanismo de la huelga no parece un mecanismo razonable", explicó Wert.

El Gobierno recorta las subvenciones para trasplantes un 20%

Los fondos para formación y fomento de la donación pierden medio millón de euros

El mayor tijeretazo se produce en los programas destinados a cursos para profesionales

María R. Sauquillo Madrid 10 ABR 2013 - 14:02 CET68

Foto: Un doctor examina el corazón de un donante durante un trasplante. / Agencia Cordon Press

El Gobierno ha recortado medio millón de euros en las ayudas para trasplantes. Los fondos que recibirán las comunidades, hospitales y organizaciones como apoyo a los trasplantes que realizan, para programas de formación de profesionales y para planes de fomento de la donación caen un 20% este año. Las subvenciones para el sistema de trasplantes español, uno de los servicios más cuidados de la sanidad pública y cuyos buenos resultados se ha convertido en la marca del país en medio mundo, se habían mantenido estables en unos 2,5 millones de euros. Hasta este tijeretazo: la partida que destina el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para ello contará con alrededor de dos millones...(leer más)

Jornada "La Privatización Sanitaria. Análisis de la Situación" que se desarrolló en Madrid el pasado sábado

El Observatorio Madrileño de la Salud reivindica la movilización frente a la privatización

Dar una imagen de unidad de cuantos están contra la privatización de la sanidad y mantener las movilizaciones, han sido algunas de las principales premisas mantenidas por los participantes en la Jornada "La Privatización Sanitaria. Análisis de la Situación" que, organizada por el Observatorio Madrileño de la Salud, se desarrolló a lo largo de la mañana del sábado en una de las aulas del Ateneo de Madrid repleta de asistentes.

Foto: Manuel Martín, presidente de FADSP y Ana García Masedo, alcaldesa de Rascafría, en una de las mesas de las Jornadas.

Madrid 08/04/2013, Carmen Villodres, en Acta Sanitaria.

Manuel Martín, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y portavoz de SOS Sanidad Pública (Galicia), abrió la jornada con una conferencia sobre los distintos modelos de privatización sanitaria. En primer lugar aclaró que en Galicia todos están unidos en torno a la Plataforma Defensa de la Sanidad Pública, que agrupa a ayuntamientos y partidos, "lo que nos permite beneficiarnos de instituciones con capacidad legislativa, y de la virtud de la alianza, que nos valió ser el primer lugar en donde se revirtió las primeras iniciativas privatizadoras".

El porqué de las privatizaciones lo basó en los enormes recursos que mueve la sanidad y la oportunidad que ofrece para hacer negocios. Tras recordar que el presupuesto sanitario supone un 9,5 del total del PIB y que nuestro sistema era mejor que el de otros países de nuestra área y, en cambio, más barato, el presidente de la FADSP apuntó a organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a la propia Unión Europea (UE), como las instituciones inductoras y responsables de las políticas privatizadoras y debilitadoras de lo público. Concretamente citó a la OMC como la responsable de la eliminación de las tasas del comercio internacional, de la liberalización del servicio público y de potenciar a los proveedores sanitarios; en cuanto al Tratado de Maastricht aseguró que limita el déficit y la deuda pública y, concretamente, al referirse al Eurostat -la oficina de estadística de la UE- indicó que no contempla como deuda el déficit de la privada.

Una privatización por parcelas

Manuel Martín aseguró que en España la privatización se estaba llevando a cabo por parcelas, de una manera descentralizadora, "aprovechando la normativa de cada comunidad autónoma, evitando así una respuesta general de la ciudadanía en todo el país". Como aceleradora del proceso privatizador calificó el Real Decreto-Ley del 16/2012, proceso que describió como "la trasformación de un derecho vinculado a la ciudadanía que pasa a ser un modelo basado en los seguros privados". Y advirtió del peligro de trasladar el modelo empresarial a la gestión de servicios sanitarios y de trocear cada unidad funcional de los hospitales, creando microempresas de "ideología neoliberal". Entre los muchos problemas que comporta la privatización, Martín citó los de la asistencia y la falta de equidad y señaló a Holanda, cuyo sistema calificó de insostenible, por los problemas de selección de pacientes "buenos" (sanos) que quieren las aseguradoras.

Asimismo, recordó cómo el Primer Ministro del Reino Unido, el conservador David Cameron, se vio obligado a pedir disculpas a la ciudanía por el escándalo de las espantosas negligencias que se tradujeron en muertes en el hospital de Staffordshire entre 2005 y 2008. Las cifras de mortalidad ligadas al hospital superaron, según previsiones estadísticas, entre 400 y 1.200 víctimas de una gestión que primaba los objetivos económicos por encima de la calidad del servicio.

Al centrase en Galicia, el portavoz de SOS Sanidade Publica, se trasladó a los noventa, época de Romay Beccaría y al caso Medtec, el Instituto Gallego de Medicina Técnica, una sociedad pública creada por la Xunta que dotaba a los hospitales de alta tecnología, y que se vio envuelto en la muerte de seis personas, a causa de la proliferación del hongo Aspergillus en un quirófano de la unidad de cirugía cardíaca. Y aprovechó el dato para incidir en que los salarios de los profesionales estaban vinculados a la productividad y, cuando detectaron que algo ocurría, no quisieron parar para no perder dinero con el cierre del quirófano.

Cataluña, la comunidad con más seguros privados

En la Mesa sobre "Las Experiencias privatizadoras en España", Montserrat Vergara, del Grup de Reçerca en Desigualtats en Salut (GREDS), comentó igualmente que el proceso privatizador comenzó hace años en Cataluña con CIU y recordó que es en esa comunidad donde tienen más seguros privados. Remontándose a 1.990 y a la aprobación de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOCS), ley que consagra un modelo mixto, comentó como se separan la compra y la provisión de servicios y se crea el consorcio que reúne a entidades públicas con una pequeña parte de la privada.

Vergaa tildó de muy significativa la entrada de Boi Ruiz en la Consejería de Salud, el hombre que había dirigido la Unión Catalana de Hospitales, una asociación empresarial de prestación de servicios sanitarios. Y no se privó de contar la famosa frase del Consejero catalán que aseguraba que "la salud es un bien privado que depende de uno mismo y no del Estado", o aquella otra que tampoco tiene desperdicio, en la que decía que "no hay derecho a la salud porque esta depende del código genético que tenga la persona, de sus antecedentes familiares y de sus hábitos". Lo que dio pie a Montserrat Vergara para indicar que lo que le importa al señor Boi Ruiz es el código postal, es decir, donde vive y la condición social del ciudadano.

Insistió en que el problema de Cataluña es que no se sabe qué hay detrás de muchas cosas, pero que mucha gente no lo quiere saber. Del deterioro producido, entre otras cosas, por el recorte del 15 por ciento del presupuesto sanitario, hablan las muertes por negligencia y "por las que se abrirán procesos". Citó al Plan Omnibus de Cataluña, como un consorcio "creado para desmantelar el Instituto Catalán de Salud, que coincide con la privatización del Hospital Clinic, que ya hace ofertas para promocionar la gestión privada y que tiene promociones para extranjeros". Se refirió al Hospital San Pau, denunciando que atiende antes al que paga; o sea que las listas de espera están indicadas para aquellos que carecen de recursos.

En cuanto a la fuerte movilización de protesta existente y los grupos que las lideran, además de a su grupo, citó a la plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (PARS), que ha interpuesto querella criminal contra las autoridades sanitarias por los recortes, además de pedir medidas penales contra el presidente Artur Mas y Boi Ruiz por la muerte por aneurisma de una mujer que murió tras deambular durante 65 horas por 4 hospitales de Cataluña antes de ser operada.

Médicos y enfermeros plantan cara al “desmantelamiento” de la sanidad

Los profesionales presentan un estudio con 85 propuestas concretas de ahorro como alternativa a los "graves" recortes

Critican que los recortes están dejando el sistema en situación “muy grave”

Elena G. Sevillano Madrid 4 ABR 2013 - 22:47 CET

Los recortes en sanidad están amenazando el futuro del sistema nacional de salud y el riesgo de “desmantelamiento” es cada vez más evidente. Así lo creen los consejos generales de los colegios oficiales de médicos y enfermeros, un colectivo que suma 500.000 profesionales sanitarios y cuyos máximos responsables comparecieron juntos este jueves para dar un toque de atención a las Administraciones. “La crisis ha sacado las vergüenzas del sistema”, aseguró el presidente de los enfermeros, Máximo González Jurado. El representante de los médicos, Juan José Rodríguez Sendín, denunció que la gestión sanitaria está politizada y necesita contar con los profesionales para acometer las reformas necesarias. La solución no es “cargarse” el sistema ni mantenerlo por encima de sus posibilidades, aseguraron. “La situación es muy grave”, coincidieron...(leer más)