En Asturias hay unos 4.000 inmigrantes sin papeles
Más de novecientos médicos de toda España objetan contra la medida
Oviedo, J. A. ARDURA /
P. RUBIERA
El Gobierno asturiano garantizará la asistencia sanitaria a la población inmigrante que se encuentra en situación irregular. El consejero de Presidencia y portavoz, Guillermo Martínez, confirmó ayer «el rechazo» del Principado a los planes del Ejecutivo central, que preside Mariano Rajoy, para suprimir las prestaciones sanitarias a los inmigrantes sin papeles y dejó entrever la posibilidad de pleitear contra la orden ministerial que condiciona la cobertura sanitaria a ese colectivo. «En Asturias atenderemos a los inmigrantes sin papeles, la atención sanitaria está garantizada», afirmó el portavoz del Gobierno regional. Guillermo Martínez manifestó que la decisión del Ejecutivo de Javier Fernández está basada «tanto en razones de tipo humanitario, consagradas por la ONU y la propia Constitución española, como en el sentir de la sociedad asturiana y de los profesionales».
El próximo 31 de agosto, los «sin papeles» se quedarán sin tarjeta sanitaria y sólo podrán ir a urgencias, excepto los menores y las mujeres embarazadas. El lunes se supo que el Ministerio de Sanidad prepara un proyecto por el que los inmigrantes ilegales deberán suscribir una especie de póliza con la sanidad pública, previo pago de 59,20 euros al mes para los menores de 65 años y de 155,4 para el resto.
El PP se ha quedado solo defendiendo la medida. Alfonso Alonso, portavoz en el Congreso de los Diputados, considera «lógico» que los inmigrantes en situación irregular paguen la sanidad «como lo hacemos todos los españoles». En una rueda de prensa, tras presidir la reunión del comité de dirección del PP de Cádiz, dijo que para defender «el modelo sanitario de calidad, asistencia gratuita y de cobertura universal que nos gusta lo importante es que sea económicamente viable», algo que, a su juicio, «no se puede tener con facturas sin pagar en los cajones».
Aunque no hay cifras oficiales, Asturias Acoge cifra en menos de 4.000 los residentes en Asturias de forma ilegal. Son, en su mayoría, personas jóvenes y sanas, que apenas utilizan los servicios. Varias asociaciones que trabajan con estos colectivos, entre ellas Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y la ya citada, entregaron el pasado mes de julio casi 60.000 firmas a los gobiernos de varias comunidades autónomas rechazando las medidas anunciadas por Ana Mato. Se anuncian manifestaciones en varias ciudades españolas el próximo 1 de septiembre con el lema «Tenemos derecho a la salud sin condiciones».
Cáritas hizo público ayer un comunicado en el que invita al Gobierno y a los partidos políticos a una «reflexión profunda» sobre las consecuencias de estas medidas. La exclusión del sistema sanitario de los inmigrantes irregulares va a añadir «un sufrimiento muy severo» a un colectivo «especialmente vulnerable», afirma la organización.
Los ejecutivos del País Vasco, Andalucía y Cataluña ya han anunciado su oposición a la medida. Por otra parte, algo más de novecientos médicos han manifestado su intención de acogerse a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares que sean sus pacientes, mediante su inscripción en el registro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc).
La organización, la más representativa de primaria con unos 22.000 socios, puso esta iniciativa en marcha el pasado mes de julio. Los médicos de esta sociedad consideran que la reforma sanitaria «deja sin prestación sanitaria» a personas que hasta ahora habían atendido en sus consultas. «Atendemos personas, no asegurados», dice el texto.
El consejero de Presidencia de Asturias cree que la medida «no persigue la sostenibilidad del sistema, ni un menor gasto», porque la población inmigrante «tiene una edad media más baja que el resto de la población y no es la que más frecuenta los servicios de salud». Guillermo Martínez alertó de que estas iniciativas del Gobierno estatal «corren el riesgo de estigmatizar a un sector de la sociedad».
El consejero de Presidencia evitó entrar en detalles de cómo se prestará la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles: «Que posean o no la tarjeta sanitaria dependerá de las órdenes ministeriales». Apuntó la posibilidad de un nuevo conflicto judicial con el Ejecutivo de Rajoy por esta cuestión. «No tenemos aún conocimiento oficial de la orden ministerial, pero si existe la obligación de firmar convenios para la prestación de ese servicio, nuestros servicios jurídicos estudiarán el caso ante una posible invasión de competencias».
Por su parte, el coordinador de IU en Asturias, Manuel González Orviz, aseguró que «la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles no es sólo una cuestión de humanidad, sino también de salud pública». En su opinión, lo que propone el PP es «volver a un modelo antiguo, injusto y que puede suponer un grave riesgo para toda la población, pues se pretende que gente sin recursos, sin posibilidades legales de trabajar y de obtener unos ingresos suficientes pague por su atención».
