CONTRAREFORMA NO

Los sindicatos califican de «agresión» el plan para aumentar la jornada sanitaria

Anuncian su rechazo a la propuesta del Principado: «Es una vergüenza. Supone un retroceso de 20 años», se quejan

El Comercio. 18.08.12 - 02:39 - LAURA FONSECA | GIJÓN.

La Universidad y el Adolfo Posada se unen a las protestas contra los recortes

Los sindicatos sanitarios, todos ellos, sin excepción, rechazaron la propuesta del Principado para incrementar la jornada en los hospitales y centros de salud, que desde el 1 de septiembre pasará de 35 a 37,5 horas semanales. El plan avanzado el martes por la Consejería de Hacienda, y que deberá ser negociado en la Mesa Sectorial de Sanidad el próximo miércoles, día 22, ha sido muy mal recibido. Las centrales en las que están representados todos los estamentos -desde médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos, celadores y técnicos- calificaron el documento de «agresión» y «vergüenza» y han adelantado que no lo refrendarán.

Según el planteamiento del Principado, los trabajadores de la sanidad pública tendrán que pasar de las actuales 1.519 horas anuales de jornada a 1.665 horas (1.672 en el caso de los años bisiestos). La pretensión del Sespa es lograr un ajuste económico de entre 13 y 17 millones de euros anuales. Lo hará convirtiendo las peonadas (horas extra) de los hospitales en trabajo ordinario y reduciendo las contrataciones temporales, entre otras actuaciones.

Los sindicatos consultados ayer por EL COMERCIO acusaron al consejero de Sanidad, Faustino Blanco, de «seguidismo. Dice que no está de acuerdo con los recortes de Rajoy, pero luego plantea una propuesta de incremento de jornada que va mucho más allá de las exigencias del Gobierno del PP», denunció el responsable del Sindicato de Celadores (Sicepa), Francisco Menéndez. Los representantes sindicales no ocultaron su enfado ante lo que consideran «un retroceso de veinte años por el que no vamos a pasar. Se acabó», anunció Alejandro González, secretario de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CC OO.

20 días más de trabajo al año

En similares términos se pronunció Juan Vila, de UGT, que considera «una auténtica barbaridad» el planteamiento del Principado para cumplir las exigencias del Gobierno central sobre el incremento de jornada en las administraciones públicas. «Acumulamos una pérdida salarial del 14% y ahora quieren que trabajemos más, ganando mucho menos. Es tremendo», añadió Vila.

Desde el Sindicato de Auxiliares en Enfermería (Sae), su secretaria autonómica, María José Fernández, se refirió al plan de Sanidad como «algo infumable» mientras que la central médica (Simpa), la primera en anunciar su rechazo al documento, se mostró especialmente crítica con la pretensión del consejero Faustino Blanco de convertir las peonadas en jornada ordinaria. «Eso es inaceptable», dijo.

Actualmente, los trabajadores de los hospitales y centros de salud del Principado realizan una jornada anual de 1.519 horas, distribuida en 35 horas semanales para los que trabajan de lunes a viernes, en turno diurno. Descansan 48 sábados y 48 domingos, disfrutan de 30 días de vacaciones, 14 festivos (además del 24 y 31 de diciembre) y de 6 días de libre disposición. Son en total 217 jornadas de trabajo y 148 de descanso. Desde el 1 de septiembre, el personal sanitario perderá 3 días de libre disposición y tendrá que trabajar 146 horas más al año. En lo que queda de 2012 tendrán que ’devolver’ al Principado la mitad de esas horas, ya que la medida se aplicará con efecto retroactivo al 1 de julio, reza el documento avanzado a los sindicatos. «Es una barbaridad. Una cosa es que haya crisis y otra que nos quieran tomar el pelo y aprovechen para meter más recortes de los necesarios», advirtió María José Fernández, del SAE. Según cálculos realizados por las diferentes centrales sindicales, el aumento de jornada y la reducción de los días de libre disposición se traduce en una media de 20 días más de trabajo al año.

Ponderación nocturna

Los sindicatos sanitarios tampoco están de acuerdo con el cálculo de jornada anual que hace el Principado, las 1.665 horas que quiere aplicar desde septiembre próximo. Según CC OO, pasar de 35 a 37,5 horas semanales equivale a 1.650 horas anuales, 15 menos de las que estima Sanidad. Lo mismo ocurre con la reducción de jornada para los que trabajan por la noche. «Aplican una ponderación peor de la que había en 1992, cuando hacíamos una jornada de 1.645 horas anuales», explicó Menéndez, del Sicepa. Los sindicatos se preguntan también qué ocurrirá con el personal de los equipos SAC (Servicio de Atención Continuada) contratados en su día para paliar la reducción de jornada.

(VER LA SECCION DE JORNADA DE NUESTRA WEB),

VE R DICHA TABLA 

Por mí que no quede: JORNADA SESPA ¿A NEGOCIAR? parte II.

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En el BOE de hoy se publica la lista de fármacos excluidos de la financiación pública

Publicada la lista de fármacos que Sanidad dejará de pagar

Son 417 medicamentos que a partir del 1 de septiembre dejarán de ser financiados por la Seguridad Social

Foto: Algunos de los medicamentos que se incluyen en la lista.

EFE/MADRID

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la lista de más de 417 medicamentos que, a partir del 1 de septiembre, dejarán de ser financiados por la Seguridad Social, la inmensa mayoría de ellas por estar indicados en el tratamiento de síntomas menores.

Los pacientes deberán abonar íntegramente el precio de algunos fármacos indicados para cuestiones como irritación de la piel, tos, diarrea o estreñimiento, lo que permitirá un ahorro que la ministra de Sanidad, Ana Mato, cifró en 458 millones de euros a finales de junio.

Aunque inicialmente estaba previsto que esta exclusión de la financiación pública de varios medicamentos entrara en vigor a primeros de agosto, finalmente Sanidad anunció que sería el 1 de septiembre el momento en el que los usuarios tendrán que empezar a pagar por ellos.

También entonces se cifró en 425 los medicamentos que se excluirían de la financiación pública, pero el BOE detalla por el momento 417 y esa lista se revisará de forma periódica.

Desde el 1 de septiembre los pacientes deberán pagar por medicamentos tan populares como Almax (antiácido), Emportal o Duphalac (laxantes), Fortasec (antidiarreico), pomadas para aliviar el dolor causado por la artritis como Fastum, Calmatel y Movilisin, jarabes para la tos como Mucosan o Pectox y acetilcisteína para patologías neumológicas, entre otros.

Medicamentos sin financiación pública

Fármacos que no estarán cubiertos por la Seguridad Social a partir del 1 de septiembre

El País, Madrid.

-Tratamientos para el exceso de secreción gástrica:

Compuestos de aluminio, combinaciones de complejos de aluminio. Es decir, antiácidos como el Almax.

-Tratamientos del estreñimiento:

Laxantes generadores de volumen, laxantes osmóticos, antagonistas de opiáceos (receptor opiáceo periférico).

-Tratamientos antidiarréicos:

Preparados con carbón antipropulsivos (loperamida). Lo que deja fuera medicamentos como el Fortasec.

-Tratamientos de la migraña:

Tratamiento clásico de migraña leve, alcaloides de Ergot (cornezuelo).

-Tratamientos del deterioro congnitivo asociado a la edad:

Vasodilatadores periféricos (vicamina, vinburmina, buflomedil, naftidrofurilo), piracetam, pirisudanol, ésteres de deanol, extracto de ginko folium.

-Tratamientos de hemorroides:

Corticoides (flucinolona, beclometasona). Lo que afecta a cremas como el Synalar.

-Tratamientos de varices y hemorroides:

Bioflavonoides (diosmina, troxerutina, hidrosmina, rutosido escina). Es decir, pastillas como el Venoruton.

-Tratamientos de la dermatitis del pañal:

Cremas con bajas dosis de miconazol (derivado del imidazol).

-Tratamientos de la psoriasis:

Extracto de calaguala.

-Tratamientos de virosis tópicas o superficiales:

Idoxuridina, tromantadina, aciclovir, podofilotoxina, imiquimod. Quedan por tanto fuera tratamientos para dermatosis, lesiones de la piel e infecciones víricas. Algunas importantes, como los codilomas acumulados, una enfermedad de transmisión sexual producida por el virus del papiloma humano, que se trata con podofilotoxina o imiquimod.

-Tratamientos de inflamaciones de origen traumático:

Antiflamatorios no esteroideos tópicos (etofenemato, piroxicam, ketoprofeno, diclofenaco, ácido niflumico, suxibuzona, indometacina, aceclofenac, fenilbutazona, bencidamina mabruprofeno, desketoprofeno, piketoprofeno, fepradinol). Esto afecta a cremas como el Voltarén, Fastum o Calmatel.

-Tratamientos de la ansiedad leve:

Extracto de passiflora y crataebus, oxitriptan.

-Tratamientos de la sequedad de vías respiratorias superiores:

Mucolíticos (acetilcisteína, bromhexina, carbocisteina, mesna, ambrosoli, sobrerol). Un gran grupo, indicado para el tratamiento de resfriados.

-Tratamientos de la tos:

Alcaloides del opio (codeína) y derivados (noscapina, dextrometorfano, dimemorfano, dihidro codeína). Muchos jarabes tienen como base el dextrometorfano.

-Tratamientos de la sequedad ocular:

Lágrimas artificiales con carmelosa como agente humectante.

-Tratamientos de la inflamación reumatoide leve:

Diacereina. Productos indicados para la artrosis de rodilla.

-Tratamientos de dislipemias leves:

Triglicéricos omega 3. Indicados para afectaciones leves de los triglicéridos.

-Tratamientos sintomáticos de la congestión nasal asociada a gripe o resfriado:

Fármacos simpaticomiméticos (pseudoefedrina, fenilefrina).

VER LA LISTA COMPLETA EN LA RESOLUCION DEL BOE DE HOY

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Decenas de personas se hacen responsables del robo a los supermercados liderado por Gordillo

La culpa de los asaltos es mía

La Asociación de Afectados por las Hipotecas se une a las iniciativas de apoyo a los detenidos

Flor Gragera de León / Agencias Madrid 16 AGO 2012 - 21:15 CET4 "A la gente no le debe avergonzar decir que es pobre. Quienes deben sonrojarse son los políticos, porque el tercer mundo está entrando en muchos sitios de España". José Coy, cofundador de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Murcia, se ha declarado este jueves "cómplice" del asalto a dos supermercados de Écija (Sevilla) y de Arcos de la Frontera (Cádiz) capitaneados por Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda (Sevilla) y diputado autonómico por IU. Coy y otras 66 personas han presentado un escrito dirigido al Ministerio de Interior en la Delegación del Gobierno de Murcia en el que se autoinculpan por los robos como gesto de solidaridad con los miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que han sido detenidos y posteriormente puestos en libertad con cargos...(leer más)

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No todas lo hacen por lo mismo aunque el resultado, en cuanto a la atención universal, si lo sea

Cinco autonomías se rebelan y darán atención universal a inmigrantes

Andalucía, Cataluña, Asturias, Canarias y País Vasco, contra el peaje sanitario

Foto: UN NUEVO HOSPITAL, CERRADO Y TAPIADO POR LA CRISIS. Iba a inaugurarse en 2009 pero ahora, casi terminado, la Consejería de Sanidad ha tapiado las puertas del hospital comarcal de Llíria (Valencia), que ha costado 30 millones.

El País, Madrid.

El próximo 1 de septiembre unos 150.000 inmigrantes que viven en España sin permiso de residencia ni de trabajo desaparecerán de los archivos de la red pública de asistencia sanitaria y, por tanto, no podrán ser atendidos como hasta ahora por los médicos. Así lo ha acordado el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en una decisión basada en su política de recorte de gastos para reducir el déficit.

A 15 días de que la red sanitaria pública desaparezca para 150.000 de sus potenciales usuarios, la España autonómica se divide en dos: algunas regiones garantizan que su servicio de salud seguirá siendo universal —sin detallar cómo lo piensan hacer— y otras acatarán las medidas del Gobierno y sacarán fuera del sistema a los sin papeles, que pierden así su tarjeta sanitaria.

Al menos cinco comunidades autónomas: Andalucía, Asturias y País Vasco (donde gobierna el PSOE), Canarias (CC y PSOE) y Cataluña (CiU), que aglutinan a más de la mitad de los sin papeles en España, han alertado de los problemas de salud pública que puede implicar la medida del Gobierno central. Por eso han garantizado en sus territorios el servicio universal, como hasta ahora.

Desde que fue aprobado el veto a la asistencia sanitaria ordinaria a inmigrantes irregulares, el Ministerio de Sanidad ha ido explicando, a cuentagotas, cómo planea resolver los problemas vinculados a esa decisión. Para los inmigrantes irregulares sin especiales problemas de salud, Sanidad ha ideado un mecanismo que comunicó a primeros de agosto a las comunidades, que serán quienes tengan que ponerlo en marcha. Dicho mecanismo consiste en obligar a los inmigrantes irregulares a contratar una especie de seguro médico con las Administraciones autonómicas —con un coste de 700 euros al año por persona— para poder disponer de atención en la red pública.

Esos inmigrantes a los que está destinada esta medida no tienen permiso de trabajo en España y, por tanto, sus recursos económicos son muy limitados o inexistentes. Para los extranjeros sin permiso de residencia que padecen enfermedades crónicas, Sanidad garantiza la continuidad de la atención a estos enfermos, pero anuncia que pasará la factura a sus respectivos países de origen.

Los Gobiernos autonómicos que se oponen a esta medida estudian estos días cómo prepararse para seguir prestando atención médica a los extranjeros indocumentados.

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, que dirige Boi Ruiz, todavía no tiene decidido cómo se adaptará al decreto aprobado en abril a través del cual se prevé restringir el acceso sanitario a los sin papeles. En un principio, su intención es mantener un servicio universal, según ha reiterado en las últimas semanas, pero debate cómo hacerlo.

La atención en los ambulatorios catalanes estará garantizada a todas las personas independientemente de que tengan o no sus papeles en regla, según asegura una portavoz de la consejería. El problema que debe resolverse es cómo se atenderá a estos pacientes en los servicios hospitalarios. La Generalitat tiene intención de anunciar en la última semana de agosto cómo aplicará el decreto.

Andalucía ya ha anunciado que no tiene intención de aplicar el cobro de cuotas a los sin papeles, porque, en su opinión, rompe con el sistema universal que hasta ahora existía en España y, además, podría desencadenar problemas de salud pública.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha afirmado que su departamento está a la espera de ver sobre el papel el desarrollo de esta propuesta del Gobierno para estudiar si es de obligado cumplimiento para las comunidades. Andalucía no descarta acudir al Tribunal Constitucional si finalmente el Gobierno le obliga legalmente a cobrar a los sin papeles, al entender que contraviene su Estatuto de autonomía.

El Gobierno vasco pretende aprobar en su reunión extraordinaria del próximo martes o todo lo más en la siguiente, el decreto con el que responderá a la regulación estatal que obliga al copago farmacéutico y que evitará que al menos los colectivos más desfavorecidos tengan que abonar más dinero por sus recetas.

La Consejería de Sanidad y los servicios jurídicos del Gabinete se inclinan por usar a fondo la vía de los servicios y la asistencia social, sobre la que Euskadi tiene plenas competencias. La intención no es que a esos colectivos se les devuelva después el dinero, “sino que no paguen ni un euro en la farmacia”, según fuentes del Ejecutivo autónomo.

Al tiempo, el Gabinete de Patxi López ultima las alegaciones que presentará al Constitucional contra el recurso presentado por el Gobierno central frente a un anterior decreto vasco que eludía sus disposiciones sobre copago y restricciones en dispensación de la tarjeta sanitaria. Euskadi está decidida a seguir prestándoles asistencia sanitaria en las mismas condiciones que en la actualidad, pero inicialmente no va a aprobar un nuevo decreto para ello. De esta forma pretende evitar, entre otras cuestiones, la posibilidad de un nuevo recurso del Gobierno de Rajoy al Constitucional que paralice la asistencia a los sin papeles.

Sanidad cree que el actual marco legal vasco ya es suficiente para dar soporte a la atención a inmigrantes y otros colectivos que se quedarán sin atención no urgente a partir del 1 de septiembre.

Un regreso a un pasado que debería estar definitivamente enterrado: del modelo de Sistema Nacional de Salud al de aseguramiento y ¿beneficencia?

Los consumidores critican la reforma sanitaria por «ineficaz e injusta»

Denuncian que las medidas de Rajoy conducen a «un modelo de aseguramiento que deja fuera y margina a los que menos tienen»

15.08.12 - LAURA MAYORDOMO | GIJÓN, en El Comercio.

El pasado sábado, 4 de agosto, el Boletín Oficial de Estado (BOE) ponía negro sobre blanco el Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos, y a través del Sistema Nacional de Salud. Leído y analizado el texto, la Unión de Consumidores de Asturias advierte de que las medidas que en él se recogen suponen «el desmantelamiento» del sistema nacional de salud tal y como lo conocemos hasta ahora -público, universal y gratuito- y que conducen a «un modelo de aseguramiento que deja fuera y margina a los que menos tienen».

Y esos, apunta el presidente de UCE-Asturias, Dacio Alonso, no serán sólo los inmigrantes no regularizados -que deberán pagar una cuota de 710 euros anuales o 59,20 euros al mes si quieren recibir asistencia médica-. Porque, insiste Alonso, «se pasa de un sanidad pública que se financia vía impuestos -según los ingresos de cada ciudadano- y que garantiza la atención sanitaria a todos -independientemente de que paguen más o menos impuestos-, a una sanidad de asegurados que puede dejar fuera a los más desfavorecidos».

El resultado, advierte UCE-Asturias, es un cambio «radical» a un modelo sanitario que, según su criterio, será «peor, más caro, ineficaz e injusto». «Un retroceso -insiste- a conceptos de hace 30 años».

El portavoz de la asociación asturiana de consumidores cree que estamos ante un cambio «de mucho calado» y critica que el Ejecutivo central haya dado rango de oficialidad a estas medidas en pleno mes de agosto y «con una falta total de transparencia».

Entiende también Dacio Alonso que el Gobierno del Partido Popular está aprovechando la coyuntura económica para, «con la excusa de la situación económica como telón de fondo, introducir sus reformas que son de carácter ideológico y no económico, ya que está sobradamente documentado que los modelos de aseguramiento son más costosos, menos equitativos y tienen peores resultados en salud».

Ningún ahorro

En este sentido, Alonso está convencido de que los cambios introducidos «no sólo no generarán ningún ahorro sino que pueden producir un incremento del gasto sanitario público».

Y es en este punto donde enlaza con la obligatoriedad impuesta a los extranjeros sin residencia legal en España de que abonen 710 euros anuales -cantidad que es superior en el caso de los mayores de 65 años- para poder recibir asistencia médica. «Una auténtica indecencia», a su juicio, pero que «más allá de consideraciones éticas y humanas» supondrá «poner en serio peligro la salud pública del país, al dejar sin tratamiento procesos crónicos e infecciosos». Y, al tiempo, se traducirá en un mayor gasto sanitario «al desviar a estos pacientes a la vía de la atención urgente, que es más costosa».

Cabe recordar que el Ministerio de Sanidad ha dispuesto que sólo se prestará atención médica a aquellos inmigrantes irregulares que tengan menos de 18 años, a mujeres que estén embarazadas o aquellos casos considerados urgentes.

El 96% de los asturianos respalda la apertura de los centros médicos por las tardes

15.08.12 - L. M. | GIJÓN, en El Comercio.

Considera Dacio Alonso, presidente de UCE-Asturias, que el Gobierno del Principado y el colectivo médico tienen en estos momentos la oportunidad de confrontar, con sus actuaciones, la defensa de un modelo sanitario público y universal. En este sentido, la postura ya avanzada de ambos de que en la región sí se seguirá atendiendo a inmigrantes en situación irregular y la decisión del Ejecutivo regional de emplear la obligada ampliación de la jornada laboral del personal sanitario -de 35 a 37,5 horas semanales- en la apertura vespertina de los centros sanitarios cuenta con el parabién de los consumidores.

De hecho, su reclamación de que los centros de atención primaria y los hospitales presten servicio por las tardes es antigua. Y aún sigue existiendo la plataforma cívica que se creó cuatro años atrás para reivindicarlo.

En su día -mayo de 2008-, la UCE realizó una encuesta entre 479 vecinos de 18 concejos asturianos de la que se extrajeron varias conclusiones. La principal, que el 96% de los encuestados se manifestaban muy o bastante de acuerdo con que se prestara atención sanitaria en los centros de salud por las tardes. Y por edades, eran los comprendidos entre 30 y 60 años, los más ocupados laboralmente, los más partidarios de esta medida.

«Esos datos son perfectamente vigentes», considera Dacio Alonso. «Si entonces evidenciaban una necesidad de los ciudadanos, como es poder ir al médico fuera de su horario laboral, con la situación actual lo es aún más».

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Seguiré atendiendo inmigrantes

Carlos Barra Galán | Médico Especialista del Sistema Nacional de Salud

nuevatribuna.es | 13 Agosto 2012 - 17:35 h.

Soy médico especialista del Sistema Nacional de Salud y seguiré atendiendo a toda persona que demande mis servicios por un problema de salud, obviamente también a los inmigrantes “sin papeles”

Mi postura no obedece a otra motivación que al estricto cumplimiento del Código Deontológico que mi profesión exige y que ningún gobernante tiene la capacidad de violentar...(leer más)

Algo es algo dadas las limitaciones de la tutela judicial actual impuestas con las sucesivas reformas.

Los jueces ponen límites al nuevo despido de la reforma laboral

Varias sentencias tumban los ERE por no estar debidamente justificados

Los despidos colectivos no deben usarse para generar beneficios, según un magistrado

Esther Tejedor / Manuel V. Gómez, Madrid, en El País

Semanas antes de que se aprobara la reforma laboral, cientos de empresas paralizaron los ajustes de plantilla que habían puesto en marcha. La cifra de expedientes de regulación de empleo (ERE) retirados, 282, se triplicó en los dos primeros meses de 2012 respecto a 2011. Entre las compañías que quisieron aprovechar las nuevas reglas para el despido colectivo que habían comenzado a tramitar con las viejas normas está la empresa de transportes Tradisa, que ya con la nueva ley despidió a 23 empleados. La Audiencia Nacional lo anuló.

La reforma laboral aprobada el 10 de febrero fortaleció las posiciones empresariales en las regulaciones de empleo (despidos colectivos, suspensiones temporales de contratos y reducciones de salario y jornada). Ya no hace falta el permiso de la autoridad laboral, y el pacto con los sindicatos ha dejado de ser una condición casi imprescindible. Además, la caída de ingresos durante tres trimestres consecutivos justifica el despido objetivo (20 días por año trabajado). En definitiva, se facilita y abaratan las extinciones de contrato. Y esto fue una tentación grande para firmas como Tradisa. En cambio, para la Audiencia eso es “fraude de ley”, ya que “supone una manifiesta voluntad de sustraerse del procedimiento legal para beneficiarse de uno más flexible, lo que equivale a cambiar de árbitro y de reglas de juego en pleno partido”.

Una queja histórica del empresariado español es que los tribunales deciden abrumadoramente en su contra en las querellas sobre despidos, pese a que desde 2000 la estadística sitúa entre el 30% y el 40% de fallos en su favor. Para atender esta demanda, las dos últimas reformas laborales han acotado el papel de los jueces. El Gobierno de Zapatero introdujo el concepto de “pérdidas razonables o previstas” como causa de despido objetivo y el de Rajoy la citada caída de ingresos. Pero la tutela judicial existe aún en materia laboral y los tribunales están empezando a señalar los límites que la nueva norma marca.

Situación de todo el grupo

La primera frontera la señalaron los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid en sendos despidos colectivos. En estas comunidades, las empresas DOPEC y Talleres A, respectivamente, rescindieron decenas de contratos alegando causas económicas. Los jueces anularon la decisión de las compañías, entre otras cosas, porque forman parte de un grupo empresarial y no sirve que se tome la situación económica solo de una compañía para justificar la aplicación de un ERE. Así, se exige que se tome en consideración —y, por tanto, se documente— a todo el grupo.

En el caso de Talleres A, el tribunal ha ido más allá, al apuntar que pese a que ya no es obligatorio el acuerdo entre las partes, sí que tiene que haber una negociación con voluntad de llegar a un pacto. Lo que de ratificarse por el Tribunal Supremo acabará elevando, de hecho, las indemnizaciones mínimas fijadas en la ley. “Quien se acerca a una mesa de consultas de un expediente de regulación con su posibilidad como única, no negocia ni efectúa concesiones, sino que se limita a cumplir formalmente con un trámite”, señala la sentencia, que abunda que tal actitud supone una negociación de mala fe.

Esta sentencia, como la que ha firmado hace pocos días la Audiencia Nacional, refuerza el papel negociador de los representantes de los trabajadores, algo que salió muy tocado de la reforma. En el último caso, se anula el despido de Segur Ibérica por negociar individualmente con empleados, mientras lo hacía con el comité. Esta actitud “vacía de contenido” el periodo de consultas (se llama así al plazo de un mes que da la ley desde que la empresa comunica un ERE a los trabajadores hasta que acaba el proceso, con o sin acuerdo).

Varios centros de trabajo

Este texto de la Audiencia también marca un camino para las regulaciones en empresas con varios centros de trabajo. La solución —pactada o no— tiene que ser la misma para el mismo expediente. No sirve, pues, llegar a un acuerdo en dos centros y no hacerlo en otro, como sucedió con Segur Ibérica.

Lo que también han dejado claro los tribunales es que la documentación para justificar un despido por causas económicas debe reflejar con fidelidad la situación de la empresa. No valen unas cuentas provisionales, especialmente si se usan para prever pérdidas en el futuro, si difieren del resultado definitivo y auditado, como ha dictado el Tribunal Superior de Madrid contra la empresa de telemarketing GSS.

De momento, no hay muchas sentencias, ni se ha sentado jurisprudencia. Pero los jueces ya han dejado claro dónde están los límites del nuevo despido. No aceptan que se intente echar a trabajadores a la calle y se contrate al mismo tiempo, como hizo GSS. Ni toleran que una empresa extinga contratos durante la vigencia de un ERE de suspensión de empleo en el que se ha comprometido a no despedir, como ha hecho M S.A., que despidió a 23 trabajadores pese a haber pactado una suspensión sobre 71 empleados que está en vigor hasta el 31 de diciembre de este año.

Pero si hay una frontera clara sobre los despidos colectivos es la que marcó el Tribunal Superior madrileño, que definió con claridad qué es una regulación de empleo en su fallo contra GSS: “Los ERE son un coste social para ayudar a empresas en crisis o con dificultades de productividad que afectan a su supervivencia. No son ni deben ser un medio de destrucción de trabajo para generar más riqueza ni beneficio al empresario que no está en crisis ni tiene dificultades reales”.

Se imponen las rescisiones baratas

E. T. / M. V. G., Madrid, en El País.

Los despidos objetivos, los más baratos (20 días por año trabajado), se han disparado en los cinco primeros meses del año. Entre las rescisiones individuales y los despidos colectivos se han registrado 163.185, casi un 50% más que el año anterior, según los datos del Ministerio de Empleo.

El recrudecimiento de la destrucción de empleo y la reforma laboral han dado un vuelco a la forma de despedir en España. Incluso el año pasado o el anterior, pese a que la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero facilitó las rescisiones objetivas (20 días por año trabajado), la vía de despido más utilizada fue la llamada exprés, mecanismo creado en 2002 que permitía a las empresas despedir de forma rápida y libre con un coste alto (45 o 33 días por año trabajado).

En los últimos años, los despidos objetivos y las regulaciones de empleo han ido ganando peso. La crisis ha abocado a muchas empresas a graves problemas. Y eso las ha obligado a rescindir contratos y a hacerlo por el camino más arduo, pero más barato. También las reformas laborales han puesto de su parte al allanar estas vías. Lo hizo la de 2010 y lo ha hecho la última.

La aprobada el pasado febrero, sancionada definitivamente en el Parlamento en junio, ha sido el impulso definitivo. Acabó con el despido exprés (aunque todavía aparecía el viernes en la estadística porque Empleo agrupaba en ese epígrafe los que han sido recurridos, pero aún no tienen sentencia judicial) y facilitó más los despidos objetivos y los colectivos.

No obstante, hay que tener en cuenta que en España no hay una estadística directa de despidos y que esta se elabora a partir de las causas de las altas en prestaciones por desempleo, un dato que Empleo dejó de facilitar el pasado sábado y que, según dice en su web, volverá a estar “disponible próximamente”.

Los jueces no descartan convocar una huelga en otoño por el recorte salarial

 HISTÓRICAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

En septiembre se celebrarán juntas de magistrados y fiscales en toda España para decidir qué medidas de presión se adoptan

12.08.12 - 18:42 -EFE | MADRID

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha anunciado que en septiembre se celebrarán juntas de jueces y fiscales en toda España para decidir qué medidas de presión se adoptan ante el recorte salarial en el sector público, entre las que no descartan la convocatoria de una huelga.

En una entrevistae, Bosch considera que las medidas emprendidas por el Gobierno para paliar el déficit suponen "el desmantelamiento del Estado social" y hacen que las consecuencias de la crisis financiera recaigan sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.

Un punto de vista compartido, según el portavoz de JpD -de corte progresista-, por todas las asociaciones de jueces y fiscales, que "de manera unitaria" han rechazado los recortes en el sector público y por lo que el próximo 21 de septiembre está previsto que se celebren juntas de forma simultánea en todo el país. "Es una medida no habitual que anuncia cierta presión", apunta Bosch, que indica que entre las opciones que se están valorando -aún no planteadas formalmente- estudian realizar concentraciones a las puertas de los sedes judiciales, la suspensión de señalamientos de juicios, paros parciales o la convocatoria de una huelga.

Considera que en el contexto actual se dan las circunstancias para ejercer esos derechos "con cierta firmeza", ya que "en muy pocos meses" el Ejecutivo ha puesto en marcha medidas que limitan los derechos fundamentales "con una gravedad que no tiene precedente en las últimas décadas". Y esto, a su juicio, supone estar pasando "de un sistema que refleja cierto igualitarismo a un modelo de enormes desigualdades sociales", en el que se rompe con criterios de protección social y se protegen los intereses de "determinadas minorías, como pueden ser las entidades bancarias y las grandes empresas".

Para Bosch, a estas minorías no se les exigen los mismos sacrificios que se están reclamando a otras capas de la población que ven recortados sus derechos reconocidos legalmente. "Ante esto solo caben dos alternativas: aceptar estos recortes de derechos de forma resignada o ejercer de forma crítica una serie de derechos como el de manifestación, libertad expresión y en última instancia el de huelga", defiende el portavoz de JpD, que también censura que el Gobierno "no aporte alternativas a esta situación".

Crítica a las reformas del Código Penal

Por otra parte, Bosch ha criticado también las reformas legislativas del Código Penal anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, como la cadena perpetua revisable, el endurecimiento del vandalismo callejero, la multirreincidencia o la modificación de la ley del aborto. "Se trata de reformas propias del populismo punitivo que no atajan los problemas reales y que lo que buscan realmente es distraer a la sociedad a través de golpes de efecto y de titulares", ha opinado.

El grado de dureza de la legislación penal española es "más que suficiente" y lo demuestra, según JpD, el hecho de que con una de las más bajas tasas de delincuencia de la Unión Europea, España tiene uno de los mayores porcentaje de población reclusa.

Como ejemplo, cita Bosch, los desórdenes públicos que se puedan cometer en actos de protesta, que "ya tienen respuesta" en el Código Penal, y cree que su endurecimiento y tipificar como delito medidas pacíficas de protesta, muestra la intención del Ejecutivo. "En vez de intentar convencer a la población sobre la hipotética bondad de las medidas anunciadas, el Gobierno pretende silenciar las formas críticas de protesta y endurecerlas para disuadir al ciudadano de que participen en determinadas manifestaciones", apunta.

Sin embargo, Bosch echa de menos que en casos como los de la delincuencia económica haya una "respuesta penal más clara" ya que generan graves daños a la sociedad, y en cambio sí se actúe sobre otras acciones que requerirían una intervención social para poder evitarlas, como los delitos contra la propiedad intelectual. "El modelo genérico del Gobierno en estos asuntos parece que es el paso del Estado social a un Estado penal de forma que se criminaliza la pobreza", ha concluido.