El borrador del Real Decreto afecta a todos los organismos y entes instrumentales Incluye ERE colectivos para empleados, suspensiones de contratos y reducciones de jornada
Foto; Manifestación de funcionarios en Oviedo.
Las administraciones públicas españolas emplean a 700.000 trabajadores no funcionarios .
Lne. Oviedo, Lara GRAÑA
El Gobierno central ultima el Real Decreto que permitirá a todas las administraciones públicas llevar a cabo despidos colectivos de personal laboral fijo, es decir, expedientes de regulación. El Ministerio de Empleo ya ha elaborado un proyecto de ley que persigue la «reglamentación» de las extinciones masivas de contratos, y uno de los capítulos está dedicado íntegramente a adelgazar el gasto de personal de los entes públicos. El director general de Empleo, Javier Thibault, remitió el 27 de julio a los sindicatos el borrador de Real Decreto al que se someterán las administraciones central, autonómica, local y los entes instrumentales, y al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.
La documentación remitida por el Ministerio a las centrales sindicales lleva el epígrafe «Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada». Se trata de dos expedientes distintos que detallan qué cambios legales harán para permitir la extinciones de relaciones laborales, y bajo qué supuestos se podrán ejecutar de forma inminente.
El presidente del Principado, Javier Fernández, ya advirtió de que los duros ajustes que supone cumplir con el límite de déficit supondrá, entre otras medidas, el recorte de aproximadamente un millar de empleos en la administración pública regional. El Principado tiene algo más de 35.780 trabajadores, de los que unos 16.590 son funcionarios, 5.600 personal laboral y 13.200 personal del servicio de salud (Sespa), a los que se suman aproximadamente otros 300 entre altos cargos, personal eventual, contratos de alta dirección y puestos directivos en el Sespa. El conjunto de empleados públicos en Asturias -de todas las administraciones y entes- supera los 64.000 trabajadores.
Aviso por carta. Las centrales sindicales recibieron por carta el borrador, y ayer finalizó el plazo de consultas para que pudieran realizar «observaciones» sobre el mismo. La reforma laboral había incluido ya la posibilidad de despedir empleados públicos por causas económicas u organizativas, pero lo que hace ahora el Ejecutivo es elaborar el Real Decreto que le da forma.
«Se remite una nueva versión del proyecto de real decreto», indicó en su misiva Javier Thibault. «Se ruega que las observaciones que puedan formularse se centren en el Título III» -continúa- «que contempla la regulación de los procedimientos de despido colectivo en el ámbito de las administraciones públicas, que no se incluía en el borrador» del 23 de mayo de este año, dice textualmente. «Nos han dado seis días para estudiar esta barbaridad, un ataque en la línea de flotación de los derechos de los trabajadores», arremete una fuente sindical de CSIF, que ha pedido el anonimato.
¿Para quién es? Los despidos masivos se ejecutarán por «causas económicas, técnicas, organizativas o de producción», y se aplicará en base a un baremo que el Gobierno explica en el capítulo dos de la nueva disposición. El ERE se aplicará cuando, en una administración de menos de cien empleados, ésta quiera prescindir de 10 de ellos. También podrá echar mano del expediente laboral colectivo cuando el despido afecte al «10% del número de trabajadores» de un ministerio, consejería, fundación, ayuntamiento o entidades menores que dependan de éstos. Las administraciones que tengan más de 300 empleados públicos podrán acogerse a este programa de despidos colectivos cuando quieran prescindir de al menos 30 trabajadores. Es la primera vez que se regula esta posibilidad, habilitada tanto por la modificación del Estatuto del Trabajador como por la Reforma Laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.
Causas de despido. La principal causa que establece el borrador de Real Decreto es económica. «A efectos de las causas del despido del personal laboral en las administraciones públicas», dice el texto, «se entenderá que concurren cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes». El déficit presupuestario -que se produce cuando el gasto supera a los ingresos- afecta a prácticamente todas las administraciones públicas.
Si se produce el caso de que un ente público tiene superávit, podrán presentar EREs colectivos en otros supuestos. Por ejemplo, cuando las subvenciones que perciben (consejerías, ayuntamientos o fundaciones, por ejemplo) hayan disminuido al menos un 10% respecto al año anterior. También será posible aprobar un ERE cuando las autonomías justifiquen haber percibido un 10% menos de transferencias de capital del Estado. Asimismo, los entes instrumentales cuyos convenios con la administración de referencia (estatal, local o autonómica) hayan disminuido otro 10% podrán llevar a cabo despidos colectivos.
Con y sin oposición. A la hora de elaborar el ERE bastará con que la administración que ejecute los despidos presente una «memoria explicativa de las causas económicas», así como los presupuestos de los dos últimos años y la relación de los puestos de trabajo que tiene en el momento en que presenta el expediente. Los trabajadores públicos fijos -no funcionarios de carrera- que aprobaron una oposición tendrán prioridad para quedarse, pero no están exentos de entrar en el ERE. Si el ente público considera que este requisito no es determinante podrá obviarlo, como consta en el artículo 41 del proyecto de Real Decreto.
En todo caso, la secretaría de Estado se reserva la competencia para decidir si aquéllos que hayan aprobado un proceso selectivo tienen esta prioridad.
