CONTRAREFORMA NO

El Ministerio de Sanidad decide retirar la financiación de 456 fármacos muy comunes

 

Euskadi se niega a aplicar el copago, y Andalucía lo lleva al TC l Hoy se reúnen el Gobierno y las autonomías

El recorte sanitario va adquiriendo perfiles más definidos. El Gobierno central ha decidido excluir de la financiación pública 456 medicamentos con el objetivo de obtener un ahorro superior a los 440 millones de euros. Éste es el dato que figura en la propuesta que el Ministerio de Sanidad presentará hoy a las comunidades autónomas en el marco del Consejo Interterritorial de Salud. El documento fue difundido ayer por la Cadena Ser.

Son 18 tipos de dolencias, todas ellas consideradas menores, las afectadas por esta nueva restricción. El ajuste incluye antigripales, jarabes para la tos, mucolíticos y tratamientos para varices, hemorroides y psoriaris. También cremas para los virus que afectan a la piel, como el aciclovir para el herpes; cremas antiinflamatorias tipo Voltarem, las destinadas para la dermatitis del pañal; lagrimas artificiales, laxantes, antidiarreicos, antiácidos, fármacos para la ansiedad leve y para prevenir el deterioro cognitivo asociado a la edad. Según el documento, Sanidad excluirá de esta medida a los enfermos graves.

La confrontación y la oposición expresada por varias comunidades autónomas marcará hoy, previsiblemente, la reunión del Consejo Interterritorial, que deberá limar los detalles de la entrada en vigor -el próximo domingo, 1 de julio- del copago de medicamentos. En vísperas de la reunión, Andalucía anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto de medidas de ahorro sanitario por considerar que invade sus competencias. Por su parte, el Gobierno vasco ha aprobado un decreto para evitar su aplicación en Euskadi. El recurso andaluz se suma, además, al ya presentado por la Generalitat de Cataluña, que apeló al Constitucional por considerar también que el decreto del Gobierno central vulnera sus competencias.

En Cataluña entró en vigor el pasado sábado el pago de un euro por receta, arbitrado por el Gobierno autonómico. El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, aseguró ayer que la Generalitat cumplirá la norma impulsada por el Gobierno de Rajoy, pero busca fórmulas para evitar que los pensionistas o las personas con menos recursos tengan que adelantar dinero tras haber alcanzado su tope legal de copago.

Horas antes, en una entrevista radiofónica, el consejero de Salud catalán, Boi Ruiz, dio por hecho que Cataluña no aplicará este próximo domingo el copago, porque el sistema aún no está preparado. Ruiz abogó por implantarlo en el mes de agosto. El Gobierno de Asturias también ha advertido que ve muy improbable que el modelo pueda entrar en funcionamiento el 1 de julio por razones técnicas. Bajo la premisa de que acata la normativa estatal, el Ejecutivo de Javier Fernández ha precisado que implementará el modelo cuando resulte «técnicamente posible». Por otra parte, los farmacéuticos asturianos temen que la aplicación del sistema genere un caos en las boticas.

El Gobierno vasco ha acelerado los trámites para aprobar el decreto que evite la aplicación del sistema en Euskadi. Aunque el Ministerio de Sanidad considera que la legislación estatal es de obligado cumplimiento, el decreto vasco justifica su postura basándose en las competencias que le otorga el Estatuto de Autonomía y en que el País Vasco cuenta con «suficiencia financiera» para hacer frente al gasto suplementario que supondrán estas medidas respecto al conjunto de España. El decreto establece que en Euskadi los pensionistas no tendrán que pagar el 10 por ciento del coste de los medicamentos en función de sus ingresos como en el resto de España.

Entre tanto, la Junta de Andalucía, aunque ha recurrido la norma ante el Constitucional, aplicará este decreto, pero modificará aspectos del sistema, como el cobro del 10 por ciento del coste de las medicinas a los jubilados, a quienes sólo cobrará el tope mensual de 8 o 18 euros fijado según su renta. Con este procedimiento, los pensionistas andaluces no abonarán el resto del copago superior a este tope, que será adelantado por la sanidad pública. La Junta ha adelantado también que atenderá a los inmigrantes sin las restricciones que impone el decreto estatal

Los farmacéuticos asturianos temen un caos con la entrada en vigor del copago

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Consejería de Sanidad considera muy improbable aplicar el 1 de julio el nuevo modelo de prestación de medicamentos, pero acata la norma

Sanidad estudia descuentos para las familias numerosas

 

 

Oviedo / Madrid, Pablo ÁLVAREZ / Agencias

 

Los farmacéuticos asturianos albergan el temor de que la entrada en vigor del copago de los medicamentos, prevista para el próximo domingo, 1 de julio, genere un auténtico caos en las boticas. Entre tanto, la Consejería de Sanidad del Principado considera muy improbable que el nuevo modelo de financiación de los fármacos pueda comenzar a aplicarse en la fecha prevista. Con todo, el mensaje que transmite la Administración regional apunta a un acatamiento de la ley impulsada por el Gobierno central. Si se cumplen estas previsiones, la implementación del modelo sería -en principio- cuestión de días, cuando resulte «técnicamente posible».

 

Ante el persistente silencio del Colegio de Farmacéuticos de Asturias, LA NUEVA ESPAÑA ha pulsado la opinión de distintos boticarios de la región. El mensaje mayoritario viene a coincidir con el del Gobierno regional en la casi total imposibilidad -y no por su culpa- de que el próximo día 1 sea posible tener a punto la aplicación informática que permita cobrar a cada usuario la cantidad que le corresponde abonar. Ésta viene a ser, también, la tesis que sostienen los responsables del colegio en las reuniones que están celebrando con los boticarios.

 

Hasta el momento, todo el sistema de prestación farmacéutica se reducía a dos modalidades. Con la receta roja, el medicamento era gratuito. Con la receta verde, el usuario pagaba el 40 por ciento del coste. Con el nuevo modelo de copago -de «repago» lo llaman los más críticos-, existen hasta cinco tipos de aportación.

 

La ministra de Sanidad, Ana Mato, aseguró ayer que los 45 millones de usuarios de la sanidad pública española ya tienen asignado el código que indica lo que deberán pagar, al tiempo que sus tarjetas sanitarias «están puestas al día». En cuanto a las reticencias mostradas por varias comunidades autónomas frente al copago y a sus dificultades para poder implementarlo en la fecha prevista, Mato precisó que ni se plantea que algún Ejecutivo autonómico «incumpla» la ley.

 

La titular de Sanidad no ve necesaria una moratoria, porque el Gobierno lleva «meses trabajando» con las autonomías para que la medida entre en vigor sin dificultades el próximo domingo. No obstante, Mato admitió que pudiera producirse algún problema «puntual» que «ya ocurre» en estos momentos, por lo que, si algo importante falla, «se trataría más bien una cuestión política», puesto que todas las regiones cuentan con los datos para aplicar la medida.

 

El Gobierno asturiano discrepa de esta versión. Según la Consejería de Sanidad, el sistema estará listo una vez que se carguen los datos del Ministerio en las aplicaciones informáticas del Principado. Según fuentes del Ejecutivo autonómico, Sanidad remitió a mediados de la pasada semana los datos correspondientes al más de un millón de afiliados asturianos a la Seguridad Social, y la Consejería de Sanidad está verificando posibles errores para incorporarlos a la historia electrónica de los asegurados. Un proceso que «lleva bastante tiempo», según el citado portavoz.

 

Mañana, el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos del ramo se reunirán en el marco del Consejo Interterritorial de Salud para atar los últimos cabos del copago farmacéutico y para excluir de la financiación pública algunos medicamentos para dolencias menores. Se debatirá una propuesta de «procedimiento común» a la hora de reembolsar a los pensionistas aquellas cuantías que, al pagar el 10 por ciento de cada fármaco, superen los topes mensuales fijados por el decreto de ahorro sanitario de entre 8 y 18 euros.

 

Se presentará, asimismo, una iniciativa para la normalización del formato de la tarjeta sanitaria individual del Sistema Nacional de Salud.

 

Madrid, Agencias

 

Unas 200.000 personas residentes en el conjunto de España no pagaban por sus medicamentos al figurar como pensionistas, cuando realmente estaban en activo, un fraude que ha desvelado el cruce de datos entre ministerios para aplicar la próxima semana el nuevo copago farmacéutico en función de la renta.

 

Así lo anunció ayer la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el Foro Ideas+Diálogo, donde explicó que la información compartida entre Hacienda, la Seguridad Social y su departamento, para determinar cuánto deberá aportar cada ciudadano por los fármacos, ha permitido atajar este «fraude» a las arcas públicas.

 

En este proceso, se ha constatado que en todo el país había 800.000 personas que usaban el sistema como «beneficiaros», cuando realmente podían ser titulares de la tarjeta sanitaria. Entre ellas, la cuarta parte no pagaban medicamentos porque figuraban como pensionistas cuando realmente estaban cobrando un salario.

 

De otro lado, la Ministra avanzó que su departamento está estudiando algún tipo de ayuda para que las familias numerosas paguen menos por sus medicamentos. «Las familias numerosas se merecen una excepción», reconoció Mato, quien lamentó que en la modificación del copago farmacéutico que entra en vigor el próximo 1 de julio no se haya podido establecer ninguna categoría especial para este colectivo «por motivos técnicos», ya que los nuevos baremos se han centrado en la renta y la edad. La titular de Sanidad añadió que «en el futuro buscaremos la manera para que las familias con más hijos tengan alguna posibilidad de pagar menos», y apuntó que una opción podría ser que el pago fuera «por unidad familiar» y no por individuo, como hasta ahora.

 

El modelo que comenzará a aplicarse el 1 de julio consiste en el copago de los medicamentos en función de la renta. A continuación, se aclaran algunas de las dudas que suscita.

 

¿En qué cambiará el modelo actual? En la actualidad todos los ciudadanos que no son pensionistas pagan el 40% del precio del medicamento, excepto los enfermos crónicos, que abonan un 10%, y los funcionarios de Muface, tanto en activo como jubilados, que aportan un 30%. A partir del domingo, los niveles de aportación se establecen en función de la renta, y éstos se actualizarán como máximo anualmente.

 

¿Cómo calcula el Gobierno mi nivel de renta? A través de la declaración del IRPF del año anterior.

 

¿Cómo sabrán los farmacéuticos cuánto debo pagar? Las recetas se adaptarán a los nuevos porcentajes de participación mediante unos códigos (desde el 001 hasta el 006) que figurarán impresos en la parte superior derecha de las mismas.

 

¿Cómo afecta la reforma a los pensionistas? Si es un pensionista con una pensión no contributiva o tiene una renta mínima de inserción, no tendrá que pagar nada. Si gana menos de 18.000 euros al año, pagará un 10% del precio de las medicinas, hasta un máximo de 8 euros al mes. Si gana más de 18.000 euros, el máximo será de 18 euros al mes. Sólo los pensionistas con rentas superiores a 100.000 euros, abonarán el 60% de las medicinas, hasta un límite de 60 euros al mes.

 

¿Qué pasa si se superan estos máximos? La diferencia será reintegrada por la comunidad autónoma en la que resida el paciente en un período máximo de seis meses.

 

¿Cómo se les va a reembolsar esa cantidad? Cada autonomía ha establecido diferentes sistemas. El Consejo Interterritorial de Salud se reunirá mañana para debatir una propuesta que plantea que cada dos o tres meses se haga el reembolso mediante una trasferencia a la cuenta donde el jubilado cobre habitualmente su pensión.

 

¿Afecta la reforma a los trabajadores? Si tienen una renta anual inferior a los 18.000 euros, pagarán lo mismo que hasta ahora: el 40% de los medicamentos. Si es superior a 18.000 euros, pero inferior a los 100.000 euros, aportarán el 50%, y si ingresa más de esa cantidad al año abonarán el 60% de sus fármacos.

 

¿Cuánto aportarán los funcionarios? La aportación de funcionarios, militares y personal al servicio de la Administración de justicia será del 30%.

 

¿Qué pasa si se está en el paro? Por primera vez, si percibe una renta mínima de inserción o ya no recibe ninguna prestación por desempleo, ya no tendrá que pagar por los medicamentos.

 

¿Qué colectivos están exentos del copago? Las personas con rentas no contributivas, los parados de larga duración sin prestación, los perceptores de rentas de integración social, personas con discapacidad y afectados del síndrome tóxico, además de aquellos que sigan un tratamiento derivado de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.

 

Plataforma por la defensa de la Sanidad Pública

 

La plataforma por la defensa de la Sanidad Pública, recogiendo firmas en el Parche (Avilés)

La plataforma por la defensa de la Sanidad Pública, dará una charla el próximo día 28, Jueves, en el Palacio de Valdecarzana a las 19 Horas.

Los sanitarios y los docentes los más afectados

Funcionarios, de objeto de envidias a la precariedad

Euskadi, la excepción entre las comunidades, convoca oposiciones y no reduce los sueldos de los empleados públicos

PÚBLICO.ES/EFE, Madrid

Los funcionarios autonómicos han pasado en unos años de ser un colectivo de los más envidiados por el resto de ciudadanos a estar en el punto de mira de las administraciones para los recortes, empezando por las instituciones europeas.

En España, más de 1,3 millones de personas, las que componen el colectivo, están afrontando la reducción de sus derechos, con el aumento en las horas de trabajo y la disminución del sueldo como principales recortes.

Los datos ofrecidos por los Gobiernos regionales no ofrecen lugar para las dudas: todos, salvo Extremadura y Cantabria, prevén una reducción en los ingresos y complementos de estos trabajadores, así como de sus plantillas, y un aumento del horario. El País Vasco, que se propone un recorte de 100 millones de euros, es la comunidad donde menos han variado las condiciones, mientras Catalunya y Castilla-La Mancha han añadido a la normativa estatal medidas más restrictivas.

En el País Vasco, el año pasado había 41.664 trabajadores autonómicos y éste 43.006, sin contar los del Servicio Vasco de Salud ni los de las sociedades públicas. El Gobierno vasco justifica el aumento por la incorporación del Servicio de Empleo y personal transferido desde la Administración central. Aunque la mayoría de las autonomías no han convocado oposiciones para este año, Euskadi, que este año no ha reducido los sueldos (sí lo hizo en 2010, con una rebaja del 5%, y en 2009 hubo congelación), ha hecho una oferta pública de empleo en Sanidad, para cubrir 2.600 plazas, y 531 en Educación.

En la Generalitat de Cataluña trabajan 165.073 funcionarios, interinos y laborales, y, si se suman a los de las empresas públicas y del sector concertado la cifra alcanza los 500.000. Para todos ellos ha sido el recorte de jornada y sueldo del Ejecutivo de Artur Más, que ha disminuido un 15% el salario de los interinos y un 5% el del resto de los trabajadores de la Generalitat. Los cambios de adscripción de puestos de trabajo, la supresión de algunas ayudas, como las de la comida, y la reducción del número de días de libre disposición son otros de los problemas con los que ha tenido que lidiar el sector público en Catalunya que, a través del Instituto Catalán del Suelo planteó un ERE para despedir a 203 de 496 empleados. Una medida que estiman se extenderá a otras empresas públicas.

Los funcionarios de Madrid, que en 2011 ya tuvieron que hacer frente a la bajada de sueldo del 5%, verán reducidos sus ingresos entre un 1,8% y un 3,5%, mientras los andaluces rebajarán sus salarios una media del 5 % y en Castilla-La Mancha, que tiene congelada la oferta pública para este año, baja el sueldo a los empleados públicos en un 3 %, además de otras reducciones en los complementos, como la merma del 15% en las guardias. Los sindicatos de la región denuncian que el tijeretazo al servicio público, que sumará a las cuentas 455 millones de euros, provocará la pérdida de no menos de 10.000 ó 12.000 empleados públicos.

2.500 millones de euros es la cantidad que pretende ahorrar Andalucía por medio de recortes salariales que serán progresivos: un 7,5% en el caso de los altos cargos y el límite de 1.000 euros por jornada completa como tope que no podrá transgredir la rebaja. La comunidad no ha incluido privatizaciones ni despido de empleados públicos.

Aragón, País Valencià y Castilla y León también han bloqueado la contratación y acometerán recortes, entre los que alarma especialmente los de la Comunidad de Juan Vicente Herrera que no cubrirá las jubilaciones y dejará sin renovar a más interinos.  

Los sanitarios y los docentes son, en general, los más afectados por los recortes provocados por la crisis, también en Baleares, que prevé el cierre de dos hospitales en Mallorca y el aumento de la jornada laboral para conseguir un ahorro en nóminas de 70 millones de euros en 2012.

Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública recoge firmas en Oviedo

Foto: EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias ha  estado recogiendo firmas este dmingo en la Plaza del Ayuntamiento de Oviedo para adherirse al Manifiesto en Defensa y Mejora del Sistema Sanitario en Asturias.

   Su objetivo es defender en Asturias un sistema sanitario público de calidad, sostenible y solidario, desde la  vocación de aglutinar transversalmente, en cualquier territorio y sensibilidad, a toda la sociedad asturiana.

   Consideran que el Real Decreto  16/2012 del pasado 20 de Abril es un verdadero "torpedo" en la línea de flotación de la Sanidad Pública. "Los copagos en la farmacia, el transporte sanitario, las prótesis  o la dieto-terapia, suponen penalizar a los sectores más vulnerables (pensionistas y crónicos),  eximiendo a la clase política de su responsabilidad en el gasto farmacéutico y sanitario", lamentan.

    Y consideran particularmente "indigna y antisocial" la exclusión de las personas inmigrantes "sin papeles", mientras se perfila un nuevo modelo sanitario que asimila la atención sanitaria con el aseguramiento y reclasifica  las prestaciones sanitarias en "básicas", "suplementarias" y "accesorias", dejando la puerta abierta a nuevas modalidades de exclusión y copago.

¿Comprometidos con España?... desde luego no con los españoles en situación de mayor necesidad.

Cospedal retira ayudas a mayores y personas con discapacidad

Elimina complementos de 750 y 400 euros anuales y los sustituye por uno de 120 euros

Desaparece la gratuidad del transporte interurbano para los mayores de 65 años

Jaime Prats, Valencia, en El País.

Los mayores y las personas con discapacidad que residen en Castilla-La Mancha percibirán menos ayudas del Gobierno autonómico. Un decreto del Ejecutivo que dirige Dolores de Cospedal ha eliminado el complemento anual de 750 euros de media que destinaba a beneficiarios de pensiones de viudedad especialmente bajas y no contributivas de jubilación e invalidez (todas ellas de unos 400 euros mensuales). En lugar de ello, concederá una paga de 120 euros al año, que se realizará de oficio en la cuenta donde perciban la pensión.

En el mismo decreto, publicado en el Diario Oficial de Castilla La Mancha el pasado martes 19 de junio, la Junta ha eliminado otros dos complementos que aportaba la Administración regional. Se trata de las ayudas que recibían beneficiarios mayores (del Fondo Nacional de Asistencia Social, FAS) y personas con discapacidad (correspondientes a la Ley de Integración social para Personas con Discapacidad, LISMI).

Estas ayudas se cancelaron en 1992, pero aún seguían percibiéndolas las personas a quienes se les reconoció el derecho a cobrarlas con anterioridad a esta fecha. Es un complemento anual de 400 euros que desaparecerá.

El Gobierno de Castilla-La Mancha también ha retirado la gratuidad del transporte interurbano por carretera para los mayores de 65 años y pensionistas por invalidez. Y ha derogado los decretos a través de los cuales se financiaban, mediante fondos de la comunidad autónoma, los centros de día y las residencias municipales para mayores, para modificar su regulación.

Unas 35.000 personas se verán afectadas por estas medidas, según fuentes cercanas a los servicios sociales de la comunidad autónoma

Una portavoz de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha indica que las ayudas FAS y LISMI “se extinguirán también en todo el Estado”. Y que el complemento a la pensión no contributiva que se ha reducido no se retira, en contra de lo que han hecho la mayoría de las comunidades autónomas, sino que se mantendrá.  "Únicamente lo ofrecemos nosotros, junto a Andalucía, Asturias y Cataluña; y en otras regiones es de menor cuantía".

“Lo único que se elimina es la ayuda al transporte”, añade, “una bonificación que ya se contemplaba retirar en el Plan de Garantía de Servicios Sociales Básicos que se anunció en noviembre y se aplica desde enero”. Respecto a la financiación de centros sociales, “se ha cambiado el formato: antes la concesión era directa y a partir de ahora será a través de concurrencia competitiva”.

En un comunicado, la Junta sostiene que el Gobierno regional destinará 42 millones de euros a la financiación de centros y programas de atención a personas mayores este año, que se canalizarán a través de dos órdenes que aún no se han publicado.

Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que más lejos ha llevado los recortes en servicios sociales, especialmente en Sanidad. Este miércoles, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, se refirió en una entrevista en la televisión regional a la decisión de entregar al sector privado cuatro hospitales de la red pública (Almansa, Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso). Echániz indicó que el cambio de gestión tendrá lugar “antes de finales de año”.

Sigue la recogida de firmas por la Defensa de la Sanidad Pública

 

22.06.12 - 00:28 –

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública siguió ayer su recogida de firmas. Además de la mesa en el Hospital San Agustín, durante la tarde de ayer se instaló una mesa en la plaza de España para recabar apoyos de los vecinos entre las 17 y las 19 horas. Las organizaciones integrantes de la plataforma seguirán realizando acciones en toda la comarca en defensa de la Sanidad Pública.

Aún los hay que se están enterando ahora?... ¡¡no me lo puedo creer!!

Seis mil interinos en alerta

El aumento de la jornada laboral a 37,5 horas semanales obliga al Ejecutivo regional a reducir el coste del personal eventual

Oviedo / Madrid, J. A. A. / E. P., en La Nueva España

La decisión del Gobierno central de ampliar la jornada diaria laboral en 2 horas y media ha puesto al personal interino de todas las administraciones en alerta. Asturias no es una excepción. La jornada laboral de 37,5  horas se traducirá, automáticamente, en una menor carga de trabajo para el personal y en una nueva vía de recorte y ajuste para la Administración. En el Principado trabajan aproximadamente unos 6.000 interinos en los distintos servicios públicos, que incluyen educación, sanidad y consejerías, según las estimaciones que manejan los sindicatos de esas áreas.

El Gobierno regional deberá decidir ahora la forma de encajar la jornada laboral de 37,5 horas dentro de los diversos servicios y su repercusión sobre los empleados públicos y los interinos. Algunas autonomías han optado directamente por reducir el volumen de personal interino; otras, como es el caso de Andalucía, han preferido soluciones, a priori, menos traumáticas, como la reducción salarial y de jornada para los interinos, con el objetivo de evitar la no renovación masiva de contratos. Los interinos proceden en prácticamente su totalidad de bolsas de empleo formadas por personal que ha superado varias o alguna prueba de acceso en la Administración regional.

«El personal interino cubre plazas de la Administración que son una necesidad objetiva», comentó a este periódico Juan Gavira, del sindicato CSIF. El mayor volumen de interinos del Principado se localiza en la sanidad y en la educación, donde hay, aproximadamente, unos cinco mil entre profesores, médicos, enfermeros y personal auxiliar sanitario. En las consejerías del Principado el número de interinos se sitúa, aproximadamente, en unos setecientos. La ampliación de la jornada laboral de las plantillas públicas, ordenada por el Gobierno central de Mariano Rajoy, obliga ahora a revisar con lupa la distribución y las necesidades de personal. «El empleado público perdió poder adquisitivo en los años de bonanza y ahora es la cabeza de turco con la crisis. Lo que nadie dice es que los empleados públicos que se van a la calle, por aumento de ratios o ampliación de jornadas, pasan a engrosar las listas del paro. El recorte agrava el problema», argumenta José Luis González, de USIPA.

VER NOTICIA ANTERIOR RELACIONADA