García Vigón asegura que la región no puede mantener el actual gasto público, y el presidente del Principado responde a los empresarios: «Gobernaremos para todos y no para un sector social»
Foto: Javier Fernández y Severino García Vigón, juntos, al inicio de la asamblea de la FADE. miki lópez Oviedo,
Lne.es » Asturias Á. FAES / J. CUARTAS
Los sindicatos cargan contra el plan porque «destruye» empleo público
Las rentas altas de Asturias, entre las que más impuestos pagarán de toda España
La asamblea general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) se convirtió ayer en el escenario premonitorio del debate que para hoy se espera en la Junta General del Principado, cuando el presidente, Javier Fernández, responda a las preguntas de los grupos parlamentarios, todas ellas relativas al plan de ajuste, del que el Gobierno ya ha avanzado las líneas maestras. En presencia del jefe del Ejecutivo regional, el líder de la patronal, Severino García Vigón, fue duro y tajante en sus críticas a un recorte que deberá alcanzar los 498 millones de euros y obtener el visto bueno del Gobierno central en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. Asegura Vigón que el plan de ajuste «es contemporizador, tira por lo fácil y no aborda los problemas de fondo». Además, avisó de que los recortes deben afectar «ineludiblemente» a la sanidad y la educación. «Por su incidencia presupuestaria, si queremos asegurar su viabilidad futura, tendrán que ser afectadas por los recortes con criterios de racionalidad y eficiencia».
En el Palacio de Congresos de Buenavista, frente a numerosos empresarios congregados para la gran cita anual de la patronal asturiana, García Vigón no tuvo reparos a la hora de lanzar su negativo punto de vista frente al reto de mayor calado que afronta el Gobierno de Javier Fernández en el arranque de legislatura. El presidente del Principado y Vigón compartían mesa presidencial, junto al resto de la dirección de la FADE. Desde allí, hombro con hombro, sentado el presidente del Principado a la derecha del líder de los empresarios, lanzó éste sus críticas opiniones. «El problema, presidente», dijo dirigiéndose al líder socialista, «es que tenemos una estructura de gasto público que no podemos pagar. Es comprensible que se quiera hacer guiños a los ciudadanos, pero no se puede mantener lo que no podemos permitirnos. Queramos o no, va a ser necesario ajustar servicios básicos si queremos seguir teniendo en el futuro una calidad de prestación adecuada. Metámonos en la cabeza que no somos ricos, que lo público no es gratis y es de todos, que cada euro recaudado debe administrarse con rigor».
A Javier Fernández le correspondía el turno de cierre del acto y aprovechó para defender el recorte que propone el Gobierno, frente a las peticiones de los empresarios. «Soy consciente de que les disgusta el plan», aseguró en referencia a los allí presentes, «pero éste va a ser un Gobierno para todos los ciudadanos y no para un sector o fracción social». El presidente del Principado se dirigió de nuevo al auditorio. «Queremos contar con ustedes y su criterio, pero gobernaremos para todos», advirtió con firmeza.
Ante las dudas que a García Vigón le genera el gasto público, Javier Fernández defendió la postura del Gobierno. «Podíamos cerrar quirófanos o reducir el salario de los funcionarios, pero hemos preferido optar por un criterio sensato y equilibrado, procurando mantener nuestro pequeño pero acreditado Estado del bienestar». El Presidente tuvo que justificar medidas como la subida del IRPF para las rentas superiores a 70.000 euros, el incremento en el impuesto de patrimonio y el aumento del llamado «céntimo sanitario» sobre los combustibles durante una mañana en la que Severino García Vigón advirtió del riesgo de deslocalización empresarial y arremetió contra la presión fiscal «Más impuestos, más recargos, más tasas, menos inversión pública y menos actividad económica. ¿Hasta dónde y hasta cuándo?», interpeló.
A pesar de su defensa del recorte, Javier Fernández sostuvo que, de las medidas que se dispone a tomar para recortar el déficit hasta el objetivo del 1,5% del PIB, hay dos en particular que «jamás hubiese adoptado de ser otra la situación»: el recorte de la inversión y prescindir de 1.000 empleados públicos interinos cuyos contratos no serán renovados.
Aunque el Gobierno del Principado desveló hace ya dos días la línea de actuación respecto al plan para recortar 498 millones, la ausencia de reacciones entre el resto de grupos parlamentarios es la tónica. Ni Foro, ni el Partido Popular, ni siquiera UPyD, fundamental para el acceso de Javier Fernández al Gobierno, se han pronunciado al respecto. Han preferido guardar silencio ante el Pleno de la Junta General previsto para hoy. Sí habló el coordinador general de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, que este fin de semana dejará de serlo ante el inicio de la asamblea que mañana lo relevará en el cargo. La coalición rechazó de plano el recorte de empleo público, aunque aplaudió las medidas fiscales y resumió así la que será su actitud ante las medidas que impliquen nuevas leyes. «Votaremos a favor de las fiscales, las del sector público dependerá de en qué se concreten y estaremos en contra de las de reducción de plantilla, igual que todo lo que se refiera a ajustar la calidad de la sanidad y la educación».
