CONTRAREFORMA NO

La privatización de la sangre

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la privatización de la gestión de las donaciones de sangre, que ceden a la Cruz Roja a cambio de 9,3 millones de euros (67 euros por donación).

Por Luisa Lores Agüin |  

nuevatribuna.es | Luisa Lores Agüin | 17 Diciembre 2013 - 11:41 h.

Realizar cualquier crítica a la gestión de la donación y del uso de la sangre humana conlleva gran responsabilidad, ya que la sangre es un bien imprescindible y gracias a su donación altruista muchas personas logran recuperar su salud y salvar su vida, pero precisamente por eso debemos exigir la mayor transparencia y evitar cualquier suspicacia.

La crisis económica disparará la afluencia de personas sin trabajo, que necesitarán vender su sangre como último recurso.

A finales de la década de los 80 y principios de los 90 las empresas privadas que comerciaban con sangre humana contrataron a donantes de alto riesgo en EEUU, incluyendo presos y consumidores de drogas inyectables y trataron con productos derivados de estas donaciones a personas afectadas de hemofilia en muchos países, entre ellos España, sin realizar los controles pertinentes, provocando miles de contagios de hepatitis y VIH...(leer más)

Las mareas sanitaria, educativa y científica están ahora en la calle para rechazar los recortes

Las 'mareas' sociales quieren inundar Madrid contra los recortes

Movimientos a favor de la educación, sanidad y ciencia protagonizan hoy una marcha conjunta en la capital

15.12.13 - EFE | MADRID.

Las 'mareas' blanca (sanidad), verde (educación) y roja (ciencia) se manifestarán juntas por primera vez este domingo, 15 de diciembre, bajo el lema "¡Sin educación no hay ciencia, sin ciencia no hay sanidad!", en una marcha que partirá al mediodía desde la glorieta de Atocha hacia la Puerta del Sol. El convocante de la marea blanca, como viene siendo habitual cada tercer domingo del mes desde hace un año, es la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MDSPM), integrada por los sindicatos mayoritarios en el sector -Satse, CCOO, Amyts, CSIT, UGT, USAE y AFEM-, además de plataformas de trabajadores y usuarios de la sanidad.

La decimocuarta manifestación de la sanidad tiene lugar después de que el Tribunal Superior de Justicia tumbara la recusación del juez Martínez Tristán para presidir la sala que resolverá los recursos contra la externalización, y después de que el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, abogara por cambiar el modelo de contratación de profesionales de la sanidad.

En esta ocasión, se unen a la manifestación "en defensa de lo público", los profesores de la Asamblea Marea Verde Madrid de la que forman parte CCOO, el Sindicato de Estudiantes, la FAPA y varias plataformas por la escuela pública. La marea roja, por su parte, está convocada por la Asamblea General de la Ciencia, un movimiento horizontal de científicos e investigadores de universidades y organismos, que defienden la importancia de las políticas de I+D+i y rechazan el "desmantelamiento del sistema público de investigación".

La manifestación partirá a las 12.00 desde Atocha hacia Neptuno y Cibeles para concluir en la Puerta del Sol. "Nos parece bien unir las mareas en defensa de lo público, porque juntas constituyen los tres pilares fundamentales del estado social", ha dicho la portavoz del sindicato de médicos AFEM, Fátima Brañas.

 

"Demanda social"

Asimismo, la secretaria de Educación de CCOO, Isabel Galvín cree que "la confluencia de mareas responde a una demanda social, a lo que están pidiendo, tanto el sector educativo como el de la ciencia, de confluir con el sanitario, porque los tres están sufriendo durísimos recortes", ha dicho. En cuanto a las recientes declaraciones del consejero Lasquetty contrarias a que los médicos sean funcionarios vitalicios, Fátima Brañas considera que "pretenden desviar el debate del problema real de la sanidad".

"La razón fundamental de la ineficacia no está en el modelo de contratación, sino en la incompetencia de la Consejería de Sanidad para gestionar", ha añadido. Respecto a los incentivos a los sanitarios que Lasquetty ha declarado que contempla para 2014, Brañas ha opinado que hasta ahora el consejero "no ha tenido ninguna estrategia y va dando palos de ciego, diciendo cosas desenmarcadas de ningún tipo de plan y sin ninguna credibilidad".

Los discapacitados salen a la calle para hacerse ver

"Estamos a un paso de ser considerados zona catastrófica", dicen los discapacitados

El colectivo asturiano, que vive un momento delicado por los 350.000 euros que le adeuda el Principado, llama la atención sobre el peligro de desaparición

Lne. 02.12.2013 | 05:20    Ver Galería

Foto: Asistentes a la concentración, durante la lectura del manifiesto. luisma murias

P. RUBIERA Frío intenso, pero sin lluvia. La concentración convocada por el colectivo asturiano de la discapacidad ayer, en la plaza de la Escandalera de Oviedo, se libró del agua.Más de un millar de personas, entre discapacitados y familiares, se reunieron a mediodía, convocados por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con motivo del Día Mundial y en defensa de sus derechos. Asturias tiene unas 120.000 personas con algún tipo de discapacidad, más de 360.000 si se incluye a sus familias, y el objetivo de la reunión era lanzar una llamada de socorro a toda la sociedad. "Estamos a un paso de que la discapacidad sea considerada zona catastrófica", dijo Mónica Oviedo, presidenta desde hace seis años de CERMI. Y añadió: "Lo que hemos logrado en derechos, inclusión y bienestar en estos últimos treinta años, es todavía muy insuficiente, y la amenaza es que podemos perderlo. Nos negamos a desaparecer. Los años de crisis económica parecen cebarse con los más débiles, no podemos retroceder", indicó.

Representantes de gran parte de las asociaciones que integran el CERMI sostuvieron la pancarta con el lema "SOS Discapacidad. Derechos, inclusión y bienestar a salvo. La discapacidad movilizada". Mónica Oviedo leyó el manifiesto general y el resto se repartieron la lectura del comunicado por áreas. Los asistentes estuvieron respaldados, a nivel institucional, por la diputada de IU Noemí Martín y su madre, Laura González, ambas antiguas consejeras de Bienestar Social, y por Roberto Sánchez Ramos, concejal de IU en el Ayuntamiento de Oviedo.

El Principado adeuda a las asociaciones 350.000 euros de las ayudas correspondientes a este año. El colectivo pide al Gobierno regional una fórmula que le permita conocer previamente las cantidades de las que va a disponer y el cobro del 50% en el primer semestre del año. De lo contrario, subrayó Mónica Oviedo, "las entidades se verán abocadas al cierre, al impago de sus trabajadores o a pedir créditos, las que puedan, para poder afrontar los gastos de personal y de gestión, lo que nos genera unos intereses que no se pueden justificar".

También piden el diseño de un plan de estabilidad a corto, medio y largo plazo -en la actualidad mantienen conversaciones con el Ejecutivo que continuarán esta semana-; la atención médica adecuada a cada discapacitado; la eliminación del copago farmaceútico y del hospitalario y el transporte urgente en ambulancia - los dos últimos, en Asturias, de momento no se abonan-; la rehabilitación continuada y gratuita; el cumplimiento de la ley en materia laboral, con garantía de acceso al empleo público y penalizar a las empresas del sector privado que incumplan la ley; evitar la incompatibilidad de servicios en la ley de dependencia; el acceso del alumnado a la educación con los apoyos necesarios, la eliminación de barreras arquitectóticas y su participación en programas de ocio. Y un pacto presupuestario que permita poder contar, el año próximo, con algo más de dinero.

"En derechos hemos retrocedido treinta años"

Ana María Boullosa: "No puedo con las barreras arquitectónicas" - Demetria Cueva: "Es duro y tienes que pagar por todo, los gastos han subido mucho"

Lne.02.12.2013 | 02:01

Foto: Demetria Cueva y Ana María Boullosa, ayer en la Escandalera, en Oviedo. Luisma Murias

 Oviedo, P. R. Ana María Boullosa, 52 años, padece una genesia congénita que le impide moverse sin su silla de ruedas con motor. "Soy una víctima de la talidomida, pero en mi caso el laboratorio alemán, Grünenthal GmbH, todavía no me ha reconocido como tal", afirma. Vive sola en Las Campas, de cuya asociación vecinal es tesorera -en este momento otra de sus luchas está centrada en las cuatro aulas del centro educativo para el barrio-, es presidenta de la Asociación de Festejos y es, además, fundadora de Frater (Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad). Cuando su compañera, Demetria Cueva González, también en silla de ruedas por una paraplejia, le pregunta cómo está. Boullosa responde: "Resistiendo, como todos".

 

Ayer, como todos los días, Ana María Boullosa se levantó -le faltan dos piernas y un brazo- y se aseó para acudir a la concentración. "De momento, no necesito a nadie. Mi madre murió hace dos años y tengo una mujer que me limpia dos veces a la semana y que pago yo", explica a LA NUEVA ESPAÑA.

¿Problemas diarios? Muchos y de todo tipo, pero si tiene que citar uno, Boullosa elige el de las barreras arquitectónicas. "No puedo con ellas, son insalvables para una silla con motor y veo que las instituciones dejan que pase el tiempo sin resolverlas. En cuanto a las otras barreras, las mentales no las tengo y a las sociales no les hago caso", explica.

Ana María Boullosa y Demetria Cueva comparten un rasgo de su personalidad, las dos son muy independientes. Demetria Cueva, a quien un accidente de tráfico la sentó en una silla de ruedas hace 35 años, también vive sola y paga a una mujer para que la ayude. De vez en cuando, acoge en su domicilio a algún estudiante universitario.

"Es duro y tienes que pagar para todo. Los gastos en farmacia han aumentado mucho, tenemos que abonarlo todo y soy consciente de que si un día me caigo, no podré lavantarme, noto que he perdido mucha fuerza, pero estoy acostumbrada. Me arreglo con lo mínimo".

Ninguna de las dos solicitó ser beneficiaria de la ley de Dependencia. Demetria Cueva no se lo planteó y Ana María Boullosa nunca lo vio claro. "Fue una "zapaterada" y una "zapaterada" ha acabado siendo", dice. Solamente las baterías que necesitan para la silla suponen unos 1.000 euros al año. "Llevo en esto desde los 18 años, en derechos hemos retrocedido a cuando empecé, hace más de treinta. Sabemos que la crisis es general, pero los recortes más duros casi siempre son en las partidas sociales", asegura Ana María Boullosa.

Asociaciones de discapacitados piden que no se reduzcan sus ayudas en los presupuestos de 2014

"Hemos dejado de ser las víctimas fáciles de la sociedad, para ser también coprotagonistas de la misma. Por eso nos movilizamos"

El comercio.01.12.13 - 15:13 - EUROPA PRESS | | OVIEDO

El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Asturias (Cermi Asturias) ha organizado este domingo en Oviedo la concentración SOS Discapacidad 2013 para demandar el sostenimiento de las ayudas a las entidades que apoyan a estas personas y a sus familiares, de cara a la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2014.

Bajo el lema 'SOS Discapacidad-Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo' se ha celebrado este acto al que han asistido más de 300 personas con discapacidad junto con sus familias, voluntarios, profesionales del sector y simpatizantes. El Cermi aglutina en Asturias a más de 20.000 personas, entre discapacitados y familiares, desde su creación en 1999.

Entre las demandas que plantea el Cermi Asturias en el Manifiesto, plasmadas en un comunicado remitido posteriormente, destaca el sostenimiento y fortalecimiento del Tercer Sector de la discapacidad, "que permita conocer con antelación las cantidades de las que vamos a disponer cada año y el cobro del 50 % en el primer semestre del año, para una adecuada planificación de nuestra actividad" ya que, en el caso contrario, las entidades de la discapacidad "se verán abocadas al cierre, al impago de sus trabajadores o a pedir créditos para poder afrontar los gastos de personal y los gastos de gestión, lo cual nos genera unos intereses que no se pueden justificar".

También pide que las necesidades de la discapacidad sean una "prioridad" en los presupuestos del Principado para 2014 y que "esto se constate con el aumento de las partidas destinadas al ámbito de la discapacidad"; así como que el Gobierno asturiano diseñe en coordinación con el Cermi Asturias de un plan de estabilidad, a corto, medio y largo plazo, que permita garantizar unos derechos sociales de calidad a las personas con discapacidad y sus familias, bajo la fórmula de un Plan de Atención Integral para las personas con discapacidad.

"Hemos dejado de ser las víctimas fáciles de la sociedad, para ser también coprotagonistas de la misma. Por eso nos movilizamos", ha señalado el Cermi Asturias en el manifiesto que ha presentado hoy, que recoge las demandas de la discapacidad organizada y el mantenimiento de las entidades de la discapacidad, "imprescindibles" para la atención directa y la calidad de vida digna de los diferentes tipos de discapacidad.

Según indica en la proclama, las personas con discapacidad, en Asturias más de 120.000 ciudadanos, más de 360.000 si incluimos a sus familias, "lanzamos un SOS, una llamada de socorro, ya que lo que hemos logrado en derechos, inclusión y bienestar en estos últimos 30 años, es todavía muy insuficiente". Por ello, añade, nuestra obligación, como movimiento organizado de la discapacidad, "es apelar a lo mejor de nuestra sociedad y de nuestros gobernantes para que este peligro no se materialice".

Así, el Cermi Asturias, ante estos años de crisis económica y años, sobre todo, de políticas y de decisiones socialmente insuficientes "están acabando de lleno con las todavía humildes cotas de inclusión y participación alcanzadas por las personas con discapacidad y sus familias con tanto esfuerzo en estas últimas décadas". Y mientras tanto, insta, "no podemos retroceder en el nivel de derechos, inclusión y bienestar alcanzado para las personas con discapacidad y sus familias".

Todos/as debemos apoyar a los trabajadores y trabajadoras de la lavandería central del Servicio Madrileño de Salud

Privatización de la lavandería central: Prosigue el expolio

Por Carlos Barra, Médico del Sistema Madrileño de Salud, Médico Especialista en Gerencia de Áreas de Salud, Ex-Gerente de Hospital Universitario, Ex- Director Provincial del Insalud y Liceciado en Derecho.

 

nuevatribuna.es

Recién concluido el grave conflicto de la recogida de basuras, a los madrileños se nos viene encima otro conflicto de innegable gravedad: la inminente huelga planteada por los trabajadores de la lavandería central del Servicio Madrileño de Salud como respuesta a la adjudicación a dos empresas de la gestión privatizada de la citada instalación. A fuer de ser repetitivo, debo reiterar que la privatización de la lavandería es un paso más en el desmantelamiento de la sanidad pública y sus instituciones llevada a cabo por los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid desde la llegada a la Presidencia de la Sra. Aguirre.

 

Como en los restantes procesos privatizadores anteriormente llevados a cabo en la sanidad madrileña, no se privatiza la gestión de la lavandería porque sus resultados con la gestión pública fueran malos e ineficientes,  tampoco se fundamenta con datos objetivos y fiables el ahorro que dicen los responsables sanitarios va a generarse con la privatización; la lavandería central ha prestado unos servicios satisfactorios durante muchos años con unos estándares de calidad muy aceptables y ahora se privatiza exclusivamente porque el PP siente aversión a todo “ lo público” y sólo pretende garantizar jugosos beneficios a empresas privadas que prestan los servicios sin ningún tipo de control sobre la calidad de los mismos. Más en este proceso se produce un hecho que muestra claramente el carácter antisocial de la política del gobierno regional del PP Me explicaré:

 

Las condiciones que la Consejería exigía en la resolución de la convocatoria de licitación comportaba la obligatoriedad de subrogación de todo el personal por parte de las empresas adjudicatarias, cuestión lógica y habitual en estos procesos, pero como contrapartida obligaba o facilitaba se aplicase a esos trabajadores subrogados el convenio colectivo del sector lo que llevaba a bajadas salariales por encima del 40% en salarios medios en el entorno de los 1000 euros; esa reducción salarial lleva a muchos trabajadores y sus familias a niveles de pobreza inasumibles; ante tal agresión los trabajadores se han movilizado, han registrado una convocatoria de huelga y han mostrado su voluntad de mantenerse firmes en defensa de sus derechos.

 

Una vez más el gobierno regional agrede muy duramente a los trabajadores del sistema público de salud a través de decisiones políticas de marcado carácter antisocial y reaccionario; su forma de ejercer el poder nos muestra a la rancia derecha de siempre, a la derecha que históricamente ha sido un freno al desarrollo y progreso de España apoyándose en empresarios sin ningún espíritu innovador que sólo pretenden beneficios rápidos y fáciles a costa de someter a los trabajadores a salarios de miseria .

 

En estos años de gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid hemos asistido a una gestión sanitaria salpicada de irregularidades y despilfarros, hemos vivido la mayor agresión a la profesión médica llevada a cabo por un responsable político, la del Sr. Lamela a los profesionales del hospital Severo Ochoa; hemos conocido la fragmentación anómala de los concursos en la mayoría de  Consejerías (también en  Sanidad), están imputados dos exconsejeros (Lamela y Güemes) por indicios de haber cometido delitos graves en los procesos privatizadores llevados a cabo en sus mandatos y se ha destrozado la organización y estructura de un sistema sanitario, el madrileño, que era de enorme calidad. Todo ello sin asumir ninguna responsabilidad política.

 

Es por todo lo expuesto anteriormente por lo que en mi opinión la lucha que han comenzado los trabajadores de la lavandería central merece recibir el apoyo solidario de todos los profesionales y trabajadores del sector, asimismo sentir el respaldo a sus justas reivindicaciones por parte de una ciudadanía que ya está sufriendo en sus carnes los recortes de prestaciones y las carencias que los centros públicos presentan como consecuencia de la política del gobierno regional. Sólo una firme respuesta unitaria de todos los trabajadores puede evitar su condena al paro o a salarios miserables. SÍ SE PUEDE.

Los trabajadores del servicio de basuras de Madrid lo han demostrado

Así todo queda en casa ¿verdad?

Mato contrata a Lamela para cambiar el modelo de gestión de los hospitales dependientes de Sanidad

El Ministerio abonará 36.000 euros a la empresa de ex consejero Manuel Lamela a cambio de "la asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión clínica" en los centros de Ceuta y Melilla

Foto.- Ana Mato y Manuel Lamela.

MARIELA RUBIO, 25-11-2013, Cadena SER

- Junto a Lamela, figuran también en la empresa otros dos ex altos cargos de la consejería de Sanidad madrileña

- Los de las ciudades autónomas, son los únicos hospitales que dependen orgánicamente del Ministerio de Sanidad

- La Marea Blanca habla de privatización encubierta

- Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, está imputado por tráfico de influencias y prevaricación durante el proceso de privatización de la sanidad madrileña

- Lamela terminó gestionando los mismos hospitales que había privatizado mientras ostentó su cargo.

 

El Ministerio de Sanidad ha adjudicado a sendas consultoras privadas "la asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión clínica y su implantación" en los hospitales Comarcal de Melilla y Universitario de Ceuta.

 

Estos centros son los únicos hospitales españoles que dependen orgánicamente del Ministerio de Sanidad y no de las distintas Comunidades Autónomas.

 

De acuerdo al pliego de condiciones del contrato, la intención del Ministerio de Sanidad es implantar en los hospitales de Ceuta y Melilla las llamadas Unidades de Gestión Clínica: pequeñas "microempresas" dentro de los centros sanitarios públicos dotadas de entidad jurídica propia. Departamentos que podrán administrar su propio presupuesto y que contarán con personal regulado por el régimen laboral de las empresas privadas, sometido a un sistema de incentivos en función de criterios de eficiencia.

 

Un sistema que para la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública "es en realidad una privatización encubierta que pretende dar una entrada discreta al sector privado". Concretamente, los médicos de la Marea Blanca denuncian que con las Unidades de Gestión Clínica "se pretende introducir de manera encubierta una empresarización de los servicios hospitalarios y de los centros de Salud que provocará que las decisiones clínicas de los profesionales sanitarios estén sometidas a las políticas empresariales" primando "el cribado de pacientes y patologías atendiendo a criterios de rentabilidad".

 

Según apunta la Federación, las farmacéuticas, multinacionales sanitarias o fondos de capital riesgo podrán gestionar los centros sanitarios "a cambio de aportar recursos y capitalización" por lo que estas Unidades "sólo beneficiarán a empresarios, laboratorios, consultoras y a personajes vinculados a la actual administración que participen en la llamada puerta giratoria".

 

Y por ahora, desde luego, así es; ya que el Ministerio de Sanidad ha contratado a la empresa BAPPH (Business Assesstemt Plans and Projects Healthcare SL) presidida por el exconsejero de Sanidad madrileño Manuel Lamela, para pilotar el nuevo modelo que se implantará en los únicos dos hospitales que gestiona el gobierno Central.

 

Lamela está imputado por tráfico de influencias y prevaricación durante el proceso de privatización de la Sanidad madrileña ya que recaló en las mismas empresas que consiguieron gestionar los hospitales madrileños que él mismo había privatizado siendo consejero.

 

En la empresa de Lamela, figuran también como asesores dos antiguos colaboradores suyos en la Consejería de Sanidad: Germán Rasilla Arias, ex alto cargo de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitarias y Jorge Fernández Ordás, ex director general Farmacia de la Comunidad de Madrid.

 

Junto a la consultora de Lamela, el departamento de Ana Mato ha contratado también para la misma tarea a Mensor Asesores, un despacho asesor compuesto asimismo por profesionales provenientes del sector público. Ambas empresas se encargarán respectivamente de cada uno de los hospitales de las cidades autónomas. La consultora de Lamela, del hospital comarcal de Melilla y la otra asesoría, del hospital universitario de Ceuta.

 

De acuerdo al pliego de prescripciones técnicas ambas empresas deberán "valorar en qué servicios pueden desarrollarse Unidades de Gestión Clínica, así como diseñar y colaborar en la gestión del cambio de modelo" en los hospitales de Ceuta y Melilla. A cambio ambas empresas recibirán 36.000 y 46.000 euros respectivamente con cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad.

 

Se da la circunstancia de que el Ministerio de Sanidad está dotado de un órgano asesor, el Instituto de Salud Carlos Tercero (dependiente del Ministerio de Economía) que cuenta con la Escuela Nacional de Sanidad. Un órgano que tiene en sus filas a reputados especialistas en Gestión Clínica cuya asistencia técnica tendría coste cero para las arcas públicas.

 

Sanidad afirma que desconocía que la empresa fuera de Lamela

Desde el Ministerio de Sanidad reconocen que se ha adjudicado por concurso ese informe sobre el hospital de Melilla a la empresa de la que estamos hablando pero insisten en que no sabían siquiera que la empresa fuera de Lamela.

 

Dicen que el proceso ha sido escrupulosamente legal, que se presentan muchas empresas a un concurso como éste, y que ganó la que tenía la mejor oferta técnica y económica.

 

AUDIOS:
José Martínez Olmos: "Vamos a pedir urgentemente la comparecencia de Ana Mato"

La terca realidad, a pesar de los maquillajes y eufemismos del PP, en la conmemoración de este su segundo año triunfal…

La OCDE alerta de los efectos de los recortes sanitarios

El organismo destaca el aumento de la lista de espera en España

Hay “serios riesgos” de que personas con bajos recursos no accedan a cuidados

Jaime Prats, Valencia, en El País

La crisis y los recortes ya están afectando al acceso de la salud de los ciudadanos. Lo denunció ayer la OCDE, que, para llegar a esta conclusión, pone el foco tanto en la reducción en la oferta de servicios sanitarios como en el incremento de los copagos. El informe Panorama de la sanidad 2013 que hizo público la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que agrupa a 34 de los países más industrializados del mundo, también alerta de los “serios riesgos” de que haya grupos de población, especialmente entre las personas con menos ingresos, que renuncien a los cuidados que necesitan, ya sea a medicación o a los controles de las enfermedades crónicas que padecen, ante la reducción de los servicios financiados con fondos públicos. “Ello podría tener efectos para la salud a largo plazo y consecuencias económicas para los más vulnerables”, destaca la OCDE, al tratarse de una población mucho más sensible a los copagos.

El informe pone como ejemplo de dificultad al acceso a la atención sanitaria el incremento que se ha dado en las listas de espera quirúrgicas en España, así como en Portugal, Inglaterra e Irlanda, donde “después de años de mejora, los tiempos de espera para algunas enfermedades muestran un incremento”. En el caso de España y Portugal, alerta de cómo la demora mejoró y se redujo entre los años 2006 y 2010, pero ha ido aumentando a partir de entonces. De hecho, las últimas cifras difundidas por el Ministerio de Sanidad, correspondientes a principios de año, reflejaron cifras que batieron récords: 571.395 personas aguardaban pasar por el quirófano. El incremento del tiempo medio de espera también superó marcas: de 76 días a mitad de 2012 pasó a los 100.

La OCDE pone el ejemplo de la espera en las operaciones de cataratas y de prótesis de cadera. Mientras el año pasado en Holanda el plazo era de 30 y 45 días en cada intervención, en España este periodo de tiempo se alargaba por encima de los 90 y 125 días.

Tomando como referencia dos de los principales aspectos a los que alude la OCDE en referencia a los recortes: la reducción en la oferta de servicios sanitarios y el incremento de los copagos, el escenario que dibuja este organismo tiene un claro reflejo en España. En la primera categoría, la reducción de la oferta, se dan medidas como la revisión de la cartera de servicios que se está llevando a cabo, la disminución de personal sanitario por la falta de reposición de las bajas o las jubilaciones —y los efectos que tiene en la asistencia—, la exclusión sanitaria de los inmigrantes en situación irregular o el cierre de centros de salud en horario de tardes o de urgencias continuadas.

En el caso de los copagos también se han dado pasos: la aportación por parte de los jubilados que se introdujo el año pasado, así como el incremento de los tramos de la población activa para adquirir fármacos o los fallidos intentos de introducir la tasa de un euro por receta.

“Los recortes están limitando la asistencia sanitaria en España”, sostiene Ildefonso Hernández, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. “Las señales que nos llegan como el aumento de las listas de espera, problemas de acceso en inmigrantes o por el copago indican que a medio plazo pueden darse problemas de salud si no hay un esfuerzo dirigido a proteger la asistencia entre los más vulnerables”, añade.

Salvador Peiró, del Centro de Investigación en Salud Pública de Valencia, es más cauto. “Aún no sabemos el impacto real de los recortes”, comenta, aunque admite que es “peligroso” tomar medidas indiscriminadas como el copago farmacéutico y que las listas de espera han aumentado significativamente.

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

“Lo llaman democracia y no lo es”, uno de los slogans más coreados del 15-M, ya se puede empezar a completar con lo que va a acabar siendo nuestro país con este gobierno una pista: empieza por “f”

Quieren acabar con el derecho de huelga

Mariano Rajoy quiere regular por ley los servicios mínimos. Para ello ha encargado a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que se ponga manos a la obra. El anuncio llega tras la huelga de limpieza en Madrid y el pronunciamiento de algunos dirigentes del PP como la alcaldesa Ana Botella para reformar la actual normativa. Oposición y sindicatos no han tardado en criticar este nuevo recorte de derechos que califican de "reforma encubierta" y de "ataque" a la actual legislación. También recuerdan que la ley de 1977 ya regula los servicios mínimos bajo la premisa de que sean negociados por los agentes sociales.

Foto.- Rajoy, junto a Ana Botella, Fátima Báñez y el presidente de la CEOE, Joan Rosell.

nuevatribuna.es

En una semana con el foco puesto en la ley de seguridad ciudadana que este viernes aprobará el Consejo de Ministros y que penalizará los escraches, el presidente del Gobierno se descolgó este jueves con un nuevo recorte de derechos al anunciar una ley de servicios mínimos para, según dijo, conciliar el derecho a la huelga y el derecho a la libertad de los ciudadanos.

El debate ha surgido tras la huelga de limpieza en Madrid, en donde, según el ayuntamiento, no se cumplieron los citados servicios mínimos. Mariano Rajoy responde así a las peticiones de algunos dirigentes de su partido, principalmente del PP de Madrid, que vienen meses pidiendo a la claras que se reforma la Ley de Huelga, vigente desde 1977. Entre ellos, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (antes los hizo Esperanza Aguirre); la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes; o la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que ha salido muy tocada por la huelga de basuras en la capital. 

Sin embargo la Ley de Huelga ya regula el procedimiento a seguir para fijar los servicios mínimos obligando a que haya un acuerdo, una negociación entre los poderes públicos y los agentes sociales. Si el acuerdo no es posible, es la Administración la encargada de dictar un decreto de servicios mínimos que en la mayoría de las ocasiones son abusivos en opinión de los sindicatos.

En la huelga general del 14 de diciembre de 2012 lograron pactarse los servicios mínimos del transporte (Iberia, Renfe) vía negociación con el Ministerio de Fomento que dirige Ana Pastor. Pero no siempre se llega a un acuerdo. En la Comunidad de Madrid, el conflicto y descontento social creciente por los recortes han imposibilitado en varias ocasiones pactar dichos servicios que, incluso en algunos casos, han sido a posteriori declarados ilegales por los tribunales.

Las reacciones no se han hecho esperar tras el anuncio de Rajoy. Desde el PSOE, la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, acusó al presidente de querer hacer una "nueva ley de huelga encubierta", pero "no tiene valentía para decirlo" y por eso ha anunciado una ley de servicios mínimos.

La dirigente socialista ha recalcado que los servicios mínimos "vienen regulados en la ley de huelga" y ha subrayado que "no es el momento" para abordar cambios en esta regulación. En su opinión, el anuncio de Rajoy tiene que ver con las declaraciones de "su alcaldesa" en Madrid, Ana Botella

Desde la Izquierda Plural también se han mostrado muy críticos. El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso de los Diputados, José Luis Centella, ha reclamado al Gobierno que "si quiere acabar con la Ley de Huelga, lo diga claramente". En opinión de Centella, el Ejecutivo "está intentando acabar con las huelgas y criminalizar la protesta" y se está "saliendo claramente del derecho constitucional a la huelga".

 

LOS SINDICATOS TAMPOCO LA VEN NECESARIA

Por su parte, los sindicatos tampoco ven oportuno el anuncio de Rajoy. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, lo ha calificado de "un claro ejercicio antidemocrático" y ha recalcado que no es partidario de tal regulación ya que se trata de un "calentón" tras la huelga protagonizada por los trabajadores de la limpieza y jardinería de Madrid.

"Legislar a golpe de calentones y jaleado por los sectores más ultras de su partido no es la mejor manera de buscar un acuerdo sobre la regulación de los servicios mínimos", ha advertido Toxo al presidente del Gobierno. Así pues, CCOO cree "muy inoportuna" la iniciativa del presidente del Gobierno y no parece que obedezca a la voluntad del Ejecutivo de encontrar bases de acuerdo con los sindicatos. "Más bien, hay que inscribir la iniciativa de Rajoy en su obsesión por controlar y limitar derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, en un claro ejercicio antidemocrático de la acción de Gobierno", recalcan.

El secretario general de CCOO, recuerda que el movimiento sindical se ha mostrado dispuesto en numerosas ocasiones a discutir "en frío" todo lo relacionado con los servicios mínimos, o lo que es lo mismo, la necesidad de atender los servicios básicos de la ciudadanía ante la convocatoria de una huelga general. "Lo que no vamos a aceptar son golpes de pecho y proyectos autoritarios más preocupados por eliminar o entorpecer un derecho constitucional como el derecho de huelga, que por pactar la conciliación de intereses ante un conflicto laboral", concluye Toxo.

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha calificado de "sorprendentes" las declaraciones del presidente del Gobierno y afirma que no es "prioritaria". Asimismo, UGT ha advertido de que cualquier regulación de un derecho fundamental exigiría la participación de los interesados, en este caso de los sindicatos, pues imponer este tipo de normas sería "claramente antidemocrático e ineficaz socialmente".

El sindicato confía en que no se reproduzca el comportamiento del Gobierno con la reforma laboral y ha tildado de "desacierto" plantear reformas legislativas "en caliente", en respuesta a sucesos recientes, tratando de que una nueva ley solucione los problemas sociales provocados por "la mala gestión de los poderes públicos". Por último, ha remarcado que para conciliar los distintos intereses entre los diferentes afectados, en caso de huelga que afecte a los servicios públicos esenciales, lo mejor es la autorregulación, para lo que ha puesto como ejemplo la experiencia con el sector "tan importante" como el de los transportes.

Ayer se hizo pública la providencia acordando

El TSJM suspende los recursos sobre la externalización hasta resolver la recusación sobre el presidente de la Sala

El Partido Socialista Madrileño planteó esta medida contra el presidente de la Sala, que agrupó todos los recursos en el Pleno, al creer que está vinculado con el PP

MADRID, EUROPA PRESS

El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado la suspensión del curso de los recursos contra la externalización de seis hospitales de la región hasta que se resuelva el incidente de recusación planteado contra el presidente de dicha Sala, Francisco Gerardo Martínez Tristán.

Así consta en un acuerdo de los 50 magistrados del Pleno de la Sala, al que ha tenido acceso Europa Press, y que establece la posibilidad de plantear un recurso de reposición en el plazo de cinco días posteriores su notificación.

Precisamente Tristán decretó el pasado 16 de octubre la agrupación de recursos planteados sobre la externalización, que estaban siendo cursados en varias secciones, al entender que ello evitaría dictámenes que sean "contradictorios".

Esta decisión motivó la recusación del PSM al entender que el magistrado está "implicado" e "involucrado" con el PP pues estaba casado con la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García. Aparte, los socialistas apuntaban en su recurso que Tristán era uno de los candidatos del PP para vocal del Consejo General del Poder Judicial y que su esposa es compañera en el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha del actual responsable nacional del PP en Sanidad, José Ignacio Echániz.

Además, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo del presidente de la Sala al considerar que era una medida "excepcional" y que lo habitual en los casos de diferentes recursos abordados en distintas secciones es, según la jurisdicción contencioso-administrativa, la acumulación de todos juntos o la tramitación del primero dejando en suspenso todos los demás hasta dictar sentencia.

Con este acuerdo, la Sala suspende la tramitación y resolución de los recursos planteados en la sección tercera y el presentado en la sección octava sobre la externalización de los seis hospitales de la región, que está de momento suspendida de forma cautelar, hasta resolver primera la cuestión de la recusación.

"Como quiera que la recusación se ha plantado respecto al presidente de la Sala, quien avocó al Pleno la resolución de los recursos contenciosos de referencia sobre la base de una invocada relación entre ellos, y resultando la causa de la recusación planteada (...) remite a hechos y circunstancias asimismo concurrentes en todos los demás recursos, es por lo que la mayoría de magistrados presentes en el Pleno entienden que los efectos de tal recusación podrían afectar a la decisión a adoptar en el resto de los recursos avocados al Pleno", recalca el acuerdo de la Sala.

 

VOTO PARTICULAR DE 4 MAGISTRADOS CONTRA LA DECISIÓN

Dicha resolución cuenta con un voto particular formulado por cuatro magistrados de la Sala que entienden que el proceso de recusación no debe implicar "la suspensión de todos los demás asuntos planteados" sobre la externalización de los seis centros hospitalarios.

"El auto del que respetuosamente discrepamos (...) extiende los efectos de una recusación concreta, en una causa concreta, a otros procedimientos en los que los recurrentes en los mismos son distintos, no han opuesto tacha de imparcialidad alguna respecto a ningún miembro del Tribunal encargado de su conocimiento o resolución, cuando ninguna otra norma de nuestro Ordenamiento Jurídico (...) habilitan o amparan tal resolución", exponen los cuatro miembros del Pleno de la Sala en su voto particular.

Además, entienden que con el auto del 4 de noviembre, la Sala parece que "asume como ciertos los ’hechos’ y las ’circunstancias’ en que se sustenta la recusación" planteada en el recurso, cuando "la misma ni es competente para formular recusación alguna, ni para resolver la recusación planteada de la que se viene haciendo mención, ni, tampoco para emitir opiniones ni pareceres respecto a la eventual recusación concurrida, o no, de la causa de recusación planteada por una de las partes en un proceso ajeno a la convocatoria del Pleno".

Aparte, considera que la recusación de un miembro del Pleno, aunque sea su presidente, "no afecta" a los demás miembros de este órgano judicial. Por tanto, entienden que aunque la recusación podría apartar al presidente, al resto de miembros no se ha planteado recusación y por tanto "no existe motivo alguno para paralizar la decisión a adoptar" sobre estos asuntos "con implicaciones jurídicas y económicas relevantes para la sociedad".

El TSJM suspende la tramitación de recursos sobre sanidad hasta que se resuelva la recusación al juez

Madrid, EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido la tramitación de todos los recursos sobre la privatización de la gestión de seis hospitales públicos de Madrid hasta que se resuelva la recusación del presidente de la sala que ha asumido todos los casos, según un auto al que ha tenido acceso Efe.

El pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado por mayoría y con cuatro votos particulares en contra paralizar la tramitación de los casos hasta que se solucione la recusación del PSOE al presidente de la misma, Gerardo Martínez Tristán.

Según la tesis de los socialistas, Martínez Tristán tiene una relación de matrimonio con una consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha y una relación "demasiado directa" con el PP, puesto que fue "impulsado" por este partido, según Gómez, para formar parte del Consejo General del Poder Judicial.

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA