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CONTRAREFORMA NO

Plataforma por la Defensa de los Servicios Públicos de Avilés y Comarca

En defensa de los servicios públicos

 

En defensa de los servicios públicos

13.01.14 - 07:30 -
La Plataforma en Defensa de los Servicios públicos y contra los Recortes de Avilés y Comarca se concentró el sábado en la plaza de España para realizar una actividad divulgativa de las actividades que vienen ejerciendo en defensa del sector público.

De esta manera, el movimiento social inicia una campaña para difundir las diferentes actividades que ha venido realizando a lo largo del año pasado en la ciudad y recordar la necesidad de mantener la presión ciudadana.

Este ministerio adopta decisiones única y exclusivamente para dinamitar el sistema… porque de los presuntos ahorros y racionalizaciones: ¡¡nada de nada!!

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El Consejo de Estado recomienda al Ministerio de Sanidad que reevalúe el sistema previsto porque no cumple ninguno de los dos objetivos para los que fue diseñado: el ahorro y la racionalización.

El Consejo de Estado cuestiona el copago en ambulancias

La Cadena SER ha tenido acceso al informe de este órgano consultivo sobre el Real Decreto que va a regular el transporte sanitario no urgente

Foto.- Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado,
y la ministra Ana Mato.

TERESA RUBIO, Cadena SER

 

El Consejo de Estado, basándose en la memoria económica que el propio Ministerio de Sanidad elaboró para el Real Decreto, concluye que "el objetivo del ahorro puede verse frustrado dado el equilibrio o compensación a que se refiere la memoria entre ingresos y gastos". Es decir: lo que las Comunidades Autónomas van a ganar cobrando a los pacientes por sus traslados se lo van a gastar en la gestión del sistema de copago.

 

En el informe se sugiere al Ministerio que aclare por qué contempla en la memoria económica los supuestos ahorros de las administraciones con la implantación de la norma, pero no el impacto que el copago va a tener para los usuarios. También le recomienda que apunte criterios de gestión de cobro concretos, para orientar a las Comunidades Autónomas, aunque luego cada una de ellas establezca el sistema que mejor le convenga.

 

Otro de los objetivos del Real Decreto es "lograr una racionalización del uso del transporte sanitario no urgente, fundamentalmente a través de la limitación de su utilización a las situaciones en las que realmente sea necesaria por motivos exclusivamente clínicos". Pues bien, en este caso el Consejo de Estado le pide al Ministerio que especifique más los criterios que va a utilizar para decidir quién puede usar este tipo de transporte porque, tal cual aparecen reflejados en el proyecto, son similares a los que rigen actualmente.

 

El Consejo de Estado recoge también que el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad, formula diversas observaciones relacionadas con la posibilidad de "lograr un ahorro suficiente"; y llama la atención sobre el hecho de que ni el Comité Consultivo ni el Pleno del Consejo Interterritorial de Sanidad remitieron un certificado favorable al Real Decreto y que sólo se limitaron a darse por informados.

 

Por todo ello, el órgano consultivo pide al Ministerio que reevalúe y que revise este copago. El departamento de Ana Mato no ha realizado, ni antes ni después de su entrada en vigor, estudios para conocer el impacto y las consecuencias de los recortes. No lo hizo con el copago para los pensionistas y los datos del propio ministerio confirman que la medida está agotada porque en los últimos meses ha vuelto a subir el gasto farmacéutico. No lo hizo tampoco cuando retiró la tarjeta a los inmigrantes sin papeles y tampoco con este copago de las ambulancias que se va a aplicar próximamente y que, recordamos, afecta sobre todo a enfermos crónicos, incluidos los oncológicos y los que necesitan diálisis. Los pacientes tendrán que pagar, cuando, por indicación de su médico, sean trasladados en ambulancia. Les costará 10, 20 o 60 euros al mes en función de la renta o esa misma cantidad anual si los desplazamientos se prolongan más de seis meses. Estos servicios son en la actualidad gratuitos.

 

LA CADENA SER HA TENIDO ACCESO AL DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DE RD

El Consejo de Estado no ve claro el copago en transporte sanitario no urgente

En su informe, insta al Ministerio a analizar el impacto en la salud y a especificar los criterios para utilizar el servicio

Redacción Médica, Madrid

La Cadena Ser ha avanzado a primera hora de este viernes que el Consejo de Estado cuestiona la eficacia de implantar el copago en el transporte sanitario no urgente como medida de ahorro. Según la emisora de radio, la memoria económica del proyecto normativo ha sido clave para discernir que no habría “equilibrio” entre lo que las consejerías ganarían por cada paciente y lo que gastarían en gestionar este sistema de cobro.

 

El órgano que preside José Manuel Romay Beccaría ha instado al ministerio de Sanidad a que “aclare”, según ha avanzado la Cadena Ser, por qué no ha recogido en la memoria económica el impacto que el copago “va a tener en los usuarios”. También insta a Sanidad a “especificar” qué requisitos tendrá el uso de este transporte para conseguir el objetivo ministerial de disuadir a aquellos pacientes que realmente no lo necesitan, ya que en el informe al que ha tenido acceso los criterios “son similares” a los actuales.

 

El Consejo de Estado también apunta en su análisis que echa de menos el apoyo tanto del Comité Consultuvo como del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, tal y como apunta la Cadena Ser.

Reiterado varapalo al PP: la justicia mantiene la suspensión de la privatización sanitaria en Madrid…

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El TSJM mantiene paralizada la privatización de la sanidad madrileña

Anula la decisión de Martínez Tristán de aunar los siete recursos en el Pleno del tribunal

Foto.- Concentración silenciosa a las puertas del TSJM esta mañana.

ANDRÉS MUÑIZ/PAULA DÍAZ, en Público.es

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido hoy, por mayoría de 30 magistrados a 14, devolver el caso de la privatización de seis hospitales de la comunidad a su punto de partida, según fuentes judiciales. Con ello, se mantiene la paralización del proceso de "externalización", ya que no serán 50 magistrados los que decidan sobre los recursos interpuestos tanto por el Gobierno regional como por sindicatos y asociaciones de médicos, sino que éstos vuelven a los juzgados de origen.

De los siete recursos presentados, seis se resolverán por la Sección Tercera del TSJM, que fue la que dictó la suspensión cautelar del proceso antes de que el juez Martínez Tristán, casado con una consejera del PP en Castilla-La Mancha y que presidía la Sala de lo Contencioso del TSJM, acordara que fuesen los 50 magistrados del Pleno los que decidiesen sobre esta materia. De ahí que, de forma indirecta, el Pleno mantenga paralizado el proceso privatizador iniciado por el Ejecutivo de Ignacio González.

Francisco Gerardo Martínez Tristán, ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), decidió —el pasado mes de octubre— que los recursos interpuestos por el Partido Socialista de Madrid (PSM), los sindicatos CCOO y Amyts, la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) y por la propia Consejería de Sanidad que dirige Javier Fernández Lasquetty se resolvieran en una misma sala para evitar "contradicciones" y "unificar criterios". Ahora el Pleno, presidido por el juez Miguel Ángel Vegas Valiente, ha desechado la decisión de Martínez Tristán, al considerar que no puede existir contradicción entre resoluciones ya que en cada caso se juzgan cuestiones distintas.

Con ello, ya no serán 50 magistrados quienes decidan sobre la licitación del contrato de servicios de la atención especializada de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo a las  empresas Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo, sino cinco jueces que, además, aprobaron por unanimidad la paralización del proceso el pasado mes de julio.

En dicha fecha, la Sección Tercera del TSJM estimó el recurso interpuesto por el PSM y dictaminó que existían "circunstancias de especial urgencia" para paralizar el proceso sin ni siquiera escuchar antes los argumentos de la Comunidad de Madrid, dado que la adjudicación de los contratos ya había sido anunciada públicamente por Lasquetty. Semanas después, el tribunal levantó la suspensión cautelar, hecho que fue recurrido nuevamente por la formación que lidera Tomás Gómez. 

Ahora será esa misma sección la que decida de nuevo sobre la legalidad del proceso por el que la Comunidad de Madrid ha adjudicado la gestión de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina y el del Tajo al grupo Hima San Pablo; el Infanta Leonor y el del Sureste, a la UTE (Unión Temporal de Empresas) liderada por Ribera Salud; y el del Henares a Sanitas. Afem, por su parte, ya ha anunciado que presentará nuevas pruebas de "irregularidades" en los pliegos del contrato.

La decisión de no estudiar el asunto en Pleno sino reenviar los recursos a las secciones originarias se adoptó por 30 votos a favor y 14 en contra. De estos últimos, varios plasmarán su discrepancia en votos particulares, según fuentes del TSJ de Madrid. De los 50 miembros del Pleno, acudieron a la reunión 44.

Según la agencia Efe, la reunión se ha celebrado en un clima de tensión y enfrentamiento entre varios sectores del Pleno. Los jueces no llegaron a deliberar sobre los siete recursos acerca de la privatización de la gestión hospitalaria de seis centros presentados por PSM, AFEM, CCOO, Amyts y la Comunidad de Madrid, ya que decidieron devolver los mismos durante la resolución de las cuestiones previas.

El TSJ mantiene la paralización de la privatización sanitaria en Madrid

Los 50 magistrados no se pronuncian sobre los recursos y remiten las decisiones a los jueces que ya estaban encargados de las demandas antes de convocarse el pleno

La decisión de unificar los procesos, tomada por el expresidente de la Sala y actual miembro del CGPJ, había generado polémica

Raúl Rejón, en eldiario.es

Sin mojarse. Los recursos contra la suspensión cautelar del proceso de privatización de seis hospitales en Madrid tendrán que decidirlos los jueces que dictaron los frenazos judiciales a la entrada de contratistas en la gestión sanitaria. La supersala de lo contencioso-administrativo del TSJM "ha resuelto por mayoría devolver los asuntos objeto de la convocatoria a las respectivas secciones del tribunal (Sección Tercera y Sección Octava) que venían conociendo de los mismos", ha informado en menos de tres horas desde la apertura de la sesión.

Este viaje de ida y vuelta fue iniciado por el que fuera presidente de la Sala, Gerardo Martínez Tristán, al unificar todos los recursos en esta supersala que convocaba a 50 magistrados. Martínez Tristán no ha participado siquiera en las deliberaciones, ya que abandonó su cargo al ser nombrado miembro del Consejo General del Poder Judicial. Así que la cosa queda igual que antes de la decisión de este juez. Las togas seguirán decidiendo sobre las batas.

El pleno de magistrados de lo contencioso-administrativo de Madrid se había reunido hoy para, en principio, decidir el futuro inmediato del modelo sanitario en esa comunidad autónoma. La sede de la supersala se ha debido establecer finalmente en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia. El edificio se ha convertido en el centro de atención, máxime cuando un centenar de personas se han convocado allí para, de manera silenciosa, reivindicar que los seis hospitales cuya gestión se ha traspasado a contratistas permanezcan bajo dirección pública.

Finalmente, los jueces han decidido en poco más de dos horas y media por mayoría (30 frente a 14) devolver los recursos a las secciones de origen. Los votos particulares se conocerán, previsiblemente, la semana que viene. Solo había en la sala 44 magistrados, ya que seis de ellos se ausentaron esta mañana alegando motivos de salud, informa Madridiario.

"Si estoy aquí vivo para reivindicar es gracias a la sanidad pública. Desde hace 20 años recibo tratamiento contra el VIH y estoy seguro de que en un modelo de gestión privatizado no habría podido afrontarlo económicamente", resumía Ramón Linaza, uno de los manifestantes. Frente a la entrada del tribunal, una muestra de Marea Blanca sostenía pancartas en favor de la paralización del proyecto del presidente regional Ignacio González (PP). "Hoy tenemos las de ganar", se han animado entre ellos.

Lo cierto es que en estas jornadas extraordinarias de enero no se decidía sobre el fondo de la privatización. La cuestión clave que tenían que dilucidar era la suspensión cautelar de la cesión a empresas mientras se solventan las demandas. Ni siquiera han fallado acerca de ello. De hecho, las primeras cuestiones que se han visto en la apertura de la sesión tienen que ver con aspectos procedimentales ya que tanto el PSM como la asociación médica AFEM han pedido que este pleno de medio centenar de jueces no se validara.

Tras unos 90 minutos de concentración, los manifestantes han ido disolviendo el acto ya que piensan repetirlo en la convocatoria de la tarde y en la del viernes. Mientras se alejaban de la puerta judicial seguía la batería de argumentos: "Si es que no hace falta saber de leyes sino una simple regla de tres para ver que no es que se venda la sanidad pública, es que se regala"...  

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El cambio de nombre de tres hospitales antes de inaugurarse costó 376.000 euros

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Los centros pasaron a denominarse como tres infantas

Visita del Gobierno regional a las recién finalizadas obras del hospital de Parla, en mayo de 2007. / COMUNIDAD DE MADRID

Elena G. Sevillano / José Marcos Madrid 8 ENE 2014 - 00:01 CET

Cuatro de mayo de 2007. Esperanza Aguirre acude al acto de “finalización de las obras”, que no inauguración, del hospital de Vallecas. La presidenta madrileña se fotografía frente a la puerta de las urgencias, por los pasillos, en una habitación... flanqueada por su entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Los políticos posan frente a la entrada principal. “Hospital de Vallecas”, se lee en el enorme rótulo. Faltan 23 días para las elecciones autonómicas y algo menos de un año para que el hospital entre finalmente en funcionamiento. Cuando se inaugura, en febrero de 2008, el cartel ya es otro: hospital Infanta Leonor. Cambiar de nombre al centro costó 272.635 euros...(leer más)

El Principado recurre el copago hospitalario

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El Gobierno central encarece el pago del resto de medicinas al actualizar los tramos de aportación al IPC de 2013

Acude a la vía judicial para evitar que el Ministerio de Sanidad imponga un nuevo gravamen en los fármacos

El Comercio. 03.01.2014 - LAURA FONSECA GIJÓN.

Foto: Medicinas dispensadas con receta en una farmacia. :: E. C.

2014 llegó no sólo con aumento en el recibo de la luz, sino también en las medicinas. Desde el pasado miércoles, 1 de enero, los pacientes tienen que pagar también por los fármacos dispensados en los hospitales. Además, el resto de fármacos, los que ya eran cofinanciados por los usuarios, se encarecerán tras la decisión del Ministerio de Sanidad de actualizar los tramos de aportación al IPC de 2013. Las medidas forman parte de la reforma sanitaria aprobada en 2012 por el Gobierno de Rajoy y que acabó, entre otras cosas, con la gratuidad de los medicamentos para los pensionistas. El ministerio de Ana Pastor da ahora una nueva vuelta de tuerca extendiendo este copago a las medicinas dispensadas en hospitales. El gravamen debería haber entrado en vigor en octubre pasado pero Sanidad decidió dar una prórroga de tres meses ante el revuelo creado en algunas autonomías, entre ellas, Asturias.

La tregua tocó a su fin este 1 de enero y el Principado confirmó ayer que de momento no aplicará el polémico copago hospitalario. El Ejecutivo asturiano está elaborando un recurso judicial contra este nuevo impuesto sanitario, que afectará especialmente a los enfermos crónicos. La Consejería de Presidencia ya había presentado en otoño un requerimiento al Ministerio de Sanidad solicitando que retirase una medida que «resta equidad y suma vulnerabilidad a los pacientes más débiles o pluripatológicos, gravados ya por otros copagos».

Hace dos semanas, el Gobierno central decidió dar carpetazo al recurso enviado desde el Principado, por lo que la Consejería asturiana de Sanidad comenzó a preparar un recurso contencioso que, según pudo saber ayer EL COMERCIO, «será tramitado en breve». Asturias acude a la vía judicial en un intento por evitar que los pacientes tengan que empezar a pagar también por los fármacos que se dispensan en los hospitales.

Dificultar el acceso a terapias

La Consejería Sanidad considera que este nuevo copago «dificulta el acceso de determinados pacientes a sus tratamientos (muchas veces esenciales), con lo que supone un riesgo para la salud». Además, responsabiliza al Ministerio de Sanidad del «riesgo de incurrir en un retroceso en la calidad de la atención sanitaria por la posibilidad de que tratamientos ambulatorios y más cómodos para los pacientes afectados por ejemplo por cáncer o VIH, sean sustituidos por intravenosos, más agresivos para el usuario y más costosos para un sistema que ha de ser público y universal».

El copago de medicamentos hospitalarios cuenta con la negativa de otras comunidades como Canarias, Andalucía, Aragón, País Vasco, Cataluña, Valencia, Extremadura, Castilla y León y Baleares. Por el momento, los andaluces y castellanoleoneses han sido los que presentaron un recurso contencioso-administrativo, al que se sumará en breve Asturias.

Además, desde el 1 de enero también se incrementaron los tramos de copago para pensionistas. El Ministerio de Sanidad acordó subir los topes máximos mensuales del copago farmacéutico, establecido en 8,14 euros; 18,32 o 61,08 según renta, y actualizar la cuantía máxima correspondiente a los medicamentos de aportación reducida (actualmente 4,20 euros por envase), en virtud de una evolución del IPC. La subida será aproximadamente del 1,4%, quedando en 8,26 euros, 18,59 euros y 62 euros.

Sanidad sube el copago farmacéutico de los jubilados seis veces más que las pensiones

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El tope mensual del copago farmacéutico aumenta un 1,5%, que según el Ministerio es equiparable a la subida del IPC. Sin embargo, los precios sólo han subido un 0,2% en 2013

Foto:Un jubilado acude a la farmacia a comprar medicamentos.- EFE

 PÚBLICO/ EFE Madrid 30/12/2013 18:11 Actualizado: 30/12/2013 18:50

La pensiones subirán en 2014 un 0,25%, pero el Ministerio de Sanidad ha incrementado un 1,5% el tope máximo que los pensionistas pagan por sus medicamentos. Sólo serán unos céntimos más que los límites establecidos hasta ahora en el copago farmacéutico, pero también es un aumento que no se equipara con la inflación.

El Ministerio que dirige Ana Mato asegura que el porcentaje de subida se ha calculado de forma automática de acuerdo con la evolución del IPC en el periodo comprendido entre enero y noviembre de este año que, según Sanidad, es del 1,5%.Pero los datos no cuadran. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC aumentó un 0,2% este año, no un 1,5%, como afirma Sanidad. Ni siquiera el IPC de los medicamentos aumentó un 1,5%, ya que el INE también fija este alza en un 0,2%....(leer más)

La nueva ley sólo permite abortar en dos supuestos, violación y riesgo para la madre

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El anteproyecto aprobado ayer por el Gobierno obliga a las menores que quieran interrumpir el embarazo a informar a sus padres, y en caso de existir controversia, decidirá la joven

Lne. 21.12.2013 | 03:03  Madrid / Oviedo, Agencias / P. Á.

 Foto: Concentración de protesta contra la reforma, ayer, en Oviedo. | reuters

Las mujeres podrán abortar en los casos de violación hasta la duodécima semana y en los que exista riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre hasta la semana 22. Así lo establece el anteproyecto de reforma de la ley del aborto aprobado ayer por el Gobierno, que supone pasar de una norma de plazos a otra de supuestos. El texto limita a dos los supuestos para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo de forma legal, y suprime el referido a las malformaciones del feto, salvo los casos de anomalías incompatibles con la vida del nasciturus y de un riesgo psíquico o físico de la madre.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la reforma "libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal" y obliga a las menores a recabar el consentimiento paterno antes de interrumpir su embarazo. "Recupera el equilibrio marcado por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1985" entre la protección del nasciturus y los derechos de las gestantes, argumentó Gallardón, quien añadió que los cambios aportan mayor seguridad jurídica a los profesionales que practican el aborto.

El anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada establece que cualquier discapacidad o anomalía del feto o el embrión no es "en sí misma una disminución de derechos de protección". Según Gallardón, para poder abortar, la anomalía del feto o el embrión deberá causar un daño psíquico o físico en la mujer y tendrá que quedar probado en un informe médico al que debe acompañar otra acreditación médica de la malformación incompatible con la vida. En el caso de violación, la mujer deberá aportar la denuncia de la misma para poder interrumpir el embarazo, que podrá realizarse en este supuesto hasta la semana 12 de gestación.

Cuando el embarazo suponga un peligro grave para la salud física o psíquica de la mujer, el aborto podrá realizarse hasta la semana 22, siempre que quede acreditado en un informe realizado por dos médicos distintos al facultativo que lo practique y de diferentes centros sanitarios. Si la gestación supone un peligro vital para la vida de la madre o para su salud, derivado de una anomalía del feto incompatible con la vida que no se hubiera detectado antes, no habrá limite de tiempo para abortar.

Las menores que quieran abortar tendrán que informar a sus padres o tutores, mientras que hasta ahora la regulación vigente permitía que no informaran a sus progenitores si alegaban coacciones o amenazas en el ámbito familiar. Si hubiera controversia entre ellos, el juez considerará que es válido el consentimiento de la menor salvo que constate su falta de madurez, en cuyo caso resolverá atendiendo a su interés. El anteproyecto regula también la objeción de conciencia de los profesionales. Deberá ser comunicada al director del centro dentro de los cinco días siguientes a empezar a trabajar, aunque también prevé que se pueda modificar el ejercicio de este derecho en cualquier momento.

Gallardón subrayó que la reforma no ha causado divergencias en el seno del Ejecutivo.

Evolución legislativa del aborto

La reforma de la ley del aborto aprobada ayer es el segundo cambio en la regulación de la interrupción del embarazo, desde que fue despenalizado en 1985.

La ley de 1985 despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre.

Tras la victoria del PP en 1996, la ley no registró modificaciones.

El Gobierno socialista elaboró un nuevo texto y en 2010 se aprobó la ley que establecía el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto. Si se descubrían anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable del bebé, no había límite de tiempo. En los casos de chicas de 16 y 17 años que quisieran abortar, al menos uno de sus padres o tutores legales debía ser informado, excepto si alegaban riesgo de amenazas, coacciones o malos tratos en el ámbito familiar, en cuyo caso la decisión recaía en el médico.

La reforma aprobada ayer limita a dos los supuestos para que las mujeres puedan abortar de forma legal: violación (hasta las 12 semanas) y riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre (hasta la semana 22). Elimina el supuesto referido a las malformaciones del feto, salvo en los casos en los que se demuestren anomalías incompatibles con la vida del nasciturus y un riesgo psíquico o físico de la madre.

De este modo, el Gobierno del PP pone fin a la actual ley de plazos, prohíbe la publicidad de los centros médicos o de los procedimientos para interrumpir voluntariamente el embarazo y establece penas para los médicos que realicen aborto fuera de los supuestos establecidos.

Desde 1985, se han practicado en España en torno a 1,7 millones de abortos al amparo de la ley. Las cifras han ido creciendo año tras año (con la única excepción de 2009, año en el que descendieron en un 3,7%).

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La OCDE recomienda a España que abarate aún más el despido

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Informe de la OCDE

Los supuestos de despido nulo deberían limitarse a los “casos más extremos”

El organismo cree que ha habido menos despidos colectivos de los previstos porque las empresas temen que sean declarados nulos

Cristina Galindo Madrid 18 DIC 2013 - 19:51 CET

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La OCDE considera en su informe que la normativa todavía está frenando la creación de empleo indefinido. Uno de esos obstáculos es la posibilidad de que la justicia declare nulo un expediente de regulación de empleo (ERE) y obligue a la empresa a readmitir a los despedidos. Por ello, el organismo aconseja que se limiten los supuestos de despidos nulos a “los casos más extremos”, como la discriminación por sexo o raza, para impulsar la contratación fija...(leer más)