Güemes (dcha.) y Lamela (centro), junto a Esperanza Aguirre.
•El magistrado Marcelino Sexmero ha definido de qué se acusa a los ex consejeros
•Ambos, después en el ámbito privado, se habrían beneficiado de la externalización
PABLO HERRAIZ QUICO ALSEDO Madrid
Actualizado: 31/10/2013 11:06 horas
Juan José Güemes y Manuel Lamela, ex consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pueden considerarse ya oficialmente imputados por presuntos delitos de cohecho y prevaricación.
El magistrado del Juzgado número 4 de Instrucción de Madrid, Marcelino Sexmero, concretó este miércoles, según ha podido saber este diario de fuentes judiciales, las imputaciones contra la cúpula sanitaria madrileña que comenzó las privatizaciones del sector público en la región.
Marcelino Sexmero ha concretado las imputaciones en el auto, que previsiblemente se hará público este jueves, en el que responde a varios recursos de reforma interpuestos por varios de los imputados en la causa, desestimándolos.
En este documento, el magistrado, en el candelero en los últimos meses por haber archivado por ejemplo el escrache a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, acota los presuntos delitos que se les imputan a los anteriores gestores de la sanidad pública madrileña.
Los recursos interpuestos contra un auto de este juez de antes de verano básicamente pedían que se concretaran las relaciones de los imputados con los delitos, porque el auto reflejaba por una parte a los imputados y por otra la lista de delitos. Aunque en ese auto se podía sobreentender de qué delitos tendría que ser investigado cada imputado, ahora el juez lo concreta.
Y la lista, a grandes rasgos, queda así: Manuel Lamela y Juan José Güemes, ex consejeros de Sanidad, imputados por prevaricación y cohecho; la cúpula actual de la Sanidad madrileña (excepto el consejero Lasquetty, contra el que no va la querella), imputada por malversación de caudales públicos; y las empresas que gestionan privadamente la sanidad pública, imputadas también por cohecho, como parte necesaria para que los consejeros lo hubieran cometido por su parte.
Lamela fue consejero entre 2003 y 2007. Güemes le sustituyó en el cargo, y ostentó esa responsabilidad de junio de 2007 a marzo de 2010. A caballo entre los mandatos de ambos se produjo la primera oleada privatizadora, por la que se querelló contra ellos el sindicato Asociación de Facultativos Especialistas (Afem).
Los querellados, además de Güemes y Lamela, son también, de entre los responsables políticos, Antonio Burgüeño, actual director general de Hospitales, y la actual viceconsejera, Patricia Flores. También se concreta las imputación de malversación de caudales públicos contra ellos.
Sexmero, que llegó a denunciar presiones de la Fiscalía, que se adhirió a los recursos de reforma interpuestos por los querellados, da respuesta así también a lo declarado hace 20 días a Europa Press.
El fiscal jefe de Madrid, el recién llegado José Javier Polo, declaraba entonces a la agencia que «la admisión de la querella puede ser cautelar, pero mientras no se concreten las conductas delictivas no procede llamar a declarar en calidad de imputados a las personas respecto a las que no se han concretado qué conducta delictiva mantienen».
Ahora, la Fiscalía ya sabe de qué se acusa a Güemes, Lamela, Burgueño y Flores, y qué indicios de delito ve el juez Sexmero en su conducta. Aún así, hay un recurso de apelación interpuesto contra la admisión a trámite de la querella, que deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid.
Si este órgano revocara la decisión de Sexmero, podría eliminar la única acción penal contra los procesos de privatización que el Gobierno regional, del PP, lleva implementando en Madrid en los últimos años. La decisión de la Audiencia podría tardar aún varios meses en llegar: «Tendríamos suerte si la Audiencia resolviera antes de fin de año», aseguró uno de los abogados personados en el proceso.
Sexmero, en todo caso, ya ha tomado su decisión, y ésta afecta también a las empresas presuntamente favorecidas por los cargos públicos en el ejercicio de sus actos. En concreto son Capio, Ribera Salud, Unilabs, Asisa y la Fundación Jiménez Díaz UTE. A todas ellas se les imputa un delito de cohecho, del que habrían participado al favorecerse, como supuestas corruptoras, de la actividad de los cargos públicos.
La querella penal presentada por los facultativos cursa en orden a varios hechos que se comenzar. El primero de ellos, la puerta giratoria que ambos usaron a su salida de las instituciones. A su salida del Gobierno regional, Lamela creó una sociedad entre cuyos clientes estuvo, entre otros, Capio.
Güemes, por su parte, trabajó para Unilabs, el laboratorio que había conseguido, durante su mandato, el contrato para el recién privatizado servicio centralizado. Además, según Afem, se favoreció a las empresas en la cesión de bienes públicos en dos centros de salud, los de Quintana y Pontones, sin concretar el canon arrendaticio. También se habría orientado a pacientes desde los call center de la sanidad pública a la privada.
Por último, la querella denuncia también fraude en la llamada facturación intercentros, al derivarse a pacientes de la sanidad pública hacia la privada en los hospitales que no tenían determinadas especialidades, sin que eso afectara a las cantidades pactadas entre los dos ámbitos, produciéndose un beneficio doble
