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JUBILACION

Últimos trenes para la jubilación parcial

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El día 28 concluye el plazo para presentar la documentación que da derecho a las jubilaciones parciales y anticipadas decididas antes del 2 de agosto de 2011

Tres jubilados disfrutan del día en un parque. / E.C.

El Comercio. 24.02.13 - 19:13 - JOSÉ LUIS GALENDE |

Cada vez es más difícil retirarse antes de los 65 años y uno de los últimos trenes para ese destino pasa por última vez esta semana. Los trabajadores que quieran acogerse a procesos de jubilación anticipada o jubilación parcial por contrato de relevo según la normativa anterior a la aprobación de la ley de reforma de la Seguridad Social de 2011 tienen de plazo hasta el próximo jueves, día 28, para cumplimentar los trámites, siempre que la decisión hubiera sido adoptada antes de la entrada en vigor de la citada norma, el 2 de agosto de 2011. De esta forma se cierra una puerta privilegiada de acceso temprano a la pensión, pensada para cuando las cuentas de la Seguridad Social estaban saneadas, y que ha facilitado que decenas de miles de personas se hayan retirado de manera parcial antes de cumplir la edad reglamentaria de 65 años.

Nada volverá a ser como antes en este asunto. La ley citada endurece el acceso al retiro antes de los 65 años, con el objetivo de retrasar lo más posible la edad a la que se abandona el mercado laboral, pese a que en 2012 se situaba en los 63,91 años (dato de enero-gosto, según el Gobierno), una de las más elevadas de la UE. Y aunque los nuevos requisitos no han entrado aún en vigor al haberlos retrasado por tres meses el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ello se debe a su intención de endurecer aún más las condiciones de unas fórmulas que, en el caso de las jubilaciones parciales por contrato de relevo, cuestan mucho dinero a la Seguridad Social, que ha llegado a cifrase en 2.500 millones de euros al año.

La Ley de reforma de las pensiones (27/2011) contempla en su disposición final duodécima una serie de excepciones a su entrada en vigor, el pasado 1 de enero. En concreto, recuerda en una comunicación el Bufete Barrilero y Asociados, establece que no cambiará la regulación vigente anterior a esta norma en tres casos:

1.- Quienes hayan extinguido su contrato de trabajo antes del 2 de agosto de 2011.

2.- Quienes tengan su relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de EREs, acuerdos colectivos de empresa o por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados o suscritos con anterioridad a la fecha de publicación de la Ley 27/2011, con independencia de que la extinción de la relación laboral se haya producido con anterioridad o posterioridad al 1 de enero de 2013.

3.- Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a la fecha de publicación de la Ley, así como las personas incorporadas antes de la fecha de publicación de la ley a planes de jubilación parcial, recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresas, con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad al 1 de enero de 2013.

Un decreto de 28 de diciembre pasado (1716/2012) fija las fórmulas para acreditar estas circunstancias, para lo que da dos meses de plazo, ante las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Para ello, trabajadores, sindicatos o empresas deben aportar los expedientes de regulación de empleo, convenios colectivos, las decisiones adoptadas en procedimientos concursales, o los planes de jubilación parcial, con independencia de que la extinción de la relación laboral se haya producido con anterioridad o con posterioridad al 1 de enero de 2013.

La norma citada señala también que si los afectados no hubieran comunicado a la Seguridad Social estas circunstancias existe la posibilidad de que le sean igualmente aplicadas, siempre que el organismo tenga conocimiento de las mismas por otra vía. En ese caso, si se cumplen los requisitos, procederá a aplicar la pensión de jubilación a los beneficiarios, en función de la legislación anterior a la reforma de las pensiones.

Entre tanto, el debate abierto por el Gobierno con los partidos políticos para endurecer las condiciones de la jubilación anticipada o parcial por contrato de relevo sigue adelante. Cuando el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, la presentó en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo a finales de 2012 recibió muy pocos apoyos. En general, los partidos de la oposición consideran que no es el momento adecuado para endurecer la jubilación anticipada, que, aseguran, no tiene coste económico para la Seguridad Social debido a las fuertes penalizaciones que conlleva. Y tampoco es el momento para intentar mantener a toda costa en el empleo a personas mayores, precisan, cuando el paro juvenil supera holgadamente el 50%.

Al respecto, hay que recordar que un 27,4% de las 200.000 jubilaciones que se produjeron el año pasado tenían coeficientes reductores y casi un 10% accedieron al retiro parcial. Al final, de 200.658 nuevas pensiones –excluida las del SOVI– solo 117.698 se produjeron con 65 años o más.

En lo que se refiere a la jubilación parcial por contrato de relevo, el respaldo al endurecimiento de los requisitos puede ser algo mayor, dado el elevado coste que esta fórmula supone para la Seguridad Social.

Pero la mayoría de los grupos también vieron con gran desconfianza la propuesta del Ejecutivo, en los actuales momentos de elevado paro, de poder compaginar una pensión con un salario a partir de los 65 años. En torno a unas 10.000 personas (el 5% del total) se jubilan cada año con 66 años o más, con un plus en su pensión del 2% o del 3% por cada año que retrasan el retiro.

El Gobierno plantea penalizar la jubilación parcial igual que la anticipada

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 Este es uno de los cambios legales que quiere llevar a cabo el Ejecutivo para acercar progresivamente la edad real de jubilación a la edad legal

EFEMadrid26/01/2013 11:55 Actualizado: 26/01/2013 16:05

El Gobierno quiere endurecer la jubilación parcial porque es muy costosa para la Seguridad Social y, para desincentivar su uso, ha planteado una reforma que incluye penalizaciones similares a las que se ya aplican para la jubilación anticipada, que suponen una reducción de la pensión.

Este es uno de los cambios legales que quiere llevar a cabo el Ejecutivo para acercar progresivamente la edad real de jubilación a la edad legal y que está tratando con los grupos parlamentarios en la comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo…(leer más)

Bruselas aumenta la presión sobre España para que retrase más la edad de jubilación

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 La UE considera que las pensiones serán insostenibles pese a la reforma de 2011

PP y PSOE, contrarios a adelantar la aplicación del retiro con 67 años

Lne.es » Economía Bruselas / Madrid / Oviedo,Agencia s/ M. M.

Los ajustes aplicados hasta ahora en España son insuficientes para garantizar el futuro de las pensiones y la sostenibilidad de las cuentas públicas, según el criterio de la Comisión Europea (CE). Las autoridades comunitarias han vuelto a emplazar al Gobierno de Mariano Rajoy a retrasar más la edad de jubilación, adaptándola a la esperanza de vida, con el objetivo de frenar el aumento del gasto en pensiones que, según Bruselas, se va a situar «claramente por encima de la media de la UE». Bruselas no lo precisa, pero su informe aumenta la presión sobre el Ejecutivo español para que acelere la aplicación de la jubilación a los 67 años, que entrará en vigor de forma gradual entre 2013 y 2027.

 

En su informe sobre la sostenibilidad fiscal en el conjunto de la Unión Europea, la Comisión ve «riesgos observables» en España. Según los expertos de la CE, el país ya ha acometido «una importante reforma de las pensiones en 2011 con un impacto positivo en el gasto», pero no es suficiente. El PP se manifestó ayer «contrario» a adelantar la entrada en vigor de la edad de jubilación a los 67 años y apuesta por acercar la edad legal a la edad real, restringiendo las prejubilaciones. También el PSOE y CiU han advertido de que se opondrán a aumentar la edad del retiro.

 

El descenso en la natalidad y el incremento de esperanza de vida provocará que la población mayor de 65 años frente a la que está en edad de trabajar se dispare en los próximos años y décadas hasta llegar al 60% de aquí a 2060, según las proyecciones del Banco de España.

 

El próximo día 1 de enero de 2013 entrará en vigor la reforma de las pensiones aprobada con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, y que supone retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años de manera progresiva. El método establecido fija que en 2013 la edad de jubilación aumentará un mes al año entre 2013 y 2018, y a razón de dos meses anuales entre 2019 y 2027, hasta llegar en este último ejercicio a los 67 años (ver gráfico adjunto).

 

Además, la reforma de las pensiones establece también un incremento de los años que se tendrán en cuenta para calcular la pensión, que pasarán, de 15 a 25 también de manera progresiva desde el año 2013 hasta el 2022.

 

Otro factor añadido es la introducción del denominado «factor de sostenibilidad», que establece la revisión del sistema de pensiones para adaptarlo a la esperanza de vida. La reforma de Zapatero no concretaba su desarrollo y aplicación, más allá de que se aplicaría a partir del año 2027 y que se revisaría cada cinco años. El actual Gobierno del PP pretende llevar el diseño del «factor de sostenibilidad» al Pacto de Toledo en 2013, para que pueda entrar en vigor en 2014. La idea del Ejecutivo es caminar a la par de otros países como Italia, Alemania, Suecia, Francia o Finlandia.

 

La Comisión Europea advierte en su informe de que, pese a que la reforma de las pensiones aprobada en 2011 tiene «un impacto positivo visible», el aumento del gasto en prestaciones en España seguirá siendo superior a la media comunitaria hasta el año 2060. Entre 2010 y 2060 ese desembolso aumentará en 3,6 puntos del PIB, cuando la media será de 1,4 puntos.

 

«Se necesita contener más el aumento del gasto relacionado con el envejecimiento de la población para contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo», indica el documento. Y añade que a medio y a largo plazo, si no cambian las políticas vigentes, la deuda pública española seguirá aumentando desde el 97,1% del PIB en 2014 hasta el 114,4% en 2020 y el 129,4% en 2030. «Como consecuencia», advierte Bruselas, «se observan riesgos a la sostenibilidad del sistema de pensiones en España».

 

El informe añade que «España debería garantizar que el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones incluya un vínculo claro de la edad de jubilación con cambios en la esperanza de vida, de forma que el gasto en pensiones pueda frenarse a largo plazo».

 

El Ejecutivo comunitario advierte, además, de que a corto y medio plazo España está en «riesgo de estrés presupuestario», de ahí que considere imprescindible que se incida en los ajustes aprobados por el Gobierno de Rajoy para corregir la situación.

 

El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, afirmó ayer que en España el «riesgo de estrés presupuestario ha sido reducido gracias a las medidas de consolidación adoptadas en los últimos dos años, si bien todavía permanece bastante elevado». «La plena implementación del ajuste previsto podría ayudar mucho a reducir el riesgo de estrés presupuestario y a que España vuelva a un territorio más seguro», agregó el comisario Rehn.

El Gobierno quiere restringir la jubilación anticipada, sobre todo en el sector público

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El Ejecutivo pretende retrasar la edad mínima y exigir más años de cotización

Plantea que el retiro voluntario adelantado no se extienda a los funcionarios, pese a lo pactado hace 5 años

Lne.es » Economía Oviedo, Agencias

El Gobierno quiere endurecer las condiciones básicas de acceso a la jubilación anticipada: la edad mínima, el número de años cotizados que se exige y la penalización que se aplica sobre las pensiones. Pero, además, el Ejecutivo es partidario de evitar que el retiro adelantado se extienda en la Administración, impidiendo que se aplique un compromiso con los empleados públicos que está pendiente desde hace cinco años.

 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha remitido a los partidos políticos y a los agentes sociales un documento sobre las jubilaciones anticipadas que se debatirá en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, foro donde se discuten y negocian las políticas referidas al sistema de pensiones. De acuerdo con las recomendaciones y las exigencias formuladas por la Comisión Europea, el Gobierno defiende en ese texto que la edad mínima para retirarse de manera anticipada (61 años, en caso de despido, y 63 años, si la jubilación es voluntaria) debe elevarse más, en línea con el incremento en la edad legal ordinaria de jubilación, que pasará de 65 años a 67 años mediante un proceso escalonado que comenzará en 2013 y culminará en 2027.

 

Los cambios que están sobre la mesa son mayores de los que impulsó en 2011 el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que debían entrar en vigor el próximo día 1 de enero. Esa reforma de Zapatero eleva, por ejemplo, la edad mínima del retiro voluntario anticipado de 61 a 63 años y de 30 a 33 los años cotizados necesarios. El nuevo informe de Empleo sostiene que la edad para el retiro adelantado debe ser mayor, aunque no llega a proponer un número preciso de años. También aboga por «actualizar el período mínimo de cotización exigido» y por «ajustar los coeficientes reductores de la cuantía de la pensión». Estos últimos son los descuentos que se aplican sobre la nómina del pensionista, que vienen a ser un promedio del 8% de la base reguladora por cada año de diferencia con la edad legal de la jubilación.

 

El documento plantea también cambios en la edad y las condiciones de la jubilación parcial (contrato relevo), ahora posible como norma general a partir de los 61 años. El Gobierno quiere elevar el requisito de edad, el número mínimo de años cotizados y modificar la jornada laboral de los jubilados parciales. Esta figura es usada con intensidad por las empresas para ajustar y rejuvenecer sus plantillas.

 

Y el Gobierno añade el siguiente planteamiento referido al caso de la Administración: «Habría que valorar si la jubilación anticipada por voluntad del trabajador se extiende o no a los empleados públicos, teniendo en cuenta el coste que supone para la Seguridad Social, la incidencia de las jubilaciones masivas en el sector público o el precedente de la aplicación de fórmulas de anticipación a la jubilación».

 

El Ejecutivo pone así en entredicho el compromiso de ofrecer al conjunto de los trabajadores públicos la opción de la jubilación anticipada voluntaria, ya prevista desde hace cinco años en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero que está bloqueada y sin desarrollo reglamentario desde entonces.

 

Hasta ahora, la jubilación anticipada y la jubilación parcial sólo eran posibles para los empleados públicos del llamado Régimen de Clases Pasivas, al que están adscritos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la mayoría del personal docente. En total, casi un millón de trabajadores. Esta excepción es la que ha permitido, por ejemplo, que miles de maestros y profesores hayan podido jubilarse de manera anticipada.

Jubilarse antes

Jubilación anticipada

 

El retiro anticipado voluntario es posible con 63 años y 33 de cotización, según la reforma del anterior Gobierno. Si media despido, la edad mínima baja a los 61 años.

 

Jubilación parcial

 

El llamado contrato relevo puede aplicarse en el caso de trabajadores que tienen desde 60 o 61 años, al menos 30 de ellos cotizados y una antigüedad mínima en la empresa de 6 años.

 

Los impactos

 

Según el Ministerio de Empleo, en 2011 se jubilaron anticipadamente 111.648 trabajadores, equivalentes a casi el 41% del total de las altas de jubilaciones que registró el sistema.

Rajoy no quiere que los funcionarios se jubilen antes de tiempo voluntariamente

Críticas al Gobierno por querer cambiar de nuevo las pensiones

La doctrina ya está unificada…

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CONFIRMAN LA DOCTRINA DEL TSJ de Cantabria

Tres fallos del Tribunal Supremo avalan el retiro forzoso a los 65 años

VER EL COMENTARIO AL RESPECTO EN EL BLOG DE SEVACH QUE, ADEMAS, INCLUYE EL TEXTO INTEGRO DE ALGUNAS SENTENCIAS

Diario Médico hace 10 días…

La prórroga en la actividad no es un derecho del médico y se concede en función de las necesidades asistenciales. Así de claro lo ha dicho el Tribunal Supremo en tres fallos que desestiman la petición de tres facultativos contra la decisión del Servicio Cántabro de Salud de imponerles la jubilación. El Supremo reconoce el plan de recursos humanos del SCS.

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a cualquier posibilidad de que los médicos cántabros que lo deseen puedan seguir en activo a partir de los 65 años. En tres sentencias que responden a otros tantos recursos de facultativos del Servicio Cántabro de Salud (SCS), el magistrado ponente Vicente Conde Martín de Hijas ha confirmado la capacidad de la Consejería de Sanidad de Cantabria para denegar la prórroga del servicio activo a los médicos hasta los 70 años de edad, tal y como venía ocurriendo hasta 2008.

Las tres sentencias dejan claro que la prórroga "no es un derecho de los médicos", y, en todo caso, deberá hacerse en "función de las necesidades asistenciales", tal y como contempla el Plan de Recursos Humanos del SCS.

Los tres médicos recurrentes no han visto prosperar sus intenciones, pues la Sala de lo Contencioso en los recursos de casación afirma que existe, por parte de los facultativos un "notorio exceso" sobre la interpretación del Estatuto Marco, que parte de la "consagración de un auténtico derecho a la prórroga en el servicio activo hasta los 70 años".

Sin embargo, el tribunal, que ratifica las sentencias del TSJ cántabro, observa una "exageración" en esta pretensión que, a su juicio, no puede ser vista como "un derecho de los profesionales que pueda convertirse en una exigencia rigurosa a trasladar a los planes de recursos humanos".

La edad importa
El fallo, no obstante, apunta que mientras en otras áreas de la función pública la edad no se considera "un factor tan relevante, en el sanitario se entiende que los trabajadores están sometidos a unas condiciones de trabajo de mayor carga física y psíquica, si bien hay profesionales veteranos que por los méritos relevantes de su trayectoria pueden desempeñar unas actividades de un alto valor cualitativo, por lo que no pueden ser desaprovechados".

Aunque el fallo admite que la jubilación de los funcionarios está fijada legalmente a los 65 años, y que "las excepciones se asumen para ciertos supuestos que determinarían las Administraciones públicas correspondientes", lo cierto es que el Supremo se muestra categórico al respecto y subraya que "no es un derecho, sino una facultad, que queda condicionada a que los servicios de salud autonómicos, en el ejercicio de su potestad, la adopten en función de las necesidades de su organización".

Así las cosas, el Supremo pone de relieve que tanto el SCS como Sanidad elaboraron un Plan de Recursos Humanos en el que se fijaban las necesidades de profesionales y otras cuestiones esenciales. El ponente del fallo reitera que, en el caso de Cantabria, la prórroga se supeditaba a que hubiera "necesidades asistenciales probadas, y que éstas se hubieran detectado en los tres meses previos a la jubilación".

Además, el plan recogía un índice de absentismo del 6,6 por ciento, con una media de 14.800 días sustituidos, que peligraría con una plantilla envejecida. De hecho, Sanidad detallaba que en 2005 el 49 por ciento de los facultativos de atención especializada en el SCS superaba los 50 años de edad. De ahí que la Administración pronosticara que a corto plazo se produciría un "envejecimiento importante" de la plantilla, fundamentalmente en el Hospital Universitario Valdecilla.

El coste de las guardias
El Supremo señala que uno de los efectos negativos del envejecimiento del staff facultativo es la "disponibilidad decreciente de la plantilla médica para las guardias [lo que suponía] un coste económico añadido".

El Supremo da por bueno el argumento del Gobierno de Cantabria, que alegaba que el porcentaje de interinidad superaba los límites óptimos, y que esa "alta precariedad es escasamente compatible con un modelo eficiente de gestión, que causaba, además, problemas en el mantenimiento de la continuidad asistencial e incertidumbre entre los profesionales". 

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Asturias precisa 200.000 cotizantes más para equilibrar el pago de las pensiones

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La región tiene un trabajador por jubilado y necesita más de dos para igualar ingresos y pagos

La Voz de Astuiras. 04/02/2012 00:00 / P. á. Rubio Oviedo

Los datos de paro que se publicaron el jueves no solo revelaron que Asturias va camino de los 100.000 desempleados, sino que si se analizan los datos también hay otro hecho a tener muy en cuenta. Se trata de la caída de afiliados a la Seguridad Social, en definitiva, de aquellos que con sus impuestos y deducciones son los encargados de pagar las jubilaciones de los pensionistas. Tal y como está la situación actual, la región necesitaría alrededor de 200.000 cotizantes más para alcanzar la barrera que se estima como idónea para que el sistema (la caja única) sobreviva.

 

De ese modo, se calcula que para la solidez de la Seguridad Social hay que contar con un mínimo de 2,4 cotizantes por cada jubilado. En Asturias, ese índice cae de manera estrepitosa. Actualmente, la región cuenta con 360.000 afiliados a la Seguridad Social y un volumen total de 296.000 personas que cobran algún tipo de pensión contributiva. Con esas cifras resulta que en el Principado hay 1,2 cotizantes por cada jubilado, unos número que hablan bien a las claras de que Asturias es una región deficitaria y que, por lo tanto, no podría salir adelante sin la ayuda de las comunidades que tienen superávit, que son bien pocas. Según los últimos balances solo se encuentran en esta situación Madrid, Murcia, Baleares, Canarias y Navarra.

 

Retroceder 10 años La coyuntura a la que se enfrenta ahora Asturias supone volver a las cifras que se manejaban en la región hace una década, justo antes de que la economía alcanzase sus mayores picos de actividad y de empleo de su historia. Por ejemplo, en el año 2002 en el Principado había 355.000 cotizantes y 283.000 pensionistas. Con esos parámetros el ratio vuelve a ser el mismo que en la actualidad, 1,2 trabajadores por cada pensionista.

 

Que Asturias contase con 200.000 trabajadores más es una situación que se aleja mucho de la realidad ya que la población de afiliados llegó a su máximo histórico en el año 2008 cuando había 402.825 personas dadas de alta en la Seguridad Social. A pesar del repunte, en aquellas fechas el ratio tan solo aumentó hasta un 1,3 al tener un global de pensionistas más alto que en la actualidad, por encima de los 290.000. Aún así, los 400.000 cotizantes se considera una cifra óptima, pero muy lejos de una situación ideal.

 

Y es que tener más de medio millón de cotizantes supone que más de la mitad de la población asturiana esté trabajando y tributando. Sin embargo, la tendencia demográfica de la comunidad complica el objetivo porque Asturias es de la pocas comunidades que, a pesar del boom de nuevos ciudadanos vivido por España en la última década, sigue perdiendo población.

 

Las cifras Según los números del último ejercicio cerrado -el del 2010- la Seguridad Social inyectó 4.000 millones de euros, de los que 3.872,3 millones sirvieron para abonar las más de 290.000 prestaciones contributivas. Sin embargo, las arcas del Estado ingresaron por la actividad surgida en Asturias alrededor de 2.228 millones de euros. A la vista está el desfase entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, un ejemplo más de que el Principado es una región deficitaria para las arcas públicas.

 

La causa está clara: la constante caída del volumen de afiliados desde el año 2008, cuando se tocó el techo histórico. Desde ese año se han perdido más de 30.000 afiliados, una tendencia que tiene su irremediable traslado al volumen de parados, que ya está por encima de las 96.000 personas.

 

A pesar de que Asturias es deficitaria, el sistema público de pensiones funciona a través de una caja única. Es decir, el dinero de las contribuciones por el trabajo y la cantidad que sale para abonar las prestaciones entran y salen del mismo lugar, independientemente de donde resida el cotizante o el pensionista. Este mecanismo, que iguala además los criterios de cotización y cálculo de las prestaciones en todo el territorio nacional, elimina los límites autonómicos y garantiza los pagos en todas las regiones.

La gripe se toma un respiro, aunque Sanidad alerta de que «sólo es un receso momentáneo»

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Asturias no registró ningún caso grave pero sí los primeros ingresos hospitalarios derivados de la epidemia gripal

Foto: Pacientes, la semana pasada, en un centro de salud gijonés. :: J. DÍAZ

El Comercio. 14.01.12 - 02:39 - LAURA FONSECA | GIJÓN.

Con la llegada de 2012, la gripe se ha tomado un respiro. Pero el parón no durará mucho, ya que los expertos advierten de que los virus gripales volverán a circular con fuerza por la región durante este mes. De hecho, puede que ya hayan empezado. Los últimos datos que se conocen corresponden a la primera semana del año, cuando la gripe había rebajado un poco su intensidad al pasar de una tasa de incidencia de 127,4 por 100.000 habitantes a otra de 93,9. En números de enfermos se pasó de 1.400 afectados semanales a cerca de un millar.

Esta «pequeña parada», que los epidemiólogos sitúan como «un receso momentáneo», es consecuencia del parón escolar navideño. Los niños y adolescentes son los principales responsables en la transmisión y propagación del virus gripal. De ahí que la Consejería de Sanidad asegure en su último balance de la enfermedad que «en breve volverá a facilitarse su difusión» vírica. Las mayores tasas de incidencia siguen concentrándose en la edad infantil. El factor de riesgo más frecuente es el asma, presente en un 5,1% de los afectados. También se está registrando una importante circulación de virus sincitial, que provoca problemas respiratorios y que suele ser la antesala de la gripe. Estos trastornos están derivando en muchos casos de bronquiolitis en niños.

En lo que va de temporada gripal, Asturias no tenido ningún caso grave de gripe, «si bien ya hay ingresos hospitalarios», apuntan los expertos en el último informe que sobre la enfermedad ha difundido la Consejería de Sanidad. «La situación en España es similar a la asturiana, con una mayor incidencia y actividad en las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha». La red centinela nacional, coordinada por el Instituto Carlos III, asegura que «desde el inicio de la temporada 2011/2012 no se ha registrado ninguna defunción debida a gripe confirmada por laboratorio». En el conjunto del país se notificaron diez casos graves de pacientes que tuvieron que ser hospitalizados por cuadros de gripe. De ellos, seis correspondieron a niños de entre uno y cuatro años.

Provocará más contagios

En la primera semana del año, en Asturias se confirmaron seis aislamientos de virus gripal. Todos correspondieron al A/H3, que parece querer imponerse esta temporada por delante del A/H1N1, responsable de la famosa gripe A. A pesar de que la enfermedad rebajó su intensidad con el inicio de 2012, la gripe provocó la saturación puntual de las urgencias hospitalarias y de algunos centros de salud de la región. Sobre todo en el área central.

Los epidemiólogos creen que la gripe de esta temporada será algo más intensa que la anterior, debido a la circulación de un virus, el A/H3, nuevo para gran parte de la población y, por ende, con muchas más posibilidades de provocar contagios. Esta cepa viral está incluida en la vacuna de la última campaña, por lo tanto sólo estarían inmunizados las personas que aceptaron vacunarse, que fueron bastante menos que las de años anteriores.

Hay “colchón” para el déficit…

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CC.OO. considera que la Seguridad Social no está en peligro

El secretario de Seguridad Social de CC.OO., Carlos Bravo, ha afirmado que la Seguridad Social no está en peligro, al considerar que en los últimos 15 años España ha dotado al sistema de "solvencia" y "solidez".

nuevatribuna.es

En declaraciones a la Cadena Ser, Carlos Bravo ha insistido en que pese al déficit registrado en 2011, el Estado cuenta con ahorros para afrontar cualquier tipo de contingencia, y ha instado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría a "buscar preocupaciones en otros asuntos".

Preguntado por la declaraciones del exsecretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, afirmando que el sistema daba para 100 años, el sindicalista lo ha negado, aunque ha puntualizado que la situación actual dista mucho de la de 1996, a la que hizo referencia este jueves el Ejecutivo.

"Es evidente que si, como todo parece indicar, volvemos a perder cotizantes en 2012, este año volverá a haber déficit. Tenemos colchón suficiente para cubrir eso, pero es evidente que depende de la calidad del mercado de trabajo", ha subrayado Bravo.

Respecto a la posibilidad de que el Gobierno lleve a cabo una nueva reforma del sistema de pensiones, ha insistido en que el año pasado los agentes sociales firmaron un acuerdo "muy intenso", y en que la reforma actual es un apuesta "clarísima" por un sistema sostenible a futuro.

Por último, Bravo ha matizado que las previsiones de superávit de la Seguridad Social del 0,4% previstas para 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eran "imposibles, ya que en 2010 el superávit fue sólo del 0,2%".