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OPINION

Y se nos conduce hacia una segunda recesión por expreso deseo ideológico…

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El desastre de la austeridad

Por PAUL KRUGMAN, en el espacio Tribuna de “El País”

31/01/2012
La semana pasada, el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social, una fundación británica, publicó un gráfico alarmante que comparaba la depresión actual con recesiones y recuperaciones anteriores. Resulta que según un indicador importante -los cambios en el Producto Interior Bruto (PIB) desde que empezó la recesión- a Reino Unido le está yendo peor esta vez de lo que le fue durante la Gran Depresión. Tras cuatro años de depresión, el PIB británico había vuelto a alcanzar su máximo anterior; cuatro años después de que empezara la Gran Recesión, Reino Unido no está ni mucho menos cerca de recuperar el terreno perdido.
Reino Unido tampoco es la única. A Italia también le está yendo peor que durante la década de 1930, y con España dirigiéndose claramente hacia una doble recesión, tenemos a tres de las cinco grandes economías europeas como miembros del club de los "peores que". Sí, existen algunas salvedades y complicaciones, pero esto constituye, no obstante, un asombroso fracaso de la política.
Y es un fracaso, concretamente, de la doctrina de austeridad que ha predominado en el debate político de las élites tanto en Europa como, en gran medida, en Estados Unidos durante los dos últimos años.
Y bien, en cuanto a esas salvedades: por una parte, el paro en Reino Unido era mucho más elevado en la década de 1930 de lo que lo es ahora, porque la economía británica estaba deprimida -principalmente por culpa de un regreso desacertado al patrón oro- incluso antes de que estallara la depresión. Y por otra parte, Reino Unido sufrió una depresión muy llevadera en comparación con la de Estados Unidos.
Incluso así, superar el historial de la década de 1930 no debería ser un reto difícil. ¿Acaso no hemos aprendido muchas cosas sobra la gestión económica a lo largo de los 80 últimos años? Sí, así ha sido, pero en Reino Unido y en otros lugares, la élite política decidió tirar por la ventana los conocimientos obtenidos a duras penas y confiar en cambio en ilusiones que le convinieran desde un punto de vista ideológico.
Se creía que Reino Unido, en concreto, era un modelo de "austeridad expansionista", la idea de que, en vez de aumentar el gasto del Gobierno para luchar contra las recesiones, hay que recortarlo, y que esto induciría un crecimiento económico más rápido. "Los que sostienen que ocuparse de nuestro déficit y fomentar el crecimiento son de alguna manera alternativas se equivocan", declaraba David Cameron, el primer ministro británico. "No puedes aplazar lo primero para impulsar lo segundo".
¿Cómo podía prosperar la economía cuando el desempleo ya era elevado y las políticas del Gobierno estaban reduciendo directamente el empleo más todavía? ¡La confianza! "Creo firmemente", manifestaba Jean-Claude Trichet -que por aquel entonces era el presidente del Banco Central Europeo y un firme partidario de la doctrina de la austeridad expansionista- "que, en la coyuntura actual, las políticas que impulsen la confianza acelerarán la recuperación económica en vez de obstaculizarla, porque la confianza es el factor clave hoy en día".
Semejantes invocaciones al hada de la confianza nunca fueron plausibles; los investigadores del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones desacreditaron rápidamente la supuesta prueba de que los recortes en el gasto crean empleo. Sin embargo, la gente influyente a ambos lados del Atlántico colmó de elogios a los profetas de la austeridad, y a Cameron en especial, porque la doctrina de la austeridad expansionista encajaba con sus programas ideológicos.
Por tanto, en octubre de 2010, David Broder, quien prácticamente encarnaba la opinión común, alabó a Cameron por su audacia, y en concreto por "no hacer caso de las advertencias de los economistas de que una medicina repentina y fuerte podría frenar en seco la recuperación económica y volver a sumir al país en la recesión". Más tarde, instó al presidente Barack Obama a "hacer una cameronada" y llevar a cabo "una reducción drástica del Estado de bienestar ya mismo".
Sin embargo, por extraño que parezca, esas advertencias de los economistas resultaron ser totalmente acertadas. Y tenemos bastante suerte de que Obama no hiciera, de hecho, una cameronada.
Lo que no quiere decir que todo vaya bien en la política estadounidense. Es cierto que el Gobierno ha evitado una austeridad total, pero los gobiernos estatales y locales, que deben tener unos presupuestos más o menos equilibrados, han recortado el gasto y el empleo a medida que se acababa la ayuda federal, y eso ha sido un lastre importante para el conjunto de la economía. Sin esos recortes del gasto, ya podríamos haber estado en la senda del crecimiento autosostenible; tal y como están las cosas, la recuperación pende de un hilo.
Y puede que el continente europeo, donde las políticas de austeridad están teniendo el mismo efecto que en Reino Unido y donde muchos indicios apuntan a una recesión este año, nos lleve por mal camino.
Lo más exasperante de esta tragedia es que era totalmente innecesaria. Hace un siglo, cualquier economista -o, de hecho, cualquier estudiante universitario que hubiese leído el libro de texto Economía, de Paul Samuelson- les podría haber dicho que la austeridad frente a una depresión era una idea muy mala. Pero los que elaboran las políticas, los expertos y, siento decirlo, muchos economistas decidieron, en gran parte por razones políticas, olvidar lo que solían saber. Y millones de trabajadores están pagando el precio de su amnesia deliberada.
Paul Krugman es profesor de Economía de Princeton y premio Nobel de 2008.

VER TAMBIEN ARTICULO DE CESAR CALVAR EN EL COMERCIO DE HOY

Colisión con derechos constitucionales fundamentales, entre otras cosas...

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Reforma de la ley del aborto para exigir el consentimiento paterno

Foto: Ángel Aznárez, notario asturiano de Gijón.

La medida planteada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, esta semana está generando un recrudecimiento de una polémica que viene de lejos. Para el ministro la ley actual fue aprobada "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos" y ha señalado que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional.

La ley vigente desde julio de 2010 no exige el consentimiento paterno, pero sí que los progenitores sean informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años van a interrumpir su embarazo, siempre que éstas no aleguen peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.

La actual regulación de la interrupción del embarazo establece el aborto libre hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y sitúa en 16 años la mayoría de edad para adoptar la decisión.

Esta ley supuso una reforma en profundidad de la legislación anterior, vigente desde el año 1985, cuando se despenalizó el aborto en las primeras doce semanas de gestación en los supuestos de violación; hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto; y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física o mental de la madre.

Los últimos datos oficiales sobre abortos en España se hicieron públicos en diciembre del pasado año, y revelaron que en el año 2010 113.032 mujeres interrumpieron voluntariamente el embarazo, lo que supuso un aumento del 1,3 por ciento respecto a las cifras del año anterior.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, el número de intervenciones que se registraron desde la entrada en vigor de la ley -el 5 de julio de 2010- hasta el final del año (54.546 abortos) fue inferior al número de interrupciones que se llevaron a cabo desde el principio de año hasta esa fecha (58.486).

Aborto: la reforma huele a anticonstitucional

El notario asturiano Ángel Aznárez alerta sobre los peligros de legislar el consentimiento obligatorio de los padres en la interrupción del embarazo de menores.

En España los menores de edad no necesitan el permiso paterno para casarse ni para hacer testamento, entendidos como derechos íntimos.

Oviedo, Eduardo GARCÍA, en La Nueva España

La reforma de la ley del aborto, tal como fue planteada ante los medios de comunicación por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, huele a anticonstitucional. La pretensión del Gobierno de que las adolescentes de 16 y 17 años puedan abortar sólo si hay consentimiento paterno puede ir contra el artículo 10 de la Constitución española, que se refiere, entre otras cosas, a «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad».

El notario asturiano Ángel Aznárez está convencido de que si el Ejecutivo insiste en la regulación jurídica de ese consentimiento paterno «acabará encontrándose con que el Tribunal Constitucional declarará la ley nula porque atenta contra derechos fundamentales. Es un disparate exigir el consentimiento».

Aznárez cree que la propuesta de Gallardón es «aberrante», porque «existe un núcleo de actos que tienen que ver con lo más profundo de la persona y en los cuales no cabe el consentimiento».

No lo hay, por ejemplo, para casarse. Los adolescentes de 16 y 17 años lo pueden hacer libremente si están emancipados. Y a partir de los 14 años es el juez el que decide. «El padre es oído, pero no consiente». En el caso de un menor no emancipado, el juez le dispensa o no el impedimento de la edad, atendiendo a sus circunstancias. En el matrimonio canónico la dispensa la levanta el obispo, no los padres.

Lo mismo ocurre con el testamento, que todo menor puede llevar a cabo a partir de los 14 años. «El aborto es tanto o más personal que el matrimonio o el testamento. La Constitución habla de la dignidad de la persona y, por tanto, las limitaciones tienen que ser muy restrictivas, porque hablamos de derechos muy privados. En ese núcleo de derechos íntimos no puede haber veto», explica el notario gijonés.

El Ministerio de Justicia ha puesto el asunto sobre la mesa, lo que ha provocado esta semana el recrudecimiento de una polémica que viene de lejos. Desde Justicia se ha señalado que sólo ha sido una declaración de intenciones del Ministro y que falta un estudio más profundo. «Lo normal -señala el jurista asturiano- sería encontrar un procedimiento que no signifique el derecho de veto del padre» ante la pretensión de su hija menor de edad de interrumpir su embarazo.

Ángel Aznárez, que se declara, como cristiano, no partidario del aborto, añade que «el menor de 16 y 17 años no es ningún incapaz, sino alguien con un ámbito de autonomía personal muy grande».

El Gobierno del PP quiere introducir cambios en la ley de plazos socialista, de 2010, promovida un año antes por la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído, por la cual una menor puede abortar libremente dentro del plazo legal, y alegar peligro de coacción o violencia familiar para evitar que sus padres sean informados de la interrupción del embarazo. La restauración del permiso paterno fue una propuesta electoral del actual partido en el Gobierno. Ahora le resta evitar un choque con la Carta Magna común.

Desde Asturias ya se frenó una «incongruencia» con la ley del Registro Civil

Oviedo, E. G.

Desde Asturias, por iniciativa del propio Ángel Aznárez, se frenó hace ahora un año un proyecto legislativo nacional que iba camino de un «jardín» jurídico de proporciones considerables. Era el proyecto de ley del Registro Civil en el que, remitiéndose a un artículo del Código Civil, se entendía como nacido a aquel bebé que tuviera figura humana y viviera 24 horas desde la ruptura del cordón umbilical.

Un artículo de Aznárez publicado en LA NUEVA ESPAÑA y titulado «Registro de vidas y de muertes» abrió la espita de la polémica. El proyecto, se decía, era «incongruente» y «contrario a los derechos de las mujeres». «Las dos exigencias anteriores podrían tener fundamento en la Edad Media. Lo de "figura humana" respondía a una misoginia del legislador, que creía que las mujeres podían parir monstruos», señala Aznárez. Según el texto inicial, la mujer que tuviera la desgracia de que el hijo, por enfermedad o accidente, se muriese en las primeras 24 horas, jamás tenía la posibilidad de tener un documento público de haber sido madre, siendo un aborto. El texto fue cambiado.

La FADSP se opone tajantemente a la reforma

El Gobierno del PP propone una modificación de la ley del aborto que supondria un verdadero desastre.

La actual Ley se aprobó, tras una gran presión social, porque la anterior desprotegía a las mujeres (obligadas a pasar por enfermas psíquicas para poder abortar) y a los profesionales al tener las indicaciones incluidas en la ley una gran indeterminación.

Sería un verdadero desastre que, llevado por los sectores de ideología ultramontana, este gobierno volviera a plantear a mujeres y profesionales una situación de indefensión frente al aborto.

Existe mucha evidencia científica de que las restricciones en el acceso al aborto a las mujeres favorece las prácticas ilegales e incontroladas y en suma aumentan los abortos, pero en peores condiciones sanitarias con lo que se incrementa la mortalidad.

La normalización del aborto, como la de la educación sexual y el libre acceso a las prácticas anticonceptivas son una garantía para la libertad de las mujeres y el libre ejercicio de sus derechos como personas.

Entendemos que deben de primar los derechos de las personas sobre la ideología religiosa y por eso, y para garantizar la salud de las mujeres, el gobierno debería de rectificar en este propósito

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica

25 de enero de 2012

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Twitter: @fadspu
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La rebelión fiscal de Pelayo

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El primer rey asturiano luchó contra los moros porque exigían el doble de los tributos pactados

La Voz de Asturias. 22/01/2012 00:00 / Javier G. Caso Oviedo

Pagar impuestos nunca ha sido algo agradable. Y si en los últimos tiempos la subida impositiva anunciada por Rajoy, y que afectará tanto al IRPF como al IBI, ha generado no poca polémica entre los españoles, en la Alta Edad Media un aumento de la fiscalidad podía provocar hasta conflictos armados.

 

Ese sería el germen de la rebelión de Pelayo que dio lugar a la batalla de Covadonga: La ruptura por parte de los musulmanes de unos pactos anteriores suscritos con la población local y la imposición de un aumento tributario al que desde Asturias se respondió con las armas. Esta es la tesis que defiende en Acerca de la conquista árabe de Hispania (Ediciones Trea) Felipe Maíllo Salgado, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Salamanca. El trabajo forma parte de la Bibliotheca Arabo-Romanica et Islamica que dirige desde el Seminario de Estudios Árabo-Islámicos de la Universidad de Oviedo el profesor Juan Carlos Villaverde Amieva.

 

La tesis de Maíllo contradice a algunas crónicas que vinculan la rebelión de Pelayo con su negativa a aceptar el matrimonio de su hermana Adosinda con Munuza, gobernador musulmán del Norte de Hispania. Según esa leyenda Munuza alejó a Pelayo de Asturias enviándole a Córdoba para tener vía libre y poder casarse con Adosinda. Pero su futuro cuñado nunca aceptó el casorio y acabó alzándose en armas. Sin embargo Maíllo no piensa así.

 

“Sabemos que Pelayo era un hombre que primero tuvo un cierto acuerdo con los árabes”, advierte este historiador, quien tiene claro que si no se rebeló antes “fue por qué no le interesó”. ¿Y en qué consistió la subida impositiva que llevó a Pelayo a tomar las armas? En un cambio de las reglas del juego entre los pobladores del cuadrante Noroeste peninsular y el invasor musulmán.

 

“Los territorios del Norte son sometidos mediante pactos que incluyeron una doble fiscalidad”, explica el profesor Maíllo en alusión a un sistema tributario que incluyó impuestos sobre las tierras y sobre las personas. “Ese modelo lo impuso un emir; luego su sucesor decidió exigir el doble de tributos y por eso ocurrió la rebelión de Pelayo”, defiende este arabista salmantino. Hasta ese momento, añade Maíllo, tanto Pelayo “como otros hombres de poder, magnates y obispos, optaron por la solución del pacto, ya que no parece que fuera en principio muy oneroso”.

 

El episodio de Covadonga A la rebelión pelagiana sucedió la batalla de Covadonga, un episodio que Maíllo no cuestiona. Por dos razones. “Hay demasiadas crónicas árabes que hablan de ello como para no ser cierto”, afirma el autor de Acerca de la conquista árabe de Hispania. Es decir en Covadonga “sucedió algo”.

 

Además los rebeldes contaban con una ventaja añadida a la hora de garantizarse una salida victoriosa a este combate: la débil posición de los invasores. Según Maíllo, “Asturias no estuvo jamás controlada ni regida por ejércitos beréberes ni árabes”, sencillamente porque “nunca se dio” la ocupación musulmana del cuadrante noroeste peninsular. ¿Por qué? Por su escasez de efectivos y por la propia dureza del territorio. De ahí que Maíllo sitúe la frontera entre Al-Andalus y la tierra de los cristianos en el Sistema Central. El Norte, sostiejne este profesor era “la tierra de los gallegos”, aunque también hay menciones expresas a Asturis (Asturias) Y esta situación propiciaba el éxito de aquel episodio de rebeldía fiscal ya que, según Maíllo, “el pronto vaciamiento de beréberes de esas regiones”, en alusión al Noroeste de la Península Ibérica, “hacía poco factible una respuesta milita, a fin de conseguir el pago del tributo acordado o el aumento del mismo”.

 

En cuanto al debate acerca de la fecha en la que pudo tener lugar la Batalla de Covadonga, el año 718 o el 722, este profesor de Estudios Árabes e Islámicos opta por la segunda. “Me atengo al 722 porque es cuando se da la doble fiscalidad que acabó por reventarlo todo, opina Maíllo tras advertir que si bien los musulmanes llegaron a Astorga, una de las capitales del Noroeste peninsular allá por el 714, pensar en el 718 como la fecha de la batalla de Covadonga es demasiado temprano. “No da tiempo a que cuaje nada”, comenta en alusión a la ya de por si débil administración musulmana en estos territorios.

 

Un caudillo visigodo Maíllo también carga contra las tesis indigenistas respecto a Pelayo. “Era visigodo y también los habitantes del reino”, defiende este historiador, para quien el que fuera el primer rey de la monarquía asturiana, en el momento de rebelarse, “era alguien importante” para la población local que lo apoyó en su lucha frente al invasor.

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«Para que el crédito fluya hay que nacionalizar la banca»

Alberto Garzón, ayer, en la Escuela de Hostelería de Gijón tras participar en las jornadas de CCOO. Armando Álvarez 

 

Diputado de IU-LV por Málaga, economista y miembro del movimiento 15-M. Presentó ayer en Gijón su receta para salir de la crisis por la izquierda

21/01/2012 00:00 /

Alberto Garzón paseó ayer su menuda figura con discreción por la Escuela de Hostelería de Gijón. Ropa sencilla y un fular para ataviar una mirada punzante y una sesera privilegiada. Su ponencia de ayer, en el marco de la jornada sobre la crisis promovida por las bases de CCOO, fue una revelación para los asistentes. Garzón dio el salto a la política desde el movimiento 15-M. IU-LV lo presentó como cabeza de cartel al Congreso por Málaga, aunque no fue exactamente un fichaje, todo lo más que ya militaba en la coalición desde 2003. Economista del movimiento ATTAC, que propone el control democrático de los mercados, Garzón presentó ayer su libro Hay alternativas , escrito junto a Vincenç Navarro, columnista de PÚBLICO, y Juan Torres.

¿Nos están engañando? No es exactamente un engaño, pero la gente debe concienciarse de que las últimas decisiones del gobierno del PP, la política de recortes, no son la solución. Más al contrario: nos llevan directos a la recesión, como ocurrió en Grecia.

A tenor del título de su libro, la pregunta es de cajón: ¿Qué alternativas existen? Podríamos establecer un paquete de medidas pero con una filosofía común: subordinar la economía a la sociedad y transformar el marco económico en su conjunto. Lo más urgente es diseñar un plan de estímulo de la economía.

¿Por dónde debería pasar ese plan? Sobre todo, por crear más empleo público y que el crédito fluya, algo que ahora no ocurre.

Pero eso implica medidas drásticas...

Implica la nacionalización de la banca y la asunción, por parte del Estado, de los problemas bancarios. Así se cambiaría el modelo de gestión y el dinero dejaría de ser solamente especulativo, como lo es ahora, y comenzaría a fluir el crédito.

¿Cree que esta tendencia hacia la privatización como medida para salvar al Estado tendrá el efecto deseado? En absoluto. Para empezar, hay que determinar qué sectores son básicos y convertirlos en públicos en un 100 por ciento. Estoy pensando, cómo no, en la educación o la sanidad, pero también en sectores como la vivienda. En este sentido, el Estado debe intervenir porque se da una situación inexplicable: que haya decenas de miles de viviendas vacías en todo el país y que, al día, en España se produzcan 300 desahucios.No puede ser.

Tras las medidas anunciadas por el PP, ¿Vuelven los trabajadores a pagar el pato? Lo que parece claro es que la salida de la crisis no pasa por la moderación salarial, porque se merma el consumo. Si no se gasta, acabará por haber sectores que atraviesen problemas, que comiencen a cerrar comercios y que, a la postre, se produzcan más despidos y más paro. Parece una situación de cajón. La moderación salarial y el bajón en el consumo afectará, no ya a las grandes empresas o a las multinacionales, sino sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que, hay que tenerlo en cuenta, suponen el 80% de la economía española.

Lo que plantea augura un cambio radical en el empresariado español si no se ataja a tiempo.

La excesiva moderación salarial y, por ende, el descenso en el consumo, podría convertir España en una especie de China, que termine exportando productos muy baratos y elaborados por una mano de obra muy barata.

¿Cómo se puede evitar esta situación dentro de las empresas? Hay que redistribuir las rentas, los beneficios que generan las empresas y favorecer así al trabajador. ¿Cómo puede entenderse que los beneficios de la empresa privada española hayan crecido un 8% en 2011 y, por el contrario, las condiciones laborales hayan empeorado? Es un síntoma de desigualdad pero, también hay que decirlo, de falta de fortaleza de los sindicatos.

Por último, ¿cuál es su receta inminente para comenzar a sacar la cabeza del pozo? Está clara: fortalecer la industria interna para que crezca el consumo. Eso pasa por un cambio en el modelo productivo que, hasta ahora, se había basado en la construcción. El capitalismo vive de la rentabilidad de la empresa privada, pero eso ya no basta. Debe haber un componente humano y eso pasa por la titularidad pública del sistema productivo.

Estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)…

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Propuestas de medidas para incrementar la racionalidad y  la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud sin recurrir a recortes y privatizaciones…

1- Disminuir el gasto farmacéutico

2- Mejorar la utilización de las tecnologías sanitarias

3- Potenciar la Atención Primaria para disminuir la frecuentación hospitalaria

4- Reducir la frecuentación de las urgencias hospitalarias

5- Reducir la hospitalización innecesaria

VER TEXTO DEL DOCUMENTO INTEGRO

Según la FADSP…

Disminuir un 25% las consultas hospitalarias ahorraría al SNS unos 1.100 millones anuales

MADRID, EUROPA PRESS

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) asegura que reducir en un 25 por ciento las consultas hospitalarias trasladándolas a la Atención Primaria permitiría al Sistema Nacional de Salud (SNS) ahorrar unos 1.100 millones de euros anuales.

Así se desprende de un documento con propuestas para incrementar la racionalidad y sostenibilidad del sistema con el que la sanidad pública podría ahorrar hasta 13.000 millones "sin necesidad de recurrir a recortes y privatizaciones".

Uno de los principales ahorros, según la FADSP, se puede conseguir en los hospitales, sobre todo reduciendo consultas que se pueden atender en los centros de salud o aligerando las altas hospitalarias.

Por ejemplo, y amparándose en estudios realizados en Europa y Canadá, proponen que las personas supervivientes a un cáncer con bajo riesgo de recidiva sean controlados en Atención Primaria, ya que además de beneficiar a los pacientes (menor dependencia hospitalaria y se les fomentan hábitos de vida saludable) se consigue un importante ahorro para el sistema sanitario.

Por otra parte, recuerdan como, a pesar de la existencia de las Redes de Urgencias de Atención Primaria, la asistencia en los Servicios de Urgencias Hospitalarios se incrementa año tras año cuando, aseguran, "muchos de estos procesos son banales y podrían resolverse en AP".

Teniendo en cuenta que el coste de la urgencia hospitalaria no ingresada es de 244 euros, si se redujera la frecuentación en un 10 por ciento (2,7 millones de urgencias menos) aplicando estrategias de educación y potenciación de la Primaria, se podrían ahorrar de 650 millones de euros.

Además, la FADSP estima en un tercio los días que los pacientes permanecen ingresados de forma inadecuada, por estancias preoperatorias innecesarias, retraso en el alta, demoras en exploraciones diagnósticas durante el ingreso, cirugías con ingreso innecesario o por ingresar pacientes crónicos en hospitales de agudos.

Esta situación supone 10 millones de estancias inadecuadas que, si se redujeran a la mitad, mejorando la eficiencia de los servicios, permitirían ahorrar 5.750 millones de euros.

Otras de las propuestas de la FADSP pasan por disminuir el gasto farmacéutico mediante la revisión de aquellos medicamentos innecesarios que consumen los mayores de 65 años, o mejorar la utilización de las tecnologías sanitarias, ya que hay estudios que concluyen que la tercera parte de los estudios radiológicos que se realizan en España son innecesarios.

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La ortodoxia contra el déficit que se sigue, y sin políticas compensatorias para lograr el crecimiento económico y hacia los más afectados por la crisis, hace temer lo peor…

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Adiós al Estado de bienestar

Por Carlos Berzosa, Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Complutense de Madrid

nuevatribuna.es

Uno de los mayores logros alcanzados por el capitalismo en el siglo XX fue el nacimiento, desarrollo y consolidación del Estado de bienestar. Ha sido en la Europa democrática de posguerra en donde se avanzó más en el desenvolvimiento de los derechos sociales. El Estado de bienestar fue una conquista de los trabajadores, pero también respondió, precisamente por ello, a un intento por parte de los poderes políticos y económicos del capitalismo en dar concesiones a la clase obrera con el fin de evitar el triunfo de posiciones más radicales y revolucionarias que se oponían a este sistema económico. El miedo que se generó tras la revolución rusa contribuyó a ello.

El Estado de bienestar puso de manifiesto que dentro del capitalismo fue posible combinar el crecimiento económico, el pleno empleo y una cohesión social. Su desarrollo fue desigual entre los diferentes países, y ha sido en los países escandinavos en donde se ha conseguido un mayor avance en los derechos sociales. Aun así, otros países europeos, fundamentalmente Francia, Alemania, los que integran el Benelux, y en su día Reino Unido, alcanzaron cotas de bienestar estimables. Entre los países del sur de Europa, Italia quedó rezagada, y no hubo tal Estado de bienestar en los que estaban dominados por dictaduras, como España, Grecia y Portugal.

El Estado de bienestar no acabó con muchos males que se derivan del funcionamiento del sistema capitalista, pero sí supuso un avance notable en distribución de renta, en la oportunidad que tuvieron las clases trabajadoras de acceder a bienes y servicios que habían tenido vedados en la historia anterior del capitalismo, lo que supuso mayores posibilidades de promoción económica y social para los trabajadores. La igualdad en derechos y oportunidades comenzó a hacerse una realidad, aunque siempre limitada por la naturaleza de desigualdad social y cultural que genera el capitalismo.

La crisis de los años setenta supuso un ataque, desde diversos frentes, al modelo capitalista regulado de posguerra, al keynesianismo, y al Estado de bienestar. La imposición como dominante del paradigma económico que defendía el predominio del mercado frente a cualquier tipo de intervención pública afectó a la posible pervivencia del Estado de bienestar.

El combate que llevó a cabo Thatcher contra el Estado de bienestar, y la clase obrera británica, en especial contra los mineros, y la influencia que sus ideas, así como las de Reagan, estaban ejerciendo en el mundo, hacía desde luego temer por la supervivencia del Estado de bienestar tal como se había conocido. Si a esto se le añade la aparición en el escenario económico mundial de los Nuevos Países Industriales (NPI) y su gran capacidad de penetración en los mercados de los países desarrollados, la idea que se defendía es que el Estado de bienestar era una rémora para que los países europeos pudieran competir con éxito en el mercado global. Así que, no solamente se consideró que la financiación del bienestar era muy costosa e inviable a medio y largo plazo, sino que encima le hacía perder posiciones a Europa en la economía mundial.

En este sentido, me resultó muy llamativa la alusión que hacía a ello, un autor como Mishra, especialista en el estudio del Estado de bienestar. Había escrito este autor un libro sobre “La crisis del Estado de bienestar”(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) que fue publicado a principios de los ochenta, y en el prólogo que hace a la traducción al castellano, a primeros de los años noventa, confesaba que cuando publicó el libro y ante lo que estaba sucediendo, lo que supuso es que el Estado de bienestar no resistiría ese ataque, pero que, sin embargo, se podía observar que si bien magullado y con heridas había resistido diez años después de plantear aquello. La razón de esta resistencia era clara: la ciudadanía europea en su gran mayoría defendía la existencia del Estado de bienestar.

La caída de muro de Berlín y un poco después del modelo soviético contribuyó a reforzar más las ideas favorables al fundamentalismo de mercado con lo que las críticas al estado de bienestar no hacían más que crecer. El declive del movimiento obrero tradicional y la decadencia de la socialdemocracia contribuyó a que se reforzaran las posturas contrarias a la intervención pública y se tratara por todos los medios de desprestigiar a un modelo de desarrollo, que se suponía que se encontraba obsoleto y producto de un pasado más que de un futuro que se nos anunciaba lleno de prosperidad si se seguían las directrices marcadas por la nueva ortodoxia económica. De todos modos, el estado de bienestar ha seguido resistiendo, incluso con enemigos dentro de casa, como es el caso de algunos socialistas que se han dejado llevar por el neoliberalismo económico.

En España, el Estado de bienestar se desarrolla con la llegada de la democracia, y sobre todo, en la década de los ochenta. Llegamos tarde como consecuencia de la larga dictadura. Desde entonces ha habido progresos indudables en la sanidad, educación, y en el conjunto de las prestaciones sociales. Sin embargo, como ha puesto de manifiesto en sus artículos y libros Vicenç Navarro, el Estado de bienestar español se encuentra subdesarrollado con relación a los países más avanzados de Europa. Los logros del proceso histórico son indudables y más si se les compara de dónde se viene, no obstante, tiene sus puntos negros al no haber avanzado más en los derechos sociales de lo que se ha hecho, cuando, además, se podía haber llevado a cabo con un sistema fiscal más justo, equitativo, y más combativo contra el fraude.

Las políticas que se siguen en la Unión Europea son un peligro para el Estado de bienestar, pero en España, lo es aún más, pues con lo que se está haciendo las cosas no pueden ir si no a peor, como es que se está recortando en aquello que ha sido un progreso social. La ortodoxia contra el déficit que se sigue y sin políticas compensatorias para lograr el crecimiento económico y hacia los más afectados por la crisis hace temer lo peor. Tal vez haya que decir adiós al Estado de bienestar si no se corrigen las actuaciones de política económica. Lo malo de España es que ya estamos diciendo a muchas cosas adiós sin haber alcanzado las cotas delos países de Europa. Es como un caramelo que se nos quita sin haberlo saboreado del todo.

Lo que no ha conseguido la caída del muro de Berlín, el fundamentalismo de mercado, tantos factores mencionados, lo va a conseguir la crisis, pero sobre todo, los remedios propuestos para solucionarla. El Estado de bienestar no está ya solamente magullado, sino herido de muerte. No se debe olvidar lo que constata Mishra si ha resistido es porque cuenta con gran consenso entre la ciudadanía europea. Ahora, esa ciudadanía lucha de diferentes maneras para defender los derechos que quedan. Esta es nuestra esperanza.

Los políticos están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios … ¡¡que están ahí por mérito y capacidad!!.

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El desprecio político al funcionariado

Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública

Por FRANCISCO J. BASTIDA, CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Opinión, La Nueva España

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

Respuesta a los teólogos de la reforma laboral

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Respuesta a los 100 ’teólogos’ de la reforma laboral

nuevatribuna.es | Joan Coscubiela | Actualizado 13 Enero 2012 - 20:20 h.

De nuevo, como sucede siempre que se presenta un escenario de cambio legislativo en el ámbito laboral, los autoproclamados 100 economistas intentan marcar la agenda del debate. Para ello, aprovechan la plataforma que, con muchos recursos económicos privados, ofrece FEDEA y el potente altavoz que supone el conglomerado corporativo de los grandes grupos de comunicación privado.

nuevatribuna.es | Joan Coscubiela | Actualizado 13 Enero 2012 - 20:20 h.

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