OPINION

Planificación, promoción de salud, desmedicalización, racionalidad y participación, entre otras

Hay alternativas frente a los recortes y privatizaciones en sanidad

Por Luisa Lores, miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica

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El argumento de la crisis económico-financiera y la necesidad de cumplir con los criterios de déficit de la Unión Europea está siendo utilizado por las fuerzas neoliberales que dominan los gobiernos central y autonómicos, para alegar que el sistema sanitario público es insostenible y ello obliga a introducir recortes en las prestaciones, recurrir a la financiación privada para levantar nuevas infraestructuras y externalizar (privatizar) gran parte de los servicios. Esta tesis está siendo difundida con profusión en los distintos foros y medios de comunicación, que han logrado infundir en una parte de la población y de los profesionales sanitarios la creencia de la inevitabilidad de dichas medidas y la necesidad de aceptarlas como un mal menor.
Para hacer frente a esta ofensiva de corte neoliberal es necesario abrir un proceso de información y debate social y profesional sobre las causas de la crisis, los factores responsables del gasto sanitario y las posibilidades de financiación del mismo.
En España ocupamos uno de los últimos lugares, de la Unión Europea y también de la OCDE, en gasto sanitario público, tanto en porcentaje de PIB (1,5 puntos de PIB) como en dólares per cápita con poder paritario de compra 2.049 frente a 2.870 respecto de los países de la Unión Europea desarrollada.
Las medidas de recorte que están aplicando las administraciones van destinadas a actuar sobre la demanda sanitaria de los ciudadanos introduciendo copagos que limitan el acceso a los recursos y que sólo afectan a los sectores sociales con menor capacidad de compra, que empiezan a ser mayoritarios ya que la pensión media está en 750 euros/año y el 60% de los asalariados percibe un sueldo inferior a los 1.000 euros/mes, y sobre la oferta de servicios públicos en forma de cierre de camas hospitalarias, de servicios de urgencias, de ambulancias, etc., o suprimiendo el derecho a la asistencia a colectivos como los inmigrantes y persona sin papeles o marginadas. .
Sin embargo, los determinantes del crecimiento del gasto sanitario tienen poco que ver con las características y necesidades de la población (envejecimiento, problemas de salud crónicos, etc.) y están directamente relacionados con la organización, funcionamiento, orientación del sistema y con la cultura y actitud de los responsables sanitarios y de parte de los profesionales. Entre estos podríamos destacar la ausencia de planificación en la asignación de los recursos; la descoordinación de los niveles asistenciales; la deficiente formación de los gestores sanitarios; el abuso de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas (España presenta gasto en tecnologías un 23% por encima de la media Europea y un 33% por encima de EEUU); el abuso de la prescripción farmacológica; la variabilidad injustificada de la práctica clínica; la medicina defensiva; las prolongadas estancias hospitalarias; la parasitación del sector público por el sector privado; el hospitalocentrismo; el abandono de la atención primaria y de la promoción de la salud: El 30% de las decisiones clínico terapéuticas no están basadas en criterios científicamente comprobados; las innovaciones tecnológicas y terapéuticas de alto coste se generalizan sin evaluación previa; la tercera parte de los medicamentos consumidos por los mayores de 65 años son innecesarios (se podría ahorrar 1200 millones de euros anuales); el 12% de los ingresos hospitalarios en España están relacionados con reacciones adversas a fármacos de los que la mitad serían potencialmente prevenibles (permitiría ahorrar unos 840 millones de euros anuales). Sin embargo se abandonan las políticas de promoción de salud a pesar de que la OMS afirma que las recomendaciones alimentarias y la promoción de la actividad física podrían contribuir a reducir la incidencia de cáncer entre un 30 y un 40%.
Actuar sobre estos condicionantes permitiría reducir gasto y mejorar la racionalidad, la eficiencia y la seguridad del sistema sanitario
¿Qué se podría hacer para conseguir ahorros sin deteriorar la calidad y las prestaciones de la Sanidad Pública?
Solo señalaremos algunas ideas generales, pero por supuesto habría que profundizar más en cada uno de los aspectos.
Lo primero debería ser elaborar planes de salud para todo el país (el Plan Integrado de Salud ya establecido en la Ley General de Sanidad en 1986, y en la ley de Cohesión de 2003), para establecer los objetivos de salud del conjunto del Sistema Nacional de Salud, para ello se precisa hacerlo también en cada comunidad autónoma y área sanitaria, con la participación imprescindible de ciudadanos y profesionales
Luego dotar las áreas sanitarias de instrumentos de gestión integral e integrada, Incorporando en todos los niveles asistenciales del SNS los instrumentos de la medicina basada en la evidencia y de gestión clínica participativa (guías clínicas, vías clínicas, protocolos, etc.) Profesionalización de la gestión sanitaria y separar la medicina pública y la privada, exigiendo la dedicación exclusiva de los profesionales sanitarios para evitar que tengan intereses en ambos sectores.
Hay que promover la racionalidad de las actuaciones de los profesionales sanitarios con incentivos que premien la calidad y el uso racional de los recursos, así como crear agencia para la evaluación y el control de las tecnologías sanitarias, incorporando a la financiación pública solo aquellas que tengan contrastada su utilidad y el tener mejor coste/beneficio en salud que las alternativas ya existentes. Asimismo introducir el criterio de necesidad para autorizar la incorporación de nuevos fármacos a la financiación pública y control de la promoción de fármacos y recursos tecnológicos por la industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias
Debe de garantizarse la financiación suficiente y la gestión pública de los recursos sanitarios públicos
Para mejorar la eficiencia debería de ponerse en marcha una Central de Compras para todo el sistema sanitario, lo que por cierto ya se aprobó en el Consejo Interterriotorial del SNS hace más de un año sin que se haya avanzado al respecto.
Hay que potenciar de la Atención Primaria como eje del sistema dotándola de recursos y de capacidad para controlar a los pacientes en su circulación por el sistema, así como la promoción de salud y de la salud pública
Por fin, crear instrumentos de participación de la población en todos los niveles del sistema con carácter vinculante de sus decisiones dentro de los planes de salud.
En resumen frente a los recortes y privatizaciones del Gobierno central y de las comunidades autónomas hay que exigir planificación, promoción de salud, desmedicalización, racionalidad y participación.
La necesidad de reducir el gasto sanitario puede transformar la crisis en una oportunidad para mejorar la calidad, la eficiencia y la seguridad del sistema introduciendo cambios estratégicos que no afectarían al derecho a la atención de los pacientes ni a la estabilidad laboral o profesional de los trabajadores del sistema público

El Tribunal Constitucional nos regala una bomba procesal

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa es una dama recatada.

Solo entrega sus favores si media previamente el matrimonio formal.

Traducida esta licencia expresiva al ámbito procesal, los Tribunales contencioso-administrativos solo “conocen” , confirman o anulan, las actuaciones administrativas que expresa y formalmente se indiquen en el escrito de interposición o demanda ( esto último en caso de procedimiento abreviado), o que hayan sido objeto de expresa ampliación si se trata de actuación dictada con posterioridad.(LEER MÁS)

Mimar al empleado pese a la crisis

Los expertos destacan la importancia de cuidar a quienes sobreviven a la ola de despidos - La visión a medio plazo: cuando la economía repunte será muy difícil retener o recuperar el talento perdido - El perfil de ’jefe capataz’ está en claro declive

SUSANA PÉREZ DE PABLOS 4 ENE 2012 - 02:05 CET1

JONATHAN EVANS (GETTY)

¿Cómo se puede convencer a alguien de que su trabajo se valora cuando está viendo cómo despiden a muchos en su entorno familiar, su sector o su propia compañía? Las empresas son lo que son por las personas que trabajan en ellas. Y los beneficios dependen en buena medida del bienestar de los empleados. Una tesis que los algunos expertos en recursos humanos están intentando poner en valor de manera muy especial ahora, en tiempos de crisis.(leer más)

Visperas del Decretolazo: funcionarios en vela

Hoy es el día de los Inocentes y se impone una aclaración sobre si el Proyecto de Decreto-Ley que incluí en el post anterior era o no una inocentada. Se lo debo a los mas de 15.000 visitantes. Pues bien, si hoy Día de los inocentes afirmo que era una inocentada, al igual que la paradoja del mentiroso griego, podría concluirse que entonces aquéllo era verdad, Así que, fuera rodeos y hablemos claro de mi impresión de lo que se avecina.(LEER MÁS)

Analizando la propuesta de Rajoy enunciada en el debate de investidura

Ley de prestaciones sanitarias básicas: ¿qué se pretende?

Por Marciano Sánchez Bayle, Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

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En el discurso del ya presidente de Gobierno se planteaba como una de las soluciones para la Sanidad la elaboración de una Ley de Servicios Básicos que asegurase una “cartera básica de servicios para todos los ciudadanos”. Esta propuesta plantea algunos interrogantes sobre los que conviene reflexionar.

El primero es si se necesita una nueva ley para fijar la cartera básica de servicios, y desde luego parece que no es preciso. La ordenación de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud esta fijada en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS aprobada en 2003, durante uno de los gobiernos del PP, y posteriormente desarrollada en 2006 mediante el RD1030/2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes del SNS y el procedimiento para su actualización, que como indica su propio nombre establece los mecanismos para la inclusión y/o exclusión de prestaciones en la cartera de servicios mediante una evaluación de las mismas cuyo resultado luego debe ser sometido al Consejo Interterritorial del SNS (donde están todas las comunidades autónomas) cuyo acuerdo previo es imprescindible. Los criterios de inclusión son contribuir de una manera eficaz a la salud, aportar mejoras a las alternativas existentes y cumplir con la legislación vigente. Resulta por lo tanto difícil de entender que sea precisa una Ley para cambiar las prestaciones, salvo claro esta que se pretenda excluir a algunas de las mismas sin que existan criterios sanitarios para hacerlo, es decir que estos sean de índole exclusivamente económica.

El segundo es si la intención de esta Ley es conseguir que el catalogo de prestaciones sea realmente común a todas las comunidades autónomas y, sobre todo, si se quiere asegurar su cumplimiento generalizado, especialmente en lo que respecta al acceso a las prestaciones de ciudadanos en comunidades autónomas distintas a la de la de su residencia habitual que como se ha visto en este último año esta teniendo serios problemas. Este aspecto tampoco esta claro que precise una nueva Ley, porque precisamente la Ley de Cohesión que ya se ha mencionado señalaba en su articulo 4 apartado c, que uno de los derechos de los ciudadanos es “recibir, por parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentre desplazado, la asistencia sanitaria del catalogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud que pudiera requerir, en las mismas condiciones e idénticas garantías que los ciudadanos residentes en esa comunidad autónoma”, que también vuelve a reconocerse en el articulo 23 (Garantía de accesibilidad), lo que evidente se ha vulnerado en los casos conocidos de desatención u obstáculos para la misma en varias comunidades autónomas.

La misma Ley de Cohesión señala que la Alta Inspección es la que tiene la función de servir de garantía y verificación del cumplimiento de las competencias estatales y de las comunidades autónomas en materia de sanidad y de atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud (articulo 76), si bien es cierto que no establece mecanismos claros para su actuación en el caso de que se objetiven incumplimientos, mas allá del requerimiento a los organismos de las comunidades autónomas, y es obvio que en los últimos casos conocidos se ha demostrado poca actividad y/o poca eficacia en la misma.

El tercer interrogante tiene que ver con la aseveración de que esta ley servirá para asegurar la financiación de los recursos necesarios para garantizar su prestación, porque obviamente no está demasiado claro lo que quiere decir, si se refiere a la necesidad de garantizar una financiación suficiente de las comunidades autónomas a la Sanidad, es evidente que se esta abordando una de las claves del problema de nuestro Sistema Nacional de Salud, y es el hecho de que cada una de las comunidades autónomas decide, dentro de sus recursos, la cantidad de dinero que destina a la Sanidad y de ello se derivan diferencias muy notables en el presupuesto (hasta 555 euros/habitante y año en 2011) que obviamente dificultan el acceso a las mismas prestaciones y/o generan un endeudamiento inevitable. Por supuesto seria un paso positivo el que se garantizase una financiación mínima para la Sanidad en todas las comunidades autónomas, pero ello tampoco necesita de una Ley especifica porque bastaría con incorporarlo a la ley de presupuestos modificando el acuerdo sobre financiación de las comunidades autónomas.

Por todo lo expuesto no esta nada clara la necesidad de esta Ley, aunque tampoco hay ningún inconveniente en que se haga, siempre y cuando en ella se garanticen:

1) El catalogo de prestaciones actual y los mecanismos de exclusión/inclusión de prestaciones en el mismo, y no se aproveche para disminuirlas por motivos puramente economicistas

2) Un sistema que garantice la accesibilidad a las prestaciones del SNS a cualquier ciudadano en cualquier punto del territorio con un mecanismo de sanciones en el caso de que se produzcan incumplimientos.

3) El establecimiento de una financiación sanitaria finalista, en todo o en parte, que al menos garantice unos mínimos de las aportaciones destinadas a la Sanidad.

4) Un sistema de compensación para los gastos de atención sanitaria de las personas que tienen su domicilio habitual en otra comunidad autónoma.

Con o sin ley son temas que deben desarrollarse para garantizar la calidad, eficacia y eficiencia de nuestro sistema sanitario público, que contra lo que viene diciéndose por algunas fuentes interesadas solo peligra si se rompe su funcionamiento integrado, se avanza en su privatización y se pierden de vista los objetivos de salud.

Artículo publicado por Vicenç Navarro, ayer 20 de diciembre de 2011, en su Blog

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La derrota del capital financiero por el pueblo islandés

Este artículo describe como la población en Islandia se reveló exitosamente frente a las políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea.

Islandia es un país de poco más de 300.000 habitantes. No tiene Ejército. Y, sin embargo, derrotó a los centros financieros más importantes del mundo a base de su firmeza y voluntad popular. En las ligas de riqueza que periódicamente se publican, Islandia aparecía como uno de los países más ricos del mundo, ya que su PIB per cápita era de los más elevados. Y todo ello se atribuía a la enorme desregulación de la banca, permitiéndole a ésta lo que quisiera, sin ningún tipo de regulaciones, frenos o inhibiciones. Islandia era el paraíso del neoliberalismo. Las políticas del gobierno islandés estaban orientadas a facilitar y dar la bienvenida al capital financiero de otros países, como Gran Bretaña y Holanda. Ello condujo a una situación en que todo el mundo se endeudó, incluyendo el Estado. La deuda pública pasó de ser 200 veces el PIB del país en 2003 a 900 veces en 2008. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que estalló la crisis financiera europea. Entonces, la economía islandesa colapsó. Los tres bancos más importantes de Islandia, Landbanski, Kaupthing y Glitnir fueron nacionalizados. Y su moneda se desmoronó. Su valor descendió un 85% respecto al euro.

Este desastre financiero fue el origen de una revolución popular que cambió el rumbo del país, hasta entonces gobernadas por elites familiares que habían controlado el poder financiero y político del país. Tal revolución popular recuperó su soberanía perdida. El gobierno, respondiendo al colapso, había negociado un préstamo de 3.500 millones de euros de varias fuentes y países. Pero como condición, tanto el FMI como la Unión Europea quisieron imponer unas condiciones draconianas a la población islandesa, tal como está ocurriendo en Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia. Entre estas condiciones estaba una que exigía que cada ciudadano en Islandia pagara el equivalente a 100 euros al mes durante los próximos quince años a fin de pagar la deuda debida a tales bancos. Esta demanda fue la que sacó a la población a la calle, y así se comenzó la revolución islandesa. La idea de que la ciudadanía tenía que pagar el desastre creado como consecuencia del comportamiento irresponsable de la banca, que contó con la complicidad del Estado, fue más de lo que la gente podía tolerar. La presión de la calle –elemento clave en la revolución popular- hizo que el jefe del Estado, Ólafur Ragnar Grímsson, rehusara firmar la ley que exigía que la ciudadanía pagara las deudas privadas y públicas y que aceptara la petición popular de que se convocara un referéndum en el que la población expresara su opinión sobre la citada ley.

Los gobiernos británico y holandés, en nombre de sus bancos, así como el FMI y la Unión Europea, amenazaron por todos los medios con convertir a Islandia en la Cuba del Norte de Europa, aislándola completamente, como había ocurrido después de la revolución cubana. Pero la población respondió que “si aceptaban la ley propuesta por las élites gobernantes, Islandia se convertiría en el Haití del Norte”. En Marzo de 2010 la población votó en el referéndum y nada menos que el 93% rechazó aquella ley. El enfado de la población se tradujo en un movimiento que exigió responsabilidades civiles y criminales a los responsables de la crisis financiera en Islandia, incluyendo el que había sido el Primer Ministro de Islandia, así como los presidentes de los tres bancos que tuvieron que ser nacionalizados. Todos ellos han terminado en los tribunales, y no se excluye que terminen en la cárcel.

Fruto de la indignación popular, también se exigió que se hiciera una Nueva Constitución escrita, no por el Parlamento, sino por una Comisión Popular, formada por 25 ciudadanos sin filiación política entre 522 adultos que habían sido elegidos por la población. Se está elaborando el borrador, y la comisión está recibiendo comentarios por Internet. Cuando el proceso termine, será sujeto al Parlamento para su aprobación.

Varias consecuencias pueden deducirse de lo dicho hasta ahora. Una de ellas es que todas las previsiones de “catástrofe” que ocurriría si el referéndum fuera rechazado –como  lo fue-, provenientes de los centros financieros, FMI y de los gobiernos de la UE, fueron ignorados, pues eran motivados para crear una cultura del miedo que servía a sus intereses. La otra conclusión es que cualquier solución al enorme problema creado por los bancos extranjeros y nacionales pasa por recuperar la soberanía por parte de la población. Islandia demuestra la necesidad de no delegar el poder popular a otras instituciones que claramente han mostrado que no representan los intereses de la mayoría de la población.

VER NOTICIA ANTERIOR PUBLICADA EN NUESTRO BLOG SOBRE ISLANDIA

Curso acelerado para el señor Rosell

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Curso acelerado para el señor Rosell
Sobre el recorte propuesto por la CEOE
IGNACIO ARIAS LETRADO El señor Rosell, que se está ganando a pulso el apodo de «el amigo de los funcionarios», de nuevo vuelve a la carga -nunca mejor dicho en este caso- con la pretensión de «cargarse» de un plumazo la nada despreciable cifra de 900.000 ídem. Eso sí, valga en su descargo que no sugiere hacerlo por métodos expeditivos (gaseándolos, vendiéndolos como esclavos, deportándolos o similares), sino por el más sofisticado sistema de mandarlos al paro.

El problema del señor Rosell es que habla de lo que no sabe y en su discurso demagógico y populachero se percibe un desconocimiento supino de la realidad de la administración pública que es conveniente clarificarle a través de este curso acelerado de aprendizaje. Aunque, sinceramente, no albergamos grandes esperanzas de éxito.

Vamos ya con el curso. Señor Rosell, funcionarios no son todos los que cobran una nómina pública. Este noble término queda reservado para una parte de los que perciben sus emolumentos del presupuesto. No voy a aturdirlo con definiciones jurídicas que le puedan complicar el entendimiento, pero creo que es obligado matizarle que funcionarios son sólo aquellos que, tras aprobar unas duras y competitivas pruebas selectivas, se integran en la administración con carácter definitivo y desempeñan los puestos de trabajo vinculados a su funcionamiento tradicional y ordinario. A los funcionarios de más alto nivel se les reservan las tareas de ejercicio de autoridad, fe pública, asesoramiento legal y económico, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, contabilidad, tesorería y similares. Hay juristas, pero también hay médicos, arquitectos, ingenieros...

Junto a ellos, aunque de distinta condición, no sólo por las pruebas de acceso, sino por su régimen jurídico, se encuentra el personal laboral que atiende todas aquellas parcelas de la administración no reservadas al personal funcionario, pero que también forman parte de esa actividad ordinaria.

Sería entendible que un profano confundiera y mezclara, por tanto, al personal funcionario y al personal laboral, y utilizara el término «funcionarios» para referirse a ambos. Pero en su discurso el error es mucho mayor al computar como funcionarios públicos a otro personal que ni es acreedor de este calificativo ni tampoco del de personal laboral de la administración, como son los eventuales y el personal que presta servicio en órganos, entes y empresas del sector público, tanto autonómico como estatal.

Este tipo de personal no puede sumar a la hora de calcular el número de funcionarios, porque no lo son. En el caso de los eventuales, porque ni surgen de una necesidad de la administración, ni son su personal, ni le prestan servicio, sino que son empleados de confianza de la clase política para la que trabajan y con la que cesan, sin perjuicio de que se les aplique, con matices, el régimen de los funcionarios y cobren del presupuesto público. Hasta tal punto es cierta esta afirmación que ni siquiera pueden intervenir en los procedimientos administrativos so pena de viciarlos de nulidad. A este tipo de personal pertenecen los jefes de gabinete, asesores, asesores de imagen, jefes de prensa, asistentes, etcétera.

Por lo que se refiere al sector público, los efectivos que prestan servicio en el mismo no son personal de la administración, aunque también cobren de los presupuestos.

Quizá no le falta razón cuando se queja del crecimiento desmesurado de este sector, ¡pero qué culpa tienen los funcionarios de tal circunstancia! Las decisiones en este ámbito son políticas y en ellas no intervienen los funcionarios. No se inscriba usted en la línea patrocinada recientemente por una concejala de un ayuntamiento asturiano que proclamaba, sin rubor, que los políticos están únicamente para firmar lo que dicen los técnicos. Nada más lejos de la realidad. La creación de un ente público es una decisión puramente política, limitándose la intervención técnica a informar sobre el procedimiento.

Ciertamente, el sector público se ha ido dotando de medios personales de un modo quizá desmedido, sin demasiado control y, además, ha reproducido a escala el modelo de la administración, siendo raro el ente que no cuenta con gerente, jefe del servicio jurídico, jefe de contabilidad, jefe de intervención, jefe de proyectos, jefe de personal, jefe de... Algunos incorporan, también, algún auxiliar administrativo. El sistema de ingreso de este personal no supera en algunos casos los filtros de mérito y capacidad exigibles constitucionalmente, pero ¿qué reproches se les puede hacer por ello a los funcionarios? Creo que toda esta inquina de la que está impregnado su discurso se resolvería documentándose. No es difícil entender estos matices y creo firmemente que es tarea a su alcance.

Estoy seguro de que si es capaz de distinguir, de un lado, entre funcionarios y personal laboral de la administración ordinaria y, de otro, entre eventuales y personal del sector público, y hacer de nuevo la suma de esos 900.000 efectivos con los que pretende acabar, llegará a la conclusión de que funcionarios, funcionarios, no sobra ninguno.

Además -y lo he dejado para el final por su rotundidad- hay un dato que cercena su pretensión de enviar a este colectivo a la cola del paro: los funcionarios son los únicos «empleados públicos» que no cotizan al desempleo. Sí lo hacen, por el contrario, el personal laboral, los eventuales y el personal del sector público. Hasta tal punto el sistema considera a los funcionarios parte del mismo que ni siquiera ha previsto la posibilidad de que puedan engrosar la triste y demasiado extensa lista del desempleo. Es más, si por sanción disciplinaria se les separara del servicio, no tendrían derecho a percibir prestación alguna. El sistema los ha configurado -parafraseando a Aristóteles- como «soldados de la legalidad». Su inamovilidad no es un privilegio, no es una prerrogativa exorbitante, sino una garantía y una conquista del Estado de derecho. Señor Rosell, en el monte, además de otras hierbas, también hay orégano

Los intereses que hay detrás de las propuestas privatizadoras de la Sanidad

 

Luisa Lores | Miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica

nuevatribuna.es | Actualizado 13 Diciembre 2011 - 14:31 h.

El Grupo Ribera Salud, constituido por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Bancaja (actualmente integrada en Bankia), gestionaba 28 hospitales y 100 centros de salud en España. La CAM, a pesar de haber recibido una gran inyección de dinero público (2800 millones de euros[1]) ha tenido que ser intervenida y actualmente ha sido vendida al Banco Sabadell por 1 euro.(leer más)