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OPINION

¿Carrera profesional o igualitarismo y estancamiento?

¿Carrera profesional o igualitarismo y estancamiento?
 
Los incentivos autonómicos son una fuente de agravios comparativos

  PACO G. REDONDO PROFESOR DE GEOGRAFÍA E HISTORIA En diciembre de 2005 el Gobierno asturiano firmaba un acuerdo con UGT y CC OO para desarrollar entre sus funcionarios sanitarios la carrera profesional, en base a cuatro niveles de evaluación en 20 años con unos incentivos de hasta 2.500 euros anuales por tramo. Se optó por ampliarlo a la Educación, con una gran división sindical entre organizaciones negociadoras y los críticos con el sistema. El argumento de que las subidas salariales no se aplicaban a los docentes porque son muchos o tienen muchas vacaciones ya no se sostenía, pues los sanitarios son más. Que las políticas sociales (sanidad, educación, pensiones) son prioritarias hay que demostrarlo en los Presupuestos.

Sin embargo, se ponía en marcha un proceso administrativo donde primero te pedían el compromiso de ser evaluado -en parte redundante, pues ya lo establece la LOE- para los niveles y después se concretarían los requisitos, en principio sólo dos eran necesarios: ser funcionario de carrera y llevar 5 años como docente a 1 de enero de 2007, y firmar la adhesión antes de julio de 2007.

En realidad no puede haber carrera profesional docente propiamente dicha, pues los cuerpos docentes son estatales, mientras no haya un estatuto docente nacional, aunque esta última palabra les da alergia a los del PSOE y PP, que tienen que pactar con los nacionalistas seguir unos años más disfrutando de los cargos. Se trata de incentivos autonómicos, fuente de agravios comparativos: ¿cuándo la España autonómica es viable?

La aprobación de una ley el 29 de diciembre de 2009 en el Parlamento asturiano venía a dar cobertura al proceso, pues el TSJPA lo había declarado alegal en junio de 2009, permitiendo a quienes en su momento firmaron y cobran seguir cobrando el nivel uno (los sanitarios ya cobran el cuarto), y abriendo otro plazo para los de nueva incorporación en 2010; de momento están mareando la perdiz.

Siempre se ha dicho que ser funcionario entraña una gran ventaja, el puesto de trabajo de por vida, pero ello no es un privilegio, sino un mérito, en cuanto consecuencia del trabajo y la preparación demostrada en una oposición. El gran inconveniente, las congelaciones salariales en vacas flacas (entre 2010 y 2011 nos bajarán el sueldo un 13%). Y si no hay posibilidad de cambiar y prosperar, tentación de burocracia y rutina. Esto se ha tratado de resolver con los sexenios, complementos por 100 horas de formación adicionales en los últimos seis años.

En el caso de la enseñanza es difícil medir la productividad, no se trata de fabricar 1.200 tornillos en vez de 1.000, sino de enseñar y formar más y mejor: ¿Cómo se mide? Lo cual no debe hacernos confundir la igualdad de oportunidades con la igualdad de resultados, que lleva al estancamiento personal, y llevó a la Europa comunista al colapso económico y al socialismo real a su colapso político a finales del siglo XX.

Después el acuerdo se reescribía a la baja, de 20 años se pasaba a 29 y no se sabe del nivel dos para la enseñanza. Ahora lo que la gran mayoría espera es cuándo se abrirá el nuevo plazo para poder inscribirse y acabar con dudas y agravios. Primero dijeron que en el segundo trimestre del año, después que en octubre, ¿y ahora? Recordemos que el próximo mayo habrá elecciones autonómicas?

Empieza la generación de corriente de opinión a favor de las externalizaciones en la Administración Pública… ¡¡Veremos quienes lo contrarrestan y cómo!!

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OPINIÓN EDITORIAL en El Comercio

El tamaño de la Administración

La disminución de recursos obliga a reformar la gestión pública

31.10.2010

El objetivo de reducir la temporalidad de los empleados públicos, contenida en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias (ACEBA), ha llevado a los sindicatos a demandar la agilización de las ofertas públicas de empleo del Principado, petición aceptada por el presidente Álvarez Areces, que se comprometió a convertir en fijos a 2.639 funcionarios interinos, una cifra que se corresponde con las plazas ofertadas en los ejercicios presupuestarios de 2006 a 2010 que quedaban sin cubrir. De esa oferta global, cerca de mil plazas ya se estaban tramitando y el resto van a ser convocadas, de modo que el Principado prevé que antes de terminar el año 2012 podrán estar enteramente ocupadas por funcionarios fijos. El 83% de esas plazas corresponden a personal sanitario.

El Principado tiene 35.800 funcionarios, una cifra muy superior a la existente una década atrás, ya que fruto de la transferencia de las competencias de Educación, Sanidad y Justicia se incorporaron 26.000 nuevos empleados públicos. En la última década han aumentado las empresas o fundaciones del Principado, que con 1.700 empleados también generan gastos de personal, aunque esos pagos no aparezcan en el capítulo de sueldos y salarios de los Presupuestos del Principado.

El incremento de los recursos humanos ha sido una constante en las tres administraciones territoriales -central, autonómica y local-, hasta llegar a alcanzar los tres millones de empleos en España. La razón del progresivo crecimiento no se debe tanto a las necesidades intrínsecas de la Administración como a una política deliberada de convertir los presupuestos públicos en generadores directos de empleo. La preocupación por esta tendencia fue acallada por los responsables políticos al asegurar que en España hay menos funcionarios que en los países de la UE. Sin embargo, el efecto de la crisis económica en las haciendas públicas obliga a replantearse el tamaño que deben tener las administraciones. A lo largo del presente año, Alemania y Francia han presentado planes de reducción de personal público, aunque ninguno tan profundo como el reciente anuncio del primer ministro británico, David Cameron, al proponer un recorte de 500.000 empleos. La única previsión de reducción de plazas en Asturias consiste en seguir la norma nacional de dejar la tasa de reposición de empleo de los funcionarios jubilados en un máximo del 10% para el año 2011. Por cada diez funcionarios jubilados, el Principado sólo podrá contratar uno nuevo. La aplicación de esta medida demuestra la rigidez de la Administración pública a la hora de gestionar las necesidades de personal.

La lucha contra el déficit público es el principal objetivo del Gobierno, una meta que pasa por la reducción de la masa salarial de las administraciones. La rebaja del techo de gasto de los Presupuestos del Principado para el próximo año, fijada por el presidente Areces en el 6%, tiene que ir acompañada de un descenso de la masa salarial. Hay dos vías para hacerlo: menos contrataciones o reducción generalizada de sueldos. Ningún camino es indoloro, pero el incumplimiento en el control del déficit traería consecuencias mucho más dañinas para el empleo. Las medidas urgentes a aplicar, derivadas de una coyuntura difícil, deben ir acompañadas de una reflexión sobre el camino a seguir a medio plazo. El Principado tiene unas funciones públicas que atender, pero no está obligado a cumplir todas las misiones con empleados públicos. El papel de la Administración es definir las prestaciones que presta sin perjuicio de que la gestión de las mismas pueda ser por concierto con la iniciativa privada. Hay algunos servicios, relacionados con limpieza y mantenimiento, que se cubren generalmente mediante contratas, pero otras muchas funciones se pueden externalizar, reduciendo la carga de las nóminas sobre el presupuesto. Al ciudadano le preocupan la calidad de los servicios públicos, no la modalidad laboral de sus empleados.

Asi se defienden los derechos conquistados

Por AMALIA ÁLVAREZ…

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Primavera en París

Si los trabajadores, los estudiantes franceses, las mujeres francesas, los inmigrantes que viven en Francia, la izquierda francesa, los comunistas, los trotskistas, los socialistas franceses son capaces de generar una movilización importante contra las políticas económicas de su gobierno, no todo está perdido.

NUEVATRIBUNA.ES

Los estudiantes franceses han salido a la calle, han cerrado más de 300 institutos y se han sumado a las movilizaciones que desde hace tiempo mantienen los sindicatos franceses. Sus proclamas son claras. No buscan la playa debajo de los adoquines, quieren vivir dignamente, mejor que sus padres. "Cuanto más tarde se jubile la gente, menos esperanza tendremos nosotros de encontrar un trabajo. Además, defiendo una jubilación que, si no se lucha, va a desparecer, y también lucho por los derechos de mis padres". Con esta sencillez y esta lucidez, justificaba Elodie Roblet, de 18 años, su participación en las movilizaciones contra el proyecto de ley que retrasará dos años la jubilación, de los 60 a los 62 años.

Estamos al final del verano, ya casi en el otoño, y no se trata de un otoño solo meteorológico, se trata de un otoño que recorre Europa, un otoño en el que los ciudadanos parecen resignados, donde la voz que se escucha es la voz de los mercados, donde los gobiernos actúan al dictado del Fondo Monetario y del Banco Central, donde los ciudadanos se someten o se silencian. Un país donde la lucha la llevan en solitario los sindicatos, que son despiadadamente atacados, donde los grandes medios de comunicación retransmiten la imagen de una sociedad, la europea, resignada, silenciosa, hedonista, sin fuerza para rebelarse, para evitar que el viejo árbol que da sombra al modelo social europeo se quede sin hojas, donde una huelga de millones de trabajadores se ningunea, donde todo parece estar al servicio del pensamiento único, donde el horizonte se atisba con nubarrones que anuncia menos derechos, y menos Estado.

Por eso, saber que los estudiantes se suman a las movilizaciones de los trabajadores en Francia es una esperanza porque si los trabajadores, los estudiantes franceses, las mujeres francesas, los inmigrantes que viven en Francia, la izquierda francesa, los comunistas, los trotskistas, los socialistas franceses son capaces de generar una movilización importante contra las políticas económicas de su gobierno, no todo está perdido.

El “pequeño Napoleón” afirma no estar obsesionado con las reformas pero yo tengo la responsabilidad de conducir la quinta economía del mundo. En un mundo que se mueve, no nos podemos quedar inmóviles". Este mensaje y esta forma de enunciarlo recuerdan dolorosamente a otro: tomaré las decisiones que España necesita aunque sean difíciles. Voy a seguir ese camino cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste". Así habló hace un tiempo el presidente del gobierno de España. Parece una misma voz, una misma doctrina.

Por eso, si los estudiantes se suman a los sindicatos franceses, si los comunistas, los trotskistas, los socialistas apoyan las movilizaciones francesas, tal vez sea posible que al menos en París sea primavera. A veces la primavera llega con vientos fuertes, con tormentas, con tiempo revuelto, como el que parece que hay en la capital francesa.

Amalia Álvarez - Escritora

¿Hasta cuándo se permitirá la situación en que ciertas élites que además de tener privilegios exuberantes son enormemente incompetentes en sus funciones públicas, estén dictando lo que debe ocurrir en España y en el mundo?...

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LAS ELITES FINANCERAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y LAS PENSIONES (INCLUYENDO LAS SUYAS)

Por Vicenç Navarro

Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) está financiada primordialmente por las Bancas, por las Cajas y por las Compañías de Seguro. Entre sus mayores patrocinadores están el Banco Sabadell, el Banco Popular, Caja Madrid, BANESTO, el Banco Santander, BBVA, La Caixa, y un largo etcétera. Es, en otras palabras, lo que en la terminología anglosajona se llama el Think Tank del capital financiero, el grupo fáctico más poderoso de España. Su influencia en diseñar, reproducir y promover la sabiduría convencional económica del país es enorme. Durante años, su empeño ha sido hacer creer a la población española que el sistema público de pensiones en España no es viable, a no ser que se recorten de una manera sustancial las pensiones públicas. Año tras año han ido publicando informes alertando de que tal sistema se colapsará en fecha próxima, fecha que se ha ido retrasando constantemente al no realizarse el colapso en la fecha predicha. El objetivo de este alarmismo era y es asustar a la población para que vaya corriendo al Banco, a las Cajas y a las Compañías de Seguros para comprarse un plan de pensiones privado. El enorme problema que tienen es que la crisis financiera ha afectado muy negativamente tales fondos de pensiones privadas, reduciéndose su valor de una manera espectacular. Mientras, la Seguridad Social que según sus previsiones tenía que haber colapsado ya en 1995, después en 2000, y más tarde en 2010, hoy continúa en superávit.

Pero el capital financiero (responsable, por cierto, de la crisis financiera actual) no desiste. Y acaba de publicar un informe en el que por enésima vez se afirma que el sistema público está en quiebra, no es sostenible, y deben hacerse cambios, que todos ellos pasan por una reducción de las pensiones para la mayoría de pensionistas. El documento (Fedea propuestas, 07.10.10) está apoyado por los mismos cien economistas que publicaron otro informe reciente indicando que era necesario despedir más fácilmente a los trabajadores a fin de reducir el desempleo. Y como era fácilmente predecible, la puesta en marcha de una ley inspirada, en parte, en este principio, ha determinado, no un descenso, sino un aumento del desempleo. Ahora, y siguiendo la misma lógica, los mismos economistas indican que para tener mejores pensiones públicas en el futuro, éstas tienen que reducirse ahora.

El argumento es idéntico al que han utilizado en los mismos informes anteriores (para ver una crítica a los argumentos utilizados en éstos y otros informes que cuestionan la viabilidad de las pensiones, ver Navarro V., Torres J. Y Garzón Espinosa A., ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas que siempre nos ocultan” Attac 2010). Así, el argumento de que el sistema no es viable se basa en la siguiente afirmación: ahora hay 4 personas en edad activa por pensionista, y dentro de cuarenta años habrá sólo 1,75 por pensionista. De esta predicción concluyen que los pensionistas del futuro no podrán recibir las pensiones, porque no habrá suficientes trabajadores para sostenerlas. Esta afirmación, sin embargo, se basa en unos supuestos erróneos. Uno de ellos es que el punto clave para definir si las pensiones serán o no sostenibles no es el número de personas con edad de trabajar (como hacen los 100 economistas), sino del número de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social, y el tamaño de tal cotización. Este último dependerá del salario (resultado, en parte, de la productividad del trabajador) y del tamaño de la cotización (que depende, a su vez, de decisiones políticas) tanto del trabajador como del empresario. Veamos el primer factor analizando el impacto de la productividad en la creación de riqueza, y por lo tanto, en las cotizaciones sociales, un punto ignorado en el informe.

Hace cuarenta años, el porcentaje de la población trabajando en agricultura en España era el 30%. Hoy es sólo el 3%. Este 3% produce más que el 30% de hace cuarenta años. En realidad, el estado da subsidios a los agricultores para que no produzcan más. Fíjense lo absurdo que hubiera sido que hace cuarenta años los “cien economistas de entonces” hubieran alarmado a la población, utilizando el argumento de que la disminución del número de trabajadores en el campo durante los siguientes cuarenta años conduciría a una disminución en la producción de alimentos para nutrir a la población, con lo cual, la población dentro de cuarenta años padecería hambre. Los alarmistas “cien economistas” que hubieran hecho esta predicción entonces harían el ridículo, pues no habrían tenido en cuenta que, consecuencia del aumento de la productividad, un trabajador agrícola produciría en cuarenta años lo que producían diez hace cuarenta años. Sustituyan la palabra alimento por la de pensiones, y podrán ver lo absurdo que es lo que están diciendo los “cien economistas” para alarmar a la ciudadanía sobre que no se podrán pagar las pensiones dentro de cuarenta años. Dentro de cuarenta años, la productividad será tal que se necesitarán menos trabajadores por pensionista que los que se necesitan ahora.

Por otra parte, el sistema de financiación de las pensiones contributivas es regresivo, pues a partir de un cierto nivel de renta, no se cotiza a la Seguridad Social. Se llega a una situación en que el Sr. Botín, cuya renta es más de 500 veces la de un trabajador cualificado, paga lo mismo a la Seguridad Social que el último. Si se corrigiera tal sistema, tal como se ha propuesto en EEUU (donde Bill Gates paga sólo 6.520 dólares a la Seguridad Social) los ingresos a la Seguridad Social se incrementarían en un tercio. Y nunca olvidemos que no hay nada escrito en las biblias económicas que indique que las pensiones deban pagarse a base de contribuciones basadas en el mercado de trabajo. Podrían pagarse a base de gravar el capital financiero (que financia el informe) haciendo que las rentas de tal capital se graven al mismo nivel que las rentas del trabajo. Con ello, las pensiones podrían mejorarse, pues el problema que tienen es que son demasiado bajas.

Una última observación. A nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional ha sido y continúa siendo el grupo de presión más importante para convencer al gobierno Zapatero de que reduzca las pensiones públicas españolas. Debiera conocerse que el FMI está pidiendo al gobierno español que haga lo contrario que el FMI hace con sus propios funcionarios, cuyo nivel de pensiones alcanza unos niveles extraordinariamente exuberantes. Tales funcionarios pueden retirarse a los 25 años de trabajo cobrando el total de sus salarios, que alcanzan cifras equivalentes a 160.000 euros. El pensionista español necesita trabajar cuarenta años para alcanzar la cifra máxima de la pensión, que nunca representa el 100% del salario, sino el 80% de su base de cotización. La cantidad máxima que puede recibir es de 22.000 euros. El funcionario del FMI recibe 160.000 euros (de fondos públicos) y más. El gobierno Zapatero debería decirle al FMI que no tiene autoridad moral para predicar austeridad y todavía menos para recomendar reducir, aún más, unas pensiones, como las españolas, que son claramente insuficientes (resultado en parte de que los salarios son muy bajos). Las élites dirigentes del mundo, sumergidas en la opulencia, están exigiendo austeridad a todos los demás y lo justifican diciendo que es por su propio bien. ¿Por qué no comienzan la austeridad ellos mismos? En realidad, la sonada incompetencia del FMI, que no predijo la crisis, que no la previó, y cuyas políticas dificultan la recuperación, no justifica ni su existencia ni sus privilegios. Por cierto, lo mismo debiera decirse de las élites bancarias en España (incluyendo Fedea), que están pidiendo una reducción de las pensiones, mientras que sus salarios y pensiones son exuberantes. ¿Hasta cuándo se permitirá esta situación en que tales élites que además de tener privilegios exuberantes son enormemente incompetentes en sus funciones públicas, estén dictando lo que debe ocurrir en España y en el mundo?

14 de octubre de 2010

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Opinión en la edición de las Cuencas de La Nueva España de hoy…

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Para después de la huelga general

Pese al desalentador panorama, la calma y la abulia reinan actualmente en la sociedad

Por JOSÉ MANUEL BARREAL SAN MARTÍN

Tiene 46 años: «Sólo pido trabajo», dice con impotencia a quien quiera escucharle. La voz le tiembla: hombres y mujeres de hierro, personas forjadas en mil batallas, ahora sueñan como niños en la posibilidad de trabajar: «Dónde y cómo sea».

En la casa, de puertas adentro, la angustia de no tener trabajo se transforma en bronca con uno mismo y a veces con los allegados, la soledad, siendo mala, es la mejor amiga. Que no teman los empresarios y el gobierno: nada pasa. Hace tiempo que la voz se esfumó y volvió ronca.

El despido arbitrario, barato y subvencionado, el desmantelamiento de los convenios, el más que posible retraso de la jubilación a los 67 años, el recorte de los salarios públicos y privados, la congelación de las pensiones, la bajada de sueldo al funcionariado, todo en su conjunto es aterrador y martillea en la cabeza de las personas que sufren las consecuencias.

Sin embargo, a pesar del panorama, la calma y la abulia reinan socialmente. Si no es así, ¿ cómo explicarnos que, con miles de desahucios y camino de los cinco millones de parados, se vayan de rositas los causantes de la situación? Si la Huelga General del 29 de setiembre no fue un fracaso, como pienso ¿Dónde arraiga, entonces, la conformidad, la mansedumbre, dónde se asienta la impotencia?

La memoria de André Gorz (1923 /2007), especialista en la problemática del trabajo, campea en el recuerdo cuando manifestaba: «El trabajo tenderá a ser un bien cada vez más escaso en el futuro». Y, a la vista de lo que está sucediendo, aquella afirmación de hace cuarenta años se está convirtiendo en una profecía autocumplida. Por el momento, como anticipaba el mismo Gorz, las grandes empresas están concentrando el trabajo en unas pocas manos en lugar de repartirlo entre una mayor cantidad de empleados no porque estos tengan aptitudes superiores a las de los demás, sino porque es económicamente más ventajoso y genera en los asalariados una sensación de privilegio y de pertenencia, implantando, así, una «pequeña élite» y agrega «cuanto menos trabajo hay para todos más tiende a aumentar la dureza del trabajo para cada uno».

Un mundo sin trabajo, algo a lo que siempre aspiró al capitalismo: obtener el mayor lucro sin necesidad de aguantar y de soportar quejas y reclamos sindicales. Un panorama social que lo tenemos encima, que nos amenaza y que nos obligará a replantearnos política y socialmente nuevas formas de convivencia y de supervivencia.

Ante este panorama, que entiendo no es exagerado ni pesimista, sino realista, qué hacer, se preguntan las gentes de buena voluntad. A mi juicio, la alternativa es compleja y no es un tópico tal aserto. Lo que sí no es alternativa es esperar que «las vanguardias proletarias» tomen el palacio de invierno del capitalismo; la política neoliberal sirvió y está sirviendo no sólo para haber llegado a la situación actual sino también para quebrar el proceso organizativo de la izquierda y en esto estamos. Lo que tiene por delante la izquierda es sumamente difícil y más si se claudica con el voto escorado hacia una derecha que oferta, si es que lo hace, propuestas clientelistas y salidas individuales.

Estamos en el tiempo en que los poderes económicos extienden la ofensiva no ya contra los trabajadores, sino contra toda la ciudadanía traduciéndose en la pérdida de peso social y de capacidad para organizar y movilizar. Así, con estos mimbres, la defensa de los derechos sociales y económicos de la clase trabajadora y de la ciudadanía en general estará directamente determinada por una reconstrucción de los vínculos entre la política y la sociedad desde una perspectiva de «la política como ética de lo colectivo». El resto son fuegos artificiales.

La cerca que hay que batir, los sindicatos, el premio al que aspiran, el reparto de la tajada del estado de bienestar y la supresión de derechos…

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“Que no te impidan ver el bosque…”

La "ofensiva antisindical" amenaza más derechos

Los expertos avisan de que las centrales son clave para mantener el Estado del bienestar

03/10/2010 / PERE RUSIÑOL / MADRID, en La Voz de Asturias

Primero fue un bombardeo poniendo en cuestión a los liberados, los piquetes, los convenios, la participación sindical en la negociación de los ERE, los cursos de formación, la financiación pública de las centrales...

Pero la "ofensiva antisindical" en palabras de Joaquín Pérez Rey, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha ha ido mucho más allá coincidiendo con la huelga general: los medios de la derecha han publicado artículos en los que se pide la ilegalización de UGT y CCOO (El Mundo), se insinúa que sus líderes deberían estar presos (La Razón) y se trazan paralelismos con las FARC (Abc) y ETA (La Gaceta).

"Nunca en democracia ha habido una ofensiva tan salvaje contra los sindicatos", subraya Pérez Rey. Y añade: "El objetivo es cargarse el Estado del bienestar, cuya defensa está liderada por los sindicatos".

"Los sindicatos deben modernizarse, pero están siendo demonizados para acabar con los derechos sociales", le secunda Miquel Falguera, magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y profesor de Derecho del Trabajo de la Universitat Pompeu Fabra.

En su opinión, un elemento central de la ofensiva en marcha es socavar los convenios colectivos y "volver a la relación directa entre un trabajador y un empresario, en la que el trabajador, lógicamente, no tiene nada que hacer".

"Si se reduce la fuerza de los sindicatos, está claro que se avanzará hacia la precarización", advierte Josep Banyuls, economista de la Universidad de Valencia. "El nexo es muy claro: a menor fuerza sindical, más temporalidad, menos cobertura social y peor salario".

Contra la Constitución

Pérez Rey va más allá: "Todos los derechos, incluso los que parecen más seguros, son papel mojado si no hay un agente organizado que vele para que se cumplan, y ese papel lo desempeñan los sindicatos. ¡Se quieren cargar el modelo que fija la Constitución!".

Para Albert Recio, economista de la Universitat Autònoma de Barcelona, "la derecha ha recuperado su programa máximo, cuyo elemento central es desmontar la negociación colectiva para recortar sin freno el Estado del bienestar". "La agresividad que estamos viendo aquí es una adaptación de lo que ya sucedió en Reino Unido con Margaret Thatcher", recalca.

En 1984, aún en su primer mandato, Thatcher declaró la guerra sin cuartel a los sindicatos al calor de unas huelgas mineras. No sólo ganó ese pulso, sino que hizo añicos su influencia tras vincular a las centrales con la violencia y la holgazanería, lo que allanó sus reformas radicales neoliberales.

El modelo Thatcher ya es mentado en España por los sectores más duros contra los sindicatos, que emplazan a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, a emularla. En junio, coincidiendo con la huelga del metro, Fernando Sánchez Dragó llegó a escribir: "Espe, ¡fájate! Sé nuestra Dama Férrea. La Thatcher metió en cintura a los mineros y puso así en marcha un ciclo de prosperidad que se mantuvo hasta que Brown alcanzó el poder".

El historiador Tony Judt, fallecido en agosto, escribió en su monumental Posguerra (Taurus): "Como los mejores revolucionarios, tuvo suerte con sus enemigos. Le permitieron proclamar que ella era la única que defendía a esa pobre gente frustrada y víctima de excesivas reglamentaciones, a la que estaba liberando de décadas de dominación a manos de intereses creados y de los parasitarios y subvencionados beneficiarios de décadas de generosidad a costa del contribuyente". Eso sí: el genial historiador se refería sólo a Thatcher.

Altamente didáctico análisis de Vicenç Navarro, en Fundación Sistema, al día siguiente de la Huelga General…

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POR QUÉ LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO ZAPATERO DEBEN CAMBIAR

Digan lo que digan los medios, lo que ocurrió el 29 de septiembre mostró que la convocatoria de huelga general de los sindicatos mayoritarios del país, CCOO y UGT, fue exitosa en la mayoría de centros urbanos de España. El consumo de electricidad de las horas punta del día 29 descendió casi al nivel de un día de vacaciones, mostrando que la actividad laboral se había interrumpido significadamente en el periodo laboral. Este éxito debiera hacer reflexionar al gobierno socialista español y a sus defensores en los medios. No dudo de que la mayoría de dirigentes del gobierno socialista creen sinceramente que las medidas tomadas por el gobierno (que no pueden negar representan un recorte sustancial de los derechos de los trabajadores y una reducción de la ya escasa financiación del estado del bienestar) son necesarias para calmar a los mercados financieros (frase repetida mil veces) y, como decía Carlos Solchaga, el ex Ministro de Economía del gobierno Felipe González, “atraer así inversión extranjera que servirá para impulsar la obra pública y, por lo tanto, crear empleo” (El País. 29.09.10). Esta visión ha alcanzado una categoría de dogma, no sólo entre los dirigentes del gobierno (y medios de difusión afines a ellos), sino también entre la derecha española, tanto en su versión española (PP), como en la periférica catalana (CIU) y vasca (PNV). Se tiene que hacer una distinción, sin embargo, entre el dogma sostenido por las derechas y el sostenido por los defensores del gobierno socialista. Los primeros han asumido siempre que lo que beneficia al mundo empresarial y a la banca beneficia automáticamente al país, identificando los intereses de los primeros con los intereses de los segundos. Este supuesto se hace a pesar de la enorme evidencia de que ello no es así (la crisis actual la ha creado la banca con la complicidad del mundo empresarial). No obstante, repiten machaconamente aquel argumento promoviendo una versión de la realidad que favorece los intereses de clase que siempre han representado. La evidencia de ello es abrumadora. Una mayor consecuencia de las políticas que han llevado a cabo cuando han gobernado ha sido la polarización de las rentas en el país.

Pero gran parte de los dirigentes del gobierno socialista y sus defensores apoyan estas políticas porque creen sinceramente que no hay alternativas a las que el gobierno está haciendo. Pero en este dogma (término que utilizo sin deseo insultante, sino con el intento de remarcar que se basa más en fe que en evidencia) hay tesis y supuestos que son sujetos a la comprobación empírica. Es decir, que pueden ser falsificables por la evidencia existente. Como bien decía John K. Gallbright (uno de los economistas más agudos que haya existido en EEUU) la sabiduría convencional económica suele estar equivocada. Y la crisis actual así lo ha mostrado. Es irracional que se continúe dando tanto protagonismo a tal sabiduría convencional cuando su fracaso en interpretar la realidad económica ha sido tan acentuado.

Veamos los datos. Y sería de desear que los que están defendiendo tales políticas de austeridad aportaran datos que muestren que los que yo presento son erróneos. En realidad, un indicador claro de que las propuestas que se hacen son de carácter ideológico en lugar de científico es que nunca (repito, nunca) responden a las críticas, lo cual se debe, en parte, a una cultura autoritaria heredada de la dictadura, con escasa capacidad y/o motivación de debate (acentuado por el problema de que deliberadamente los medios de mayor difusión censuran y marginan a las voces críticas de la sabiduría convencional que reproducen) y en parte a que no tienen argumentos, hecho que enmascaran y ocultan con la arrogancia de que no es bueno para mantener su autoridad rebajarse a responder a las críticas. Leído todo esto, vamos a los datos (a los que no responderán)

¿QUÉ EVIDENCIA EXISTE DE QUE LA AUSTERIDAD ES BUENA PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA?
Toda la evidencia científica que existe para sostener tal tesis ha sido resumida en el trabajo de los profesores de economía Alberto Alesina y Silvia Ardagna, de la Universidad de Harvard, titulado “Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus spending”. Tax Policy and the Economy 2009. En este artículo, los autores muestran que en gran número de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) las reducciones de los déficits han ido seguidas de etapas de gran crecimiento económico. Concluyen con estos resultados que las políticas de consolidación fiscal incrementan la confianza de los inversores y de los consumidores, generándose así el estímulo económico que genera mayor crecimiento económico. De ahí el énfasis en reducir el déficit a base de reducir el gasto público.

Este trabajo, sin embargo, ha sido ampliamente cuestionado. Así, Arjun Jayadev, del Massachussets Institute of Technology (M.I.T.), y Mike Konczal, del Roosevelt Institute, han señalado en su artículo “The Boom, not the Slump: The right time for Austerity”, (Roosevelt Institute, 2010) que en todos los países que Alesina y Ardagna analizan, las inversiones y el incremento del consumo precedieron a la reducción del déficit y no al revés, tal como aquellos autores habían señalado. El crecimiento económico fue la causa principal de que se generara la confianza entre inversores y consumidores, lo cual es lógico, pues las empresas no invertirán para aumentar la producción a no ser que haya un aumento de la demanda de tales productos. Es más, era el crecimiento económico el responsable de la reducción del déficit del estado, no al revés. En realidad, Arjun y Konczal concluyen que no hay ni un país en recesión que haya salido de ella a base de políticas de austeridad de gasto público. Tal estudio viene a confirmar una larga lista de trabajos, citados por el profesor Robert Pollin, del Political Economy Research Institute de la Universidad de Massachussets (“Austerity is not a solution: Why the Déficit Hawks are wrong”. PERI, 2010) que concluyen que las medidas de austeridad son erróneas. En todos ellos, la condición sine qua non para la recuperación económica era la existencia de un estímulo económico tendente a incrementar el gasto público y la creación de empleo. En realidad, nada menos que el Banco de Inglaterra ha indicado que existe un gran escepticismo en el mundo de los negocios de que las economías se recuperen, expresando gran nerviosismo, consecuencia de que los gobiernos estén siguiendo políticas de austeridad de gasto público que dificultarán tal recuperación. En una encuesta realizada por el Banco de Inglaterra, entre los inversores y compradores de deuda, (citada en el Financial Times del 18/08/10) se concluía que “muchos inversores relacionan la pérdida de confianza en la recuperación económica a los recortes en gasto público, lo cual interpretan causa una disminución de la demanda en aquellos sectores especialmente afectados por tales recortes, así como por la disminución de empleo público que reduce el consumo de las familias”.

LA RECUPERACIÓN ALEMANA NO SE BASA EN POLÍTICAS DE AUSTERIDAD
La tesis de que las políticas de austeridad son necesarias para la recuperación económica se basa también en otro supuesto que se puede mostrar que es profundamente erróneo. Se asume que el estímulo de la economía española va a venir principalmente del exterior, a través del crecimiento de las exportaciones. De ahí que se considere que la bajada de los salarios y la reducción del gasto público aumentarán la competitividad de las empresas españolas, aumentando así las exportaciones y facilitando la salida de la crisis. En este argumento se toma la economía alemana como el punto de referencia, asumiendo erróneamente que la recuperación de aquella economía se debe al incremento de las exportaciones, olvidándose que la mayor causa de que aquella economía haya crecido ha sido, precisamente, un crecimiento muy notable de su gasto público y del gasto público de los países que le han comprado sus productos.

Veamos los datos. Y uno de los más importantes es que Alemania ha tenido uno de los mayores crecimientos del déficit público estatal entre los países de la Eurozona. En 2008, las cuentas del estado no mostraban un déficit, sino un superávit (0,2% del PIB). En 2010, se había convertido en un déficit de 5,4% del PIB. Ni Francia ni Italia vieron aumentado su déficit de una manera tan notable. Pero, tan importante como el incremento del déficit fue el origen de este déficit, que fue consecuencia del aumento muy notable del gasto público, principalmente en subsidios a las empresas para que retuvieran a sus trabajadores (en una medida que merecería se aplicara a España, pues explica, en parte, su relativamente bajo desempleo), así como a las industrias exportadoras. Estos subsidios, además de la devaluación del euro facilitaron las exportaciones, las cuales han sido el motor de la economía alemana.

El modelo alemán basado en las exportaciones se enraiza en unos salarios bajos en relación a la productividad laboral existente. En realidad, la demanda doméstica ha bajado un 1,4% en lo que va de año. Las exportaciones, sin embargo, han crecido un 18%, mucho más que las importaciones (que han subido sólo un 2%). El objetivo del establishment financiero alemán ha sido crear grandes plusvalías, con la consiguiente acumulación de divisas (euros), resultado de que las dos terceras partes de las exportaciones van a los países de la Eurozona. Esta concentración de euros la ha utilizado la banca alemana para prestar a los bancos (incluyendo a los españoles) y a los estados, de los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España), comprando deuda pública. Pero al estallar la crisis (consecuencia de la contaminación de la banca alemana por parte de los productos tóxicos de la banca estadounidense), la banca alemana tuvo un pánico enorme de no recuperar el dinero prestado. De ahí la imposición de políticas de austeridad a los PIGS para que le pagasen las deudas. Por otra parte, en Alemania, el estímulo para el crecimiento de las exportaciones procedió del Este Asiático, de China y de EEUU (países que han tenido grandes estímulos económicos).

Pero, el mayor problema para Alemania es que el crecimiento económico no se está distribuyendo internamente aumentando el consumo doméstico para que éste contribuya a la recuperación económica. El éxito del modelo alemán se basa en un estancamiento de los salarios durante los últimos diez años. El crecimiento de la productividad durante este periodo no ha repercutido en una mejora de los salarios. Y ahí está el problema. El porcentaje de población empleada con salarios por debajo del salario medio ha aumentado enormemente. Es más, el relativamente bajo desempleo (7,6%) oculta el gran crecimiento de trabajos a tiempo parcial y precarios. En realidad, según las cifras de la Oficina de Estadística del gobierno federal alemán, el porcentaje de desempleados aumentaría a un 20% si se incorporaran como desempleadas aquellas personas que desearían trabajar pero que han abandonado la búsqueda de trabajo como consecuencia de no encontrarlo. En España, si tales personas se incluyeran en el cálculo del desempleo, este alcanzaría el 32% de la población activa. Estos datos comienzan a dar las pistas sobre que el mayor problema no es, como constantemente se indica, la globalización de los mercados (incluidos los financieros), sino las relaciones de poder en la relación capital-trabajo dentro de cada país. Ni que decir tiene que la globalización de los mercados, incluidos los financieros, juegan un papel muy importante en configurar el marco de este conflicto. Pero el conflicto es a nivel estatal, como mostraré cuando veamos el caso español. Pero antes quisiera responder con datos otro argumento. El que los estímulos del Presidente Obama en EEUU han fracasado.

¿HA FRACASADO EL ESTÍMULO ECONÓMICO DEL PRESIDENTE OBAMA?
Y por último, otro argumento que se utiliza por parte de los neoliberales, tanto en EEUU como en España para mostrar el error de incrementar el gasto público como medida de estímulo de la economía es el supuesto fracaso del estímulo del gobierno Obama en crear empleo en EEUU. En esta argumentación se ignoran varios hechos. Uno es que el 24% del total de la cantidad de gasto público utilizado para estimular la economía (787.000 millones de dólares) eran recortes de impuestos que, como bien se sabe, tiene un impacto menor en crear empleo, pues los fondos del recorte de impuestos favorecen, en general, a las rentas superiores (que son las que pagan más impuestos), las cuales ahorran más que gastan estos fondos, perdiendo capacidad estimulante del consumo. Otro 22% de los 787.000 millones de dólares proveídos por el estado federal se gastaron por los estados y ayuntamientos para mantener a los empleados públicos en los servicios del estado del bienestar que habrían sido despedidos y serían desempleados si las autoridades públicas estatales (el estado es la unidad política en EEUU comparable a las CCAA en España) y locales no hubieran tenido tales fondos (proveídos por el gobierno federal), pues sus propios ingresos descendieron mucho, resultado de la crisis económica.

Los gastos en crear nuevos empleos fueron, por lo tanto, menos de la mitad de los 787.000 millones de dólares. Pero éstos sí que crearon nuevos puestos de trabajo, sobre todo en nuevas áreas de inversión (como energías verdes) y servicios del estado del bienestar (como sanidad, educación y servicios sociales), entre otras. Según los datos de la oficina del presupuesto del Congreso de EEUU (The Congressional Budget Office) -respetada y considerada por los dos partidos, el Demócrata y el Republicano, como una Agencia de gran competencia y objetividad- ha indicado que tales fondos crearon 3.3 millones de nuevos puestos de trabajo sólo en el primer año del estímulo, habiendo sido responsable de que el crecimiento del PIB hubiera sido un 4,5% en el segundo cuarto del año, habiéndose convertido en el motor de la economía, responsable de la salida de la recesión. El hecho de que el desempleo sea todavía muy alto (para los estándares de EEUU) se debe a que la destrucción de empleo fue enorme, como resultado de las pérdidas de 13.000.000 millones de dólares, consecuencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria que creó el enorme bajón de la demanda. 787.000 millones no pueden equilibrar los 130.000.000 millones que se destruyeron. El problema, pues, no es tanto que el estímulo fuera excesivo, sino que era limitado. El asesor económico del Presidente Obama, Larry Summers, así lo ha indicado, subrayando que se necesitarían al menos 200.000 millones de dólares más, en inversión para crear nueva ocupación.

¿POR QUÉ EL DÉFICIT DEL ESTADO ESPAÑOL ES TAN GRANDE Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO ES TAN LENTO?
El déficit del estado español es de los más elevados de la Unión Europea, mientras que el crecimiento económico es de los más lentos, hecho que, por cierto, caracteriza a los países referidos en la terminología anglosajona como los PIGS (Portugal, Grecia, Irlanda y España). ¿Por qué? Veamos qué tienen estos países en común. Todos ellos, resultado de haber estado gobernados por regimenes dictatoriales de ultraderecha (España y Portugal) y gobiernos autoritarios de derecha muy acentuada (Grecia e Irlanda), tienen estados muy débiles, con escasa capacidad recaudatoria y con muy limitada voluntad y habilidad redistributiva. Es cierto que durante la época democrática en todos estos países tal capacidad mejoró, sobre todo en periodos de gobiernos socialdemócratas. Pero el retraso era tal que todavía persisten aquellas características del estado treinta años después de democracia. España (junto con Grecia, Portugal e Irlanda) son los países con mayores desigualdades de renta en la UE-15.

Contribuyó a esta situación la manera como se hizo la integración de España y de los otros países PIG en el euro. La necesaria reducción del déficit del estado para alcanzar el criterio de Maastricht se alcanzó a base de reducir el gasto público (incluyendo el gasto público social) por habitante. Esta reducción tuvo lugar en términos absolutos, durante el periodo 1993-1995. Y más tarde, en la época PP (1996-2004) en términos relativos; es decir, el gasto público social en España creció mucho más lentamente que en el resto de la UE-15, ya que el gobierno PSOE primero y el gobierno PP después, consideraron como tema prioritario la disminución del déficit del estado, incluso a costa de aumentar el déficit social de España con el resto de la UE-15. Y lo mismo está ocurriendo ahora con el gobierno Zapatero.

Había otra alternativa para bajar el déficit, tanto entonces como ahora, que era subir los impuestos, corrigiendo el enorme déficit de ingresos al Estado español. Esto no se hizo entonces, y hasta hace poco no se ha hecho ahora. Antes al contrario. La sensibilidad Nueva Vía dentro del socialismo español (la versión española de la Tercera Vía) que lideró el candidato Zapatero en las primarias del PSOE en 2004, consideraba que bajar los impuestos era ser de izquierdas. Y los bajó, uno tras otro. Y ahí está la raíz del déficit actual. Incluso Angel Laborda, el Presidente de la Fundación de las Cajas de Ahorro, lo reconocía en un reciente artículo “El déficit público, un problema estructural” en El País (26.09.10). Laborda subrayaba que una de las mayores causas del crecimiento del déficit estructural ha sido la enorme bajada de impuestos. Y la otra razón (también reconocida por tal autor) de que el déficit haya subido tanto con la crisis (que contrasta con el hecho de que el descenso del PIB no ha sido tan acentuado como para crear tal déficit) se debe a la regresividad fiscal. Es decir, las cuentas del estado dependen excesivamente de las rentas del trabajo, y muy en especial de los salarios, y muy poco de las rentas del capital y de rentas no ligadas al salario. De ahí que cuando se destruye trabajo y empleo, el estado se resiente inmediatamente. Estas son las consecuencias de las políticas fiscales de la Nueva Vía (sostenidas también por los partidos conservadores y neoliberales de la oposición, CIU y PNV). Estas políticas no eran inevitables. Se podían haber hecho otras distintas, corrigiendo la escasa capacidad adquisitiva del estado y su progresividad. Pero se escogió no hacerlo. Subir impuestos y su progresividad fiscal fue considerado ser socialdemócrata tradicional, lo cual era la expresión amable de decir “anticuado”. Ser moderno era ser liberal (que quiere decir neoliberal). Es incluso sorprendente que en un momento como el actual, el gobierno se resista a tomar las medidas fiscales necesarias para corregir el déficit social a base de aumentar los ingresos al estado mediante reformas fiscales progresivas (ausentes en el Presupuesto del Estado aprobado hace unos días). Técnicos del Ministerio de Hacienda han calculado que podrían haberse obtenido fácil y rápidamente 38.000 millones de euros corrigiendo algunas de las inequidades más palpables en las políticas fiscales del Estado español.

Por otra parte, el problema del endeudamiento de las familias se debe, precisamente al crecimiento de las desigualdades y consiguiente empobrecimiento de la mayoría de la población trabajadora, hecho al cual contribuyeron las políticas fiscales regresivas. La disminución de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional ha sido la mayor causa del enorme endeudamiento, endeudamiento que ha sido rentable para la banca y para las cajas. Pero éstas a su vez necesitaron dinero que les prestaron las bancas alemanas, francesas y holandesas, que al colapsar su confianza (debido a estar intoxicadas por los productos contaminantes, importados de la banca estadounidense) crearon el enorme problema de falta de crédito. La presión para que el gobierno Zapatero lleve a cabo las políticas de austeridad que se exigen a los países PIGS es que la sociedad y el estado de España y de aquellos países paguen las deudas a aquellos bancos alemanes, franceses y holandeses. Por cierto, Irlanda, el país que ha seguido primero y a pies juntillas las recetas del FMI y de la UE está en una crisis enorme como resultado de tales recetas.

EL COLAPSO DE ESTAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SUS CONSECUENCIAS ELECTORALES
Es un error creer que Zapatero puede vencer las próximas elecciones con estas políticas. El fracaso de la Tercera Vía es un indicador de ello. Así, en Gran Bretaña, los gobiernos Blair y Brown, pertenecientes a la Tercera Vía (la máxima expresión del socioliberalismo), perdieron popularidad rápidamente. El triunfo de la Tercera Vía fue en 1997, cuando el Partido New Labour ganó las elecciones por primera vez. El Partido Laborista consiguió el 43% del voto popular (es decir, de la población que votó), que era el 33% del total del electorado (es decir, de la población que podía votar). Su victoria se debió (tal como documentaron las encuestas a pie de urna) al enorme rechazo hacia las políticas neoliberales del partido conservador, imbuido de thatcherismo. Pero a partir de aquel año, el descenso del partido Laborista (convertido en New Labour) fue espectacular. En el año 2001 ganó sólo el 25% del total del electorado, y en el año 2005 descendió todavía más, al 22%. Este gran descenso no se reflejó en un descenso notable de su presencia en el Parlamento debido al sesgo electoral británico a favor del sistema bipartidista. Así, en 1997, el Partido Laborista, con el 33% del total del electorado, consiguió nada menos que el 64% de todos los escaños en el Parlamento Británico. En el año 2001, el Partido Laborista perdió sólo 5 escaños (pasó de 418 a 413, pasando del 64% al 62% de todos los escaños) y ello a pesar del gran descalabro electoral (que pasó del 33% al 25% del total del electorado). Y en 2005, cuando el voto del total del electorado bajó incluso más, al 22%, perdió escaños pero en número mucho menor de lo que hubiera ocurrido en un sistema proporcional. En realidad, continuó manteniendo la mayoría de escaños (el 55%).

Cito estos datos porque cuestionan la visión generalizada e interesada de definir la Tercera Vía como exitosa por su permanencia en el poder. Constantemente se presenta a Blair y a su gobierno como el gobernante “progresista” que ha mantenido su mandato durante más tiempo como consecuencia de sus políticas centristas (en realidad, de centroderecha). Sus sucesivas victorias, sin embargo, no se debieron a su popularidad sino a un sistema electoral extremadamente sesgado, favorable al bipartidismo, y a la enorme crisis del Partido Conservador. Las políticas de la Tercera Vía fueron profundamente impopulares y muy en especial, entre sus bases electorales (las clases populares), como documento en mi artículo “El Fracaso del Nuevo Laborismo y del Socioliberalismo”, Sistema Digital (21.05.10), también expuesto en mi blog (www.vnavarro.org). En realidad, tales políticas crearon una enorme movilización y desmoralización entre los miembros del Partido Laborista, habiendo perdido casi la mitad de sus miembros durante su mandato. Una situación semejante ocurrió en Alemania, donde las políticas de Schroeder llevaron a un enorme descalabro del partido socialdemócrata.

Seguir estas políticas quiere decir el descalabro electoral del PSOE. Asumen, como también asumieron Blair, Brown y Schroeder antes que ellos, que la aplicación de tales políticas de claro corte neoliberal crearán buen empleo y aumentará la calidad de vida de las clases populares (que ellos llaman clase media), y que como consecuencia, recuperarán su confianza electoral. Recuperar, en el caso español, no es sólo crecer el PIB sino, mucho más importante, crear empleo y buen empleo. Y ahí es donde la evidencia existente, presentada en este artículo, cuestiona este supuesto. La abstención entre las bases electorales es la mayor consecuencia de estas políticas, y están llevando a un descalabro semejante en España. Las encuestas así lo muestran. La única solución es un cambio muy marcado de tales políticas. La Huelga General podría tener esta consecuencia, pues la pervivencia del partido socialista en el poder está claramente relacionada con el cambio de tales políticas. La alternativa, de no hacerse tales cambios, sería el debilitamiento, por un largo periodo, de la socialdemocracia en España y la victoria de las derechas por muchos años. Si así ocurre, y deseo naturalmente que no sea así, la culpa no la tendrán los sindicatos y su exitosa huelga general, sino la falta de respuesta del gobierno a esta protesta.


30 de septiembre de 2010

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Por JUAN TORRES LÓPEZ…

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Hay razones para apoyar la huelga general

Es inmoral y totalmente rechazable que una crisis que han provocado los bancos, las grandes fortunas y los especuladores se financie ahora con recortes de derechos laborales, de pensiones, de gasto social e incluso bajando los impuestos que pagan los más ricos, renunciando a la más mínima justicia fiscal, sin darle prioridad a la lucha contra el fraude y con la vergüenza que supone que los banqueros y las grandes fortunas españolas prácticamente no paguen impuestos.

NUEVATRIBUNA.ES -

Los medios de comunicación se empeñan en desanimar a los trabajadores y en argumentar que la huelga general convocada por los sindicatos para el próximo día 29 de septiembre no servirá para nada. Y la ministra de Economía, que forma parte de un gobierno que viene rectificando constantemente sus propuestas a medida que recibe presiones de los poderosos, asegura que "la huelga general no cambiará la política económica", lo que es una forma clara decir a la gente que no vale la pena apoyarla.

En mi opinión, la convocatoria de la huelga general está completamente justificada y hay multitud de razones para que los trabajadores y trabajadoras españolas, los que tienen empleo y los que están en paro o trabajan en sus casas, la apoyen activamente.

Señalaré las que me parece más importantes resumidas en diez puntos que, a su vez, contienen dentro algunas más.

1. La huelga es un derecho de los trabajadores y trabajadoras y su ejercicio ha sido siempre muy eficaz. Todas las grandes conquistas sociales, sin excepción, que hoy día caracterizan a las sociedades que consideramos más avanzadas y democráticas (la jornada máxima, el salario mínimo, el derecho a la seguridad social, el derecho al voto de las mujeres y su acceso sin discriminaciones a los mercados de trabajo, la abolición de la esclavitud y la prohibición del trabajo infantil, las normas de seguridad en el trabajo...) solo se pudieron conseguir después de movilizaciones, de luchas muy duras y de huelgas dolorosas. Los poderosos siempre dijeron lo mismo que ahora, que no servirían de nada, y por eso ahora tampoco debemos dejarnos engañar y apoyar la huelga.

2. Los trabajadores, y no solo los banqueros y las patronales, tienen derecho también a presionar para defender sus intereses. Las huelgas, incluidas las generales, son un procedimiento legítimo para poder hacerlo. Prohibirlas, como ha propuesto el Partido Popular, o tratar de desactivarlas como hacen ahora con la del día 29, equivale a permitir que solo los más ricos y poderosos puedan presionar al resto de la sociedad y a los gobiernos, por cierto, haciendo casi siempre mucho más daño que el que pueda hacer una huelga de trabajadores. ¿Por qué no dicen nada la derecha y sus medios de comunicación cuando los bancos hacen huelgas de "préstamos caídos" y frenan el desarrollo de la actividad económica durante meses, cuando eluden al fisco actuando en paraísos fiscales, cuando las grandes empresas se llevan los capitales a otros países para no hacer frente aquí a sus obligaciones legales, o cuando los banqueros amenazan al Estado, como acaba de hacer el vicepresidente del BBVA al decir que no se pueden tomar medidas que no convengan a la banca? Para que el Presidente Rodríguez Zapatero no oiga solamente su voz y pueda cumplir las promesas que hizo al electorado es necesario presionarle acudiendo en masa a la huelga general.

3. Hay que decir "Basta ya" a la continuada pérdida de derechos laborales y sociales para no llegar a una situación insostenible. Como acaba de recordar el profesor Vicenç Navarro (ver Motivos para la huelga general) la situación de los trabajadores y trabajadoras españolas se deteriora sin cesar como consecuencia de las políticas gubernamentales. No para de disminuir la participación de los salarios en el total de las rentas, aumenta el stress y el malestar laboral, España es el único país de la OCDE donde los salarios han disminuido en los últimos quince años, los beneficios de las grandes empresas españolas aumentaron un 73% de 1999 a 2008 (el doble que las de la Unión Europea de los 15) mientras que los costes laborales solo subieron el 3,7% (la mitad que en la UE-15), España sigue a la cola en gasto social en relación con el PIB, lo que significa que sigue realizando menos esfuerzo para financiar los derechos y el bienestar de las clases trabajadoras. De 2007 a 2009 el número de pobres aumentó en España en un millón, mientras que el número de personas que tienen activos por valor de más de un millón de euros se elevó en un 12%. Las leyes de igualdad y de avance social del gobierno se quedan sin presupuesto mientras se ayuda a bancos y a grandes empresas y mientras que no se tiene valor para obtener recursos por vías que no sean la reducción del gasto social, que es lo que le piden los ricos que no necesitan esas leyes. Para poner fin a todo esto es preciso presionar y apoyar ahora la huelga general.

4. Es inmoral y totalmente rechazable que una crisis que han provocado los bancos, las grandes fortunas y los especuladores se financie ahora con recortes de derechos laborales, de pensiones, de gasto social e incluso bajando los impuestos que pagan los más ricos, renunciando a la más mínima justicia fiscal, sin darle prioridad a la lucha contra el fraude y con la vergüenza que supone que los banqueros y las grandes fortunas españolas prácticamente no paguen impuestos. Para que la crisis la paguen quienes la han provocado y no los trabajadores es por lo que hay que apoyar también la convocatoria del día 29.

5. Los gobiernos europeos, incluido el español que presidió la Unión Europea durante un semestre, se han dejado vencer por la presión de los bancos y la patronal y no han sido capaces de hacer nada para evitar las causas que dieron lugar a la crisis financiera. No han tomado ni una sola medida de las que prometieron, siguen existiendo el secreto bancario y los paraísos fiscales que dijeron que iban a eliminar, los bancos siguen especulando y poniendo en peligro la economía mundial con productos financieros arriesgados y completamente improductivos. Las únicas reformas financieras emprendidas por el gobierno español han estado dirigidas a disimular las pérdidas y la irresponsabilidad de los bancos privados, a facilitar que vuelvan a obtener beneficios, y a privatizar las cajas de ahorros, a eliminar su componente social y a permitir que los bancos privados terminen quedándose con el segmento de mercado que hasta ahora ocupan. Hasta el propio Felipe González acaba de reconocer que "nada sustancial ha cambiado en el comportamiento real de las entidades financieras, salvo para cortar créditos a la economía productiva". Porque no podemos permanecer callados frente a un gobierno que es valiente a la hora de tomar medidas contra los débiles y cobarde para poner firmes a los poderosos, es necesario presionarle y apoyar la huelga general.

6. Se está diciendo a la gente que se toman medidas que son para resolver la crisis cuando en realidad no tienen nada que ver con eso sino que van a agravar sus consecuencias. Lo que hace falta para resolverla es atacar sus causas, garantizar que vuelva a surgir el crédito a la actividad productiva, poner freno a los abusos y a la especulación bancaria, limitar el poder de las grandes empresas que provocan subidas abusivas de precios que son las que de verdad están haciendo que España pierda competitividad, y poner en marcha un nuevo modelo productivo que tiene que estar basado en más igualdad, en nuevas actividades económicas creadoras de riqueza y no orientadas a la especulación y en un mercado interno más potente. En lugar de eso se está aprovechando el temor de la gente a la crisis para aplicar medidas que solo están encaminadas a crear mejores condiciones para que las grandes empresas (que son las que menos empleos crean) obtengan más beneficios y más poder de negociación. Y se está engañando a la gente cuando le dicen que hay que disminuir las pensiones para hacer frente a la crisis porque para mantener las pensiones en buenas condiciones lo que se necesita es más justicia fiscal, salarios más elevados, más empleo y menos especulación bancaria, lo que se podría conseguir, como ocurre en otros países más avanzados, si se empieza poniendo límites al poder de los bancos y de las grandes empresas.

7. No es verdad que para crear más empleo y evitar el trabajo temporal tan abusivo de nuestra economía sea necesario reducir, como se hace con la reforma laboral aprobada, los derechos de los trabajadores. Mienten quienes dicen que esta reforma se ha hecho pensando en los parados porque hasta los mismos que la han promovido reconocen que no va a crear empleo. Nuestro alto nivel de paro no está provocado principalmente por problemas que tengan que ver con el mercado laboral. Sus causas tienen que ver sobre todo con el mercado de bienes y servicios, en donde no hay suficiente capacidad de gasto porque los salarios son demasiado bajos, con la falta de capital social por insuficiente inversión y gasto público, con el enorme poder de las grandes empresas, que les permite obtener altos beneficios sin necesidad de innovar, y con el fomento de actividades especulativas que se vienen abajo en cuanto empeora la coyuntura. El efecto de las reformas laborales recientes nunca ha sido el de traer más empleo sino salarios más bajos y peores condiciones de trabajo.

8. Tampoco es verdad que para hacer frente ahora a la deuda y a la situación económica creada por la crisis financiera sean necesarias políticas de austeridad, sino todo lo contrario. Hay que presionar a los gobiernos europeos y al español para que cambien de criterio y no den lugar a una prolongación de la crisis durante años. Lo más seguro es que la política de austeridad que se está imponiendo termine por crear a medio plazo más deuda (cuando se debilite el crecimiento y se aumente la prima de riesgo) que la que ocasionaría una política de estímulo bien financiada por el Banco Central Europeo que es lo que debería garantizarse en Europa (ver La política de austeridad del gobierno español puede generar más deuda que las de estímulo fiscal). España necesita un gobierno que no se deje llevar por la voluntad de los grandes intereses económicos y financieros y para ello hay que hacerle ver al de Rodríguez Zapatero que no puede gobernar de espalda a las promesas que hizo a su electorado y dando satisfacción nada más que a los mercados. Los trabajadores y las trabajadoras españolas, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, los pensionistas, los parados, los estudiantes... necesitan que quienes dirigen el Partido Socialista y su gobierno dejen de actuar al dictado de la banca y la patronal y la única manera de conseguirlo es participar masivamente en esta huelga general para llamarles la atención y para hacerles ver que si siguen trabajando para otros, pueden perder el apoyo de su electorado. La forma en que el gobierno socialista está afrontando la crisis le supone una pérdida constante de apoyo que le hará perder las elecciones. Por eso, quienes queremos evitar un gobierno de la derecha todavía más antisocial debemos apoyar la huelga general, y con mucha más razón los afiliados y votantes del Partido Socialista,.

9. Hay que apoyar esta huelga porque la convocan los sindicatos y porque apoyar a los sindicatos ahora, justo cuando la derecha, la patronal y los poderes financieros quieren aprovechar la ocasión para quitárselos de en medio, es más necesario que nunca. No nos dejemos engañar: los países con mejores condiciones de vida son aquellos en donde los sindicatos son más fuertes y al contrario, donde son más débiles hay menos derechos laborales y menos bienestar social. Por eso la derecha trata siempre, como ahora, de desprestigiarlos y de acabar con su influencia. Es verdad que no podemos estar plenamente satisfechos del comportamiento de los sindicatos en los últimos años, pero esta convocatoria es precisamente una gran ocasión para hacerles ver el peligro que ha tenido su actitud acomodaticia de tanto tiempo, y para obligarles a que a partir de ahora adopten una práctica sindical diferente, más ligada a los trabajadores y menos pendiente de la comodidad y de los intereses de sus funcionarios.

10. Las medidas que está tomando el gobierno, y las que van a tomar en los próximos meses no solo amenazan a la economía sino también a los derechos sociales y personales y a la democracia. Cuando disminuyen los derechos laborales y los ingresos, cuando las personas se pasan toda la vida trabajando por unos pocos cientos de euros al mes, con stress, sin saber si al día siguiente tendrán empleo ni si tendrán una pensión suficiente cuando se jubilen, si habrá alguien que pueda cuidarles cuando sean dependientes... las personas dejan entonces de ser ciudadanos o ciudadanas para convertirse en esclavos, en seres que no piensan nada más que en sobrevivir y que, por tanto, tienden a desentenderse de todo. Y también porque es de ahí de donde nacen la intolerancia, la xenofobia, las dictaduras y los fascismos que hay que combatir y que estamos viendo crecer a nuestro alrededor hay que apoyar la huelga general.

Y además de todas estas, hay muchas más razones para apoyar la huelga general. En realidad hay millones de razones más. Tantas como trabajadoras y trabajadores hay en España. Porque apoyar la huelga significa que cada una de ellas o de ellos toma nota de lo que está pasando, que no se deja llevar por lo que le dicen día a día los que tienen los bolsillos llenos a su costa y que se pronuncia con independencia para no dejar que le sigan quitando lo que ha costado tanto conseguir. Y cada pronunciamiento en esas condiciones es un ejercicio de libertad y de responsabilidad que vale por sí mismo y que justifica el apoyo a la huelga del próximo día 29.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y miembro del Comité Científico de ATTAC España